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Comer es un derecho básico

Por José Luis Carretero Miramar 

Iniciativa solidaria de la Escuela Superior de Hostelería.

La situación social generada por la pandemia del coronavirus es extremadamente grave. En cerca de dos meses de confinamiento se han producido más de un millón de despidos. Cerca de cinco millones de trabajadores están sujetos a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), lo que implica que sus retribuciones se han visto enormemente minoradas y que, en muchos casos, a causa del colapso producido en las oficinas de empleo, no han cobrado todavía lo que les corresponde. La mayoría de los trabajadores autónomos están cobrando una prestación de cese de actividad exigua y difícil de obtener. Los sectores del turismo y la hostelería, que representaban en conjunto cerca del 30% del PIB nacional antes de la pandemia, simplemente se han desplomado en el marasmo.

Pero, además, cientos de miles de trabajadores informales en situación de vulnerabilidad (vendedores ambulantes, migrantes sin papeles, trabajadores de la economía sumergida, parados sin prestación, etc.) se han visto, de manera repentina y brutal sin, literalmente, nada que comer.

Más de cien mil personas hacen cola estos días ante los bancos de alimentos de la ciudad de Madrid para conseguir algo que echarse a la boca. Entre ellos hay parados de larga duración, trabajadores en ERTE que todavía no han cobrado la prestación, familias de clase media que han tenido que cerrar sus pequeños comercios. La pobreza, hoy, es ubicua y brutal, en una España que prevé que su producción nacional caiga más del 10 % este año.

Pero en estas calles visitadas por una nueva miseria y una infinita tristeza hay también ubicuas muestras de la solidaridad de los de abajo. De autoorganización social y afirmación de la potencia de lo comunitario, pese al distanciamiento físico que impone la pandemia. Hay redes de gentes e iniciativas solidarias que laboran para alimentar, y no sólo en el sentido biológico, a quienes han perdido todo.

Nos lo cuenta Aurelio Villanueva, activista de la Plataforma de Trabajadores en Paro de San Blas y Canillejas. Su colectivo lleva los dos últimos meses dando de comer a más de 800 familias de estos barrios populares de Madrid. Ha contado con la solidaridad de los vecinos y con la ayuda de otras organizaciones sociales, como el sindicato Solidaridad Obrera, que ha abierto una cuenta corriente para recoger dinero para esta iniciativa.

“Nuestra Plataforma está entregando unos 300 menús diarios y 200 y pico bocadillos, gracias a un contacto con los Bancos de Alimentos que tienen la ayuda del conocido chef español, afincado en Estados Unidos, José Andrés.” Además, entregan paquetes con comida a varios cientos familias y reparten 25 menús infantiles diarios donados por el Restaurante La Carmela, sito en el barrio.

“La administración está haciendo muy poco”, nos dice Aurelio. Alba Rondón González, también militante de la Plataforma, profundiza en este extremo: “El día 31 de mayo es posible que se acabe el acceso a los menús. Nosotros no podemos mantener alimentado al barrio, es una obligación de las instituciones solucionar esto.”

En la madrileña Casa de Campo, Rafael Espantaleón, director de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo, nos cuenta cómo funciona la iniciativa puesta en marcha por la Asociación de Antiguos Alumnos de Escuelas de Hostelería en las cocinas de este centro educativo, decano de la formación culinaria en España:

“Estamos entregando entre 750 y 1000 menús semanales a las asociaciones de vecinos y parroquias de La Latina y Usera. Los servicios sociales del Ayuntamiento nos indican a quién dirigirnos, para que haya un control.  Están participando decenas de profesores y alumnos de la Escuela, en calidad de voluntarios. Hemos organizado tres equipos. En cada equipo hay 3 o 4 profesores, dos trabajadores de la limpieza y unos 15 o 20 alumnos, para garantizar que si alguien enferma, el proyecto no se pare.”

“La situación es muy dura”, nos cuenta Rafael, “va a ser muy complicado recuperar la trama empresarial y social de los sectores de la hostelería y el turismo. Nuestra iniciativa va a tener que cerrar algún día, porque esto es un centro educativo, y ese día va a quedar un vacío. Hemos recibido cartas de familias de clase media que en ningún caso podían pensar que se iban a ver en esta situación.”

A unos cientos de metros de la Escuela Superior de Hostelería, en los locales del antiguo colegio Santa Cristina de la FUHEM, junto a diversos grupos de consumo agroecológico y entidades del cristianismo de base, se encuentra la despensa de la Red de Solidaridad Popular de Latina-Carabanchel. José Luis Yuguero, activista de esta organización, que reparte en estos momentos paquetes de comida para unas 1362 familias al mes, nos cuenta que:

“Hace dos meses repartíamos unas 29 o 30 comidas al mes. Teníamos una despensa bastante llena, alimentada con donaciones, recogidas de dinero y con lo que nos daban cuando nos colocábamos delante de los supermercados del barrio. Ahora todo se ha vuelto caótico. Sólo hay que ver las colas que se han montado en Aluche. Gente levantándose a las cinco y media de la mañana para pasarse siete horas en una cola, por si consiguen algo”

La Red de Solidaridad Popular, nos dice Yuguero, “entiende que comer es un derecho. Hemos hecho actividades centradas en el concepto de soberanía alimentaria y apoyamos la Carta contra el Hambre. Entendemos que los paquetes que entregamos tienen que ser dignos, en este momento de unos 25 Kilos, para que duren por lo menos unos 15 o 20 días. Y también creemos que se debería implantar la “tarjeta-monedero”, que ya se usa en el barrio de Tetuán, aunque mejor gestionada, para que las familias vulnerables no se tengan que identificar como tales cuando vayan a comprar a un supermercado.”

Alba Rondón, activista de la Plataforma de Trabajadores en Paro de San Blas-Canillejas, nos indica que, en esta situación, “una renta básica para ciudadanía debería ser obligada. Cualquier ser humano debería tener lo mínimo para vivir. La administración está incumpliendo la Carta Social Europea, porque las prestaciones que da están por debajo de los umbrales que marca dicho texto legal. No entendemos que significa la palabra emergencia para ellos.”

La solidaridad cívica de los barrios, las parroquias, los grupos de apoyo mutuo, los centros educativos, las organizaciones obreras, está demostrando que es posible, en medio del mayor y más inesperado de los colapsos, afirmar los valores humanos contra la guerra de todos contra todos. Las administraciones deberían escuchar el sordo rumor de desesperanza que bulle en las calles desoladas por la pandemia. Construir un pueblo fuerte, una sociedad vivible, pasa por hacer de la solidaridad la principal de las virtudes colectivas y el deber esencial de las instituciones comunes.

El Tribunal Constitucional alemán, contra Europa

Por José Luis Carretero Miramar

Un brutal torbellino socioeconómico se ha desatado sobre Europa como resultado de la mortal pandemia del coronavirus. Un informe de Goldman Sachs pronostica una contracción del 9 % del PIB para la economía de la Eurozona en 2020. La que saldrá peor parada será Italia, con un desplome del 11,6 %, mientras la economía española, según el ubicuo banco de inversión norteamericano, se contraerá un 9,7 % y la francesa un 7,4 %.

El expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en una columna en el Financial Times advierte a los líderes de la Unión de que “la pandemia de coronavirus es una tragedia humana de proporciones potencialmente bíblicas”, y que la respuesta comunitaria sólo puede pasar un por un significativo aumento coordinado de la deuda pública. Para él, “la única manera eficaz de abordar la situación con inmediatez pasa por la completa movilización de los sistemas financieros de los países, evitando demoras burocráticas”.

Sin embargo, la Unión Europea no termina de implementar una política solidaria común frente a la complejidad del reto representado por la expansión del Covid-19. Europa, un gigante herido, pero incompleto, que ha vivido hace pocos meses el trauma del Brexit y las recurrentes tensiones centrífugas alentadas por las fuerzas de ultraderecha, tiene enormes dificultades para configurar una respuesta a la altura de las circunstancias.

Las contradicciones que atraviesan el proyecto europeo son múltiples. La Unión Europea se diseñó, ya desde sus mismos tratados constitutivos, como un espacio abierto a la libre circulación de capitales, no sólo en el interior de la zona, sino también procedentes del exterior. Si a eso le añadimos la utilización de una moneda única configurada de manera extremadamente favorable a los intereses exportadores de Alemania y la ausencia de una política fiscal común, nos encontramos, reiteradamente, con una dinámica en la que cualquier crisis impacta de manera diferencial en los países del Norte y de la Periferia de la Unión, generando tensiones crecientes y potencialmente insolubles.

