Por José Luis Carretero Miramar.

                Como afirmábamos en un artículo anterior en este mismo medio, la crisis del coronavirus está poniendo de manifiesto la crudeza de la lucha de clases en el seno de la sociedad española en una situación excepcional. Las tensiones, presiones, conflictos y pruebas de fuerza asociadas a la reivindicación por parte de los trabajadores del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de las indicaciones de la comunidad médica en los centros de trabajo, están generando situaciones como el cierre de la planta automovilística de Mercedes en Vitoria por el Comité de Empresa (la representación unitaria de los trabajadores) o el más que previsible cierre de Konecta, la mayor empresa de telemárketing de España, en las próximas horas, ante la presión jurídica desarrollada por las secciones sindicales de CGT, Solidaridad Obrera y USO.

                La situación no ha cambiado en los últimos días. Y no parece previsible que lo haga. Recordemos que los sectores que siguen trabajando en la calle, además del sanitario, pese al estado de alarma decretado por el gobierno, como el telemárketing, la limpieza, los transportes, el reparto a domicilio o la alimentación… están principalmente (aunque no únicamente) constituidos por toda esa fuerza de trabajo manual y muchas veces precaria, que el discurso dominante ha invisibilizado completamente en las últimas décadas.

Se trata de una clase obrera cuya misma existencia ha sido negada por los discursos altisonantes sobre el cognitariado, los knowmads o el trabajo inmaterial desde hace ya tiempo. Pero que, tozudamente, se convierte en estratégicamente decisiva para la sustentación de esa misma esfera virtual que la niega como su esencial condición de posibilidad. No hay trabajo inmaterial, sin la legión de limpiadoras, reponedores, cajeras, conductores de autobús, riders y personal de mantenimiento que constituyen la base material del trabajo socialmente necesario en la Smart City de nuestros días.

Y uno de esos trabajos necesarios e invisibilizados, sobre el que me voy a detener en estos momentos, es del transporte suburbano. Los Metros que articulan la posibilidad de que la fuerza de trabajo llegue allí donde es necesaria para el proceso de valorización del Capital, en las grandes urbes degradadas de nuestro tiempo, de manera cotidiana. Sin este medio de transporte, las grandes ciudades serían inviables y nuestra perdida normalidad, como estamos viendo estos días, hubiese sido radicalmente otra.

No se trata, en el imaginario de la mayoría de nuestra sociedad, de un sector especialmente precario. El hecho de que sea un sector estratégicamente decisivo para el proceso productivo, al garantizar que la mano de obra estará allí donde se la necesita todos los días, ha hecho que sus reivindicaciones recurrentes muestren la ambivalencia que muestran, en el discurso mediático, todas las manifestaciones de lucha de los sectores de la clase obrera que aún insisten, por estar fuertemente organizados, en autodenominarse orgullosamente como tal: mientras sus luchas pueden obtener éxitos más llamativos que las de otros sectores y garantizar condiciones de trabajo un poco mejores, su imagen pública es demonizada (“están siempre en huelga”. “son unos privilegiados”) para romper toda posibilidad de extensión de sus costumbres levantiscas entre el proletariado precarizado más atomizado, reconvertido por los media y la clase política en la silenciosa “ciudadanía de clase media y trabajadora” consumista.

Se engañan, sin embargo, quienes piensan que, en el suburbano, sólo trabajan privilegiados corporativistas, restos de una clase obrera en decadencia. La expansión de las contratas y subcontratas (limpieza, seguridad y otros marcos crecientes de actividad rápidamente externalizada) ha precarizado fuertemente el trabajo del transporte en el subsuelo en las principales ciudades, en la última década. Además, el trabajo en el Metro sigue estando marcado por la explotación, los horarios de órdago y la ubicuidad de contaminantes como el amianto, que en el caso del Metro de Madrid ya han provocado la muerte de varios trabajadores, pese a la recurrente conflictividad de los sindicatos más combativos, que han llegado a querellarse criminalmente contra los responsables políticos de que este material altamente cancerígeno y potencialmente dañino para trabajadores y usuarios, no haya sido aún retirado.

Y los Metros, obviamente, siguen abiertos en el marco de la brutal bifurcación histórica que significa la pandemia de Covid-19. Se está trabajando en el Metro ¿En qué condiciones?

Antonio Rus, asistente habitual al Comité de Seguridad y Salud del Metro de Madrid por la parte sindical, nos cuenta que las tensiones, presiones y conflictos están encima de la mesa en estos momentos, como en el resto de sectores productivos que siguen abiertos. Con más de 18 trabajadores confirmados como enfermos, cerca de 340 afectados posibles (aislamientos, bajas que no se han confirmado, etc.) y un fallecido por la pandemia, la empresa se niega a dejar abiertos los torniquetes para que los usuarios puedan pasar sin tener que tocar ningún elemento físico, como reclama la sección sindical de Solidaridad Obrera. Escasea el gel hidróalcohólico, los guantes y las mascarillas. Los trenes y cabinas de los maquinistas no se limpian entre turnos, sino sólo al acabar el día. Se ha hecho que algunos trabajadores acudan a realizar trabajos en taxis, en los que se suben varias personas. Se hacen evaluaciones unilaterales de los riesgos sin contar con la parte sindical, lo que impide conocer la importancia de que los maquinistas dispongan de guantes y mascarillas, ya que si caen enfermos y no se ha hecho la limpieza durante el día pueden haber contaminado a todos los trabajadores de la línea. También se deja en manos de los Jefes de Estación la toma de decisiones que deberían tomarse más arriba. Trabajadores que tienen familiares que son población de riesgo en sus casas siguen en las líneas, creando el peligro de infectarles al volver al hogar. La situación de las contratas es también dramática: sin protecciones especiales y mucho más precarizados y desorganizados sindicalmente.

En el Metro de Barcelona también falta el material de protección (guantes, gel, mascarillas), nos indica Ángel González, miembro de la representación unitaria de los trabajadores. La empresa pone la excusa de que legalmente no es considerado Equipo de Protección Individual y de que hay agua corriente en las instalaciones. Por ello, los operarios se han puesto a fabricar gel con alcohol, agua y glicerina en su tiempo de descanso. “Debemos seguir abiertos para que la gente que presta servicios básicos pueda acudir a sus puestos”, nos dice Ángel.

La lucha de clases se expresa en el suburbano con la misma brutalidad que en la superficie. Los trabajadores son el otro lado de la balanza de los beneficios del Capital. Si los recursos van para un lado, escasean en el otro. Desechables, reemplazables, así es como ve el mando social a los individuos de nuestra clase. Si actividades no esenciales siguen abiertas en la cuarentena, los trabajadores de las actividades esenciales se ven ante una vorágine creciente de riesgos. Riesgos que puede convertirse en un elemento más de tensión para el sistema sanitario.

Defender nuestras vidas, nuestro derecho al pan, pero también a las rosas (a todo lo bello de la vida) pasa por ser conscientes de que la lucha es el único sustrato material de los derechos. Y de que la sociedad de clases, el capitalismo, se tiene que acabar.

Por José Luis Carretero Miramar.

                Según transcurren los día, y el efecto mortífero de la pandemia se hace cada vez más notorio, la dinámica propia de la economía capitalista se vuelve más acusadamente un asunto de clase: determinadas actividades siguen funcionando, pese a no ser en modo alguno esenciales (como la obra pública o el telemarketing); los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo se multiplican, enviando al desempleo a decenas de miles de trabajadores mientras destacados capitanes de industria se permiten salir en los medios de comunicación haciendo promesas de ayuda al sistema sanitario que no terminan de cumplir.

Los sindicatos combativos fuerzan el cierre de grandes empresas que, sin embargo, pese a las órdenes de los poderes públicos, siguen abiertas sin cumplir las medidas de prevención necesarias, gracias a la fuerza (de auténtica vida y muerte, como podemos ver ahora) que implica la coacción del sistema salarial: tienes necesidades básicas y careces de medios de producción, luego tendrás que vender tu fuerza de trabajo, aunque te pongas en peligro tú mismo y a tu comunidad.

Mientras tanto, los servicios públicos esenciales siguen funcionando gracias a toda esa multitud de trabajadores y trabajadoras que han sido invisibilizados en las últimas décadas, incluso por la autodenominada “izquierda”: los obreros de cuello azul, los trabajadores manuales, los “chavs” de barrio. Los que no tienen tres posgrados (o, más bien, esas cualificaciones no son necesarias para el trabajo que prestan). Las cajeras, los reponedores, los limpiadores y limpiadoras, los “basureros”, los transportistas, los conductores de autobús y de metro, los portuarios, los teleoperadores. El proletariado de las contratas y subcontratas, siempre flexibilizado y precarizado, siempre abandonado por el discurso divino de una izquierda “alternativa” que entiende “el fin del trabajo” como una especie de utopía de clase media en la que todos nos  dedicamos a la creatividad virtual y el estudio ecosocial  mientras el metro y la limpieza viaria siguen funcionando todos los días por arte de magia, y no como un avance autogestionario sobre la producción que permita repartir el trabajo socialmente necesario en una sociedad de la abundancia vital (que no del consumo) para todos.

Uno de esos sectores imprescindibles, que resulta curioso mencionar cuando todo duerme en la normalidad capitalista, porque deviene invisible a los ojos de la vulgata posmoderna, es el de la limpieza viaria. ¿Quién nos limpia la basura? ¿Quién, literalmente, limpia la mierda de nuestras calles? Es una pregunta que se vuelve imperiosa cuando de la limpieza depende la profilaxis que evite el contagio, cuando la limpieza se vuelve, también, una cuestión de vida o muerte. No nos engañemos, eso es así todos los días del año, pero sólo desde hace una semana nos hemos vuelto, dolorosamente, un poco más conscientes de ello. ¿Cómo trabajan los que limpian las calles? ¿En qué situación están? De nuevo, un asunto de clase.

Joaquín M., militante del sindicalismo combativo de la limpieza viaria en la ciudad de Madrid (un área estratégica de la vida de la capital que el “gobierno del cambio” de Manuela Carmena no quiso recuperar para lo público, porque debió pensar que tenía cosas más importantes que hacer) no cuenta que los primeros días los trabajadores siguieron desplazándose en furgonetas ocupadas por cuatro o cinco personas, aunque esto ya no sucede; que se han establecido turnos, para que ahora sólo trabaje al mismo tiempo el 50% del personal; que les han indicado que vayan ya vestidos con el uniforme al centro de trabajo, y que vuelvan a su casa también sin quitárselo, para que no usen los vestuarios de los cantones. También nos cuenta que ha habido gente con familiares de riesgo en casa que han ido a trabajar; que no hay geles ni el líquido especial que se dijo que se iba a usar para desinfectar las calles, sino que se está usando jabón y lejía diluida. Para desinfectar los camiones, en lugar de hacer una limpieza exhaustiva les dan un bote de lejía y los trabajadores lo aplican en los sitios “donde piensan que van a tocar”. En horario nocturno se han generalizado los baldeos mixtos (un operario con la manguera y otro en el camión).

Miguel Montesinos,  presidente, por la parte sindical, del Comité de Seguridad y Salud de la Unión Temporal de Empresas que realiza la limpieza viaria en Alicante, nos cuenta que hay escasez de guantes y de mascarillas; que al menos tres trabajadores de riesgo (por tener hechas traqueotomías) siguen trabajando durante la semana pasada; y que la empresa no responde a la reivindicación sindical de mantener una reserva de trabajadores en casa, para poder usarla si se producen bajas por la enfermedad en los próximos días, una petición reiterada de las organizaciones sindicales del sector en toda la geografía española.

Por su parte, Vanesa Toledo, delegada sindical de Solidaridad Obrera en ESMASA, la empresa pública de limpieza viaria de Alcorcón, una ciudad proletaria cercana a Madrid, incide también en el hecho de que la empresa no quiere escuchar las reivindicaciones de los trabajadores, que se circunscriben a la puesta en marcha de una reserva de un 50 % de la mano obra en casa, turnándose para trabajar cada dos días, para no tener que cesar el servicio en caso de expansión de la enfermedad entre la plantilla, y a la utilización de mecanismos de movilidad funcional para que todos los trabajadores puedan dedicarse a la limpieza viaria, abandonando actividades absurdas en estos momentos como el borrado de grafitis o la limpieza de fachadas de los edificios públicos.

Vanesa también nos avisa del caos administrativo que puede provocar la decisión de que el servicio de salud informe directamente a las empresas de las bajas médicas, dado que, al no poder explicitar en la comunicación a que se deben dichas bajas, los servicios administrativos de las empresas no podrán dilucidar si se trata de contingencias comunes o profesionales, abriéndose la posibilidad de que los trabajadores no reciban la totalidad de las prestaciones que les corresponden.

Las limpiadoras y los limpiadores, pues, combaten al virus en las calles, muchas veces con medios precarios y con una situación previa de precariedad laboral y vital. Una precariedad que se agrava por el hecho de que, en la mayoría de los casos, la deriva neoliberal de las últimas décadas ha provocado que el servicio se preste por contratas privadas, propiedad en muchos casos de grandes estructuras empresariales participadas por todo tipo de fondos e instrumentos de inversión internacionales, que buscan el máximo beneficio, a base de contener los costes laborales y las inversiones en medios materiales.

