PLATAFORMAS COLABORATIVAS Y TRABAJO FLEXIBLE. TECNOLOGÍA Y NUEVA PRECARIEDAD.

Por José Luis Carretero Miramar.

                Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial, blockchain, criptomonedas, big data, plena conectividad…Estamos a las puertas de lo que se viene denominando la Cuarta Revolución Industrial, basada en una fusión de tecnologías que difuminaría los límites entre el mundo físico, el digital y el biológico.

                En lo que se refiere a este mundo profundamente transformado e innovador, el Foro Económico Mundial refleja, en su último “Informe global de tecnologías de la información” de 2016, que nuestro país se encuentra en un discretísimo trigésimo quinto puesto (de un total de 139) en el llamado índice de conectividad (network readiness) de las empresas[i].

                Las nuevas tecnologías se usan ya para todo: desde la industria de la construcción  (en el año 2010 los edificios inteligentes generaron un millón de gigabytes de información en todo el mundo, para 2020 se espera que esta cantidad ascienda a 37,2 [ii]) hasta la banca (donde las empresas financieras on line, las conocidas como fintech, acosan la rentabilidad de la banca tradicional) o la enseñanza (donde ya se habla del hiperaula o aula sin muros, basada en la conectividad y el uso intensivo de software educativo).  Según datos de Eurostat, de 2015, el 54 % (61 % en España) de los trabajadores de la Unión Europea a 28 usan el ordenador en el trabajo; el 78 % (75 % en España) de las personas de 25 a 64 años ha usado internet en los últimos tres meses; el 97 % (99 %) en el caso de los jóvenes entre los 16 y 19 años[iii].

                Las nuevas tecnologías han permitido tremendas transformaciones, favoreciendo, también, la irrupción de nuevos modelos de negocio. Uno de ellos, precisamente, es de las llamadas plataformas colaborativas (o gig economy) basadas, teóricamente, en la capacidad de internet de alojar un espacio virtual donde los usuarios y oferentes de distintos servicios pueden interactuar de manera directa, intercambiando dichos servicios entre ellos con absoluta flexibilidad .

                Estas plataformas han aparecido en muy diversos mercados (desde el transporte de viajeros a la expedición de comida a domicilio, desde el cuidado de  personas mayores y discapacitados, hasta la abogacía o la facturación de autónomos) obteniendo muy rápidamente grandes cuotas de negocio y popularidad.

                La idea original que supuestamente anima a  plataformas como Blablacar, Uber, Cabify, Deliveroo, Glovo o Joyners, es la pretensión de que las mismas simplemente ofrecen un espacio virtual donde una serie de actores autónomos (oferentes y demandantes del bien o servicio) hacen sus correspondientes negocios con plena libertad, y sin someterse en modo alguno a una relación de dependencia con la plataforma misma.  Un modelo de máxima libertad, basado en la idea presentada por el director general de Uber Eats en una entrevista de que:

“Si hubiera que contratar repartidores no existiríamos. No sabría ni contestar a esa pregunta, porque no es la naturaleza de lo que hacemos. Sería otra cosa. (…)

                (…)Un repartidor se registra en nuestra web, elige un día para venir a que le expliquemos la aplicación, y a partir de ahí esa persona tiene flexibilidad absoluta sobre cuándo se conecta, cómo hace los envíos (…) Si se descarga la aplicación y no la usa más en su vida, perfecto. Si la usa cinco horas a la semana para sacarse un extra porque es estudiante, perfecto. Si la usa 40 horas porque es su principal fuente de ingresos, perfecto. Vemos al repartidor igual de cliente que el usuario o el restaurante. Igual que nadie te pide explicaciones por no usar el WhatsApp, nosotros tampoco.”[iv]

                Sin embargo, esta beatífica visión no parece corresponderse del todo con los hechos: las plataformas colaborativas han sido acusadas de utilizar un modelo de negocio que consigue ser competitivo precisamente por su capacidad de  convertirse en una forma de huida del Derecho del Trabajo y, por tanto, de negación de los más elementales derechos sociales a sus trabajadores, así como en un espacio ayuno de toda regulación estatal en cuanto a las actividades económicas a las que se dedica. Es, precisamente, ese vacío regulatorio y esa huida del Derecho Laboral, lo que permite a la gig economy dinamitar sectores económicos enteros (como el del taxi) y convertirse en tendencialmente hegemónica en gran parte del paisaje productivo de nuestro país. La productividad acrecentada que permitiría la tecnología, aún importante, no sería lo decisivo en el éxito de la economía colaborativa, sino más bien la desregulación y la flexibilidad laboral que permite, dado el vacío legislativo al respecto.

                Reflexionemos un poco respecto al trabajo que se efectúa al amparo de estas plataformas. Nuestro Derecho Laboral entiende que un trabajador lo es por cuenta ajena (y, por tanto, han de aplicársele todas las reglas referenciadas en el Estatuto de los Trabajadores y en los convenios colectivos al efecto) cuando cumple unas determinadas características (artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores): se trata de un trabajo voluntario (jurídicamente libre, aunque ya sabemos hasta qué punto es voluntario en lo real el trabajo asalariado en la sociedad del Capital); remunerado; por cuenta ajena (es decir, los frutos de su trabajo son apropiados por otra persona, el empresario); dependiente; y conformado por una prestación personalísima (es decir, que no puede cumplir otra persona en su lugar).

                Así, las notas que fundamentalmente diferenciarían el trabajo autónomo (por cuenta propia) del trabajo asalariado (por cuenta ajena) serían la ajeneidad de los frutos de la prestación y la dependencia de la relación, es decir, que el empleador tuviera o no tuviera el control de cómo se realiza la prestación, en términos de horarios, trabajos a efectuar en cada momento, momento en que se toman los descansos, etc.

                Por lo tanto, en una primera aproximación, y si atendiéramos únicamente a lo expresado por el director general de Uber Eats , en trabajo de repartidores, chóferes y demás profesionales actuantes en las plataformas sería un trabajo por cuenta propia o autónomo, ya que la plataforma únicamente actuaría como un lugar virtual de intercambio entre profesionales y usuarios, sin determinar en modo alguno las modalidades, tiempos y formas de la prestación, así como los horarios de los profesionales concernidos, que serían concretados  libremente por ellos mismos en función  de sus propios intereses.