Los vimos en los años posteriores a 2008, cuando las primas de riesgo italiana o española amenazaron con acabar con la viabilidad del euro y Grecia se hundió en una catastrófica deriva hacia la pobreza. Sólo una respuesta unitaria, personificada en la declaración de Mario Draghi, entonces presidente del Banco Central Europeo, de que se iba a hacer “todo lo necesario”, pudo evitar el colapso e implosión del imperfecto proyecto de Estado-continente europeo.

 Pero el salvamento vino acompañado de fuertes condicionalidades, en la forma de planes de ajuste, recortes del gasto público y reformas laborales y de pensiones. Fueron las llamadas “políticas de austeridad”, exigencia fundamental de las élites financieras e industriales del Norte de Europa para rescatar a los bancos y a las dependientes economías de servicios de los países del Sur. Los desahucios, el paro de masas y el desmantelamiento creciente del Estado del Bienestar fueron el resultado de una década de reformas, recortes y privatizaciones. Recortes, muy señaladamente, también, en la Sanidad pública española, de lo que ahora hemos pasado a ser muy dolorosamente conscientes.

Y el problema es que ahora estamos en una nueva crisis, y las tensiones han reaparecido. Los debilitados sistemas públicos de salud del Sur de Europa, atenazados por la imposibilidad de los Estados miembros para realizar su propia política monetaria o para traspasar las enervantes exigencias de déficit del Tratado de Maastricht, no pueden hacer frente a la brutal extensión de la pandemia. Hacen falta recursos. Y algunos de los industriales y financieros del Norte quieren negociar contrapartidas.

Maratonianas reuniones se suceden en las altas instancias europeas. Holanda toma el papel de ogro desagradable para el Sur, mientras Alemania juega a mantener la Unión sin pagar demasiado a cambio. Los mediterráneos piden eurobonos, mutualizar los costes, rescates que no estén basados en la deuda y un gran Plan Marshall de reconstrucción de Europa.

La partida, en estos momentos, está al rojo vivo. El Banco Central Europeo ha decidido, pese a sus iniciales vacilaciones, poner en marcha un plan de compras de activos comunitarios de 750.000 millones de euros para salvar la moneda única. Su presidenta, Christine Lagarde afirma que “actuará como sea necesario y durante el tiempo que sea necesario”. La Unión, tras muchas tensiones políticas, decide poner en marcha varios instrumentos de ayuda a los Estados miembros, con condicionalidades “blandas”: créditos del MEDE (el Mecanismo de Estabilidad Europeo), un fondo de garantías del Banco Europeo de Inversiones de 200.000 millones de euros y un mecanismo temporal de reaseguro del desempleo comunitario para los trabajadores que estén en situación de suspensión en sus trabajos (como es el caso de los incluidos en los ERTEs y los autónomos españoles).

Los gobiernos mediterráneos insisten en la necesidad de los eurobonos u otros mecanismos de mutualización de la deuda, hacen notar que los créditos del MEDE presuponen el cumplimiento de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que fuerzan a mantener el déficit público por debajo del 3%, lo que implica, en estas circunstancias, la temida “austeridad”;  y subrayan la necesidad de un seguro de desempleo europeo permanente, así como de una auténtica línea de solidaridad transcontinental basada en transferencias de renta y no en deuda.

Y, en este escenario de tensiones y forcejeos, entra en escena el Tribunal Constitucional alemán.

El día 5 de mayo, el Tribunal Constitucional germano dicta una sentencia que actúa como la explosión de un polvorín, en medio de una ciudad sitiada. Su fallo mantiene que el Banco Central Europeo se extralimitó en su mandato con su programa de compra de deuda pública, lanzado en 2015, bajo la presidencia de Draghi, para frenar el brutal colapso de la crisis iniciada en el 2008. El Constitucional alemán requiere al BCE para que justifique su actuación e insta al Bundesbank a interrumpir las compras que realiza a cuenta de ese mismo programa. Si el BCE no responde satisfactoriamente al Alto Tribunal germano, en el plazo otorgado para ello, afirma la sentencia, el Bundesbank deberá encontrar una forma consensuada para deshacerse de los bonos comprados en el marco del programa que están en su poder.

Con esta decisión, el Tribunal Constitucional alemán pone en crisis varios elementos centrales de la actual arquitectura europea. En primer lugar, sienta un precedente que podría ser utilizado contra el actual programa de compras del BCE relacionado con la crisis del coronavirus, ya que este es aún más laxo que el rechazado por la Corte. Pero, aún más, pone en cuestión la jerarquía jurídica de las normas y las instituciones en el interior de la Unión. El tribunal desoye una previa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha considerado justificado el programa del BCE en diciembre pasado, y lanza un requerimiento que se quiere imperativo a una institución comunitaria e independiente (el BCE) que, según los tratados de la Unión, no puede ser fiscalizada por las instituciones nacionales de los Estados miembros.

La independencia del Banco Central Europeo y el futuro de la Unión pasan a estar en juego. El BCE se niega a responder al Tribunal Constitucional alemán. La presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, amenaza con multar al Estado germano y afirma “el Tribunal de Justicia de Luxemburgo siempre tiene la última palabra en materia legal en la Unión Europea. Me tomo esto muy en serio.”

Pero la canciller Angela Merkel siembra dudas. Afirma en una reunión con altos funcionarios de su partido que el fallo del Tribunal Constitucional germano es “solucionable” si el BCE atiende al requerimiento de la Corte y le explica su plan de compra de deuda. Un portavoz de su Ministerio de Finanzas indica que el gobierno alemán cumplirá con los requisitos fijados por la sentencia. El presidente del Bundesbank declara que “respetando la independencia del BCE” apoyará todos los esfuerzos para que este justifique su plan de compras ante el Constitucional alemán.

Alemania, por tanto, amenaza con poner el entero edificio institucional y jurídico de la Unión Europea patas arriba. Y lo hace desde la insolidaridad, desde una inconfesada vocación imperial que le hace pensar que los mercados protegidos que le brinda la existencia de la Unión Europea no han ser sufragados mediante el reciclado de sus excedentes industriales. Polonia y Hungría sonríen a la espera de que el caos desatado termine por descomponer el edifico jurídico que ha servido como freno a su deriva autoritaria interna.

Todo está en juego en esta intempestiva crisis del coronavirus. Europa tiembla, atenazada por las contradicciones del Brexit, del enfrentamiento Norte-Sur, de las tensiones con el grupo de Visegrado, de su incapacidad para construir un aparato de defensa propio y una política exterior común y de su pérdida tendencial de soberanía tecnológica. Encara ahora la rebatiña desatada por las élites sobre quién tiene que pagar las pérdidas derivadas de la pandemia,

Europa es una buena idea. Vivimos en un mundo de tiburones globales, de Estados-Continente como Rusia, China o los Estados Unidos de América, de fondos de inversión que manejan capitales inconmensurables. Sólo una Europa unida puede hacer frente a los grandes torbellinos que se apuntan en el horizonte, como la crisis ecológica, la Cuarta Revolución Industrial o el caos creciente de un mundo multipolar y desigual.

Pero lo que no está claro es que nos valga cualquier Europa. Estamos ante una Europa sin solidaridad, sin fiscalidad común, sin un Derecho del Trabajo que sirva como suelo legislativo, sin una defensa soberana e independiente. Pertenecemos a una Europa que desoye las llamadas a compartir la deuda, a la construcción de una renta básica de ciudadanía, a una profundización democrática y a una apuesta federal para el continente, que sólo puede estar basada en la convergencia hacia arriba de las condiciones de vida de los trabajadores europeos.

Afirma Mario Draghi en el Financial Times que, en estas circunstancias “el coste de vacilar podría ser irreversible”. La austeridad puso en cuestión la idea de Europa la década pasada. Y el Tribunal Constitucional alemán, ahora, la puede empujar al abismo.

Los fondos buitre, también rescatados por lo público

POR JOSÉ LUIS CARRETERO MIRAMAR

En medio del incontrolable torbellino económico y social que la pandemia de Covid 19 ha provocado en Europa, los grandes fondos de inversión procuran hacerse aún más grandes. Hace pocos días Blackstone anunciaba que procedía a impulsar el mayor fondo inmobiliario que nunca ha funcionado en el Viejo Continente. Este vehículo, llamado Blackstone Real Estate Partners Europe VI (BREP Europe VI) maneja cerca de 9.800 millones de euros, y se estrenó en septiembre pasado comprando una cartera de 4.400 millones en activos logísticos y oficinas llamada Dream Global Real Estate Trust.