Un ejemplo, entre otros, de este tipo de estructuras es FCC, la gran empresa multiservicio que tiene contratada en parte la limpieza viaria en la ciudad de Madrid. FFC obtuvo un beneficio en 2019 de 266 millones de euros, un 6% más que el año anterior. Controlada por Carlos Slim, un multimillonario mexicano, alcanzó una cifra de negocio en 2019 de 6.276 millones, y ello pese a la investigación abierta en Panamá y España contra la empresa por un escándalo de corrupción vinculado al pago a políticos y funcionarios panameños para obtención de contratos de construcción.

Contratas públicas millonarias. Multimillonarios de ambos lados del Océano. Corrupción y pelotazos. Y Remunicipalizaciones que no terminan de implementar los que vinieron “a asaltar el cielo” una vez se afincan en los mullidos sillones del poder.

Trabajadores y trabajadoras que limpian las calles, nos transportan, nos dan de comer, nos curan y nos cuidan en los hospitales. Trabajadoras y trabajadores que hacen propuestas para mejorar el servicio cuando todo se derrumba, cuando el pánico ataca, pese a estar en la calle con medios precarios y tener que volver, cuando termina la jornada, a viviendas precarias que a duras penas pueden permitirse pagar.

Millonarios con cuentas en Panamá, que parlotean como posesos en los medios de comunicación más comerciales. Trabajadores precarios de contratas, subcontratas y empresas públicas infradotadas, limpiando, en la noche, las calles del virus asesino que nos atemoriza a todos, sin que nadie les de la palabra. No hay duda: un asunto de clase.

Por José Luis Carretero Miramar.

                Mientras la pandemia del coronavirus se extiende por la geografía española, los trabajadores y trabajadoras pasan a ser dolorosamente conscientes del efecto social que han tenido las últimas décadas de degradación y descomposición programada de los servicios públicos.

La sanidad se encuentra casi al borde del colapso, tras de años de ensayo con la famosa “colaboración público-privada”, de pérdida camas disponibles en la Sanidad Pública y de despidos de profesionales. Gran parte de los trabajadores sanitarios que ahora salvan nuestras vidas han tenido en los últimos años contratos temporales, incluso en claro fraude de ley, con el efecto esto tiene sobre la formación y estabilidad de las plantillas públicas.

Los trabajadores de las residencias para discapacitados de la Agencia Madrileña de Asuntos Sociales, por poner un simple ejemplo, siguen haciendo frente a la pandemia con una inmensa profesionalidad y entrega, pero con unos medios muy limitados. El transporte público sigue funcionando, pero los trabajadores del Metro de Madrid que caen enfermos, son sometidos a tests del coronavirus mucho antes de que se complete el tiempo de incubación de la enfermedad, y se les hace volver lo antes posible al trabajo.

El Estado de Alarma decretado por el gobierno limita fuertemente los derechos y libertades de todos los ciudadanos, y el servicio público de la Justicia se ve también afectado de manera directa por la pandemia. Las medidas del gobierno impactan sobre una organización social (la de la impartición de la Justicia) que mantiene una inveterada tradición de clasismo. La limitación de las libertades civiles en el marco del Régimen del 78, que puede rastrearse en una deriva continua que va desde la aprobación de la llamada “Ley Mordaza” a las diferentes reformas del Código Penal que endurecen las penas y crean nuevos tipos penales, alcanza su punto culminante al calor del Real Decreto que declara el Estado de Alarma. Un Estado de Alarma que, según algunos conocidos juristas relacionados con los movimientos sociales como Daniel Amelang, está concretándose en medidas específicas que más se corresponden con el Estado de Sitio constitucional.

La condición de clase de la Administración de Justicia en nuestro país es una realidad pocas veces expresada en público, pero reconocida por cualquier actor jurídico con una mínima sensibilidad social. Si los tipos penales, desde el punto de vista de la Ciencia Penal, han de describir tan sólo las agresiones más graves a los bienes jurídicos más importantes de la sociedad, cualquier observador imparcial podrá, comparando la simple lectura de nuestro Código Penal con los marcadores sociales de los detenidos que cada día pasan a disposición judicial en una ciudad como Madrid o con los de los  internos en los centros penitenciarios de nuestro país, darse cuenta de que gran parte de nuestro sistema penal está específicamente construido para defender intereses de clase.

Mientras miles de jóvenes de las clases populares pueblan habitualmente los calabozos de las comisarías y las celdas de las cárceles por delitos contra la propiedad o relacionados con la venta y consumo de estupefacientes, los autores de los grandes latrocinios empresariales o los políticos corruptos del Régimen pocas veces ven la entrada en la cárcel como una posibilidad real y, cuando lo hacen , acceden fácilmente a todo tipo de beneficios penitenciarios asociados a su propia condición de clase. La protesta política antisistémica, por su parte, enfrenta una directa represión que se ha expresado en los últimos tiempos, por ejemplo, en condenas a raperos por apología de un terrorismo que no existe o en detenciones y procedimientos judiciales por intentar detener desahucios implementados por fondos buitres que obtuvieron concesiones ilegales de vivienda pública.

Y lo mismo sucede en esta crisis, en la que “todos remamos unidos”, pero afamados fiscales afirman en twitter que no están dispuestos a arriesgar su vida por “derechos de terceros”. Una crisis en la que grandes empresas de servicios no esenciales han seguido abiertas pese a órdenes expresas de cierre de la inspección de trabajo, sin que nadie las molestase, y en la que alargar en demasía el paseo del perro puede convertirse en génesis de una detención que la Ley de Seguridad Ciudadana no contempla como medida a tomar frente a una simple infracción administrativa.

Nos lo cuenta Endika Zulueta, un auténtico referente para las últimas generaciones de letrados comprometidos en el foro judicial capitalino. “En estos momentos es todo muy confuso”-nos dice- “y hay que saber que quien hace afirmaciones tajantes ahora mismo muy probablemente esté equivocado”. En todo caso a Endika le preocupa el tipo de valores que se quiere transmitir desde los poderes públicos en este momento, con una catarata continua de referencias castrenses en los medios de comunicación y loas a los uniformados que participan en las ruedas de prensa del gobierno. Esos valores militaristas que afirman la autoridad sin posibilidad de crítica y la subordinación de los derechos y las garantías jurídicas a la unidad de mando, le parecen muy peligrosos, porque pueden socializarse en exceso en la situación posterior al confinamiento. También le preocupa la emergencia omnipresente de la llamada “policía vecinal de balcón”, que pone de manifiesto las fallas culturales y educativas de la población entorno a lo que significa un marco de libertades civiles básicas.

Francisco García Cediel, otro referente de la abogacía más comprometida con el movimiento obrero combativo y letrado de Solidaridad Obrera, nos cuenta que se ha permitido estos días que la asistencia letrada al detenido se haga por teléfono, para tratar de evitar contagios entre los abogados. Cree que esto no garantiza el derecho de defensa. No es posible saber con certeza si una persona no está en condiciones de declarar en ese momento (por estar con el síndrome de abstinencia, por ejemplo), y tampoco es fácil tener la preceptiva entrevista confidencial con el detenido antes de que este pase a disposición judicial. Hay que tener presente que los detenidos sí están físicamente en el calabozo, donde es difícil mantenerlos aislados para que no se contagien.

García Cediel considera que las medidas contra la libertad de circulación tomadas durante el Estado de Alarma son de dudosa constitucionalidad. La Constitución del Régimen no contempla dentro del Estado de Alarma una limitación absoluta de la libertad deambulatoria, sino sólo en sitios y horas concretas. Se están aplicando las medidas que permite el Estado de Sitio sin declararlo en las Cortes.

Todo esto, según García Cediel, “constituye un experimento bastante peligroso de control social, muy susceptible de una utilización perversa de los instrumentos que se le están dando al Estado, como la posible geolocalización de la población”. Además, se culpabiliza a la ciudadanía de la gravedad de la pandemia, que es producto del proceso de desmantelamiento de la sanidad pública en las últimas décadas, y a la que sólo se puede hacer frente mediante la defensa y refuerzo de los servicios públicos.

Antonio Segura, abogado de la red ActivaT muy vinculado a los movimientos sociales, nos indica, por el contrario, que “a lo mejor tendremos que plantearnos la extensión de determinados derechos individuales ante la necesidad de hacer valer los derechos colectivos, frente a la dinámica neoliberal”. Sobre todo, nos dice que lo cierto es que “tenemos un país donde el régimen de libertades ya estaba muy recortado antes de esto”.

Segura hace hincapié en otro aspecto que ha quedado oscurecido en el marco de esta crisis: “en las medidas que se han tomado se ha abandonado a la abogacía independiente y a la abogacía de clase”. Después de esto el panorama de la abogacía española se va a transformar radicalmente. Los pequeños despachos que suelen defender a los trabajadores, a los autónomos y a los movimientos sociales no van a sobrevivir a esta prueba sin ayuda. Serán sustituidos por los grandes despachos que siguen el modelo de la abogacía norteamericana, centrada en defender los intereses del gran capital. A los abogados no se les aplican muchas de las ayudas aprobadas, ya que muchos de ellos no pertenecen al régimen de autónomos de la Seguridad Social, sino a las Mutuas de los Colegios de Abogados. Las grandes multinacionales de la abogacía y las plataformas transnacionales de la gig economy legal pueden expulsar del mercado a los abogados independientes, que son los que defienden esa perspectiva idealista y comprometida que entiende el ejercicio de la abogacía como un servicio público y un asunto de justicia, como algo más que un negocio.

Erlantz Ibarrondo, abogado de Solidaridad Obrera, por su parte, se muestra preocupado de que se mantenga sine die el Estado de Alarma y el común de la ciudadanía se acostumbre a ello. La mayoría de los detenidos de estos días están llegando a acuerdos de conformidad con la fiscalía que implican tan sólo una multa. Pero eso no elimina el hecho de que, tal y como estamos viendo en muchos videos en las redes sociales, hay policías que se extralimitan, incluso llegando a golpear a personas a las que están identificando por una infracción administrativa, lo cual tiene encaje directo en el Código Penal, pero ninguna autoridad judicial hace nada. La preocupación principal del letrado es que esto sea un ensayo para el control posterior de las clases populares. ¿Quién vigilará a quien ahora nos vigila?

Así pues, nuestra justicia ha sido siempre una justicia de clase. Y lo sigue siendo durante el confinamiento. Hacer cheques en blanco al poder es siempre algo peligroso. Sobre todo, si algunas normas se cumplen imperativamente y otras son obviadas, según los intereses de clase que hay detrás de ellas. Los artículos que en el Código Penal castigan los atentados contra la seguridad e higiene en los centros de trabajo no son aplicados casi nunca, y nadie ha sido detenido por incumplirlos estos días, que sepamos. Pasear al perro, sin embargo, puede ser motivo de un desagradable enfrentamiento con las fuerzas del orden, en determinados barrios.

Además, el brutal efecto económico de esta pandemia puede acabar con gran parte de los profesionales independientes, los autónomos, las cooperativas y las pequeñas empresas más ligadas con los intereses de las clases populares. Los mercados, a la salida del confinamiento, pueden ser un enorme campo abierto para las transnacionales, los fondos de inversión, el gran capital, los grandes despachos internacionales de abogados. Miles de trabajadores y profesionales que, desde una cierta autonomía respecto a las cadenas de valor del gran capital, prestan servicios indispensables para la supervivencia obrera (como el servicio público de la Justicia) pueden ser empujados a la marginalidad con brutalidad por el avance del capital globalizado.

Sólo una alianza social de enorme amplitud puede salvar las libertades y garantizar la supervivencia de las clases populares en este momento y cuando salgamos del confinamiento. Una alianza de la clase trabajadora, pero también abierta otros sectores ajenos a la deriva autoritaria del gran capital transnacional. Superando las barreras sectarias y los límites del reformismo inane. Conquistando los corazones de la población, en lugar de pelear mezquinas batallas por los puestos al sol mediático y parlamentario.

Habrá que recordar lo que escribía el siempre profundo Goethe, en su obra maestra “Fausto”: la acción lo es todo, la gloria nada.

Por José Luis Carretero Miramar.

                La expansión de la pandemia de coronavirus, que ha provocado la declaración en nuestro país del Estado de Alarma, la intromisión más acusada en los derechos individuales de los ciudadanos desde la caída del franquismo, está mostrando, en su más palmaria brutalidad, las contradicciones sociales principales del capitalismo terminal.