                Sin embargo, la realidad no es tan simple: los trabajadores de estas plataformas afirman que las mismas controlan realmente al detalle la prestación que realizan, los tiempos que están conectados, y establecen sistemas de vigilancia, así como sancionadores, en relación con el horario de trabajo. Así, hay plataformas donde los repartidores funcionan con un sistema de puntos en función de la entregas realizadas, penalizándose a quienes no están conectados habitualmente, hasta el punto de llegar a mandarles notificaciones de cese en la plataforma. ¿Notificaciones de despido en el marco de una relación laboral por cuenta ajena como cualquier otra? Eso es lo que han planteado ante los tribunales algunos trabajadores, entendiendo que la nota característica de la dependencia, de la que hemos hablado, sí se da en estos casos, dado que las empresas determinan el horario, los descansos y las formas de prestación de la actividad.

                Así, la sentencia del Juzgado de lo Social nº 6 de Valencia 244/2018, de 1 de junio, califica a un rider de la plataforma digital Deliveroo (gestionada por Roodfoods Spain SLU) como trabajador por cuenta ajena, amparado por el Estatuto de los Trabajadores, declarando la improcedencia de su cese, entendido como un despido. Es la primera sentencia al respecto en España.

                Las razones son claras, al analizar la forma de trabajar en la plataforma el juzgado descubre que:

                “En lo que concierne al horario de la prestación de servicios, y sus diferentes turnos y franjas horarias, la determinación corresponde a la empresa, eso sí, dentro de los elegidos por cada repartidor, que tiene así un cierto margen de decisión, debiendo comunicar su elección a la empresa para fijar su disponibilidad. En atención al grado de esta, así como al nivel de excelencia mostrado por su valoración en la plataforma, recibirá mayores o menores encargos. Por lo que hace a la actualización de ese horario, esto es, a la prestación del servicio concreto, el repartidor, sobre la base del horario propuesto y aceptado por parte de la empresa, debe situarse en la zona asignada (punto de control) e iniciar sesión dentro de la plataforma. Si no se encuentra en el punto de control u otro cercano, no podrá llevar a cabo el servicio, porque la plataforma se lo impedirá (…)

                Prestado el servicio (entregado el pedido al cliente), el repartidor debe volver al centro de control a esperar la entrada de un nuevo pedido. El poder de control de la plataforma es total, porque los repartidores están geolocalizados, teniendo conocimiento la empresa del tiempo que tardan en realizar los repartos. En caso de demora, se les solicitan explicaciones .”[v]

La solución dada por el Juzgado valenciano, sin embargo, no ha sido aceptada pacíficamente por toda la doctrina laboralista ni por las propias plataformas colaborativas. La polémica, social y jurídica, es de alcance global. Las sentencias  en ambos sentidos (aceptación de la condición de trabajadores por cuenta ajena delos empleados de las plataformas, o indicación de que realmente se trata de autónomos clientes del espacio virtual) se suceden en todo el mundo. Veamos algunos ejemplos:

En el Reino Unido, un comité central de arbitraje ha declarado a los riders de Deliveroo como autónomos, pero diversos tribunales, pronunciándose sobre otras plataformas parecidas (por ejemplo, City Sprint) han dictaminado que los trabajadores lo serían por cuenta ajena. La Corte Suprema, en sentencia de 13 de junio de 2018 (caso Pimlico Plumbers vs. Smith) considera como trabajador (worker) a un fontanero de una plataforma de servicios profesionales, indicando que en la relación existía un evidente control del desempeño del trabajo por parte de la empresa.

En Francia, pese a una decisión del Conseil de Prud´hommes de Paris, de 1 de febrero de 2018, considerando a un chófer de Uber como autónomo, la Court d´appel de Paris, en sentencia de 13 de diciembre de 2017, confirma una resolución de ese mismo Conseil antes citado declarando trabajador por cuenta ajena a un conductor de una plataforma muy parecida a Uber (LeCab).

En Estados Unidos continúan las resoluciones contradictorias. Por ejemplo, el Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de California, en resolución de 8 de febrero de 2018 (caso Raef Lawson vs. GrubHub Inc.) califica a un repartidor de comida de una plataforma como autónomo (independent contractor); pero poco después se producen también sentencias que declaran trabajadores por cuenta ajena a riders de otras plataformas.

En este marco caótico y contradictorio, las empresas de la gig economy responden a las sentencias que les obligan a aplicar el Derecho Laboral y a las crecientes regulaciones, mutando su modelo de negocio lo justo para poder volver a plantear que lo que se usa no es otra cosa que trabajo autónomo. Así, cuando las autoridades inglesas revocaron la licencia de transporte de Uber en Londres, su mayor mercado europeo, por razones de seguridad que se habrían visto agravadas por las condiciones de trabajo de sus conductores (fatiga ante las largas jornadas) la empresa estableció un tiempo de prestación de servicios máximo semanal. Algo que Uber ha hecho también en otros mercados como Estados Unidos y Australia. Deliveroo también ha indicado, tras la sentencia del juzgado de Valencia, que ha modificado las reglas de presencia de sus repartidores, y que las mismas ya no se corresponden con aquella forma de trabajar a la que se refería la sentencia.

Es más, un elemento enormemente preocupante que acompaña a estas mutaciones de la forma de trabajar en la gig economy para la huir del efecto regulador del Derecho del Trabajo, está en las declaraciones de sus responsables que han indicado que lo que se podría utilizar como base normativa para el trabajo en las plataformas es el contrato inglés de “zero hours”.

El “zero hours contract” del Reino Unido, que se usa también en otros países europeos, es un contrato de trabajo a demanda, donde el empleador no se obliga a ofrecer mínimo de jornada alguno al empleado, sino que le llama según sus propias necesidades. Llamamiento que el trabajador está obligado a atender con independencia del horario.

La calificación contractual de los zero hours contracts, que son el centro de una fuerte polémica en el Reino Unido por ser la quintaesencia de la precariedad laboral, es enormemente compleja, en un sistema ya de por sí complejo como el anglosajón. En palabras de Amparo Esteve-Segarra:

“Los ZHC pueden cubrir relaciones de trabajo heterogéneas, que en la división tradicional de nuestro sistema podrían incluirse como por cuenta propia- categoría conocida como self-employed- o por cuenta ajena, según cómo se desarrolle el trabajo en cada organización.  Ahora bien, frente a un sistema binario como el español (…) en el británico existirían dos categorías de trabajo por cuenta ajena legalmente perfiladas: worker o employee.  Aunque los workers gozan de ciertos derechos laborales no extensibles a los trabajadores por cuenta propia no tienen todos los derechos de un employee. Entre estos derechos destacan la protección contra un despido injusto, la regulación de los despidos por causas económicas u otras causas empresariales, el derecho de preaviso en caso de finalización del contrato, y el acceso a diversos permisos retribuidos por enfermedad, maternidad, adopción, etc. “[vi]

El Parlamento Europeo ha manifestado que los zero hours contracts no deberían permitirse en una resolución del 19 de enero de 2017. Pero estos contratos no sólo existen en el Reino Unido. Los encontramos también en Irlanda e Italia, donde sólo son válidos para grupos de edad con altas tasas de desempleo, como los jóvenes o los trabajadores de edad más avanzada.  Precisamente, respecto al caso de Italia, recurrido ante el Tribunal de Justicia europeo, el mismo, mediante sentencia de 19 de julio de 2017 (caso Abercrombie & Fitch Italia Bordonaro C-143/16) reputa legítima la utilización de un contrato a llamada para facilitar la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo.