No hay que perder de vista que el presidente y fundador de Blackstone, Stephen A. Schwarzmann ha afirmado en una reciente entrevista que su empresa “está en una posición única para invertir en nombre de nuestros clientes en un momento de dislocación histórica”. Esta firma global de inversión terminó el trimestre pasado con activos inmobiliarios bajo gestión valorados en más de 161.000 millones de dólares. En España, desde el inicio de la crisis de 2008, Blackstone ha acumulado inmuebles tasados en cerca de 20.000 millones de euros, convirtiéndose en el mayor propietario de viviendas en alquiler en el mercado nacional, con más de 50.000 pisos repartidos entre diversas sociedades como Testa, Aliseda, Anticipa o Fidere. También es el mayor propietario de activos hoteleros del país a través de la gestora HIP Partners, propietaria de 63 establecimientos en todo el Sur de Europa, de los que 58 se encuentran en España.

El gigante Blackstone, sin embargo, debe hacer frente a una fuerte debilidad reputacional en nuestro país. Su imagen pública roza lo sulfuroso. En su historial mediático se acumulan las tensiones con las comunidades vecinales afectadas por sus masivas compras de inmuebles, a precio de saldo, en el marco del proceso de descomposición de los organismos públicos de vivienda, al calor de la crisis de 2008.

Es una historia que nos narra como funciona el gran capital. Que tipo de relaciones establece con las redes políticas locales. Que consecuencias tiene, para los ciudadanos de a pie, el saqueo de lo público. Cómo el derecho constitucional a la vivienda desaparece del radar de los gestores de la Administración cuando la crisis de su modelo social y económico les empuja a socializar las pérdidas y a privatizar los beneficios.

Esta historia, en la ciudad de Madrid, se escribe con dos nombres principales: Goldman Sachs y Blackstone.

El pasado 12 de diciembre, el Tribunal Supremo inadmite los recursos de apelación presentados por la Comunidad de Madrid y Encasa Cibeles, instrumento propiedad de Azora, a su vez participada por Goldman Sachs en más de un 90%, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que da la razón a la familia de Rachid Bouikou. Rachid es uno de los habitantes de las cerca de 3000 viviendas del IVIMA vendidas a EnCasaCibeles en los años de la crisis del 2008.  El 9 de marzo, la Sección Tercera de Sala de lo Contencioso-Administrativo del mismo tribunal inadmite otro recurso, declarando de nuevo nula la operación de venta de dicha promoción de vivienda pública. El Supremo es extremadamente claro en el texto de su resolución: «No es dable al Letrado de la Comunidad de Madrid erigirse en representante o defensor de los derechos de tales terceros interesados (en referencia a EnCasaCibeles), pues es a éstos a quienes corresponde la defensa de sus derechos e intereses».

Monsterrat González, vecina de una de estas promociones, nos indica cómo está en la actualidad la situación: “Estamos esperando a ver en qué queda todo. Al inicio de la crisis del Covid, EnCasaCibeles nos envió una carta en la que nos decía que quienes estuvieran al corriente de pago podrían acogerse a la moratoria aprobada por el gobierno para los alquileres de los grandes tenedores. Pero lo cierto es que la norma del gobierno no exige que se esté al corriente de pago para ello, sino en situación de vulnerabilidad. Llevamos siete años de juicios y aún no sabemos cómo acabará todo”.

En fechas muy cercanas a la venta de las promociones del IVIMA a Goldman Sachs, el ayuntamiento de la capital vende otras 1860 viviendas públicas protegidas a Magic Real Estate-Blackstone, por 128,5 millones de euros. Los conflictos han sido continuos. Fidere, la agencia utilizada por Blackstone para gestionar esta propiedad, pretende ahora deshacerse de algunas de estas viviendas. Según Arantxa Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados por la venta de las viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) “desde que está gobernando el PP, el ayuntamiento madrileño no está dispuesto a mantener ninguna vía de comunicación con nosotros. Ganamos algunas sentencias que les obligan a devolver cuotas indebidas cobradas, e insisten en no darnos ese dinero.” Mientras tanto, el Sindicato de Inquilinos de Madrid denuncia que Blackstone intentadesahuciar, en pleno estado de alarma, a unas 60 familiasde dos bloques habitados de Torrejón de Ardoz que fueron vendidos por el ayuntamiento al fondo en 2015.

Los fondos, ya lo hemos visto, son ávidos actores del universo de las finanzas y la especulación. Los beneficios son su meta principal. El bienestar del accionista a corto plazo, medido monetariamente, por encima del bienestar de las comunidades concernidas. Acumulación, riesgo, relaciones peligrosas.

Pero no siempre sale todo bien en las inconstantes marejadas del mercado, en el aterrador vórtice creado por los desequilibrios y la incertidumbre de un mundo en constante mutación.

Así que Blackstone, como muchos otros fondos, tiene problemas. Sus inversiones en el sector petrolero y sus activos inmobiliarios sufren por la expansión de la pandemia y los confinamientos. Al acabar el primer trimestre del año, el fondo reconoce unas pérdidas históricas de 1.066,4 millones de dólares. No es el único.

En los últimos años, los fondos globales de capital riesgo han entrado en el accionariado de empresas de todo mundo, en sectores como la hostelería, las agencias de viajes y el inmobiliario. Fondos como KKR o el Grupo Carlyle han prestado mucho dinero a empresas de tamaño medio que, en el marco de la crisis provocada por la pandemia, tienen dificultades para seguir siendo rentables. Los fondos gastaron, sólo el año pasado, 478.000 millones de dólares en estas compras. Ahora tienen un volumen de deuda de 2,5 billones de dólares.

Pongamos un ejemplo: el otoño pasado Blackstone aumentó en 400 millones la deuda de su participada Cirsa, dedicada a gestionar casinos en España, para poder pagar altos dividendos a sus inversores. Incluso la agencia de calificación de riesgos S&P alertó de lo peligroso de la operación, y procedió a rebajar la calificación de la deuda de la empresa española. Hoy Cirsa ha tenido que cerrar. Y ha recurrido a las ayudas del gobierno para poder implementar un ERTE con sus trabajadores, dejando de pagar sus salarios y cotizaciones sociales. Además, va a hacer uso de la posibilidad de retrasar el pago de sus deudas facilitada también por el gobierno. Gracias a ello Blackstone ha recuperado gran parte de su capital invertido en la empresa de casinos.

Los fondos globales de capital riesgo, pues, buscan la manera de ser rescatados con dinero público. Invest Europe, la asociación europea del sector, reclama ayudas y la posibilidad de acceder a los avales públicos del ICO. Rescatar a los ricos, para que no se hundan las condiciones de vida de todos los demás, nos dicen. La desigualdad como instrumento de creación de más desigualdad, como excusa para la socialización de las pérdidas en una sociedad que privatiza los beneficios.

Arantxa Mejías lo tiene claro: “Es absolutamente impresentable que se vaya a rescatar a Blackstone y a las casas de apuestas, y que el Estado no se preocupe de poner en marcha medidas reales para mejorar la vida de la gente y asegurar el derecho constitucional a la vivienda. Necesitamos la limitación de los precios de los alquileres al 30% de los ingresos de los arrendatarios y la eliminación de ese mercado de los fondos de inversión. No es lo mismo, ni se relaciona de igual manera con las familias y la comunidad, un gran tenedor de miles de viviendas y un pequeño propietario que sólo intenta complementar una pensión o un sueldo.”

La vivienda es un derecho fundamental claramente maltratado en las políticas públicas de todos los gobiernos precedentes. Tener un refugio, un lugar donde estar, nunca ha sido tan importante, tan vital, como en las aterradoras circunstancias derivadas de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Las moratorias en los alquileres aprobadas en el último mes respecto de los grandes tenedores, o los microcréditos para los arrendatarios de los pequeños propietarios, no son más que pan para hoy y hambre para mañana. Esa montaña de deuda habrá que devolverla. Y lo tendrán que hacer los perdedores de la crisis: los trabajadores, las familias vulnerables, los de siempre.

Los fondos buscan convertir en beneficio la vida que no hemos protegido y defendido como sociedad, con nuestro cuidado y nuestra capacidad de apoyo colectivo. También buscan que les paguemos las pérdidas de un modelo basado en la especulación a corto plazo. Los fondos reclaman lo que interesa a sus inversores. Los que invertimos nuestros anhelos y energías en la vida y la dignidad de nuestras comunidades también tenemos que reclamar lo nuestro.

CORONAVIRUS Y LUCHA DE CLASES (II). LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL METRO.

Por José Luis Carretero Miramar.

                Como afirmábamos en un artículo anterior en este mismo medio, la crisis del coronavirus está poniendo de manifiesto la crudeza de la lucha de clases en el seno de la sociedad española en una situación excepcional. Las tensiones, presiones, conflictos y pruebas de fuerza asociadas a la reivindicación por parte de los trabajadores del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de las indicaciones de la comunidad médica en los centros de trabajo, están generando situaciones como el cierre de la planta automovilística de Mercedes en Vitoria por el Comité de Empresa (la representación unitaria de los trabajadores) o el más que previsible cierre de Konecta, la mayor empresa de telemárketing de España, en las próximas horas, ante la presión jurídica desarrollada por las secciones sindicales de CGT, Solidaridad Obrera y USO.