Por ejemplo: podemos subrayar la actualidad absoluta del concepto de lucha de clases. Una lucha, entendida como conflicto, enfrentamiento y presiones y tensiones recurrentes, que se expresa directa y crudamente en los centros de trabajo a la hora de hacer cumplir las medidas de prevención básicas en los estratos más precarios, más desorganizados o, incluso, más estratégicos en estas circunstancias, de la fuerza de trabajo.  Durante esta pasada semana hemos visto como, en nuestras “democráticas” y “responsables empresas”, que se ufanan de estar siempre “preocupadas por la gobernanza y los criterios sociales de la Agenda 2030”, los jefes ordenan y se resguardan del virus, y los trabajadores ven como su salud no es más que un simple dato macroeconómico a valorar junto al coste monetario de geles, permisos o reducciones horarias. Pongamos algunos ejemplos:

En las grandes empresas del sector del Telemárketing, como Konecta, GSS Covisian y otras, en las que trabajan centenares de personas en gigantescas naves, hacinados y compartiendo en función de su turno todo tipo de materiales (auriculares, teclados de ordenador, micrófonos…), la lucha para conseguir que haya geles desinfectantes, que los equipos de trabajo sean de uso individual o que, simplemente, se limpien habitualmente los baños de los trabajadores, ha sido constante, y ha venido marcada por repetidos altibajos derivados de las contradictorias señales enviadas al entramado productivo por los poderes públicos, pese a haberse dado repetidos casos de positivos en coronavirus en las instalaciones, que han sido enfrentados por las empresas con el aislamiento de los trabajadores y la limpieza de los puestos adyacentes a los de los enfermos, y sólo muy tardíamente con la implantación del teletrabajo.

En el transporte público, la puesta en marcha de medidas de prevención de la enfermedad para proteger la salud de trabajadores y usuarios ha venido marcada por la presión de las fuerzas sindicales más combativas. En el Metro de Madrid, sólo tras la amenaza de la sección sindical de Solidaridad Obrera de convocar una huelga indefinida de 24 horas, se ve obligada la empresa, el viernes pasado, a cumplir las recomendaciones sanitarias de la misma Comunidad de Madrid. En el Metro de Barcelona, sólo tras la aprobación de un decreto de la Consellería de la Generalitat correspondiente, la dirección acepta negociar con el Comité de Empresa la puesta en marcha de las medidas que está exigiendo la comunidad médica. En los ferrocarriles, durante toda la semana del día 16 al 20 de marzo, numerosos trenes circulan sin agua corriente ni gel desinfectante, mientras las secciones sindicales presentes denuncian la falta de limpieza de los filtros de aire acondicionado de los vagones y la puesta en marcha de un protocolo de prevención que no toma medidas claras en defensa de la salud de los trabajadores y usuarios, dedicándose casi exclusivamente a determinar qué hacer en caso de que se identifique un enfermo de coronavirus viajando en un tren.

En la Administración Pública la situación es de caos absoluto los primeros días de la semana, lo que lleva al cierre de la mayor parte de los centros de trabajo según avanza esta. En el sector de la Enseñanza, la Comunidad de Madrid, mediante una Orden contradictoria y plena de ambigüedades, descarga la “patata caliente” de qué hacer en estas circunstancias, en las direcciones de los centros educativos, ordenando que los profesores, personal de administración y limpiadores, acudan a los centros de trabajo “de la manera habitual”, al tiempo que se debe “fomentar el teletrabajo” y se “recomienda” (pero no ordena) a los trabajadores de los grupos de riesgo que “no salgan de sus casas”, sin indicar ningún permiso laboral para los mismos. Una amalgama incomprensible que sólo termina de estallar cuando la declaración del estado de alarma deja claro que es absolutamente innecesario que nadie acuda a los centros educativos. En el sector de ayuda a discapacitados se suceden situaciones semejantes, en las que se ordena a los trabajadores seguir las normas de prevención frente al coronavirus, pero no hay ninguna iniciativa para promover que las sigan los usuarios, que se presentan en los centros de día absolutamente desprotegidos.

En la limpieza, en el comercio, en todas partes, se agolpan los despidos, las restricciones para utilizar los distintos permisos retribuidos existentes en los convenios o el bloqueo de las posibilidades de hacer efectiva la conciliación laboral y familiar en un contexto de suspensión de las actividades presenciales en los centros educativos. Las gerencias empresariales (y, ¡lo que debemos anotar aún más, las de las grandes empresas y entidades públicas!)  se lanzan a una vorágine de pequeñas presiones, amenazas veladas, y restricciones en el cumplimiento del Derecho Laboral existente.

Todo ello en un escenario en el que el simple hecho de retrasar las medidas laborales previstas hasta el consejo de ministros del martes 15, y no aprobarlas junto a la declaración del estado de alarma, aboca a la realización de numerosos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y Expedientes de Suspensión (ERTE) el mismo lunes 14, sin que se prevea claramente por el gobierno que la nueva legislación sobre la posibilidad de cobro y no consumo de la prestación de desempleo en EREs y ERTEs , sea aplicable a estos trabajadores.

¿Existe la lucha de clases? Los que han afirmado en las últimas décadas que este concepto estaba “pasado de moda”, que “no explica ya la realidad” o que “es un invento no probado científicamente de la teología marxista” deberían empezar a buscar otras cosas de las que hablar, ya que tienen las poltronas académicas y mediáticas siempre abiertas a su servicio.

La lucha de clases se ha mostrado en toda su crudeza en esta crisis sanitaria, de una manera directa, en los puestos de trabajo, como hemos narrado, pero también indirecta: en los brutales efectos que el saqueo de los pilares básicos del Estado de Bienestar (del salario indirecto de la clase trabajadora) ha producido en la última década. Un sistema sanitario degradado, con falta de recursos, personal escaso y sometido a la tensión permanente de la temporalidad en el empleo, acosado por procesos de privatización abierta o encubierta (por medio de los sistemas de “colaboración público-privada”). Un sistema de servicios sociales incapaz de reaccionar y hacerse cargo de las personas mayores que van a quedar abandonadas en esta crisis, de las personas en situación de marginalidad y vulnerabilidad (empezando por los llamados “working poors” que, en muchos casos han perdido su empleo, y llegando a las personas sin hogar). Un sistema de seguridad social y desempleo que no parece dispuesto a extender su manto protector a todos los trabajadores y trabajadoras que ahora van a recibir su carta de despido, mediante una Renta Básica de Solidaridad que cubra suficientemente a toda la población en esta situación de urgencia.

¿Lucha de Clases? Juan Roig afirma que Mercadona no va a cerrar en toda esta crisis. Se lo agradecemos, pero más se agradecemos a las miles de cajeras, reponedores, limpiadoras, que van a hacer eso posible. Mercadona, siempre magnánima, se ofrece a subirles un 20% el sueldo durante estos días de aislamiento social. No es que esté mal, es que si no hubiera lucha de clases esas trabajadoras y trabajadores deberían repartirse en pago de su arriesgada labor la totalidad de los beneficios que va a obtener la empresa durante estas semanas (o quizás, sólo el 80 %, dejando el 20% para los accionistas, como muestra de humor retributivo).

¿Lucha de clases? ¿Existe otra explicación para el hecho de que todos los responsables políticos hayan repetido por activa y por pasiva que todo esto se está haciendo “por las personas más vulnerables”, ya que los jóvenes, parece ser, no corren tanto peligro, y, sin embargo, no se haya establecido ningún permiso laboral específico para diabéticos, personas inmunodeprimidas, enfermos crónicos, hipertensos o pacientes oncológicos? ¿Son demasiado numerosos para que alguien se comprometa a pagarles el salario mientras la situación persiste, pero si los podemos usar como justificación para limitar los derechos individuales? Si no es esto: ¿Qué es, exactamente, la lucha de clases?

Se habla de la capacidad china de enfrentar la enfermedad. Se hace hincapié en la centralización y autoritarismo del modelo chino, muchas veces desde la indisimulada nostalgia del socialismo “real” del Este Europeo. Pero se esconde que lo que de verdad ha constituido el elemento diferencial del “modelo chino” frente al virus no es el autoritarismo ni la centralización, fácilmente imitables por nuestros Amados Timoneles del Régimen del 78, como estamos viendo, sino la posibilidad efectiva, sostenida por las supervivencias ideológicas del maoísmo en el PCCh, de disciplinar los capitales, de hacer que el dinero haga lo que es necesario, que las empresas trabajen para el bien común. El rastro de comunismo que queda en China, aún limitado, es preferible a la total ausencia de comunismo. Y no tiene sentido volver a confundir comunismo con autoritarismo y con Estado Absoluto. No se trata de la vuelta del Padrecito, sino de que lo común discipline comunitariamente a la pulsión de muerte del Capital.

También se habla de que esto, en la utopía pastoril de la Deep ecology no habría sucedido. Miles de años de reiteradas plagas como la peste negra o la gripe española nos indican que todo eso es una ensoñación bucólica. Mas lento, pero más mortífero, por la falta de medios y de vías para compartir el conocimiento, todo habría sucedido. La naturaleza, queridos ecologistas reaccionarios (supuestos ecologistas, por otra parte) es más fuerte, prolifera, muta, mata y sobrevive sin tenernos demasiado en cuenta. Necesitamos la racionalidad y la tecnología para construir una sociedad vivible, pero también para hacer frente a estos embates de la vida que, precisamente, consiste en embates recurrentes de un mundo natural que no es circular, sino proliferante, evolucionante, imprevisible.

La tecnología… ¿Pero qué tecnología? ¿En manos de quién está la tecnología? ¿Tecnología para el control en manos de unos pocos o tecnología para la salud en manos de lo común? Quizás eso de la lucha de clases tenga algo que ver con todo esto, ¿no?

Porque el problema fundamental sigue siendo ese: hospitales públicos colapsados, trabajadores sin medidas de prevención, población vulnerable abandonada a su suerte. Y una brutal, cruenta, tensión constante cada vez que la clase obrera quiere hacer cumplir las leyes que nos protegen a todos, pero disciplinan al capital.

Mañana todo volverá a esa “normalidad” cada vez más degradada, caótica y en crisis, que ahora añoramos, aunque mucha gente sufrirá por el camino. Pero entonces deberemos recordar lo que está pasando ahora, no olvidar el dolor y las luchas que hemos tenido que emprender para defender nuestra salud, y actuar en consecuencia.

Por Jose Luis Carretero Miramar.

El coronavirus sigue haciendo estragos en la sociedad española. Y el impacto de clase de la pandemia es cada vez más evidente. Mientras se disciplina rotundamente a las clases populares, con un estado policial nunca visto, y se mantiene el pulso económico más allá de lo estratégico, pese a los llamamientos desesperados reclamando el cierre de las actividades no esenciales de una buena parte de la comunidad científica, el conflicto de clase se muestra de forma desnuda y perentoria en la mayor parte de los hogares.

Más de 200.000 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) en apenas unos días, con los que se consigue que los trabajadores se paguen a sí mismos la prestación de desempleo mientras dure la crisis, ya que son ellos (los rendimientos del trabajo retenidos en las nóminas en concepto de IRPF) los que mantienen la base fundamental de los recursos fiscales del Estado. Y ello en medio de un caos creciente en el Servicio de Empleo Estatal, que no puede garantizar el pago a inicios del mes de abril, pese a que los trabajadores de dicho servicio público siguen acudiendo presencialmente a las oficinas, aunque no atiendan en ellas a los demandantes de empleo, con el consiguiente peligro para su salud.

Cientos de miles de trabajadores que siguen en sus puestos de trabajo con una evidente carencia recursos preventivos o sanitarios, incluso en sectores no estratégicos como el telemarketing, la obra pública o la jardinería. Grandes ramas del capital que desoyen abiertamente las órdenes de la inspección de trabajo, o de las autoridades sanitarias, y que no son molestadas en modo alguno por las fuerzas de seguridad, más ocupadas en controlar a quien alarga en demasía el paseo del perro, multiplicando así el número de infectados y la presión sobre los hospitales. Un sistema sanitario desbordado, degradado por el continuado saqueo de los servicios públicos de la última década, y abandonado por un sistema productivo privado que no ha sido disciplinado por el Estado para ponerlo a producir coactivamente lo necesario en esta situación de urgencia (mascarillas, guantes, respiradores…).

La clase trabajadora está en el centro de la devastación de esta pandemia: viviendas insalubres, hacinamiento, recursos escasos, salarios de miseria, servicios públicos colapsados, precariedad laboral y vital que impone el trabajo en condiciones inseguras o envía de cabeza a la marginalidad.

Porque no podemos olvidar que ya antes de la pandemia un sector importante de la clase trabajadora estaba en una situación de abierta emergencia humanitaria. Nos referimos a los desempleados, personas dependientes, trabajadores y trabajadoras informales (servicio doméstico, venta ambulante, tiempo parcial indeseado, pequeñas “ñapas”, trabajo sexual…), migrantes sin documentación y, también, no lo olvidemos, a todo ese sector creciente en las últimas décadas, gracias a las recurrentes reformas laborales, conformado por los llamados working poors (trabajadores que, pese a tener un empleo, no consiguen con su sueldo superar el umbral de la pobreza).