Así pues, las innovaciones tecnológicas y las legislativas se dan de la mano para profundizar la deriva de nuestro mundo productivo hacia la precariedad y la falta de derechos. Innovaciones científicas y tecnológicas que abren espacios para una productividad acrecentada que podría permitir la disminución de la jornada laboral y la emergencia de nuevos modelos de negocio cooperativos como el de la plataforma colaborativa  Mensakas (formada por un grupo de trabajadores en pie de igualdad en la idea de hacer funcionar la infraestructura  tecnológica de la gig economý desde el paradigma de la economía social y solidaria), son oportunamente desviadas por los grandes inversores en la dirección de un modelo de negocio basado en la desregulación de los sectores productivos y la deslaboralización del trabajo dependiente.

El mundo de la mercancía trata de colonizar el avance tecnológico y científico de la humanidad para convertirlo en una nueva fuente de plusvalor. Entre  las teorías del software libre y el internet abierto de Richard Stallman y las dinámicas de captación de los flujos de valorización del trabajo en el mundo virtual por parte de magnates como Jeff Bezos o Elon Musk, hay un abismo de confrontación y conflicto. Un conflicto que puede entenderse desde un viejo concepto: lucha de clases. ¿Quién se apropiará el valor acrecentado derivado de la productividad de las nuevas tecnologías y las nuevas formas de trabajar? ¿Quién determinará las formas futuras del desarrollo técnico de nuestras sociedades empujando a  un avance en el proceso histórico de conectividad creativa  y participativa o de control panóptico y expropiación privada de los flujos del trabajo colectivo?

Estás preguntas, obviamente, aún admiten una respuesta abierta. Regulación, derechos y apropiación por las clases populares del desarrollo técnico, aún pueden construir una sociedad de la participación y un socialismo de nuevo cuño,  que afirme la cooperación frente al mando. La alternativa es la hiperexplotación del trabajo, las grandes redes de control social invasivo, el Gran Hermano Explotador.

Pero lo peor de todo, o lo mejor, lo que nos hace más vulnerables, contradictorios y grandes, es que esa alternativa aún está en nuestras manos.


[i] “España, fuera del Top 30 en conectividad digital”. El Economista. 13-11-2018.

[ii] “Tecnología al servicio de la edificación”. El Economista. 13-11-2018

[iii] FERNÁNDEZ ENGUITA, MARIANO (2018). “Más escuela y menos aula”. Morata. Página 122.

[iv] ALVÁREZ MONTERO, ANTONIO (2018). “Yacimiento de falsos autónomos más allá de las plataformas digitales: ramificaciones de un arraigado problema”. Revista Trabajo y Seguridad Social nº 424. Julio 2018. Centro de Estudios Financieros

[v][v] Ibíb. Págs. 120-121.

[vi] ESTEVE-SEGARRA, AMPARO (2018). “Zero hours contratcs: hacia la flexibilidad absoluta del trabajo en la era digital”. Revista de Derecho Social. Nº 82. Editorial Bomarzo.

GREEN NEW DEAL: ¿KEYNESIANISMO “VERDE” O RUPTURA CON EL CAPITALISMO?

Por Jose Luis Carrtero Miramar

                Ya nadie niega la existencia de una fuerte contradicción entre el despliegue histórico real de la economía capitalista y el equilibrio del medio natural que sirve de soporte para la vida en nuestro planeta. Resulta imposible negar que el desarrollo del proceso de industrialización y mercantilización de las relaciones sociales, en el marco capitalista, llevado a cabo en los últimos siglos, está empujando a una crisis ecológica que, en conjunción con otra serie de procesos paralelos e interdependientes (la creciente inestabilidad financiera y económica, la devastación cultural y social generada por el neoliberalismo, la tendencial ruptura del escenario geoestratégico que constituía el armazón de las relaciones entre el Centro y la periferia del sistema, etc.) ha hecho emerger una serie de derivas caóticas que marcan el inicio de una crisis civilizacional, que pone en cuestión nuestra forma de vivir, producir y relacionarnos, entre nosotros y con el ecosistema del que formamos parte.

                No podía ser de otra manera. El sistema capitalista es un sistema de clases, basado en el funcionamiento del supuesto “libre juego” de la competencia económica entre actores que tienen la posibilidad de explotar la fuerza de trabajo ajena, partiendo de la garantía de la propiedad privada de los medios de producción.

                La competencia implica algo innegable: hay ganadores y perdedores. Y ser un perdedor en la sociedad del capital es algo realmente serio. La pobreza, la explotación, el sufrimiento, esperan al perdedor, despojado de los medios de producción y, muchas veces, incluso de los recursos imprescindibles para solventar sus necesidades básicas. Así que hay que procurar ganar.

                Para ganar hay que acumular recursos. La competencia no es igualitaria. Quien más tiene de partida, más posibilidades tiene de salir victorioso en cada confrontación. Es por eso que las grandes superficies (enormes sociedades de capital participadas por fondos globales de inversión y otros inversores multimillonarios) derrotan siempre al tendero de barrio. Es por eso que, pese a lo que se dice, el capitalismo no es realmente un sistema de “libre” comercio: los grandes se hacen más grandes y los pequeños perecen. La tendencia a la acumulación de cada vez más capital en cada vez menos manos es tan consustancial al capitalismo como la explotación del trabajo asalariado. No es algo coyuntural, episódico, un “error” o el epifenómeno colateral de una determinada “fase”.

                Por ello el capitalismo ha sido, históricamente, el modo de producción que, hasta el momento, más ha desarrollado la capacidad de producir objetos de la humanidad. Y no deja de hacerlo. La competencia espolea la introducción de nuevas tecnologías y de todas las técnicas que ayuden a aumentar la productividad, provoca la acumulación del capital, el crecimiento de las empresas ganadoras, la aparición de grandes multinacionales y la quiebra de los productores locales y, por tanto, el crecimiento continuo de la producción mercantil.