                La situación no ha cambiado en los últimos días. Y no parece previsible que lo haga. Recordemos que los sectores que siguen trabajando en la calle, además del sanitario, pese al estado de alarma decretado por el gobierno, como el telemárketing, la limpieza, los transportes, el reparto a domicilio o la alimentación… están principalmente (aunque no únicamente) constituidos por toda esa fuerza de trabajo manual y muchas veces precaria, que el discurso dominante ha invisibilizado completamente en las últimas décadas.

Se trata de una clase obrera cuya misma existencia ha sido negada por los discursos altisonantes sobre el cognitariado, los knowmads o el trabajo inmaterial desde hace ya tiempo. Pero que, tozudamente, se convierte en estratégicamente decisiva para la sustentación de esa misma esfera virtual que la niega como su esencial condición de posibilidad. No hay trabajo inmaterial, sin la legión de limpiadoras, reponedores, cajeras, conductores de autobús, riders y personal de mantenimiento que constituyen la base material del trabajo socialmente necesario en la Smart City de nuestros días.

Y uno de esos trabajos necesarios e invisibilizados, sobre el que me voy a detener en estos momentos, es del transporte suburbano. Los Metros que articulan la posibilidad de que la fuerza de trabajo llegue allí donde es necesaria para el proceso de valorización del Capital, en las grandes urbes degradadas de nuestro tiempo, de manera cotidiana. Sin este medio de transporte, las grandes ciudades serían inviables y nuestra perdida normalidad, como estamos viendo estos días, hubiese sido radicalmente otra.

No se trata, en el imaginario de la mayoría de nuestra sociedad, de un sector especialmente precario. El hecho de que sea un sector estratégicamente decisivo para el proceso productivo, al garantizar que la mano de obra estará allí donde se la necesita todos los días, ha hecho que sus reivindicaciones recurrentes muestren la ambivalencia que muestran, en el discurso mediático, todas las manifestaciones de lucha de los sectores de la clase obrera que aún insisten, por estar fuertemente organizados, en autodenominarse orgullosamente como tal: mientras sus luchas pueden obtener éxitos más llamativos que las de otros sectores y garantizar condiciones de trabajo un poco mejores, su imagen pública es demonizada (“están siempre en huelga”. “son unos privilegiados”) para romper toda posibilidad de extensión de sus costumbres levantiscas entre el proletariado precarizado más atomizado, reconvertido por los media y la clase política en la silenciosa “ciudadanía de clase media y trabajadora” consumista.

Se engañan, sin embargo, quienes piensan que, en el suburbano, sólo trabajan privilegiados corporativistas, restos de una clase obrera en decadencia. La expansión de las contratas y subcontratas (limpieza, seguridad y otros marcos crecientes de actividad rápidamente externalizada) ha precarizado fuertemente el trabajo del transporte en el subsuelo en las principales ciudades, en la última década. Además, el trabajo en el Metro sigue estando marcado por la explotación, los horarios de órdago y la ubicuidad de contaminantes como el amianto, que en el caso del Metro de Madrid ya han provocado la muerte de varios trabajadores, pese a la recurrente conflictividad de los sindicatos más combativos, que han llegado a querellarse criminalmente contra los responsables políticos de que este material altamente cancerígeno y potencialmente dañino para trabajadores y usuarios, no haya sido aún retirado.

Y los Metros, obviamente, siguen abiertos en el marco de la brutal bifurcación histórica que significa la pandemia de Covid-19. Se está trabajando en el Metro ¿En qué condiciones?

Antonio Rus, asistente habitual al Comité de Seguridad y Salud del Metro de Madrid por la parte sindical, nos cuenta que las tensiones, presiones y conflictos están encima de la mesa en estos momentos, como en el resto de sectores productivos que siguen abiertos. Con más de 18 trabajadores confirmados como enfermos, cerca de 340 afectados posibles (aislamientos, bajas que no se han confirmado, etc.) y un fallecido por la pandemia, la empresa se niega a dejar abiertos los torniquetes para que los usuarios puedan pasar sin tener que tocar ningún elemento físico, como reclama la sección sindical de Solidaridad Obrera. Escasea el gel hidróalcohólico, los guantes y las mascarillas. Los trenes y cabinas de los maquinistas no se limpian entre turnos, sino sólo al acabar el día. Se ha hecho que algunos trabajadores acudan a realizar trabajos en taxis, en los que se suben varias personas. Se hacen evaluaciones unilaterales de los riesgos sin contar con la parte sindical, lo que impide conocer la importancia de que los maquinistas dispongan de guantes y mascarillas, ya que si caen enfermos y no se ha hecho la limpieza durante el día pueden haber contaminado a todos los trabajadores de la línea. También se deja en manos de los Jefes de Estación la toma de decisiones que deberían tomarse más arriba. Trabajadores que tienen familiares que son población de riesgo en sus casas siguen en las líneas, creando el peligro de infectarles al volver al hogar. La situación de las contratas es también dramática: sin protecciones especiales y mucho más precarizados y desorganizados sindicalmente.

En el Metro de Barcelona también falta el material de protección (guantes, gel, mascarillas), nos indica Ángel González, miembro de la representación unitaria de los trabajadores. La empresa pone la excusa de que legalmente no es considerado Equipo de Protección Individual y de que hay agua corriente en las instalaciones. Por ello, los operarios se han puesto a fabricar gel con alcohol, agua y glicerina en su tiempo de descanso. “Debemos seguir abiertos para que la gente que presta servicios básicos pueda acudir a sus puestos”, nos dice Ángel.

La lucha de clases se expresa en el suburbano con la misma brutalidad que en la superficie. Los trabajadores son el otro lado de la balanza de los beneficios del Capital. Si los recursos van para un lado, escasean en el otro. Desechables, reemplazables, así es como ve el mando social a los individuos de nuestra clase. Si actividades no esenciales siguen abiertas en la cuarentena, los trabajadores de las actividades esenciales se ven ante una vorágine creciente de riesgos. Riesgos que puede convertirse en un elemento más de tensión para el sistema sanitario.

Defender nuestras vidas, nuestro derecho al pan, pero también a las rosas (a todo lo bello de la vida) pasa por ser conscientes de que la lucha es el único sustrato material de los derechos. Y de que la sociedad de clases, el capitalismo, se tiene que acabar.

CORONAVIRUS Y LUCHA DE CLASE: LOS QUE LIMPIAN LAS CALLES.

Por José Luis Carretero Miramar.

                Según transcurren los día, y el efecto mortífero de la pandemia se hace cada vez más notorio, la dinámica propia de la economía capitalista se vuelve más acusadamente un asunto de clase: determinadas actividades siguen funcionando, pese a no ser en modo alguno esenciales (como la obra pública o el telemarketing); los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo se multiplican, enviando al desempleo a decenas de miles de trabajadores mientras destacados capitanes de industria se permiten salir en los medios de comunicación haciendo promesas de ayuda al sistema sanitario que no terminan de cumplir.

Los sindicatos combativos fuerzan el cierre de grandes empresas que, sin embargo, pese a las órdenes de los poderes públicos, siguen abiertas sin cumplir las medidas de prevención necesarias, gracias a la fuerza (de auténtica vida y muerte, como podemos ver ahora) que implica la coacción del sistema salarial: tienes necesidades básicas y careces de medios de producción, luego tendrás que vender tu fuerza de trabajo, aunque te pongas en peligro tú mismo y a tu comunidad.

Mientras tanto, los servicios públicos esenciales siguen funcionando gracias a toda esa multitud de trabajadores y trabajadoras que han sido invisibilizados en las últimas décadas, incluso por la autodenominada “izquierda”: los obreros de cuello azul, los trabajadores manuales, los “chavs” de barrio. Los que no tienen tres posgrados (o, más bien, esas cualificaciones no son necesarias para el trabajo que prestan). Las cajeras, los reponedores, los limpiadores y limpiadoras, los “basureros”, los transportistas, los conductores de autobús y de metro, los portuarios, los teleoperadores. El proletariado de las contratas y subcontratas, siempre flexibilizado y precarizado, siempre abandonado por el discurso divino de una izquierda “alternativa” que entiende “el fin del trabajo” como una especie de utopía de clase media en la que todos nos  dedicamos a la creatividad virtual y el estudio ecosocial  mientras el metro y la limpieza viaria siguen funcionando todos los días por arte de magia, y no como un avance autogestionario sobre la producción que permita repartir el trabajo socialmente necesario en una sociedad de la abundancia vital (que no del consumo) para todos.