Ese sector ha sobrevivido las últimas décadas gracias a ayudas públicas siempre menguantes, al colchón familiar, cuando lo había, y a diversas iniciativas de solidaridad de los movimientos sociales y de otros organismos caritativos, como los Bancos de Alimentos o los Bancos de Tiempo presentes en muchas ciudades. Ese sector abiertamente marginalizado se está multiplicando exponencialmente en las últimas semanas, sin que tengamos siquiera instrumentos para saber en qué medida. Y la profundidad de su miseria se vuelve abisal en una sociedad que, pese a todo, sigue comercializando on line con todo tipo de cachivaches.

Nos lo cuenta Luis Miguel Sáenz del colectivo Los Invisibles del barrio madrileño de Tetuán. En los últimos tres años, la Comunidad Autónoma de Madrid ha desarrollado una práctica absolutamente rigorista a la hora de conceder la Renta Mínima de Inserción a las familias más vulnerables del barrio. Se han multiplicado las “suspensiones cautelares” de dicha Renta ante la más mínima sospecha, muchas veces infundada, de que el beneficiario estaba obteniendo otros recursos económicos, por escasos que fueran. Ahora, obviamente, los ciudadanos con la renta suspendida “cautelarmente” (es decir, sin que se haya dictado una resolución firme que indique que no les correspondía seguir cobrando) se encuentran sin ningún ingreso y con todos los procedimientos administrativos suspendidos por el Estado de Alarma.

Por otra parte, los comedores escolares de la Comunidad de Madrid se han cerrado, y la nueva ayuda a las personas que tenían anteriormente derecho a precio reducido no llega a todas ellas: sólo a los perceptores de la renta mínima, que tienen que ir todos y cada uno de los días de la semana a determinados establecimientos como Telepizza y Rodilla, donde, tras buscar sus nombres en una lista, en abierto incumplimiento de la Ley de Protección de Datos y con clara afectación a su derecho a la intimidad, los dependientes les entregan un menú que ellos mismos califican de “insuficiente, insano y claramente deficiente desde el punto de vista nutricional”. Mientras tanto, otro grupo de perceptores de la ayuda de comedor, los que no tenían concedida la renta mínima, pero si podían demostrar pocos o ningún ingreso mensual, se han quedado sin recibir nada.

Además, la cuarentena la van a pasar estos grupos humanos sin comida: los bancos de alimentos de la Iglesia o de los movimientos sociales del barrio han cerrado en su mayoría, al no recibir fondos para continuar funcionando y no disponer de voluntarios para hacer repartos a domicilio.

Un panorama que nos confirma, con sus variaciones barriales, Aurelio Villanueva, miembro de la Plataforma de Trabajadores en Paro de San Blas y Canillejas, en Madrid: “la gente del distrito está reclamando que haya una ayuda especial, las familias no resisten más tiempo”.

En San Blas, la Plataforma está repartiendo paquetes de comida de urgencia en los domicilios de las familias más vulnerables y está presentando sus reivindicaciones ante la Junta Municipal. Junto a una Asociación de Vecinos del barrio, han organizado una campaña para ayudar a las personas vulnerables a hacer la compra, obtener medicinas o hacer otras salidas el exterior. Hay muchos ciudadanos que no están teniendo absolutamente ningún ingreso. La plataforma acepta donaciones para comprar paquetes de comida, pero tienen que entregarse en efectivo, porque carece de cuenta corriente bancaria. También aceptan comida, bienes perecederos, productos de higiene, etc.

Irene Moreno, del Banco Obrero de Madrid, nos informa, por su parte, de que las despensas de esta organización, que tiene varios Bancos Obreros de alimentos en los barrios de Hortaleza, Usera y Tetuán, se están vaciando. Grupos de voluntarios de la organización están repartiendo comida en los domicilios de las familias más vulnerables. Por ejemplo, en casas de personas mayores o que tienen familiares a su cargo.

Cada día llegan pidiendo ayuda más familias en situaciones más extremas. Para tratar de canalizar la solidaridad proletaria, el Banco Obrero ha puesto en marcha una campaña de donaciones on line, mediante la que todos y todas podemos donar dinero desde nuestras casas para alimentos, productos para bebés, geles, champús, productos de higiene femenina y medicamentos. El dinero puede donarse mediante la siguiente página web: https://donorbox.org/donaciones-banco-obrero

Irene Moreno, también, llama nuestra atención sobre lo que puede estar ocurriendo fuera de Madrid, en territorios con poca o nula incidencia de organismos de solidaridad de la clase trabajadora, donde es más difícil mantener el esfuerzo de llevar alimentos a las personas vulnerables, pero hay, sin duda, la misma o mayor extensión brutal de la miseria.

Armonía Díaz, por su parte, nos cuenta como están las cosas en la populosa localidad de Badalona, cerca de Barcelona. Armonía es una veterana de las luchas sociales, no en vano fue detenida hace cerca de un año al intentar parar un desahucio de una familia en situación de vulnerabilidad económica. El procedimiento judicial que le abrieron por desobediencia o atentado a la autoridad aún está sin resolver. En Badalona hay mucha gente, en situación muy precaria, cobrando la Renta Garantida que ha puesto en marcha la Generalitat, tras las campañas de movilizaciones al respecto de los movimientos sociales. Sin ese ingreso no tendrían para comer.

La Plataforma de Afectados por la Crisis de Badalona ha hecho una recogida y reparto de alimentos entre familias del barrio. Ha habido muchas denegaciones injustas de la Renta Garantida a familias que se dedican a la venta ambulante o de chatarra, partiendo de la base de sospechas infundadas. También es de reseñar que los cooperativistas de la localidad tampoco están cobrando la Renda, pese a que la actividad de la mayoría de las cooperativas, como la iniciativa de reparto AmbBici de la que es socia-trabajadora Armonía, se ha hundido drásticamente durante estas semanas, y sus socios están en una situación de enorme precariedad.

Trabajadores y trabajadoras sin empleo, migrantes, subempleados y subempleadas, trabajadores pobres, mayores abandonados. Infraviviendas que impiden realizar cuarentena alguna a familias en la miseria. Niños y niñas alimentados con comida basura, gracias a que sus padres figuran en las “listas de pobres” de la autoridad, que manejan empleados precarios de grandes transnacionales.

Cuando veamos la riqueza y el fasto reaparecer en nuestras calles, con toda su pompa y su obscenidad, al acabar todo esto. Cuando veamos, y admiremos, y envidiemos, el lujo suntuoso y el despilfarro de los ricos y de los famosos, de los capitanes de industria y de los vividores del emprendimiento y la política, debemos recordar. Recordemos su precio, lo que no habrá desaparecido, la cara oculta de esta sociedad que no se borra pese que no se enseñe ni se comente en prime time. La cara de la de miseria de la sociedad del trabajo, la faz brutal de la violencia de la que nadie habla, la huella de la lucha de clases en los huesos y los ánimos de los trabajadores a los que se hurta hasta la posibilidad de vender su fuerza de trabajo por un precio suficiente para reproducirla para el capital. Los pobres y las pobres, que existen para que haya ricos.

Y, mientras tanto, exijamos una Renta Básica de Solidaridad, incondicional y suficiente, para todos los que sufren hoy las consecuencias del saqueo continuado en que consiste el capitalismo ya que, literalmente, les va la vida en ello. Lo que se opone a la enfermedad ahora, como ha sucedido siempre, no es la Alarma, sino la Justicia Social.

                José Luis Carretero Miramar.

             Por José Luis Carretero Miramar.

                La pandemia de coronavirus se ha extendido brutalmente por España, llegando a colapsar su sistema sanitario público, que sufrió un acelerado proceso de degradación y desmantelamiento desde la puesta en marcha de las políticas neoliberales de austeridad implementadas en la crisis del 2008, y desde el proceso de privatizaciones inaugurado por la Ley 15/97, aprobada por un gobierno del PSOE.

                La Sanidad Pública española, que ha perdido miles de camas y de unidades de cuidados intensivos en la última década, ha realizado también, en ese mismo período, miles de despidos de profesionales, y ha mantenido a su plantilla en una situación de creciente falta de recursos y de masiva temporalidad en el empleo.

                Pero el proceso neoliberal de desmantelamiento de los servicios públicos no se ha centrado únicamente, en las últimas décadas, en el sistema sanitario: los servicios sociales dedicados a discapacitados o personas sin hogar, así como la educación o los mecanismos de rentas mínimas para las familias sin recursos, han sufrido numerosos recortes. El gasto social ha sido fuertemente limitado, mientras subían las cantidades dedicadas al pago de la creciente deuda pública y se rescataba a las entidades financieras.

                Este precario Estado de Bienestar español, que nunca llegó a desarrollarse tanto como en el resto de Europa, ha colapsado, en su conjunto, desde la diseminación del coronavirus y la puesta en marcha de las medidas de confinamiento.

                El parón forzoso en la actividad económica, motivado por el confinamiento, ha provocado más de un millón de  despidos, la implementación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs, por los que los que cerca de tres millones de trabajadores pasan a cobrar una cuantía semejante al 70% de su sueldo anterior), la quiebra de  centenares de miles de pequeños comercios y de trabajadores autónomos, así como la simple y brutal caída en la marginalidad de la totalidad de los trabajadores informales, como las trabajadoras sexuales, los dedicados a la venta ambulante, los que hacían pequeñas “ñapas” (reformas caseras en la economía sumergida) o las personas que ya estaban desempleadas antes de la crisis.

                Literalmente, millones de personas se han visto con sus retribuciones fuertemente limitadas o con muy pocos o ningún ingreso, en un momento en que, además, el sistema público de servicios sociales, de atención a las personas vulnerables o los mecanismos administrativos de puesta en marcha de las ayudas aprobadas por el gobierno, colapsan. Cientos de miles de trabajadores afectados por los ERTEs no saben cuándo empezarán a cobrar la prestación de desempleo (que, como ya dijimos, representa cerca del 70% de su sueldo anterior), porque el Servicio Público de Empleo está colapsado. Los autónomos y pequeños empresarios se enfrentan a la misma situación, ante la tardanza en implementar las ayudas y subsidios, así como los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (una entidad pública) que buscan permitir la supervivencia de muchas pequeñas empresas.

Las personas que ya antes de la crisis se encontraban  en una acusada situación de vulnerabilidad (desempleados, trabajadores informales, personas sin hogar, inmigrantes sin papeles, etc) se enfrentan a un escenario caótico, ya que las ayudas públicas aprobadas sólo están destinadas a quienes, de alguna manera , han perdido algo con la pandemia (un trabajo, una empresa) y los servicios sociales públicos y los bancos de alimentos de la Iglesia o de los movimientos sociales han sido cerrados o funcionan bajo un constate acoso de quienes tienen que hacer cumplir el confinamiento. Además, cientos de miles, sino de millones de personas mayores, viven solas con muy exiguas prestaciones de jubilación en viviendas que no cumplen las mínimas condiciones de habitabilidad. Son personas que tampoco pueden salir a trabajar o a comprar sus alimentos, ya que suelen tener enfermedades crónicas que, ante el colapso del sistema sanitario, han interrumpido su tratamiento.

En este brutal escenario, sin embargo, las muestras de solidaridad, apoyo mutuo y autoorganización de las clases populares no han desaparecido. El movimiento sindical combativo y los movimientos sociales siguen poniendo en marcha todo tipo de iniciativas que buscan afirmar lo común y las posibilidades de construcción de una fuerza popular autónoma que sea capaz de detener esta pesadilla nacida del mal sueño neoliberal de las últimas décadas.

El movimiento sindical de base ha sido decisivo para el cierre de determinadas empresas que no estaban cumpliendo los mínimos exigibles a nivel de Prevención de Riesgos Laborales, así como han hecho cumplir las recomendaciones sanitarias en muchas empresas pese a la resistencia de algunos sectores de la patronal. La planta de Mercedes Benz en Vitoria, tuvo que ser paralizada por la representación de los trabajadores, ya que no se estaba trabajando en condiciones de seguridad. Asimismo, el sindicalismo combativo ha estado detrás de procedimientos que han llevado a la paralización de actividades o a la toma de mayores medidas de prevención de la enfermedad en grandes empresas como Konecta (la mayor multinacional del call center en España) o los metros de Madrid y Barcelona.

Además, el sindicalismo combativo ha implementado numerosas iniciativas encaminadas a mantener a la clase trabajadora informada de sus derechos y capaz de tejer redes de solidaridad efectivas en medio de la gigantesca transformación en curso, en la que es difícil seguir el hilo de la nueva normativa que va saliendo casi cada día, que los trabajadores suelen desconocer. Han abundado la puesta en marcha de teléfonos gratuitos o cuentas de e-mail de asesoramiento en asuntos laborales, de vivienda o de servicios sociales, como los organizados por el Sindicato de Oficis Varis de Barcelona de Solidaritat Obrera, por la Comarcal del Sur de Madrid de CNT, o por la sección sindical de Solidaridad Obrera en el Servicio Público de Empleo (SEPE).