                Quien acumula más recursos, gana. Y ganar le sirve para acumular aún más recursos. Este crecimiento continuo, por supuesto, entra en conflicto con la realidad natural de un planeta finito, con recursos limitados. Y, sobre todo, entra en conflicto porque, para el capital, los daños medioambientales no son más que “externalidades”.

                Las externalidades, para los economistas burgueses, son una serie de costes necesarios del proceso de producción, pero que no figuran en la contabilidad de la empresa, y que por tanto no tienen que ser pagados por la misma. Por ejemplo, la contaminación atmosférica producida por una fábrica, genera una serie de costes económicos para el conjunto de la sociedad (enfermedades y por tanto gastos en salud y caídas en la productividad de la mano de obra de la zona; pérdida de la diversidad del ecosistema local, etc.), pero la fábrica no tiene que pagarlos, no figuran en su contabilidad. Así, devienen “rentables” actividades económicas que, si la empresa tuviera que hacer frente a la totalidad de los costes que implican para toda la sociedad, no lo serían.

Hay productos que se producen (y que se comercializan masivamente) que sólo se pueden comercializar porque las empresas no tienen que pagar realmente la totalidad de sus costes. Y no los tienen que pagar porque el Estado, en el capitalismo, no es una entidad neutral, ni una especie de representación colectiva que trata de introducir la racionalidad en el caos provocado por la competencia acrecentada entre las empresas, sino un espacio de combate en el que distintas facciones empresariales se disputan quién pagará o quién se aprovechará de determinados negocios, o que crea las condiciones materiales para que todas ellas se enriquezcan, formando a la población, conquistando nuevos mercados para los capitalistas locales, subvencionando determinadas actividades económicas, o  financiando con los impuestos cobrados a los contribuyentes (en gran medida extraídos de las rentas de los trabajadores y no de los beneficios de los capitalistas, como se nos quiere hacer creer) las inversiones en investigación y desarrollo necesarias para poner en marcha nuevas líneas de producción que puedan generar nuevos mercados. Ya lo hemos dicho: el capitalismo no es, en modo alguno, un sistema de “libre mercado” en el que el Estado, simplemente, “deja hacer”.

Así que la crisis ecológica presente, no es un fenómeno coyuntural, “paralelo a”, secundario o accidental, en la economía capitalista. Es un resultado necesario del sistema de competencia, propiedad privada de los medios de producción e irracionalidad en la economía en que el capitalismo consiste. Es el producto inevitable de la sociedad de clases

Vivimos en plena crisis ecológica. Una crisis tan grave que ya ni los propios capitalistas la pueden negar. Ha llegado el momento en que hay que pagar muchos de sus efectos. Hay cosas que ya no pueden seguir siendo “externalidades” porque ya nos afectan a todos. El coste de la destrucción (de los ecosistemas, de la salud de las poblaciones, de los mecanismos de funcionamiento del clima, etc) y de la necesaria transición del sistema productivo tras el agotamiento de muchas fuentes de recursos naturales, es tan grande, que ya no se sabe como encararlo y ya no se puede ignorar. Ha llegado la hora de pagar, ya sea financiando los costes de la limpieza necesaria, o ya sea financiando las inversiones en investigación y desarrollo que ayuden (quizás) a encontrar nuevos avances tecnológicos que permitan ahuyentar la crisis ecológica mediante cambios fundamentales en las formas de producir. Ha llegado la hora de pagar. Pero, como siempre, los capitalistas no piensan hacerlo. Para ellos, ha llegado la hora de un nuevo gran mercado. Una nueva oportunidad de negocio.

Es por eso que se suceden los intentos de implementar un “capitalismo verde”, de convertir en fuente plusvalor el nuevo arco de necesidades de la población. El capitalismo intenta adaptarse y salir vivo de esta crisis.

Intentos de fusión de las grandes automovilísticas, como la tentativa implementada de fusionar FIAT-Chysler Automobiles con Renault en los últimos meses, que habría construido un gigante global con una capitalización de cerca de 35.000 millones de euros y una capacidad productiva de 8,7 millones de vehículos. Una fusión que, tal y como los propios directivos de FIAT afirmaban, buscaba acumular capital y recursos para tratar de poner en marcha las líneas  de innovación tecnológica necesarias para (quizás) hacer viable a gran escala el coche eléctrico. Una forma de movilidad que aún está lejos, a nivel técnico, de poder sustituir al coche por combustión, en un escenario de creciente contaminación y amenaza de llegada del pico del petróleo y de escasez de recursos imprescindibles para las baterías eléctricas, en su actual estadio tecnológico.

Transformación de las grandes petroleras y energéticas, buscando convertirse en gigantes multienergía globales, invirtiendo en renovables y en todo tipo de nuevos negocios. Cuando todo estalle, el que esté mejor colocado puede que tenga una ventaja decisiva. Para cuando se llegue al pico del petróleo, las petroleras quieren haberse posicionado adecuadamente en las nuevas fuentes de energía y en las nuevas tecnologías que, no lo olvidemos, sólo han podido llegar a ser rentables (y hasta donde han llegado a serlo) gracias a un fuerte impulso público.  Endesa e Iberdrola se disputan, así, el liderazgo en renovables en España. Endesa, de hecho, ve como una oportunidad el hecho de que el nuevo gobierno socialista español reactive sus planes de impulso de las renovables y está dispuesta a invertir cerca de 10.000 millones de euros para transformar su mix energético, ahora con mucho peso del carbón, al tiempo que invierte fuertemente en Portugal con la misma intención. Un nuevo mercado, el de las renovables, que se está construyendo sobre el modelo previo del oligopolio de las grandes transnacionales de la energía, soslayando la posibilidad técnica real de la emergencia de una dinámica distribuida, descentralizada y autogestionaria

Y esas mismas grandes energéticas, estableciendo alianzas con grandes superficies, concesionarias de autovías, y todo tipo de espacios comerciales, para la extensión de una amplia red de electrolineras, que hagan viable la movilidad eléctrica. Y avisando, al tiempo, de que eso sólo se podrá hacer con ayudas públicas. Con una enorme acumulación de capital salido del plusvalor producido por los trabajadores y trabajadoras, y redistribuido por el Estado a las grandes transnacionales “verdes”.