Uno de esos sectores imprescindibles, que resulta curioso mencionar cuando todo duerme en la normalidad capitalista, porque deviene invisible a los ojos de la vulgata posmoderna, es el de la limpieza viaria. ¿Quién nos limpia la basura? ¿Quién, literalmente, limpia la mierda de nuestras calles? Es una pregunta que se vuelve imperiosa cuando de la limpieza depende la profilaxis que evite el contagio, cuando la limpieza se vuelve, también, una cuestión de vida o muerte. No nos engañemos, eso es así todos los días del año, pero sólo desde hace una semana nos hemos vuelto, dolorosamente, un poco más conscientes de ello. ¿Cómo trabajan los que limpian las calles? ¿En qué situación están? De nuevo, un asunto de clase.

Joaquín M., militante del sindicalismo combativo de la limpieza viaria en la ciudad de Madrid (un área estratégica de la vida de la capital que el “gobierno del cambio” de Manuela Carmena no quiso recuperar para lo público, porque debió pensar que tenía cosas más importantes que hacer) no cuenta que los primeros días los trabajadores siguieron desplazándose en furgonetas ocupadas por cuatro o cinco personas, aunque esto ya no sucede; que se han establecido turnos, para que ahora sólo trabaje al mismo tiempo el 50% del personal; que les han indicado que vayan ya vestidos con el uniforme al centro de trabajo, y que vuelvan a su casa también sin quitárselo, para que no usen los vestuarios de los cantones. También nos cuenta que ha habido gente con familiares de riesgo en casa que han ido a trabajar; que no hay geles ni el líquido especial que se dijo que se iba a usar para desinfectar las calles, sino que se está usando jabón y lejía diluida. Para desinfectar los camiones, en lugar de hacer una limpieza exhaustiva les dan un bote de lejía y los trabajadores lo aplican en los sitios “donde piensan que van a tocar”. En horario nocturno se han generalizado los baldeos mixtos (un operario con la manguera y otro en el camión).

Miguel Montesinos,  presidente, por la parte sindical, del Comité de Seguridad y Salud de la Unión Temporal de Empresas que realiza la limpieza viaria en Alicante, nos cuenta que hay escasez de guantes y de mascarillas; que al menos tres trabajadores de riesgo (por tener hechas traqueotomías) siguen trabajando durante la semana pasada; y que la empresa no responde a la reivindicación sindical de mantener una reserva de trabajadores en casa, para poder usarla si se producen bajas por la enfermedad en los próximos días, una petición reiterada de las organizaciones sindicales del sector en toda la geografía española.

Por su parte, Vanesa Toledo, delegada sindical de Solidaridad Obrera en ESMASA, la empresa pública de limpieza viaria de Alcorcón, una ciudad proletaria cercana a Madrid, incide también en el hecho de que la empresa no quiere escuchar las reivindicaciones de los trabajadores, que se circunscriben a la puesta en marcha de una reserva de un 50 % de la mano obra en casa, turnándose para trabajar cada dos días, para no tener que cesar el servicio en caso de expansión de la enfermedad entre la plantilla, y a la utilización de mecanismos de movilidad funcional para que todos los trabajadores puedan dedicarse a la limpieza viaria, abandonando actividades absurdas en estos momentos como el borrado de grafitis o la limpieza de fachadas de los edificios públicos.

Vanesa también nos avisa del caos administrativo que puede provocar la decisión de que el servicio de salud informe directamente a las empresas de las bajas médicas, dado que, al no poder explicitar en la comunicación a que se deben dichas bajas, los servicios administrativos de las empresas no podrán dilucidar si se trata de contingencias comunes o profesionales, abriéndose la posibilidad de que los trabajadores no reciban la totalidad de las prestaciones que les corresponden.

Las limpiadoras y los limpiadores, pues, combaten al virus en las calles, muchas veces con medios precarios y con una situación previa de precariedad laboral y vital. Una precariedad que se agrava por el hecho de que, en la mayoría de los casos, la deriva neoliberal de las últimas décadas ha provocado que el servicio se preste por contratas privadas, propiedad en muchos casos de grandes estructuras empresariales participadas por todo tipo de fondos e instrumentos de inversión internacionales, que buscan el máximo beneficio, a base de contener los costes laborales y las inversiones en medios materiales.

Un ejemplo, entre otros, de este tipo de estructuras es FCC, la gran empresa multiservicio que tiene contratada en parte la limpieza viaria en la ciudad de Madrid. FFC obtuvo un beneficio en 2019 de 266 millones de euros, un 6% más que el año anterior. Controlada por Carlos Slim, un multimillonario mexicano, alcanzó una cifra de negocio en 2019 de 6.276 millones, y ello pese a la investigación abierta en Panamá y España contra la empresa por un escándalo de corrupción vinculado al pago a políticos y funcionarios panameños para obtención de contratos de construcción.

Contratas públicas millonarias. Multimillonarios de ambos lados del Océano. Corrupción y pelotazos. Y Remunicipalizaciones que no terminan de implementar los que vinieron “a asaltar el cielo” una vez se afincan en los mullidos sillones del poder.

Trabajadores y trabajadoras que limpian las calles, nos transportan, nos dan de comer, nos curan y nos cuidan en los hospitales. Trabajadoras y trabajadores que hacen propuestas para mejorar el servicio cuando todo se derrumba, cuando el pánico ataca, pese a estar en la calle con medios precarios y tener que volver, cuando termina la jornada, a viviendas precarias que a duras penas pueden permitirse pagar.

Millonarios con cuentas en Panamá, que parlotean como posesos en los medios de comunicación más comerciales. Trabajadores precarios de contratas, subcontratas y empresas públicas infradotadas, limpiando, en la noche, las calles del virus asesino que nos atemoriza a todos, sin que nadie les de la palabra. No hay duda: un asunto de clase.

CORONAVIRUS Y LUCHA DE CLASES. UNA JUSTICIA DE CLASE.

Por José Luis Carretero Miramar.

                Mientras la pandemia del coronavirus se extiende por la geografía española, los trabajadores y trabajadoras pasan a ser dolorosamente conscientes del efecto social que han tenido las últimas décadas de degradación y descomposición programada de los servicios públicos.

La sanidad se encuentra casi al borde del colapso, tras de años de ensayo con la famosa “colaboración público-privada”, de pérdida camas disponibles en la Sanidad Pública y de despidos de profesionales. Gran parte de los trabajadores sanitarios que ahora salvan nuestras vidas han tenido en los últimos años contratos temporales, incluso en claro fraude de ley, con el efecto esto tiene sobre la formación y estabilidad de las plantillas públicas.

Los trabajadores de las residencias para discapacitados de la Agencia Madrileña de Asuntos Sociales, por poner un simple ejemplo, siguen haciendo frente a la pandemia con una inmensa profesionalidad y entrega, pero con unos medios muy limitados. El transporte público sigue funcionando, pero los trabajadores del Metro de Madrid que caen enfermos, son sometidos a tests del coronavirus mucho antes de que se complete el tiempo de incubación de la enfermedad, y se les hace volver lo antes posible al trabajo.

El Estado de Alarma decretado por el gobierno limita fuertemente los derechos y libertades de todos los ciudadanos, y el servicio público de la Justicia se ve también afectado de manera directa por la pandemia. Las medidas del gobierno impactan sobre una organización social (la de la impartición de la Justicia) que mantiene una inveterada tradición de clasismo. La limitación de las libertades civiles en el marco del Régimen del 78, que puede rastrearse en una deriva continua que va desde la aprobación de la llamada “Ley Mordaza” a las diferentes reformas del Código Penal que endurecen las penas y crean nuevos tipos penales, alcanza su punto culminante al calor del Real Decreto que declara el Estado de Alarma. Un Estado de Alarma que, según algunos conocidos juristas relacionados con los movimientos sociales como Daniel Amelang, está concretándose en medidas específicas que más se corresponden con el Estado de Sitio constitucional.

La condición de clase de la Administración de Justicia en nuestro país es una realidad pocas veces expresada en público, pero reconocida por cualquier actor jurídico con una mínima sensibilidad social. Si los tipos penales, desde el punto de vista de la Ciencia Penal, han de describir tan sólo las agresiones más graves a los bienes jurídicos más importantes de la sociedad, cualquier observador imparcial podrá, comparando la simple lectura de nuestro Código Penal con los marcadores sociales de los detenidos que cada día pasan a disposición judicial en una ciudad como Madrid o con los de los  internos en los centros penitenciarios de nuestro país, darse cuenta de que gran parte de nuestro sistema penal está específicamente construido para defender intereses de clase.