Asimismo, los bancos de alimentos de los movimientos sociales, basados en los principios de la autoorganización y el apoyo mutuo, han seguido funcionando, en ocasiones ante un creciente acoso de las fuerzas de seguridad del Estado. Organizaciones sociales como los Bancos Obreros de toda la geografía española, o colectivos barriales como la Plataforma de Parados de San Blas y Canillejas (en Madrid) o el fondo solidario del centro social La Xisqueta (en Santa Coloma de Gramanet, en la provincia de Barcelona)  han seguido repartiendo paquetes de comida, productos higiénicos o medicamentos en los domicilios de las familias más vulnerables. Estas iniciativas se han encontrado en ocasiones con una represión estatal sin motivo aparente: recientemente un banco de alimentos dedicado a la práctica antirracista, ha sido multado. También han encontrado apoyos claros: el sindicato Solidaridad Obrera abría recientemente una cuenta destinada a comprar alimentos para los trabajadores en paro con los 10 euros que la dirección de Metro de Madrid ha pagado a cada empleado para comprar material sanitario (lo que los trabajadores han denominado “los 10 euros de la vergüenza”, dado que es una cantidad irrisoria con los precios españoles). Asimismo, el Sindicato Popular de Vendedorxs Ambulantes de Barcelona ha puesto en marcha una red de solidaridad y banco de alimentos para este sector, especialmente vulnerable ante la crisis.

Por otro, lado, distintos organismos del movimiento de vivienda preparan una huelga de alquileres para un próximo futuro. Nos lo cuenta Gonzalo Maestro, miembro de la Coordinadora de Vivienda de Madrid: hay una gran cantidad de la población que va a verse obligada al impago de alquileres e hipotecas en breve plazo, y las ayudas públicas consisten en moratorias limitadas o microcréditos, no en condonación de las deudas. El movimiento ha lanzado una campaña por la exoneración de los alquileres y ha recibido en pocos días información de más de 10.000 casos de personas que no van a poder hacer frente a los mismos. Se prepara para arroparlos con una gran huelga de alquileres, de hipotecas y de suministros (agua, luz, gas) a nivel nacional. Se ha organizado un comité de huelga a nivel estatal y se están estructurando nodos municipales y de barrio. Se está construyendo el movimiento para tratar de dar ese salto y poder generar el suficiente colchón social para impulsar la acción.

Todo ello nos muestra un escenario donde el confinamiento, la crisis sanitaria y la creciente limitación de libertades, no han conseguido hacer desaparecer las dinámicas de autoorganización social y apoyo muto de las clases populares. La lucha de clases continúa, pese a todo. El mundo nuevo se apunta hasta en las miradas desde los balcones confinados. El pueblo fuerte, la potencia de la base y del trabajo, se reconoce a sí mismo hasta en la debacle más profunda.

José Luis Carretero Miramar.

Por José Luis Carretero Miramar.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en un reciente discurso en la Universidad de Louisville, en el que abordó la situación en Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia, dijo que apoyará a los gobiernos latinoamericanos en su labor represiva contra las protestas sociales, acusando, además, a Cuba y Venezuela de orquestar y dirigir los estallidos populares. Era algo de esperar: que la política exterior de Estados Unidos tiene como objetivo primordial mantener el control sobre lo que la ya centenaria “Doctrina Monroe” calificó como su “patrio trasero” es algo de dominio público, y que tal política no va a detenerse ante cosas tan poéticas como la concepción internacional de los Derechos Humanos, es algo archisabido desde la implementación, en el siglo pasado, de la Operación Cóndor para aniquilar toda resistencia popular al despojo imperialista sobre América Latina.

Lo que no es tan conocido es el papel que están jugando hoy en día, respecto a la emergencia de una nueva oleada autoritaria en América Latina, gobiernos que se consideran paradigmas globales de la democracia al estilo occidental y que, además, presumen de haber tenido históricamente algún tipo de influencia “civilizadora” sobre la “Patria Grande”. Me estoy refiriendo, concretamente, para mi propia desazón, al gobierno de mi país: España.

Los intereses económicos españoles (si es que las grandes transnacionales, con sus consejos de administración controlados por fondos globales de inencontrable origen, tienen nacionalidad alguna realmente) son muchos y variados. Detengámonos en dos países en concreto: Chile y Ecuador.

Más de 300 empresas españolas tienen una presencia destacada en la economía chilena. España, de hecho, es el cuarto mayor inversor en Chile, con un stock de 17.000 millones de euros. Telefónica Chile, por ejemplo, con ocho millones de clientes móviles y un millón de banda ancha es el mayor operador de telecomunicaciones del país andino, con una facturación anual de 986 millones. El Banco de Santander, por su parte, tiene 380 sucursales en Chile, más de 11.000 empleados y obtiene más de 2000 millones de beneficios anuales en el país. Prosegur, por su parte, es una de las principales empresas de seguridad privada de Chile, ofreciendo servicios a más de 1500 empresas. Son sólo ejemplos (grandes ejemplos, por otra parte). Allí también están Telepìzza (con 156 tiendas), Inditex o González Byass, entre otros.

En lo que se refiere a Ecuador, el panorama es parecido. La inversión española en el país alcanza los 18.000 millones de euros. Telefónica y Mapfre tienen una fuerte presencia. Las conexiones aéreas del país con Europa están dominadas por Iberia y Air Europa (que, por otra parte, acaban de fusionarse). Las grandes constructoras de la era del “ladrilllo” en España, como Acciona o ACS, han conseguido suculentos contratos de infraestructuras, como las obras del Metro de Quito.

Hay que tener presentes algunas cosas esenciales, a la hora de valorar los efectos sociales y económicos de la inversión española en Latinoamérica. Aunque en principio puede entenderse como un proceso saludable de diversificación frente a la pasada omnipresencia del imperialismo norteamericano en las economías de la región; lo cierto es que la inversión española está firmemente dominada por los grandes gigantes del Ibex 35, y no por la pequeña o mediana empresa productiva, y que, en gran medida, ha consistido en la captación de yacimientos de plusvalor que han sido privatizados tras la implementación de los distintos procesos de ajuste neoliberales impuestos por el FMI o por la simple fuerza de las armas de las dictaduras pretéritas en Latinoamérica. Es decir: en gran medida ha consistido en hacerse, a precio de saldo, con los activos privatizados por la furia neoliberal de las últimas décadas.

Lo que es evidente es que las grandes empresas del Ibex 35 español, y por extensión el gobierno de España y las instituciones de la Unión Europea (el selecto club al que España pertenece, entre otras razones, porque puede actuar como un productivo “puente” entre Europa y América Latina, como se ha visto en la reciente negociación del Tratado de libre comercio entre el Mercosur y la UE), tienen, o deben tener, algún tipo de responsabilidad sobre el respeto a los Derechos Humanos en la región en este momento de crisis política generalizada.

Las grandes empresas, que muchas veces ponen y quitan gobiernos; los gobernantes europeos, que tanto reclaman democracia y derechos cuando les tocan la chequera; y los burócratas de la Unión, que ahora dicen ser “verdes” sin tener en cuenta los efectos sobre el medio ambiente del saqueo de los pueblos del Sur, son, en cierta manera, responsables de su falta de  actuación encaminada a que América Latina no se hunda en una deriva autoritaria, represiva y criminal, como la que parece apuntarse tras el golpe de Estado en Bolivia o las duras campañas de criminalización de la protesta, con alto coste en vidas humanas y en violaciones de los derechos ciudadanos, implementadas en Chile, Colombia o Ecuador.

Debería ser así. Y, sin embargo, veamos algunos ejemplos de lo que han hecho “humanísimos” y, en ocasiones, “progresistas” gobiernos como el español, en los últimos tiempos:

La fragata militar española “Méndez Núñez” se entrena con la corbeta del ejército ecuatoriano “Esmeraldas”. Lo hace tras recalar previamente en la principal base naval del ejército chileno (Valparaíso). La corbeta misilera ecuatoriana pertenece a una unidad de seis corbetas construidas en Italia por Fincateri y entregadas entre 1982 y 1984 a la Armada ecuatoriana.

La Fuerza Aérea Ecuatoriana firma un contrato con Airbus Helicopters (filial de Airbus, una de las joyas de la corona de la integración europea, el consorcio aeronáutico que está haciendo sombra a nivel a global a la estadounidense Boeing, y el motivo de la reciente subida de aranceles sobre productos europeos por parte de Trump) para la adquisición de seis helicópteros H145, con un innovador sistema de alerta y autocontrol, recuperando la capacidad operativa del Ala de Combate nº 22 del Ejército ecuatoriano.

Entre el 20 y el 21 de junio, la Universidad de las Fuerzas Armadas de Ecuador organiza la I Feria de Desarrollo Tecnológico para la Defensa (FEDETEC), a la que acuden empresas de armamento de diversos países, entre los que se cuentan Israel, Chile, Argentina o, como no, la ubicua y europea Airbus, promocionando su avión de transporte medio C295M y sus helicópteros H125 y H215. Si pensamos que los socialdemócratas paises del Norte de Europa no se dedican a estas cosas, estamos equivocados: en FEDETEC también se pudo encontrar los productos de Kongsberg Maritime, filial del conglomerado noruego Kongsberg Gruppen.

El Ministerio del Interior español, finalmente, da su visto bueno al envío, por parte de la Policía española, de instructores de las unidades antidisturbios, especializados en el control de masas y en vigilancia de zonas sensibles e instalaciones estratégicas, para el adiestramiento de las fuerzas de choque de los carabineros chilenos, que han sido acusados en el último mes de numerosas violaciones de los derechos humanos, entre las que se cuentan centenares de lesiones oculares y decenas de agresiones sexuales.

¿Es este el tipo de “ayuda democrática” que los siempre orgullosos y ahítos de autosuficiencia gobiernos europeos deben prestar a los pueblos latinoamericanos? ¿Esto es “expandir la civilización”, “ampliar la democracia”, “combatir el populismo”, “defender las libertades” o cualquiera de las otras consignas altisonantes que los mandatarios europeos tienen siempre en la boca cuando se trata de justificar lo que muchas veces es injustificable?

Los trabajadores y trabajadoras de Europa, y muy señaladamente, del Estado Español, debemos denunciar claramente este doble rasero de nuestros dirigentes. Los expolios perpetrados por “nuestras” empresas en América Latina y sus funestos efectos sociales. La colaboración de nuestras fuerzas y organismos de seguridad en la implementación de la deriva autoritaria en curso en la región. La brutalidad del imperialismo norteamericano, pero también la responsabilidad de nuestros gobiernos y empresas. La solidaridad con los pueblos empieza por tomar partido contra quienes construyen sus jaulas.

Los movimientos sociales europeos debemos encontrar la manera (superando nuestro inveterado sectarismo, nuestra ceguera civilizacional eurocéntrica, nuestro historial de apuñalamientos mutuos) de cooperar en la labor de desvelar y denunciar esta cruel colaboración de las empresas y los gobiernos europeos con el proceso en curso de impugnación autoritaria y represiva de los avances obtenidos por los movimientos populares latinoamericanos.

Presionando a nuestros gobiernos, a nuestras empresas, a nuestros aventureros militaristas, a nuestros expresidentes en busca de “un buen lugar bajo el sol”. Escuchando, respetando y apoyando a los movimientos latinoamericanos y respaldando a sus activistas en peligro.

Construyendo los puentes desde abajo que permitan los abrazos que los de arriba nos han tenido siempre vetados.

Por José Luis Carretero Miramar.

                Recientemente, la Unión Europea ha decidido impulsar un proyecto continental para diseñar un gran cloud de datos bajo legislación comunitaria. La razón es clara: si la nueva economía dimanante de lo que se viene llamando la Cuarta Revolución Industrial va a estar centrada en campos innovadores interrelacionados entre sí como la Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas (IoT) o la robotización, los datos van a pasar a ser el nuevo gran activo estratégico del futuro. El Big Data, combinado con la conectividad creciente facilitada por la tecnología de redes 5G, y operado mediante tecnologías de Inteligencia Artificial (IA), puede constituirse en el sustrato de un gran salto delante de un proceso de automatización cualitativamente superior de las actividades productivas, y de un conocimiento milimétrico de los mercados.

                Por supuesto, en este escenario quién tiene bajo su poder los datos y cómo los utiliza son asuntos de una importancia estratégica capital. La Unión Europea quiere que los datos europeos (no sólo los de los consumidores, sino también los industriales, sanitarios, etc.) estén almacenados en un gran sistema de clouds federadas sometido a la legislación europea y con una seguridad garantizada por la misma. Y, paralelamente, los Estados Unidos presionan a la Unión, de momento infructuosamente, para que los países de Europa veten a la empresa china Huawei en su despliegue de redes 5G, en base al supuesto peligro de que los chinos puedan acceder a datos sensibles.

Europa, sin embargo, rezagada en esta nueva guerra por la tecnología futura, trata de salvaguardar su independencia: intenta construir su propia “nube”, pero incapacitada a hacerlo en toda su extensión, con un impulso público decidido, se conforma con federar y aliar las distintas “nubes” ya existentes bajo legislación europea; se niega a vetar a Huawei en la implantación de la red 5G en los diferentes países, pero decide limitar a dicha empresa respecto al “core” de dichas redes, donde se encuentran los datos más sensibles de los usuarios. Europa, sin “campeones globales” de las redes del mismo tamaño que los chinos o norteamericanos, enfrentada a la agresiva política tecnológica  trumpiana (el fiscal general de Estados Unidos ha declarado recientemente que los norteamericanos deberían tomar el control accionarial de la empresa sueca Ericsson para enfrentar con garantías el auge chino en las redes 5G) empieza a ver con preocupación un futuro que pone sobre la mesa la creciente falta de soberanía tecnológica de un continente que se encuentra un tanto desarmado en el filo de una transformación global en las formas de producir sin paragón en la Historia.