Así pues, los grandes señores globales de los negocios tratan de sobrevivir a la crisis. Intentando centralizar mas capital en menos manos, acumulando recursos para financiar la “transición ecológica”, entendida como una mera transformación técnica-tecnológica del aparato productivo que permita superar las contradicciones insolubles de la economía capitalista o, más realmente, tirar el balón un poco más allá, aguantar un poco más, convertir en negocio para algunos lo que va a ser, sin duda, un desastre para los más.

Este es el contexto material en el que se plantea la idea de un “Green New Deal”, un nuevo acuerdo verde. Keynesianismo ecológico y redistribución…¿hacia dónde?

¿Qué fue el New Deal? El gran programa de estímulo público al que se achaca la salida del capitalismo de la gran crisis sistémica de 1929. La inversión pública en actividades productivas provocó un aumento de la demanda agregada (la gente tenía con que comprar) que reinició la máquina de acumulación del capital, provocando el período de mayor crecimiento económico de la historia del mundo.

El New Deal  (entendido, no tanto como el programa específico implementado en los Estados Unidos, sino como la comprensión general keynesiana de la necesidad del estímulo público de la economía, que se expandió como idea común por todo el globo)  tuvo sus efectos más o menos virtuosos: aparición del Estado de Bienestar en algunos lugares, desarrollo acelerado de las fuerzas productivas a nivel global, aparición de la sociedad de consumo. También tuvo (y esto nos lo suelen ocultar sus adoradores acríticos), sus consecuencias más ambiguas: concentración aún mayor de los capitales, presión acrecentada sobre el ecosistema, integración del movimiento obrero en el “normalidad” institucional, aumento de la inflación como respuesta de los capitalistas a los avances en los salarios. Las grandes multinacionales son tan hijas del New Deal, como los sistemas públicos de seguridad social. La “Revolución verde” y la hegemonía del “agrobusiness” son también resultados del New Deal, con sus contradictorios efectos actuales.

Así que, cuando nos enfrentamos a la propuesta de un Green New Deal, deberíamos plantearnos claramente de qué estamos hablando:

Puede que hablemos de un fuerte estímulo público para que las grandes petroleras (por ejemplo) puedan convertirse al fin en las señoras de todas las fuentes de energía de nuestro tiempo. O de que las grandes automovilísticas tengan suficiente dinero para intentar encontrar (quizás) la solución técnica a sus problemas de adaptación al pico del petróleo. Puede, pues, que de esa gran inversión pública salgan mercados más concentrados, multinacionales más grandes y fuertes, un capitalismo aún más salvaje que sea capaz de imponer medidas autoritarias en nombre del “interés general en lo verde”. Y todo ello, no lo olvidemos, sin resolver el problema de fondo: la crisis ecológica y social.

O puede que hablemos de un “Gran Acuerdo” (más bien de una gran alianza de las clases populares) para la ruptura, para la transformación del capitalismo en otra cosa. Para la racionalización de la actividad productiva, sometida al dictado de las necesidades de la mayoría de la población y a la necesidad del equilibrio con el ecosistema, en una sociedad sin clases, donde la cooperación igualitaria se transforme en el centro. Una sociedad con energías renovables descentralizadas, medios de producción autogestionados y sometidos al control colectivo y una economía de lo comarcal y lo cercano, capaz de reconvertir los devastados espacios rurales y urbanos actuales en una nueva trama autoorganizada donde todas las poblaciones tengan acceso a servicios comunitarios y espacios naturales, superando las diferencias entre campo y ciudad desde una perspectiva sostenible.

Ese segundo acuerdo, el que nos lleva fuera del capitalismo, es el único capaz de resolver la crisis ecológica. El keynesianismo “verde” no es una opción: sino un oxímoron. Reiniciar un nuevo ciclo de acumulación capitalista no puede llevar más que un nuevo topetazo contra los límites naturales en breve plazo, aunque se haga con la excusa “verde”. De ahí sólo puede salir una sociedad más autoritaria, con un poder más concentrado que, pese a la vulgata socialdemócrata al uso, no conseguirá disciplinar a los capitales. El famoso “ecofascismo”, que nunca, pese a todo, conseguirá ser “eco”. Tras el New Deal, vino el neoliberalismo, y tampoco fue un “accidente” o un “error”, sino el producto necesario de una dinámica económica que se basa en la existencia de las clases, en la propiedad privada de los medios de producción y en el caos de la competencia.

Lo único que puede disciplinar a los capitales es su socialización. Su sometimiento a las formas del control colectivo y democrático desde la base. La economía desde abajo, pero fuertemente sometida a la decisión comunitaria. Desde la igualdad social (desde la abolición de las clases sociales) podemos ponernos de acuerdo en racionalizar la producción, en adaptarla a los límites naturales, en compartir lo que realmente (sin “externalidades”) es rentable y vemos adecuado producir. Desde la sociedad de clases, desde el capitalismo, no hay solución. Donde hay clases todo es guerra e irracionalidad.

Ahora nos toca decidir.

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL TRABAJO. EL PANÓPTICO LABORAL.

Por Jose Luis Carretero Miramar

                El despliegue de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral ha generado enormes expectativas y una sostenida alza de la productividad del trabajo. Las nuevas tecnologías están revolucionando la sociedad del capital, aunque no queda aún claro si podrán constituir una sacudida lo suficientemente fuerte para remontar el bloqueo en la acumulación que dio lugar a la crisis sistémica del 2007 y que no ha podido ser resuelto del todo con la flexibilización cuantitativa y la austeridad, generando un nuevo ciclo de desarrollo.

 Sus límites parecen inscritos en el despliegue cada vez más acusado de la crisis ecológica en ciernes, en la dificultad para valorizar sus avances, que muchas veces parecen pensados para una sociedad otra, centrada en lo común y en lo distribuido, lo que ha dificultado su conversión en plusvalor en los últimos decenios, pese los crecientes desarrollos gerenciales en la transformación de la experimentación tecnológica de masas en beneficios superlativos para las grandes tecno-com, por la vía de la comercialización de los datos, etc. Y, también, por las crecientes tensiones geopolíticas que acompañan su despliegue en un mundo cada vez más multipolar y donde se está ensayando el regreso a una dialéctica de “guerra fría” entre el Centro imperial norteamericano y sus emergentes rivales globales. Una guerra de nueva generación en la que la tecnología juega un papel fundamental como ponen de manifiesto affairs internacionales como el de Huawei.