Mientras miles de jóvenes de las clases populares pueblan habitualmente los calabozos de las comisarías y las celdas de las cárceles por delitos contra la propiedad o relacionados con la venta y consumo de estupefacientes, los autores de los grandes latrocinios empresariales o los políticos corruptos del Régimen pocas veces ven la entrada en la cárcel como una posibilidad real y, cuando lo hacen , acceden fácilmente a todo tipo de beneficios penitenciarios asociados a su propia condición de clase. La protesta política antisistémica, por su parte, enfrenta una directa represión que se ha expresado en los últimos tiempos, por ejemplo, en condenas a raperos por apología de un terrorismo que no existe o en detenciones y procedimientos judiciales por intentar detener desahucios implementados por fondos buitres que obtuvieron concesiones ilegales de vivienda pública.

Y lo mismo sucede en esta crisis, en la que “todos remamos unidos”, pero afamados fiscales afirman en twitter que no están dispuestos a arriesgar su vida por “derechos de terceros”. Una crisis en la que grandes empresas de servicios no esenciales han seguido abiertas pese a órdenes expresas de cierre de la inspección de trabajo, sin que nadie las molestase, y en la que alargar en demasía el paseo del perro puede convertirse en génesis de una detención que la Ley de Seguridad Ciudadana no contempla como medida a tomar frente a una simple infracción administrativa.

Nos lo cuenta Endika Zulueta, un auténtico referente para las últimas generaciones de letrados comprometidos en el foro judicial capitalino. “En estos momentos es todo muy confuso”-nos dice- “y hay que saber que quien hace afirmaciones tajantes ahora mismo muy probablemente esté equivocado”. En todo caso a Endika le preocupa el tipo de valores que se quiere transmitir desde los poderes públicos en este momento, con una catarata continua de referencias castrenses en los medios de comunicación y loas a los uniformados que participan en las ruedas de prensa del gobierno. Esos valores militaristas que afirman la autoridad sin posibilidad de crítica y la subordinación de los derechos y las garantías jurídicas a la unidad de mando, le parecen muy peligrosos, porque pueden socializarse en exceso en la situación posterior al confinamiento. También le preocupa la emergencia omnipresente de la llamada “policía vecinal de balcón”, que pone de manifiesto las fallas culturales y educativas de la población entorno a lo que significa un marco de libertades civiles básicas.

Francisco García Cediel, otro referente de la abogacía más comprometida con el movimiento obrero combativo y letrado de Solidaridad Obrera, nos cuenta que se ha permitido estos días que la asistencia letrada al detenido se haga por teléfono, para tratar de evitar contagios entre los abogados. Cree que esto no garantiza el derecho de defensa. No es posible saber con certeza si una persona no está en condiciones de declarar en ese momento (por estar con el síndrome de abstinencia, por ejemplo), y tampoco es fácil tener la preceptiva entrevista confidencial con el detenido antes de que este pase a disposición judicial. Hay que tener presente que los detenidos sí están físicamente en el calabozo, donde es difícil mantenerlos aislados para que no se contagien.

García Cediel considera que las medidas contra la libertad de circulación tomadas durante el Estado de Alarma son de dudosa constitucionalidad. La Constitución del Régimen no contempla dentro del Estado de Alarma una limitación absoluta de la libertad deambulatoria, sino sólo en sitios y horas concretas. Se están aplicando las medidas que permite el Estado de Sitio sin declararlo en las Cortes.

Todo esto, según García Cediel, “constituye un experimento bastante peligroso de control social, muy susceptible de una utilización perversa de los instrumentos que se le están dando al Estado, como la posible geolocalización de la población”. Además, se culpabiliza a la ciudadanía de la gravedad de la pandemia, que es producto del proceso de desmantelamiento de la sanidad pública en las últimas décadas, y a la que sólo se puede hacer frente mediante la defensa y refuerzo de los servicios públicos.

Antonio Segura, abogado de la red ActivaT muy vinculado a los movimientos sociales, nos indica, por el contrario, que “a lo mejor tendremos que plantearnos la extensión de determinados derechos individuales ante la necesidad de hacer valer los derechos colectivos, frente a la dinámica neoliberal”. Sobre todo, nos dice que lo cierto es que “tenemos un país donde el régimen de libertades ya estaba muy recortado antes de esto”.

Segura hace hincapié en otro aspecto que ha quedado oscurecido en el marco de esta crisis: “en las medidas que se han tomado se ha abandonado a la abogacía independiente y a la abogacía de clase”. Después de esto el panorama de la abogacía española se va a transformar radicalmente. Los pequeños despachos que suelen defender a los trabajadores, a los autónomos y a los movimientos sociales no van a sobrevivir a esta prueba sin ayuda. Serán sustituidos por los grandes despachos que siguen el modelo de la abogacía norteamericana, centrada en defender los intereses del gran capital. A los abogados no se les aplican muchas de las ayudas aprobadas, ya que muchos de ellos no pertenecen al régimen de autónomos de la Seguridad Social, sino a las Mutuas de los Colegios de Abogados. Las grandes multinacionales de la abogacía y las plataformas transnacionales de la gig economy legal pueden expulsar del mercado a los abogados independientes, que son los que defienden esa perspectiva idealista y comprometida que entiende el ejercicio de la abogacía como un servicio público y un asunto de justicia, como algo más que un negocio.

Erlantz Ibarrondo, abogado de Solidaridad Obrera, por su parte, se muestra preocupado de que se mantenga sine die el Estado de Alarma y el común de la ciudadanía se acostumbre a ello. La mayoría de los detenidos de estos días están llegando a acuerdos de conformidad con la fiscalía que implican tan sólo una multa. Pero eso no elimina el hecho de que, tal y como estamos viendo en muchos videos en las redes sociales, hay policías que se extralimitan, incluso llegando a golpear a personas a las que están identificando por una infracción administrativa, lo cual tiene encaje directo en el Código Penal, pero ninguna autoridad judicial hace nada. La preocupación principal del letrado es que esto sea un ensayo para el control posterior de las clases populares. ¿Quién vigilará a quien ahora nos vigila?

Así pues, nuestra justicia ha sido siempre una justicia de clase. Y lo sigue siendo durante el confinamiento. Hacer cheques en blanco al poder es siempre algo peligroso. Sobre todo, si algunas normas se cumplen imperativamente y otras son obviadas, según los intereses de clase que hay detrás de ellas. Los artículos que en el Código Penal castigan los atentados contra la seguridad e higiene en los centros de trabajo no son aplicados casi nunca, y nadie ha sido detenido por incumplirlos estos días, que sepamos. Pasear al perro, sin embargo, puede ser motivo de un desagradable enfrentamiento con las fuerzas del orden, en determinados barrios.

Además, el brutal efecto económico de esta pandemia puede acabar con gran parte de los profesionales independientes, los autónomos, las cooperativas y las pequeñas empresas más ligadas con los intereses de las clases populares. Los mercados, a la salida del confinamiento, pueden ser un enorme campo abierto para las transnacionales, los fondos de inversión, el gran capital, los grandes despachos internacionales de abogados. Miles de trabajadores y profesionales que, desde una cierta autonomía respecto a las cadenas de valor del gran capital, prestan servicios indispensables para la supervivencia obrera (como el servicio público de la Justicia) pueden ser empujados a la marginalidad con brutalidad por el avance del capital globalizado.

Sólo una alianza social de enorme amplitud puede salvar las libertades y garantizar la supervivencia de las clases populares en este momento y cuando salgamos del confinamiento. Una alianza de la clase trabajadora, pero también abierta otros sectores ajenos a la deriva autoritaria del gran capital transnacional. Superando las barreras sectarias y los límites del reformismo inane. Conquistando los corazones de la población, en lugar de pelear mezquinas batallas por los puestos al sol mediático y parlamentario.

Habrá que recordar lo que escribía el siempre profundo Goethe, en su obra maestra “Fausto”: la acción lo es todo, la gloria nada.

CORONAVIRUS Y LUCHA DE CLASES.

Por José Luis Carretero Miramar.

                La expansión de la pandemia de coronavirus, que ha provocado la declaración en nuestro país del Estado de Alarma, la intromisión más acusada en los derechos individuales de los ciudadanos desde la caída del franquismo, está mostrando, en su más palmaria brutalidad, las contradicciones sociales principales del capitalismo terminal.