Y algo parecido a lo que le pasa, a nivel geopolítico, a la Unión Europea, le ocurre también a la clase trabajadora en el mercado laboral. La clase obrera actual se encuentra debilitada por la ofensiva neoliberal que se ha sucedido sin pausa alguna desde los años setenta, y yace indefensa, débilmente armada con una ideología decadente y, en muchos casos, oscurantista, que fomenta la fragmentación organizativa y los odios cainitas entre sus distintas corrientes. En este escenario, ya lo hemos indicado en algún texto anterior en Trasversales, la ola de innovación tecnológica que recorre el mundo le puede llegar a pasar por encima, y terminar de derribar la arquitectura de derechos y movimientos que la clase obrera ha construido en los últimos siglos, si no hay un decidido cambio de paradigma en su actuación, que le lleve a disputar en serio por los frutos y los usos de las nuevas tecnologías.

La nuevas tecnologías constituyen una base material y cognitiva que podría utilizarse para facilitar la autogestión en los lugares de trabajo, implementando dinámicas de cualificación de la clase trabajadora que la capacitaran para ejercer el poder efectivo sobre el proceso productivo, además de generar el sustrato de riqueza, de conectividad y de datos necesario para el ejercicio de procesos de planificación participativa de masas (también en el ámbito de la economía), y para disciplinar en términos sociales, ecológicos y de género, unos mercados que, en muchos casos y sectores, nacieron antes del capitalismo y probablemente le sobrevivirán como mecanismos de asignación de precios y de flujos de inversión del capital social.

Pero estas mismas tecnologías están siendo utilizadas por el Capital con fines muy distintos. Ante las dificultades mostradas en las últimas décadas para valorizar adecuadamente internet (crisis de las punto.com) y los avances científicos asociados a las redes descentralizadas, las grandes tecnológicas están explorando de forma creciente un importante mercado, en una sociedad donde el conflicto de clase incorpora problemas de seguridad emergentes para las clases propietarias: el mercado de la vigilancia permanente, del control tecnológico. Tanto de las “conductas desviadas” clásicas (delincuencia, disidencia política, enfermedad, absentismo juvenil…) como del desempeño laboral cotidiano (vigilancia del uso de ordenadores y dispositivos móviles en oficinas, geolocalización de riders y transportistas, videovigilancia ubicua, dispositivos para la geolocalización de trabajadores y materiales en almacenes, controles biométricos para el registro del horario laboral, etc, etc, etc….).

¿Se pueden poner límites a este control ubicuo de trabajadores y clientes por parte del Gran Hermano empresarial de nuestros días? ¿Es posible una regulación que discipline el uso de estas nuevas herramientas tecnológicas para extender la explotación? Esta es una pregunta con importantes implicaciones para un futuro que es ya, en gran parte, un presente perentorio.

Detengámonos en un ejemplo: la temática relacionada con la obligación creciente de conexión, incluso no deseada, que se expande por doquier en el mercado laboral. Las nuevas tecnologías permiten tener al trabajador siempre a disposición de las necesidades de la empresa. Conectado a apps de mensajería como whattsapp o telegram, con la capacidad de recibir correos electrónicos o mensajes de todo tipo a cualquier hora del día o de la noche. Incluso geolocalizado gracias a su dispositivo móvil si comparte habitualmente su ubicación, el trabajador de hoy en día, aún precario y con salario y derechos menguantes, puede ver invadido su tiempo de descanso y de ocio por una continua intromisión del poder de mando empresarial.

No cabe ninguna duda de que técnicamente esto es posible. Tampoco de que es una práctica que se extiende cada vez más en nuestro mercado laboral. El problema es ¿qué límites se le pueden imponer a esta pulsión invasiva del poder de dirección de la empresa, qué regulaciones (estatales o convencionales) se pueden implementar para atajar esa conversión creciente del tiempo de vida en su totalidad, en tiempo de trabajo alienado?

En nuestro país, la normativa que trata de limitar este fenómeno y (al menos declarativamente) establecer un derecho del trabajador a la desconexión digital, es relativamente reciente. De hecho, dicha regulación se limita al artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, que trata de trasladar al Derecho español parte de la regulación de la Ley 2016-1088, de 8 de agosto de 2016, de reforma del Código de Trabajo francés.

Dicho artículo 88 reconoce a todos los trabajadores y empleados públicos el “derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.”.

Pero, como bien afirma Margarita Miñarro, en su artículo “La desconexión digital en la práctica negocial: más forma que fondo en la configuración del derecho”, publicado en el número 440 de la revista “Trabajo y Seguridad Social” del Centro de Estudios Financieros:

“Sin embargo, poco hace el artículo 88 de la LOPDGDD más allá de declarar formalmente el derecho a la desconexión digital y de reconocer -entre líneas- su incidencia sobre el derecho a la conciliación y-aún más entre líneas- sobre la seguridad y salud en el trabajo, siendo esta una norma meramente programática (…) Así, en lugar de abordar su regulación, al menos en las cuestiones más nucleares, opta por darle una estructura descentralizada, que explica que, a fin de facilitar futuros desarrollos, este sea uno de los preceptos excluidos de la consideración de “orgánicos” que es predicable del resto de los incluidos en la ley. A tenor de tal esquema, delega la configuración y garantías de efectividad del derecho a la desconexión digital en otros instrumentos de ámbito de aplicación más reducido o, en su defecto, al acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores la regulación de “las modalidades de ejercicio de este derecho (que) atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral (y) potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y de la vida personal y familiar”. Con ello, renuncia a establecer garantías de efectividad generales para este derecho, encargando que lo haga la negociación colectiva o el acuerdo de empresa”.

Es decir, que el legislador no establece contenido material alguno referente a este derecho que reconoce, pero al que no da carta de naturaleza de derecho fundamental, al excluir su regulación de la consideración de Ley Orgánica. La efectividad del derecho queda totalmente al albur de los acuerdos que se puedan alcanzar entre trabajadores y empresarios en el marco de la negociación colectiva. Será la relación de fuerza en el lugar de trabajo la que finalmente determine si esta regulación legal tiene algún tipo de efecto, o no, sobre las relaciones laborales reales de los trabajadores concernidos. El Estado, en un evidente brindis al sol, reconoce un derecho sin contenido y hace un llamamiento no imperativo a los interlocutores sociales para que delimiten sus contornos.

Diversos convenios colectivos, fundamentalmente de grandes empresas, han respondido a este llamamiento. Unas veces animados por una perspectiva que entiende la desconexión digital como un asunto ligado al derecho a la conciliación familiar (incluso regulándola en el Plan de Igualdad de la empresa, como sucede en el Grupo Repsol). Otras veces, las menos, interpretando el derecho como algo vinculado directamente con la prevención de riesgos laborales, como en el Acuerdo Interprofesional de Cataluña de 2018.

Detengámonos en dos instrumentos concretos, interesantes por ser muestras representativas del tipo de regulación que todos estos acuerdos están incorporando.

En primer lugar, tenemos lo expresado en el Acuerdo marco mundial sobre la vida laboral en Renault, titulado “Construir juntos el mundo laboral en el grupo Renault”, y adoptado el 9 de julio de 2019. De enorme interés por tratarse de un acuerdo de ámbito global, referente a una de las mayores multinacionales automovilísticas del mundo.

Este instrumento indica que “en el ámbito internacional, donde todos los husos horarios están activos, el Grupo Renault reconoce a sus empleados y empleadas el derecho a elegir conectarse o no fuera de su tiempo de trabajo habitual y durante sus períodos vacacionales”.  Si embargo, carga sobre el trabajador la decisión de si responder o no a las comunicaciones iniciadas por la empresa en el tiempo de descanso, que no son prohibidas en su totalidad, sino que se permiten en “situaciones excepcionales”, en las que sí existirá obligación de responder por parte del trabajador.  Pese a que es uno de los instrumentos más avanzados, al introducir una limitación a las comunicaciones que puede iniciar la empresa (algo que no se da en la mayoría de los convenios, que otorgan al trabajador el derecho a no responder salvo en determinados casos, pero que no limitan los mensajes que la empresa puede enviarle) su falta de claridad empuja a la concreción del derecho en las situaciones cotidianas reales a una nebulosa interpretativa que limita su eficacia.

La regulación del Grupo Telefónica, aprobada el 17 de julio de 2019, se encuentra en su “Política interna reguladora del derecho a la desconexión digital de las personas trabajadoras de Telefónica”. Como primera medida reconoce el “derecho a no responder ninguna comunicación fuere cual fuere el medio utilizado (correo electrónico, WhattsApp, teléfono, etc.) una vez finalizada la jornada laboral”. Pero luego, por supuesto, lo matiza, obligando a responder en “los casos en que concurran circunstancias de causa de fuerza mayor o que supongan un grave, inminente o evidente perjuicio empresarial o del negocio, cuya urgencia temporal necesita indubitadamente de una respuesta inmediata”. Un amplio abanico de casos, con una expresión fuertemente indeterminada. Además, finaliza indicando que el cumplimiento de este acuerdo es “un derecho, no una obligación”, lo que descarga totalmente en el trabajador la responsabilidad de su cumplimiento, así como la efectividad real un elemento que nuestro derecho ha considerado siempre indisponible: la duración de la jornada de trabajo.

En definitiva, la mayor parte de los convenios que regulan este derecho, lo hacen desde la base de que el trabajador no tiene la obligación de responder, en su tiempo extralaboral, a la empresa (salvo en determinados supuestos que son muy amplia y difusamente delimitados), pero tampoco la obligación de no responder. Además, la empresa tiene plena libertad de enviar comunicaciones, siempre que quiera, al trabajador. El cumplimiento efectivo del derecho se convierte en responsabilidad personal del trabajador, en un contexto de creciente precariedad en el empleo y en las condiciones de trabajo. Es el trabajador el que decide, en el marco de una relación desigual, si responde o no. Y la ley, como hemos indicado, es un simple precepto en blanco que declara un derecho que no delimita ni define.

Además, la regulación existente hurta al análisis jurídico las implicaciones de la conectividad obligatoria para los derechos fundamentales que la propia constitución regula. Estamos hablando del derecho a la intimidad (artículo 18.1 de la Constitución) que puede verse fuertemente afectado por la intromisión ubicua de la empresa en el tiempo de descanso del trabajador. El constante establecimiento de comunicaciones entre empresario y trabajador, fuera del centro de desempeño del trabajo, puede no sólo afectar a la prevención de los riesgos laborales para la salud (fomentando patologías como el tecnoestrés, la tecnofatiga o la tecnoadicción), sino también a la propia intimidad del empleado: una conexión extemporánea vía Skype, por ejemplo, puede ser el medio para que la empresa conozca datos íntimos, como el lugar donde se encuentra en ese momento el empleado o quiénes son sus acompañantes.

En definitiva, como afirma Manuel González Labrada, en su artículo “El derecho a la desconexión digital: naturaleza y alcance”, en el número 87 de la Revista de Derecho Social:

“La delimitación jurídica del derecho a la desconexión digital como derecho instrumental y derecho facultativo desprovisto de coercibilidad viene a legitimar el nuevo paradigma de la flexibilidad ubicua y se inscribe en un movimiento de flexibilización del tiempo de trabajo, sometido a la libertad organizativa del empleador y, por tanto, a reforzar la libertad constitucional de empresa únicamente condicionada a la negociación colectiva (…) y, so capa de un derecho, hace responsable al propio trabajador de la desconexión. Esta caracterización del derecho pone de manifiesto la falta de contundencia jurídica en su contenido y su eficacia, y aflora la carencia de una singular tutela que dote de efectividad y protección a la desconexión digital distinta de los mecanismos tutelares del derecho al descanso o a la prevención de riesgos. En este punto, como ya hiciera el legislador en 1980 con la intimidad y con el peso de la ideología neoliberal, el legislador del siglo XXI conforma el derecho a la desconexión con unos límites tan imprecisos y genéricos que se diluyen en su propia indefinición.”

Pero la indefinición de la regulación legal del derecho a la desconexión digital no es el único elemento altamente preocupante en este escenario de ubicuidad empresarial. La tecnología actual permite hacer muchas más cosas que enviar continuadamente mensajes a un trabajador en su tiempo de descanso. Vivimos en la era de la vigilancia permanente, una era en la que los datos se constituyen en una fuente de riqueza descomunal.