                En este escenario, por ejemplo, China calcula que su sector productivo dedicado al desarrollo de la inteligencia artificial podría alcanzar un valor de 150.000 millones de dólares para 2030. Un jugoso botín que la Administración Trump pretende restituir a las empresas tecnológicas e industriales norteamericanas, por la vía de una guerra comercial sin cuartel que está poniendo en riesgo la estabilidad del conjunto del proceso de acumulación capitalista global

Por otra parte, esta mutación acelerada del entorno productivo mediante la tecnología implica fuertes contrapartidas en lo que tiene que ver con el respeto a los derechos civiles en el gigante asiático y, muy probablemente, pronto (si no está sucediendo ya de manera no regulada) en nuestro propio bloque occidental: China ya alberga gran parte de las empresas de reconocimiento facial del mundo. SenseTime, por ejemplo, con una valoración de más de 4.500 millones de dólares, diseña software capaz de analizar imágenes de una red de cámaras de seguridad de ámbito nacional (y recordemos que quiere decir “ámbito nacional” en China). Start-up Face++, valorada en más de 1.000 millones de dólares y respaldada por un fondo de capital riesgo de la República Popular China, desarrolla hardware para proyectos de vigilancia con cámaras de video. China, de hecho, cuenta con la mayor base de datos de fotografías identificativas de sus ciudadanos, del mundo (por encima de los mil millones de registros). Robots y drones de seguridad, armados de tecnologías de reconocimiento facial recorren las populosas ciudades chinas, donde ya se puede pagar en restaurantes y otros comercios mediante sistemas de reconocimiento facial altamente fiables.

Aunque no todo son avances triunfales del “Gran Hermano” tecnológico. Cuatro años tras la implementación de un plan de créditos sociales que se hizo famoso en el mundo, por el que los ciudadanos chinos podían tener acceso (o no) a descuentos en viajes, créditos, seguros y otros productos o derechos, en función de su puntuación en una red social omnicomprensiva y omnisciente, sólo Pekín y Hangzhou la han implantado, y con un éxito bastante modesto.

Pero no podemos pensar que este tipo de riesgos son sólo una desviación del modelo inherentemente democrático de funcionamiento de internet, generada por el autoritarismo de un modelo dictatorial de gestión de lo público como el chino. Los reiterados escándalos relacionados con la utilización política o comercial de los datos de los usuarios de Facebook, como el de Cambridge Analytica, en el que los datos fueron usados para realizar consultoría y minería de datos en apoyo de la candidatura presidencial de Donald Trump, y otros gigantes tecnológicos, así como las filtraciones de Wikileaks ,combinadas con la furia represiva transnacional contra su fundador, Julian Assange, que se ha desplegado en abierta conculcación de cualquier criterio democrático  y garantista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, o el brutal y masivo espionaje del conjunto de los ciudadanos globales por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSA) hecho público con infinidad de pruebas por Edward Snowden, nos demuestran, más allá de toda duda, que la potencia invasiva de los avances tecnológicos que la sociedad está desarrollando bajo el dominio del capital, está siendo utilizada extensivamente por quienes quieren sostener su mando antidemocrático sobre el proceso productivo y sobre el conjunto social que lo sostiene, tanto aquí como en cualquier otro lugar del mundo.

Podemos intentar, por ejemplo, aterrizar los efectos de este Gran Hermano tecnológico para centrarnos en lo referente a las posibilidades de control, en nuestro propio país, de los trabajadores en el marco de la relación salarial, existente o potencial. Es decir, no tanto en aquello que más ha atraído los focos de los medios de comunicación de masas, como la polémica sobre el uso de los datos que dejamos en nuestra navegación en las redes sociales con fines comerciales o como las posibilidades ubicuas del espionaje tecnológico y político de la ciudadanía, sino en lo que nos puede pasar a todos, y muy sustancialmente a aquellos que tienen que trabajar para otros para vivir, en nuestra vida cotidiana, en ese espacio en el que, como decía Marx, al traspasar su umbral las reglas democráticas dejan de tener virtualidad en lo sustancial: el lugar de trabajo.

Y no nos referimos sólo a los efectos brutales de la innovación tecnológica sobre las relaciones laborales de los ámbitos más afectados por su despliegue, como las referidas a los trabajadores de las plataformas colaborativas. Ya hemos escrito un artículo en esta misma revista sobre ello. Ahora vamos a hablar de las relaciones laborales más comunes, de la posible incidencia del uso disciplinario que los patronos pueden hacer de las nuevas tecnologías en la práctica generalidad de los trabajos, por tradicionales y poco virtuales que sean. De algunos de sus efectos más señalados que ya se están dando en el día de hoy.

Empecemos por el principio. Por el principal agujero negro de nuestra legislación laboral: el proceso de selección de nuevos trabajadores. Se trata de un ámbito donde, en respeto de la discrecionalidad de la decisión empresarial en el ámbito privado, la legislación laboral no sólo es parca, sino inmensamente difícil de hacer cumplir. Si bien parece claro,  desde el punto de vista teórico, que está prohibido introducir criterios discriminatorios en las pruebas de un proceso de selección de personal, incluso en el caso de empresas privadas, lo cierto es que para el cumplimiento de estos píos deseos, no existen apenas cauces legales, normativa concreta ni posibilidades de prueba admisible.

Pero en este campo está impactando fuertemente la tecnología. No sólo porque ya es prácticamente universal la práctica de que los técnicos de selección de las empresas rastreen en Google o en las redes sociales a los candidatos, obteniendo así mucha información personal sobre ellos, tenga o no que ver con las capacidades del postulante para el puesto al que postula, sino porque, además, la automatización de los procesos de selección genera nuevas posibilidades de discriminación entre los postulantes a un puesto de trabajo. Algunas, incluso, ni siquiera deseadas por el propio equipo gerencial que realiza la selección.

La creciente utilización de los portales virtuales de empleo y de las apps descargables en los dispositivos móviles para la búsqueda de trabajo viene acompañada de diversos potenciales efectos perversos. Mediante esta programación informática el proceso de selección se automatiza. En un portal de empleo virtual como Infojobs, los departamentos de recursos humanos que buscan fuerza de trabajo no son informados de todos los candidatos existentes, sino que es el propio portal el que decide que postulantes presentarles, en base a  algoritmos matemáticos que tienen en cuenta determinadas características de los mismos.

Si antes, en un proceso de selección, eran los técnicos de las empresas contratantes, quienes podían ejercer una arbitraria elección discriminatoria entre cientos de currículos, en base a criterios raciales o de pertenencia pública a una organización sindical, por ejemplo, ahora la idea es que esos sesgos se van a poder evitar, precisamente, gracias a la utilización automática de criterios objetivos por parte de un programa informático que decide, previamente, que currículums presentar o no ante el futuro entrevistador.