Por ejemplo: podemos subrayar la actualidad absoluta del concepto de lucha de clases. Una lucha, entendida como conflicto, enfrentamiento y presiones y tensiones recurrentes, que se expresa directa y crudamente en los centros de trabajo a la hora de hacer cumplir las medidas de prevención básicas en los estratos más precarios, más desorganizados o, incluso, más estratégicos en estas circunstancias, de la fuerza de trabajo.  Durante esta pasada semana hemos visto como, en nuestras “democráticas” y “responsables empresas”, que se ufanan de estar siempre “preocupadas por la gobernanza y los criterios sociales de la Agenda 2030”, los jefes ordenan y se resguardan del virus, y los trabajadores ven como su salud no es más que un simple dato macroeconómico a valorar junto al coste monetario de geles, permisos o reducciones horarias. Pongamos algunos ejemplos:

En las grandes empresas del sector del Telemárketing, como Konecta, GSS Covisian y otras, en las que trabajan centenares de personas en gigantescas naves, hacinados y compartiendo en función de su turno todo tipo de materiales (auriculares, teclados de ordenador, micrófonos…), la lucha para conseguir que haya geles desinfectantes, que los equipos de trabajo sean de uso individual o que, simplemente, se limpien habitualmente los baños de los trabajadores, ha sido constante, y ha venido marcada por repetidos altibajos derivados de las contradictorias señales enviadas al entramado productivo por los poderes públicos, pese a haberse dado repetidos casos de positivos en coronavirus en las instalaciones, que han sido enfrentados por las empresas con el aislamiento de los trabajadores y la limpieza de los puestos adyacentes a los de los enfermos, y sólo muy tardíamente con la implantación del teletrabajo.

En el transporte público, la puesta en marcha de medidas de prevención de la enfermedad para proteger la salud de trabajadores y usuarios ha venido marcada por la presión de las fuerzas sindicales más combativas. En el Metro de Madrid, sólo tras la amenaza de la sección sindical de Solidaridad Obrera de convocar una huelga indefinida de 24 horas, se ve obligada la empresa, el viernes pasado, a cumplir las recomendaciones sanitarias de la misma Comunidad de Madrid. En el Metro de Barcelona, sólo tras la aprobación de un decreto de la Consellería de la Generalitat correspondiente, la dirección acepta negociar con el Comité de Empresa la puesta en marcha de las medidas que está exigiendo la comunidad médica. En los ferrocarriles, durante toda la semana del día 16 al 20 de marzo, numerosos trenes circulan sin agua corriente ni gel desinfectante, mientras las secciones sindicales presentes denuncian la falta de limpieza de los filtros de aire acondicionado de los vagones y la puesta en marcha de un protocolo de prevención que no toma medidas claras en defensa de la salud de los trabajadores y usuarios, dedicándose casi exclusivamente a determinar qué hacer en caso de que se identifique un enfermo de coronavirus viajando en un tren.

En la Administración Pública la situación es de caos absoluto los primeros días de la semana, lo que lleva al cierre de la mayor parte de los centros de trabajo según avanza esta. En el sector de la Enseñanza, la Comunidad de Madrid, mediante una Orden contradictoria y plena de ambigüedades, descarga la “patata caliente” de qué hacer en estas circunstancias, en las direcciones de los centros educativos, ordenando que los profesores, personal de administración y limpiadores, acudan a los centros de trabajo “de la manera habitual”, al tiempo que se debe “fomentar el teletrabajo” y se “recomienda” (pero no ordena) a los trabajadores de los grupos de riesgo que “no salgan de sus casas”, sin indicar ningún permiso laboral para los mismos. Una amalgama incomprensible que sólo termina de estallar cuando la declaración del estado de alarma deja claro que es absolutamente innecesario que nadie acuda a los centros educativos. En el sector de ayuda a discapacitados se suceden situaciones semejantes, en las que se ordena a los trabajadores seguir las normas de prevención frente al coronavirus, pero no hay ninguna iniciativa para promover que las sigan los usuarios, que se presentan en los centros de día absolutamente desprotegidos.

En la limpieza, en el comercio, en todas partes, se agolpan los despidos, las restricciones para utilizar los distintos permisos retribuidos existentes en los convenios o el bloqueo de las posibilidades de hacer efectiva la conciliación laboral y familiar en un contexto de suspensión de las actividades presenciales en los centros educativos. Las gerencias empresariales (y, ¡lo que debemos anotar aún más, las de las grandes empresas y entidades públicas!)  se lanzan a una vorágine de pequeñas presiones, amenazas veladas, y restricciones en el cumplimiento del Derecho Laboral existente.

Todo ello en un escenario en el que el simple hecho de retrasar las medidas laborales previstas hasta el consejo de ministros del martes 15, y no aprobarlas junto a la declaración del estado de alarma, aboca a la realización de numerosos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y Expedientes de Suspensión (ERTE) el mismo lunes 14, sin que se prevea claramente por el gobierno que la nueva legislación sobre la posibilidad de cobro y no consumo de la prestación de desempleo en EREs y ERTEs , sea aplicable a estos trabajadores.

¿Existe la lucha de clases? Los que han afirmado en las últimas décadas que este concepto estaba “pasado de moda”, que “no explica ya la realidad” o que “es un invento no probado científicamente de la teología marxista” deberían empezar a buscar otras cosas de las que hablar, ya que tienen las poltronas académicas y mediáticas siempre abiertas a su servicio.

La lucha de clases se ha mostrado en toda su crudeza en esta crisis sanitaria, de una manera directa, en los puestos de trabajo, como hemos narrado, pero también indirecta: en los brutales efectos que el saqueo de los pilares básicos del Estado de Bienestar (del salario indirecto de la clase trabajadora) ha producido en la última década. Un sistema sanitario degradado, con falta de recursos, personal escaso y sometido a la tensión permanente de la temporalidad en el empleo, acosado por procesos de privatización abierta o encubierta (por medio de los sistemas de “colaboración público-privada”). Un sistema de servicios sociales incapaz de reaccionar y hacerse cargo de las personas mayores que van a quedar abandonadas en esta crisis, de las personas en situación de marginalidad y vulnerabilidad (empezando por los llamados “working poors” que, en muchos casos han perdido su empleo, y llegando a las personas sin hogar). Un sistema de seguridad social y desempleo que no parece dispuesto a extender su manto protector a todos los trabajadores y trabajadoras que ahora van a recibir su carta de despido, mediante una Renta Básica de Solidaridad que cubra suficientemente a toda la población en esta situación de urgencia.

¿Lucha de Clases? Juan Roig afirma que Mercadona no va a cerrar en toda esta crisis. Se lo agradecemos, pero más se agradecemos a las miles de cajeras, reponedores, limpiadoras, que van a hacer eso posible. Mercadona, siempre magnánima, se ofrece a subirles un 20% el sueldo durante estos días de aislamiento social. No es que esté mal, es que si no hubiera lucha de clases esas trabajadoras y trabajadores deberían repartirse en pago de su arriesgada labor la totalidad de los beneficios que va a obtener la empresa durante estas semanas (o quizás, sólo el 80 %, dejando el 20% para los accionistas, como muestra de humor retributivo).

¿Lucha de clases? ¿Existe otra explicación para el hecho de que todos los responsables políticos hayan repetido por activa y por pasiva que todo esto se está haciendo “por las personas más vulnerables”, ya que los jóvenes, parece ser, no corren tanto peligro, y, sin embargo, no se haya establecido ningún permiso laboral específico para diabéticos, personas inmunodeprimidas, enfermos crónicos, hipertensos o pacientes oncológicos? ¿Son demasiado numerosos para que alguien se comprometa a pagarles el salario mientras la situación persiste, pero si los podemos usar como justificación para limitar los derechos individuales? Si no es esto: ¿Qué es, exactamente, la lucha de clases?

Se habla de la capacidad china de enfrentar la enfermedad. Se hace hincapié en la centralización y autoritarismo del modelo chino, muchas veces desde la indisimulada nostalgia del socialismo “real” del Este Europeo. Pero se esconde que lo que de verdad ha constituido el elemento diferencial del “modelo chino” frente al virus no es el autoritarismo ni la centralización, fácilmente imitables por nuestros Amados Timoneles del Régimen del 78, como estamos viendo, sino la posibilidad efectiva, sostenida por las supervivencias ideológicas del maoísmo en el PCCh, de disciplinar los capitales, de hacer que el dinero haga lo que es necesario, que las empresas trabajen para el bien común. El rastro de comunismo que queda en China, aún limitado, es preferible a la total ausencia de comunismo. Y no tiene sentido volver a confundir comunismo con autoritarismo y con Estado Absoluto. No se trata de la vuelta del Padrecito, sino de que lo común discipline comunitariamente a la pulsión de muerte del Capital.

También se habla de que esto, en la utopía pastoril de la Deep ecology no habría sucedido. Miles de años de reiteradas plagas como la peste negra o la gripe española nos indican que todo eso es una ensoñación bucólica. Mas lento, pero más mortífero, por la falta de medios y de vías para compartir el conocimiento, todo habría sucedido. La naturaleza, queridos ecologistas reaccionarios (supuestos ecologistas, por otra parte) es más fuerte, prolifera, muta, mata y sobrevive sin tenernos demasiado en cuenta. Necesitamos la racionalidad y la tecnología para construir una sociedad vivible, pero también para hacer frente a estos embates de la vida que, precisamente, consiste en embates recurrentes de un mundo natural que no es circular, sino proliferante, evolucionante, imprevisible.