Como afirma Richard Snowden, el exanalista de la CIA que denunció, con multitud de pruebas que la agencia de espionaje norteamericana estaba supervisando y grabando millones de comunicaciones digitales y telefónicas a nivel global, sin ningún tipo de control legal ni limitación técnica:

“Los datos que generamos tan solo con vivir (o con dejar que nos vigilen mientras vivimos) iban a enriquecer a las empresas privadas en la misma medida que empobrecerían nuestra existencia privada. Mientras que la vigilancia gubernamental estaba teniendo el efecto de convertir al ciudadano en súbdito, a merced del poder estatal, la vigilancia corporativa estaba convirtiendo al consumidor en un producto, que las corporaciones vendían a otras corporaciones, corredores de datos y publicistas”.

¿Es imaginable un escenario, pues, en el que los datos privados de los trabajadores (los de su ubicación en su tiempo de descanso, por ejemplo) son utilizados por la empresa, no sólo para vigilar su desempeño laboral sino también para ser valorizados en el mercado de datos? Imaginemos que, desde esa perspectiva, tanto el teletrabajo como la geolocalización, o incluso las llamadas de voz o de video de la empresa en tiempo de descanso, pueden permitir conocer datos de los trabajadores referentes a sus compras, lugares de estancia, estado de salud, acompañantes…Además, si se pueden usar los datos de la conexión ¿por qué no usar directamente los datos que el propio trabajador va dejando en sus redes sociales, rastro en buscadores o, incluso, superficies comerciales que puedan tener un acuerdo al respecto con la empresa o pertenecer a su mismo grupo empresarial?.

Obviamente, todo esto es técnicamente posible, y se hace más fácil con la emergencia de las redes 5G, como sustrato material de un enorme avance previsible en la conectividad y el uso de la inteligencia artificial para la captación y análisis de grandes cantidades de datos. Es legalmente discutible, sin embargo, que algunas de estas cosas puedan realizarse sin transgredir la normativa existente. Pero, en gran medida, nos encontramos frente a una legislación que va muy por detrás de lo que puede permitir hoy día una tecnología en plena revolución permanente. Cuando todo es discutible, y la normativa no alcanza más que a declarar derechos que “se diluyen en su propia indefinición” la puerta abierta al abuso y la explotación del trabajo humano (de la vida humana) se convierte en una gran invitación al abismo.

El joven Marx defendía que, en el comunismo, liberados de la explotación y la alienación, los trabajadores dedicarían sus días a “pescar por la mañana, fabricar por la tarde escribir y cantar por la noche”. Imaginaba un mundo en el que la liberación de las fuerzas productivas de la humanidad superaba la dualidad entre trabajo y ocio, en el que el trabajo sería toda relación consciente del sujeto humano con la naturaleza, y en el que el ocio no consistiría en el consumo pasivo y alienado de mercancías sino en el disfrute de la propia creatividad y capacidad de goce. Limitada fuertemente la jornada “laboral” (la dedicada a elaborar la base material imprescindible para la vida), el trabajador disfrutaría de sus horas en actividades que expresarían sus propias potencialidades y capacidades para la creatividad y el disfrute (a eso se refería Marx, cuando hablaba de una “sociedad de la abundancia”).

La base técnica de nuestra sociedad podría hacer posible ese escenario, mediante la robotización del trabajo, la planificación participativa de las necesidades y la autogestión del proceso productivo por los productores directos, transformados en una fuerza creativa basada en capacidades innovadoras y mecanismos de formación que superasen la diferenciación entre trabajo manual y trabajo intelectual, entre dirigentes y dirigidos.

No es eso lo que nos prometen quienes controlan la innovación técnica en nuestra sociedad. Apuestan por la vigilancia permanente, por la apropiación de los flujos de vida (transformados en datos) que suceden fuera del trabajo (alienado y basado en la explotación) para su valorización en los mercados (en gran medida oligopólicos). Pretenden convertir en mercancía, no sólo la fuerza de trabajo utilizada en el proceso de producción, sino el proceso vital de la sociedad en su totalidad. Biopoder en la sociedad-fábrica. Supervisión constante y valorización del “General intellect” del que habló Marx en sus Grundrisse.

Hay alternativas, sin embargo. Tanto para lo micro como para lo macro. Tanto para la regulación actual de cosas como la desconexión digital, como para el sistema capitalista en su conjunto. Y esas alternativas están creciendo y conformándose, en este instante, en los intersticios de la propia sociedad del Capital.

Un derecho real a la desconexión del trabajador, en el ámbito laboral, presupone en convertirla en un derecho irrenunciable (como son las vacaciones) y en tasar de manera clara o denegar totalmente las posibilidades de que la empresa pueda ponerse en contacto con el trabajador en el tiempo de descanso. Recuperar, actualizándolo, ese viejo derecho fundamental que la textura de la sociedad neoliberal ha hecho impracticable: el derecho a la intimidad, regulando fuertemente el uso de logaritmos e inteligencia artificial en los procesos de selección o convirtiendo dichos procesos en competencia exclusiva de una instancia pública con participación y control sindical (dotando de contenido real a las agencias de empleo). Acabar con la precariedad laboral, indicando que el despido improcedente ha de conllevar readmisión obligatoria y controlando y limitando la causalidad de los contratos temporales, de manera que el trabajador se sienta lo bastante fuerte para defender sus derechos en la cotidianidad de la vida empresarial.

Una sociedad de la abundancia (tal y como la definían Marx y otros pensadores del socialismo más transformador), pero también de los derechos y las libertades, deberá erigirse sobre el control y regulación de lo que puede hacerse con los datos, y sobre la tendencial limitación de las posibilidades técnicas de la vigilancia permanente, estableciendo cortafuegos, áreas de intimidad indisponible para los individuos, transparencia absoluta de los procesos empresariales y gubernamentales ante el escrutinio de los grupos autoorganizados de trabajadores. Volviendo transparente al poder, y opaca a la vida individual e íntima. Haciendo proliferar el conocimiento y la técnica, pero también encauzándolos en dirección a la salvaguarda y expansión de la vida, no a su valorización como Capital.

Por José Luis Carretero Miramar.

ESPAÑA Y CATALUÑA. SOBRE LA CONSTRUCCIÓN NACIONAL.

                Cataluña y España, España y Cataluña. Un conflicto Imperio-periferia, una matriz de algaradas, la consigna de un golpe de Estado, los ecos de una sempiterna tensión centrífuga en el Estado español. Todas esas versiones están ahí, dando vueltas y diseminándose en conflicto entre ellas en el hervidero de nuestra sociedad. El conflicto catalán, una de las formas de llamar al laberinto español, al conflicto que late tras el nombre de España, tras las contradicciones del proyecto dominante que ha dibujado el concepto que España tiene de sí misma, tras la ambigüedad irresoluble de una nación que no terminó de constituirse como casa común sino que se ha pensado siempre, desde lo más alto, como espacio de control, casa señorial, plantación solariega.

                El problema catalán es fundamentalmente el problema de España. De una España invertebrada, inconclusa. De una España que nunca hizo su revolución nacional y democrática contra el Antiguo Régimen y fio su entrada en el teatro de las naciones europeas a un apaño vulnerable (¡ahora veremos cuán vulnerable es!) con la simbología, los profesionales y los arquitrabes básicos de la estructura de un Estado fascista, pero al tiempo, tremendamente anacrónico, premoderno, ilusoriamente detenido en un marasmo de fantasmagorías históricas sin base real, centralizado entorno al ejercicio genocida de la fuerza, sin más proyecto nacional que garantizar el libre ejercicio del despojo por las élites, contra toda nación de los iguales.

                El problema catalán son los mitos fundantes de una España, la adulada por el poder y sus tribunos, que se niega a sí misma hasta la matanza, hasta la pérdida de identidad, hasta provocar su propia implosión y la diáspora (real o sentida como convicción íntima) de los españoles que han querido algo más que huesos falseados y porras eléctricas como paradigmas nacionales.

                Veamos esos mitos: la Reconquista, una ficción histórica tal como nos la han contado, un proceso complejo, ambivalente y secular, que hasta un literato un tanto reaccionario, pero con mundo, como Arturo Pérez Reverte es capaz de tratar con más profundidad que nuestros intelectuales patrioteros en su novela “Sidi”; el Imperio y el “Descubrimiento” de América (¡qué pena que ya hubiera gente allí!), un Imperio de las casas reales europeas y los grandes  banqueros del continente que empezó por conquistar Castilla en Villalar y llevó a España a un atraso secular, a una incapacidad absoluta para constituirse como nación, como patria de los iguales y los libres, y no como enseña universalista de la reacción y el oscurantismo; la Monarquía elegida por Dios, fiel a todo lo que no tenga que ver con avances sociales, científicos, democráticos, tejiendo durante siglos una gran telaraña que separa a España de Europa, del mundo, del progreso, oficiando de gran límite permanente de toda propuesta de constitución de España en una multiplicidad unida desde abajo por su propia complejidad voluntaria;  la Una, Grande y Libre nación del Movimiento Nacional que admitió la presencia de bases militares extranjeras en nuestro suelo, que masacró a su propio pueblo hasta hacerle aborrecer los símbolos y las fanfarrias que se dice representan a una nación que nunca se los dio, sino que siempre los encontró impuestos, por la fuerza o por el miedo a la fuerza.

                Esa es la España que puebla las mentes y los sueños húmedos de nuestros dirigentes políticos, de nuestros oligarcas e hijos de oligarcas, de nuestros intelectuales oficiales, de los miembros de las tramas orgánicas del Régimen, e incluso de los jóvenes patriotas que, llevados por el culto a la ignorancia y la violencia de sus mayores, confunden reiteradamente el patriotismo con el servicio mezquino a las élites y con el sucio trabajo de aporrear a los disidentes.

                Y que no se nos diga que esa España murió con la Transición. Esa España está en la letra y el espíritu de las más importantes y precoces sentencias del Tribunal Constitucional sobre el problema territorial español. La Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de febrero de 1981 (STC 4/1981), que, en su fundamento jurídico tercero, incidental respecto al fondo del asunto planteado al tribunal y por tanto no sometido a un estudio riguroso con colación del conjunto del texto constitucional, afirmaba, cercenando toda posibilidad de una lectura federalizante de la Constitución de 1978, perfectamente posible desde la literalidad del texto mismo de la Carta Magna:

                “Los Estatutos de Autonomía son normas subordinadas a la Constitución, como corresponde a disposiciones normativas que no son expresión de un poder soberano, sino de una autonomía fundamentada en la Constitución, y por ella garantizada, para el ejercicio de la potestad legislativa en el marco de la Constitución misma”.

                Una afirmación, como indica el profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Sevilla Bartolomé Clavero en su libro “Constitución a la deriva” (Editorial Pasado y Presente, 2019), “sin matiz alguno, sin matices que se registran precisamente en la propia norma constitucional (…) He ahí toda una jurisprudencia preventiva. Con todo ello y en definitiva hasta hoy, a partir de tal sentencia de 1981, no sólo es que la Constitución territorial del Estado va a ser criatura más del Tribunal Constitucional que de la propia norma constituyente, sino que tal proceso de verdadera sustitución constitucional arrancó mediante un procedimiento sospechoso y una resolución discutible, por decir poco. El Tribunal Constitucional admitió lo que no debía de admitir y se pronunció sobre lo que no debía de pronunciarse”.

                Así se pasó desde una lectura posible de la Carta Magna basada en el concepto de autogobierno, partiendo de la base de la preexistencia de nacionalidades históricas con una legitimidad previa dimanante de la misma historia de España y sus manifestaciones en las normas forales, en la legalidad republicana y en los procesos de consulta popular, que podría haber fundamentado una lectura diversa del ordenamiento autonómico y una estructura realmente para-federal del Estado, a una lectura centrada en la autonomía, puramente administrativa, que garantizó el “café para todos”, intentando desdibujar con ello las auténticas raíces de la diversidad territorial del Estado Español y subordinar las estructuras autonómicas a una fantasmal soberanía conjunta espejismo de una Constitución que se configura más como una “carta otorgada” por el Régimen anterior que como el resultado de un proceso constituyente amplio y de abajo a arriba.

                La posterior doctrina del Tribunal Constitucional, sentencia a sentencia, ahonda cada vez más en este tipo de interpretación de cierre centralizado de la estructura territorial, llegando a denegar la legitimidad foral (reconocida en la Constitución) a Cataluña, porque su Derecho histórico propio, reconocido secularmente como el navarro o el vasco, nunca ha adoptado, sin embargo, el nombre de “Fuero”, ajeno a los usos lingüísticos catalanes. Algo que resulta un aldabonazo más sobre una Sentencia furiosa y extemporánea (la del 2010 sobre el rechazado Estatut catalán) que deniega toda posibilidad de avance desde la autonomía al autogobierno, y deroga un texto que sostiene abiertamente, desde una perspectiva federalizante, que este último es perfectamente compatible con la total integridad territorial del Estado Español.