Pongamos algunos ejemplos: Infojobs, concretamente, dispone de una función denominada “adecuación” que jerarquiza automáticamente a los postulantes considerando variables como la localización, los conocimientos, condiciones laborales de la oferta de empleo, etc. La app Worktoday, por su parte, indica que su algoritmo informático sólo propone a las empresas el candidato que considera más adecuado. Determinados postulantes nunca aparecerán ante los ojos del seleccionador, y serán descartados sin intervención humana.

Pese a lo que pueda parecer el potencial discriminatorio de este tipo de uso de los avances tecnológicos es tremendo. Nadie controla en modo alguno que tipo de criterios se valoran por el algoritmo, y tampoco se puede evitar que determinados sesgos de la realidad generen decisiones materialmente discriminatorias (el hecho, por ejemplo, de que un criterio como  “mayor adaptación a una determinada condición de trabajo”, como la disponibilidad, se superponga estadísticamente de manera consistente con otro criterio como “pertenencia un determinado género” en un espacio laboral o territorial concreto, e implique el rechazo de la mayor parte de las candidatas mujeres para el puesto). Características personales como el género, el origen de clase, la raza o la procedencia geográfica, pueden operar como claves discriminatorias en el proceso de funcionamiento del algoritmo sin necesidad de que el mismo haya sido programado expresamente para ello, por su prevalencia estadística en sectores sociales que dicho algoritmo si contempla.

Se trata de la llamada “discriminación algorítmica”, posible gracias a una tecnología tremendamente compleja en unas condiciones de opacidad que no sólo no disminuyen con este proceso de contratación de la fuerza de trabajo, sino que pueden aumentar exponencialmente. No es fácil de detectar, y aún menos de denunciar ante la inspección de trabajo u otros organismos semejantes por la complejidad técnica de la base informática del proceso de decisión.

Obviamente, como ya dijimos, el proceso de selección de trabajadores ha sido siempre un gran agujero negro para el  respeto de los derechos humanos de los candidatos a un puesto de trabajo , sólo potencialmente solucionable de manera creíble mediante la generación de un servicio de empleo público realmente funcional y bajo directo control sindical, Justo el camino contrario que el que se ha seguido en nuestro país, con la legalización de agencias de colocación privadas, Empresas de Trabajo Temporal y todo tipo de prácticas opacas de selección, al tiempo que se vaciaba de funciones y se permitía la degradación del Servicio Público de Empleo hasta convertirlo en una simple oficina de control disciplinario  ( y cada vez más asfixiante e injusto) de los perceptores de las prestaciones del paro.

Pero una vez ocupado el puesto de trabajo por el candidato seleccionado no acaban los peligros para sus derechos fundamentales derivados del uso intrusivo de las nuevas tecnologías. Se ha generado un enorme mercado en el que operan empresas especializadas en el control de la productividad de los trabajadores por medios informáticos. Un control que se ejecuta mediante la utilización de los datos que, en el transcurso de la relación laboral, van dejando los trabajadores en sus redes sociales, ordenadores corporativos o, incluso, correo electrónico y mensajería instantánea.

Es el uso del big data para garantizar la disciplina laboral. Según la consultora Gartner, más de la mitad de las empresas con una facturación superior a los 750 millones de dólares usaron “técnicas no convencionales” de control de sus empleados en 2018. Se calcula que en 2025 las start up dedicadas a este lucrativo negocio tendrán un valor de 2000 millones de dólares.

Empresas como Activtrack, que captó 20 millones en una ronda de financiación en marzo de 2019, cuyos productos permiten que los empresarios conozcan las páginas web que visitan sus empleados, cuánto tiempo dedican a buscar información “improductiva” y a que tipo de contenidos acceden. O como Teramind, que ha generado una herramienta que crea perfiles de comportamiento de los trabajadores analizando su actividad diaria a base de grandes cantidades de datos, y que se puede llegar a usar de “forma poco ética”, como reconoce su consejero delegado Isaac Kohen, aunque afirma que no es esta su intención.

Tanto la tecnología de Teramind como la de Activetrack permiten realizar capturas de pantallas periódicas -con o sin el consentimiento de los trabajadores- y utilizar la inteligencia artificial para evaluar esa información. Una captura de pantalla puede informar, por ejemplo, del tiempo dedicado por el empleado a buscar otro puesto de trabajo en Linkedin. También puede incluir detalles de los mensajes privados del usuario o, incluso, datos bancarios o de las tarjetas de crédito utilizadas en el e-commerce.

Otra vía de control que está en sus inicios es la instalación de asistentes virtuales en las instalaciones, como Alexa de Amazon, que potencialmente podrían ser usados para grabar sonidos, conversaciones y conexiones electrónicas en toda la oficina o centro de trabajo. Jeff Bezos ha indicado que esto no es aún posible con su tecnología, pero probablemente no lo es más por una razón comercial (Amazon no está aún interesada en el descrédito que esto implicaría, cuando está intentado que todos metamos sus altavoces inteligentes en nuestras casas) que por las reales posibilidades técnicas de realizarlo.

Pero, por supuesto, la tecnología que se usa para controlar el desarrollo del proceso de trabajo, y la actuación del trabajador humano en el mismo, también puede ser usada para sancionarlo. Nuestros tribunales tienen que hacer frente a una creciente ola de procedimientos de despido en los que la posibilidad de control de la actuación del trabajador, dentro o fuera del trabajo, gracias a la monitorización de las redes sociales o de las apps de mensajería, se vuelve el elemento decisivo.

Así, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 16 de noviembre de 2012 declara procedente un despido disciplinario  basado en la información obrante en el perfil de Facebook personal del trabajador, que recoge una serie de trabajos como camarero y un largo viaje realizados mientras estaba en situación de baja laboral.  En la Sentencia del mismo tribunal de 21 de noviembre de 2016, donde de nuevo se admite la procedencia de un despido motivado por realizar actividades incompatibles con la situación de incapacidad temporal, no sólo se usan fotografías obrantes en el perfil de Facebook del trabajador, sino también otras extraídas de los perfiles de otras personas que nada tienen que ver con la empresa.

Las apps de mensajería instantánea no se libran tampoco de ser usadas para fundamentar despidos:  la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 25 de abril de 2014 admite como medio probatorio de las actividades faltas de profesionalidad de una cuidadora de una residencia geriátrica los mensajes de Whattsapp que la misma intercambia con otra trabajadora de la empresa. Es de destacar que, además, en este caso, el empresario no es parte de la conversación, sino que termina enterándose por informaciones de la otra interlocutora.

Y no hace falta que el empresario conozca los datos obrantes en las redes sociales de manera directa desde el perfil del trabajador: la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de enero de 2012 declara procedente el despido de una trabajadora de baja, tras conocer la existencia de unas imágenes por medio de la hija de la propietaria de la empresa, que las había descargado desde el perfil de un contacto común con ella. El tribunal entiende que no hay vulneración de los derechos a la intimidad personal ni al secreto de las comunicaciones, si se accede a los datos de forma accidental o a través de un tercero.

Por supuesto, si el desarrollo tecnológico puede ayudar en el control y en la compulsiva búsqueda de la máxima productividad del trabajador individual, también lo puede hacer en relación con los comportamientos del colectivo de trabajadores como tal. Y muy señaladamente con sus comportamientos de resistencia, y ello aunque los mismos puedan estar amparados por normas que los consideren derechos fundamentales, como es el caso del derecho a huelga.

Hablamos del llamado “esquirolaje tecnológico”, cada vez más polémico en el ámbito del Derecho del Trabajo, y al que algunos dotan de la prometeica capacidad de vaciar de contenido la práctica secular de la huelga, como pulso obrero contra el poder patronal. Es decir, del uso de la programación informática y de la inteligencia artificial para sustituir momentáneamente el trabajo de los huelguistas, sin intervención humana.

Es un ámbito que ya ha dado que hablar. Desde hace unas décadas se relacionaba casi exclusivamente con el funcionamiento de los medios de comunicación masivos durante las huelgas. Cadenas televisivas y emisoras de radio sustituían el trabajo de los huelguistas emitiendo contenidos pregrabados, lo que ha sido finalmente admitido por nuestra jurisprudencia.

Este tipo de técnicas tienden a multiplicarse, extendiéndose las posibilidades de utilizar medios técnicos preexistentes en la empresa (pero cuyo uso se extiende con respecto al que es habitual), preprogramar días antes de la huelga máquinas para que funcionen supliendo a los huelguistas, aunque sea ese su uso habitual, o, incluso contratando para la ocasión recursos tecnológicos que puedan suplir temporalmente la fuerza de trabajo humana.

Tras varias sentencias del Tribunal Supremo que habría limitado las posibilidades de utilización de esta forma de esquirolaje, que pretende vaciar de contenido el derecho a la huelga, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado mediante su sentencia de 2 de febrero de 2017, facilitando, de manera amplia, el recurso a estas técnicas empresariales para derrotar a la fuerza de trabajo en revuelta.

Este pronunciamiento del tribunal tiene como supuesto de hecho la convocatoria de huelga general del 29 de septiembre de 2010. Ese día, en Telemadrid, donde no se había alcanzado un acuerdo de servicios mínimos, el seguimiento de la huelga fue muy elevado, por lo que la cadena no pudo emitir ninguna programación, salvo un partido de Champions League, que pudo ser emitido gracias a la utilización de toda una serie de medios técnicos que no eran de uso habitual y que permitieron la locución del partido, mediante la realización de trabajos por los no huelguistas distintos a los que suelen realizar, y su emisión por canales tecnológicos distintos a los habituales.

Así, la sentencia del Tribunal Constitucional (que contó con un voto particular en contra) afirma, en definitiva, que “la efectividad del derecho de huelga no demanda del empresario una conducta dirigida a no utilizar los medios técnicos con los que cuenta la empresa”, pudiendo usar la tecnología para reventar la insurgencia obrera y, con ella, toda virtualidad del derecho constitucional de huelga.

Todo ello dibuja un panorama ciertamente preocupante, pero no por ello inesperado. Las tesis que tradicionalmente han hablado de la adecuación sociotécnica de la maquinaria en los lugares de trabajo con respecto a las necesidades de control y supervisión del trabajo, pueden entenderse extensibles, también, a las nuevas tecnologías. Si antes hablábamos, por ejemplo, de la distribución de los espacios de trabajo para limitar la sociabilidad obrera en la fábrica o del diseño específico de las partes y de los protocolos de manejo de la maquinaria en función de las necesidades de control del patrono, ahora este mismo tipo de lógicas se están utilizando con los nuevos avances tecnológicos de manera intensiva.

                Hay una gran guerra por el control de la productividad potencial y por la determinación de los usos posibles de la nueva tecnología. Una guerra que adquiere tintes geoestratégicos en el marco de un mundo crecientemente multipolar en el que grandes potencias se enfrentan entre sí, pero que también presenta rasgos materialmente apegados al día a día del funcionamiento de las unidades productivas y de las relaciones y articulaciones entre ellas en el marco de la sociedad-fábrica del posfordismo. Es la vieja línea de ruptura de la lucha de clases, que se despliega sobre la cotidianidad productiva, afectando de maneras diversas y conflictuales a la composición misma de la clase trabajadora y a sus experiencias cotidianas de sociabilidad y de trabajo.

                Nuevas formas de control, de fabricación de líneas de exclusión y de facilitación de prácticas represivas del comportamiento desviado del elemento proletario en el marco de la cotidianidad de la relación Capital-Trabajo. Un intento emergente por encauzar hacia la generación de plusvalor las potencialidades para el exceso y para la fuga generadas por los productos del trabajo cognitivo de la sociedad sometida al mando capitalista.

                Ese es, precisamente, el corazón de la apuesta: el intento de embridar la abundancia cada vez más exuberante de la creatividad humana, en la forma de tecnologías sostenidas y hechas posibles por una fuerte socialización del saber y el desarrollo productivo, para hacerlo funcional al proceso de acumulación capitalista, que se despliega en nuestros días en una crisis intermitente y cada vez más profunda y caótica.

                Se trata del uso de las nuevas tecnologías en la lucha de clases y en el pulso por la acumulación. Un uso para el dominio  y la sobredeterminación de la excedencia y la insurgencia del trabajo vivo, o un uso para la fuga y la confrontación, para construcción de alternativas vivenciales y culturales, desde un abajo que también se quiere ubicuo y proliferante.

                Rediseñar la tecnología, reapropiándosela y desviando sus potencialidades para la distopía panóptica, constituye un frente de lucha, y de construcción e innovación, de máxima importancia para quienes desean levantar alternativas al constante influjo del dolor, la alienación y la desestructuración vital en que el mando capitalista en los centros de trabajo consiste.

                José Luis Carretero Miramar