                Y todo ello en el marco de una crisis económica global que lanza grandes masas de la población a las calles en demanda de más democracia y en defensa de los más elementales recursos para el sostenimiento de la vida de las clases populares. Es, precisamente, en ese contexto, que la derecha española decide cerrar la puerta al desesperado intento de la clase política catalana de legitimarse ante las multitudes airadas que han cercado el Parlament con un avance en el autogobierno. Ante esta ruptura de facto del pacto de no agresión y redistribución de recursos y tensiones políticas entre la oligarquía central y las locales en el marco del Estado Español, en que había consistido el funcionamiento cotidiano de la vida política española desde 1978, los partidos catalanistas deciden subir la apuesta y, encabalgándose en la creciente marea popular que pide más democracia y mejores condiciones de vida y, por tanto, también, más autogobierno, deciden lanzar el proceso político que lleva a la declaración parlamentaria sobre la independencia del año 2017, en un intento de forzar la negociación sobre la cuestión territorial.

                El último acto de este drama, la Sentencia del Tribunal Supremo por la que se condena a determinados políticos y activistas sociales catalanes a más de cien años de prisión, indica, de manera palmaria, por si fuera aún necesario, que el concepto de España del poder y sus acólitos sigue siendo el que, precisamente, impide toda posibilidad de su constitución como nación de hombres y mujeres libres e iguales. El concepto de la España-porra, la España-martillo de los herejes, la España a la fuerza, la España Estado y no la España pueblo (o mejor, pueblos). La sentencia incluye condenas por el tipo penal de sedición (con una penalidad asociada de más de diez años de privación de libertad) para actuaciones de desobediencia y protesta pacífica, profundizando en una deriva autoritaria que, en nombre de la emergencia, las más de las veces producto de las tensiones territoriales y de clase no resueltas, lleva ya un par de décadas constituyendo casi imperceptiblemente el sistema penal español en un sistema de excepción. Una sentencia que, por tanto, tendrá crueles consecuencias para quienes salen a la calle a protestar en toda España, y no sólo en Cataluña, como iremos viendo en un futuro probablemente cercano.

                Es esa trama de intereses oligárquicos, abandonos de la soberanía ante las potencias internacionales y los fondos de capitales globales, derivas autoritarias, penalidad de excepción continuada, patrioterismo que confunde el servilismo con el patriotismo y dimisión intelectual, la que impide la construcción nacional española, la que impide la soldadura real sobre una base popular de la nación española, la que hace de España un nombre impronunciable para una gran cantidad, creciente siempre (hasta la próxima matanza orquestada desde arriba), de españoles y españolas.

                Pero hay otra España en el horizonte. Una España con un profundo enraizamiento histórico y cultural. Un proyecto español no sólo alternativo, sino incluso originario, que se constituye con la participación directa de los pueblos de la Península, con un rosario de pactos voluntarios y luchas conjuntas de los abajo, de los que siempre constituyen las naciones, como saben franceses, italianos o alemanes. No es la imposición violenta de símbolos y unidades desde las élites la que está en la génesis de las patrias de la modernidad europea, sino la unificación popular y democratizante, como producto de las luchas populares, la que empezó su despegue en la gran primavera de los pueblos de 1848 en Europa, continuidad de la onda larga de la Gran Revolución de 1789 en Francia. Una conmoción hurtada a la España sometida al oscurantismo, que así se hurtó a sí misma de cara al futuro que ahora ha llegado.

                España es, originariamente y hasta la llegada de la violencia imperial de las casas reales extranjeras, un proyecto esencialmente paccionado, plural, diverso. Los distintos espacios forales, en sentido amplio, entran voluntariamente, las más de las veces, por sus propios intereses comerciales, en un marco de acuerdos mutuos que, con altibajos, han llegado a dejar su estela incluso hasta el día de hoy. Aragón y Castilla mantienen sus instituciones diversas y su Derecho propio durante siglos, tras la unión dinástica que les convierte en potencia europea. El origen real histórico de España es el pacto. Pero el drama de la España que vivimos es que el poder que lleva cientos de años reproduciéndose a sí mismo en esta tierra entiende el devenir real de la construcción nacional española, no como el cuidado y cultivo de las condiciones de ese pacto, sino como el proceso histórico por el que se incumple reiteradamente y se reprime a quien lo alega.

                Así nos han narrado la Historia de España: el proceso por el que, paulatinamente, la unidad nacional se afirma por la imposición de la centralización deseada por las casas reales y por la derogación de los residuos forales. Ese es, precisamente, el problema. España no se constituye, como Estado, como producto de una lucha múltiple por la emergencia de un espacio común ciudadano de libertades de los pueblos de la Península, por una revolución de la pequeña burguesía con participación de las clases populares, sino como una forma autoritaria de gestión adecuada para devolver la ingente deuda generada por cada nuevo Monarca y su élite asociada de grandes señores. Un producto desde arriba, que trata de acallar el genuino pulso proliferante de la nación que dice representar, mientras la pone a los pies de los banqueros internacionales desde hace quinientos años.

                Es por eso por lo que se reniega, en la Transición, de toda memoria de la tradición republicana española. Del republicanismo federal, que propuso una alternativa territorial fundamentada en el libre pacto del que hablaba Pi i Margall, pero también de la propuesta iberista asociada a gran parte del pensamiento republicano, intento de racionalizar un proceso de construcción nacional ibérico desde la diversidad y la profundización democrática.

                El republicanismo es enormemente molesto para la clase política, en 1978, porque tiene una historia y una historia de propuestas. Porque una masa desmemoriada e inerme intelectualmente es más fácil de manejar para la nueva monarquía que se afirma sobre una Constitución que, como ya hemos indicado, se interpreta desde el primer momento con los límites impuestos por el Régimen franquista al transformarse a sí mismo. Ya lo hemos dicho en otros escritos: el problema de la Constitución no está en su texto, que podría dar espacio para algunas cosas más, aunque no debamos tampoco idealizarlo, sino en el bloque histórico oligárquico, económico, intelectual y político constituido en su nombre, que hace del texto, convenientemente depurado en la dirección que le interesa, un conjunto de diques al avance democrático, en lugar de un espacio desde el que desplegar una convivencia virtuosa y dinámica

                Y no hablemos ya de las marmóreas losas de silencio impuestas sobre las propuestas derivadas directamente de las organizaciones históricas de las clases populares para la gestión del problema territorial español (que no es otra cosa que un problema de democracia y diversidad), como el municipalismo defendido por los libertarios. Un libro-propuesta como el volumen “Hacia una federación de autonomías ibéricas” de Felipe Alaiz, combinando la perspectiva federalista y la preferencia libertaria por la democracia directa, constituye hoy en día, que tanto se habla del “problema catalán”, una herejía de tal calibre, que nadie es capaz de recoger públicamente el guante de su apuesta por ligar democracia, autogobierno territorial y solidaridad peninsular.

                De hecho, el PSOE, pilar fundamental del bloque oligárquico que gestiona su hegemonía con el paraguas, convenientemente tuneado, de la Constitución del 78 ha sido, desde la Transición, un garante fundamental de este estado de cosas (o de este Estado que considera cosas a los ciudadanos y ciudadanas, despojándoles de sus culturas propias, sus anclajes de clase y sus demandas de autogobierno desde abajo, para mejor manejarlos). Los socialistas, junto al eurocomunismo hispano, han constituido una izquierda “real” española (en el sentido más monárquico de la palabra) que hasta muy recientemente, se ha negado reiteradamente a impugnar la estructura territorial impuesta, como hemos visto, por el Tribunal Constitucional, y el corazón de la propuesta socioeconómica de la oligarquía (neoliberalismo devenido en última ratio tras una suave demagogia neokenyesiana). Así, los “republicanos monárquicos”, aduladores de Juan Carlos, se han mostrado siempre también como “federalistas centralistas”, y no han hecho una sola propuesta consecuentemente federal en cuarenta años.

                Un socialismo “federalista” que no ha hablado jamás de en qué consiste eso del federalismo, que no ha tratado de recuperar sus antecedentes históricos al respecto, que no ha difundido las propuestas del republicanismo anterior a la Guerra, que no ha hecho, tampoco, propuestas nuevas de encaje territorial o de profundización democrática. Que, en definitiva, ha difundido la idea de que el Estado de las Autonomías, tal y como lo ha entendido el Tribunal Constitucional, es auténticamente federal, como Felipe VI es auténticamente republicano.

                Y entonces, ¿qué? ¿asistir a la descomposición de España por la vía de la deriva autoritaria del Estado central y a la enajenación de toda posibilidad de articulación realmente democrática de su pluralidad territorial y cultural? ¿Estado de excepción, de nuevo, para imponer el concepto oligárquico de España que impide la construcción nacional en la Península Ibérica?

                Quizás existen más soluciones, pero el problema es que está incardinadas en lo más profundo de las tradiciones de autoorganización de las clases populares de los pueblos de la Península y, por eso, nunca será escuchadas con seriedad por los que mientan banderas para destruir vínculos.

                La alternativa, pues, en el plano territorial, es el federalismo. Pero un federalismo consecuente, honesto, sinalagmático, que se base en los conceptos básicos de autogobierno y solidaridad. Un federalismo que no puede ser “café para todos”, sino que tiene que reconocer políticamente la entidad real de determinados pueblos de España con una mayor legitimidad histórica y cultural. Y, por tanto, otorgarles un grado de autogobierno consecuente que debe alcanzar la posibilidad de la autodeterminación desde bases inequívocamente democráticas.

                Pero, cuidado, si estamos hablando de profundización democrática y de apuesta federal, habrá que tener en cuenta que el ejercicio de autodeterminación por los estados federados con legitimidad histórica y cultural de que estamos hablando, no puede convertirse en secesión por voluntad de una parte que no sea claramente mayoritaria de la población en cuestión. Una independencia basada en una mayoría del 51% contra el 49% es una apuesta por la fractura social, una imposición para la mitad de la población concernida de un cambio extremo que debe precisar una clara mayoría cualificada, ya sea del entorno del 60-70% de los votantes en la entidad territorial referida, ya sea de la mayoría absoluta del censo electoral, incluyendo tanto a los votantes como a la abstención, en el mismo ámbito territorial.

                Esto no obsta para que una entidad política federal no deba estar obligada legalmente a contribuir a resolver los problemas de legitimidad que le presenta una situación de debate social sobre la independencia de un estado federado. Si, como ocurre en estos momentos en Cataluña, la mayoría de los representantes electos proponen la secesión, sin alcanzar la mayoría cualificada para ejercerla, la entidad federal debe estar obligada a iniciar un gran proceso de reflexión y negociación social que establezca las reformas necesarias para reconstruir el vínculo social en peligro de romperse. En este proceso no deben de participar, solamente, los organismos oficiales o los gobiernos federales o federados, sino también las organizaciones sociales, sindicatos, asambleas de vecinos, plataformas feministas y movimientos ciudadanos del espacio concernido, que han de tener la opción de plantear sus necesidades de profundización democrática y de autogobierno, pero también las que tengan índole económica o sociolaboral; así como los movimientos sociales y organizaciones de las clases populares del conjunto de la Federación, que han de poder también alegar los perjuicios que, para el ejercicio de la solidaridad de los de abajo puedan derivarse de la fragmentación excesiva en un contexto de grandes tiburones globales como los fondos de inversión del capitalismo depredador o las grandes transnacionales.

                Tras este proceso de negociación y debate, deben implementarse los acuerdos alcanzados destinados a la profundización democrática y a la construcción social de la nación española y del autogobierno de sus estados federados, y realizarse, poco después, un nuevo proceso de elección de representantes. Si, tras dicho proceso, la mayoría de los representantes electos en ese ámbito territorial siguen sosteniendo la voluntad de llevar a efecto la secesión, se debe de convocar un referéndum plenamente democrático en dicho Estado federado para decidir sobre ella, precedido de un amplio y participativo proceso de debate público y social sobre sus consecuencias previsibles. Para que la opción de la secesión se lleve a efecto será necesario que, en dicho referéndum, la propuesta de independencia obtenga la mayoría cualificada de que ya hablamos anteriormente. Si no es así, la secesión no podrá volver a plantearse en un plazo de tiempo prudencial.

                En caso de que la independencia de una entidad federada en la Federación Española llegara a producirse, las dos entidades resultantes tras la misma deberán establecer un tratado internacional que garantice  relaciones económicas, culturales, educativas y sociolaborales preferentes entre ambas, adoptando en todo caso la cláusula de “nación más favorecida” y entablando negociaciones para la puesta en marcha de una entidad supranacional ibérica de alcance político voluntario, en la que, desde ya, debe ser incluido Portugal.

                Por supuesto, esto sólo es una propuesta. Una intentona sumaria que debe ser completada, mejorada, matizada y reescrita en un debate amplio de las organizaciones de las clases populares españolas. Un proceso de debate, negociación y participación que no sólo ha de abarcar el aspecto territorial y que, esta vez sí, merecerá darse el nombre de proceso de construcción nacional.

 Lo sabemos: esa España futura de la profundización democrática está aún por construir, pero es la única digna de tal nombre. Y se dará sus propios símbolos, paradigmas y horizontes. Frente a la oscurantista fanfarria fantasmal que la oligarquía llama España para impedir que España pueda nacer, debemos impulsar el ejercicio de la soberanía desde abajo y respetando la pluralidad, partiendo de la creatividad  y el entusiasmo de todos quienes vivimos en esta tierra.