La tecnología… ¿Pero qué tecnología? ¿En manos de quién está la tecnología? ¿Tecnología para el control en manos de unos pocos o tecnología para la salud en manos de lo común? Quizás eso de la lucha de clases tenga algo que ver con todo esto, ¿no?

Porque el problema fundamental sigue siendo ese: hospitales públicos colapsados, trabajadores sin medidas de prevención, población vulnerable abandonada a su suerte. Y una brutal, cruenta, tensión constante cada vez que la clase obrera quiere hacer cumplir las leyes que nos protegen a todos, pero disciplinan al capital.

Mañana todo volverá a esa “normalidad” cada vez más degradada, caótica y en crisis, que ahora añoramos, aunque mucha gente sufrirá por el camino. Pero entonces deberemos recordar lo que está pasando ahora, no olvidar el dolor y las luchas que hemos tenido que emprender para defender nuestra salud, y actuar en consecuencia.

CORONAVIRUS Y LUCHA DE CLASES. LOS QUE NO TIENEN QUÉ COMER.

Por Jose Luis Carretero Miramar.

El coronavirus sigue haciendo estragos en la sociedad española. Y el impacto de clase de la pandemia es cada vez más evidente. Mientras se disciplina rotundamente a las clases populares, con un estado policial nunca visto, y se mantiene el pulso económico más allá de lo estratégico, pese a los llamamientos desesperados reclamando el cierre de las actividades no esenciales de una buena parte de la comunidad científica, el conflicto de clase se muestra de forma desnuda y perentoria en la mayor parte de los hogares.

Más de 200.000 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) en apenas unos días, con los que se consigue que los trabajadores se paguen a sí mismos la prestación de desempleo mientras dure la crisis, ya que son ellos (los rendimientos del trabajo retenidos en las nóminas en concepto de IRPF) los que mantienen la base fundamental de los recursos fiscales del Estado. Y ello en medio de un caos creciente en el Servicio de Empleo Estatal, que no puede garantizar el pago a inicios del mes de abril, pese a que los trabajadores de dicho servicio público siguen acudiendo presencialmente a las oficinas, aunque no atiendan en ellas a los demandantes de empleo, con el consiguiente peligro para su salud.

Cientos de miles de trabajadores que siguen en sus puestos de trabajo con una evidente carencia recursos preventivos o sanitarios, incluso en sectores no estratégicos como el telemarketing, la obra pública o la jardinería. Grandes ramas del capital que desoyen abiertamente las órdenes de la inspección de trabajo, o de las autoridades sanitarias, y que no son molestadas en modo alguno por las fuerzas de seguridad, más ocupadas en controlar a quien alarga en demasía el paseo del perro, multiplicando así el número de infectados y la presión sobre los hospitales. Un sistema sanitario desbordado, degradado por el continuado saqueo de los servicios públicos de la última década, y abandonado por un sistema productivo privado que no ha sido disciplinado por el Estado para ponerlo a producir coactivamente lo necesario en esta situación de urgencia (mascarillas, guantes, respiradores…).

La clase trabajadora está en el centro de la devastación de esta pandemia: viviendas insalubres, hacinamiento, recursos escasos, salarios de miseria, servicios públicos colapsados, precariedad laboral y vital que impone el trabajo en condiciones inseguras o envía de cabeza a la marginalidad.

Porque no podemos olvidar que ya antes de la pandemia un sector importante de la clase trabajadora estaba en una situación de abierta emergencia humanitaria. Nos referimos a los desempleados, personas dependientes, trabajadores y trabajadoras informales (servicio doméstico, venta ambulante, tiempo parcial indeseado, pequeñas “ñapas”, trabajo sexual…), migrantes sin documentación y, también, no lo olvidemos, a todo ese sector creciente en las últimas décadas, gracias a las recurrentes reformas laborales, conformado por los llamados working poors (trabajadores que, pese a tener un empleo, no consiguen con su sueldo superar el umbral de la pobreza).

Ese sector ha sobrevivido las últimas décadas gracias a ayudas públicas siempre menguantes, al colchón familiar, cuando lo había, y a diversas iniciativas de solidaridad de los movimientos sociales y de otros organismos caritativos, como los Bancos de Alimentos o los Bancos de Tiempo presentes en muchas ciudades. Ese sector abiertamente marginalizado se está multiplicando exponencialmente en las últimas semanas, sin que tengamos siquiera instrumentos para saber en qué medida. Y la profundidad de su miseria se vuelve abisal en una sociedad que, pese a todo, sigue comercializando on line con todo tipo de cachivaches.

Nos lo cuenta Luis Miguel Sáenz del colectivo Los Invisibles del barrio madrileño de Tetuán. En los últimos tres años, la Comunidad Autónoma de Madrid ha desarrollado una práctica absolutamente rigorista a la hora de conceder la Renta Mínima de Inserción a las familias más vulnerables del barrio. Se han multiplicado las “suspensiones cautelares” de dicha Renta ante la más mínima sospecha, muchas veces infundada, de que el beneficiario estaba obteniendo otros recursos económicos, por escasos que fueran. Ahora, obviamente, los ciudadanos con la renta suspendida “cautelarmente” (es decir, sin que se haya dictado una resolución firme que indique que no les correspondía seguir cobrando) se encuentran sin ningún ingreso y con todos los procedimientos administrativos suspendidos por el Estado de Alarma.

Por otra parte, los comedores escolares de la Comunidad de Madrid se han cerrado, y la nueva ayuda a las personas que tenían anteriormente derecho a precio reducido no llega a todas ellas: sólo a los perceptores de la renta mínima, que tienen que ir todos y cada uno de los días de la semana a determinados establecimientos como Telepizza y Rodilla, donde, tras buscar sus nombres en una lista, en abierto incumplimiento de la Ley de Protección de Datos y con clara afectación a su derecho a la intimidad, los dependientes les entregan un menú que ellos mismos califican de “insuficiente, insano y claramente deficiente desde el punto de vista nutricional”. Mientras tanto, otro grupo de perceptores de la ayuda de comedor, los que no tenían concedida la renta mínima, pero si podían demostrar pocos o ningún ingreso mensual, se han quedado sin recibir nada.

Además, la cuarentena la van a pasar estos grupos humanos sin comida: los bancos de alimentos de la Iglesia o de los movimientos sociales del barrio han cerrado en su mayoría, al no recibir fondos para continuar funcionando y no disponer de voluntarios para hacer repartos a domicilio.

Un panorama que nos confirma, con sus variaciones barriales, Aurelio Villanueva, miembro de la Plataforma de Trabajadores en Paro de San Blas y Canillejas, en Madrid: “la gente del distrito está reclamando que haya una ayuda especial, las familias no resisten más tiempo”.

En San Blas, la Plataforma está repartiendo paquetes de comida de urgencia en los domicilios de las familias más vulnerables y está presentando sus reivindicaciones ante la Junta Municipal. Junto a una Asociación de Vecinos del barrio, han organizado una campaña para ayudar a las personas vulnerables a hacer la compra, obtener medicinas o hacer otras salidas el exterior. Hay muchos ciudadanos que no están teniendo absolutamente ningún ingreso. La plataforma acepta donaciones para comprar paquetes de comida, pero tienen que entregarse en efectivo, porque carece de cuenta corriente bancaria. También aceptan comida, bienes perecederos, productos de higiene, etc.

Irene Moreno, del Banco Obrero de Madrid, nos informa, por su parte, de que las despensas de esta organización, que tiene varios Bancos Obreros de alimentos en los barrios de Hortaleza, Usera y Tetuán, se están vaciando. Grupos de voluntarios de la organización están repartiendo comida en los domicilios de las familias más vulnerables. Por ejemplo, en casas de personas mayores o que tienen familiares a su cargo.

Cada día llegan pidiendo ayuda más familias en situaciones más extremas. Para tratar de canalizar la solidaridad proletaria, el Banco Obrero ha puesto en marcha una campaña de donaciones on line, mediante la que todos y todas podemos donar dinero desde nuestras casas para alimentos, productos para bebés, geles, champús, productos de higiene femenina y medicamentos. El dinero puede donarse mediante la siguiente página web: https://donorbox.org/donaciones-banco-obrero

Irene Moreno, también, llama nuestra atención sobre lo que puede estar ocurriendo fuera de Madrid, en territorios con poca o nula incidencia de organismos de solidaridad de la clase trabajadora, donde es más difícil mantener el esfuerzo de llevar alimentos a las personas vulnerables, pero hay, sin duda, la misma o mayor extensión brutal de la miseria.

Armonía Díaz, por su parte, nos cuenta como están las cosas en la populosa localidad de Badalona, cerca de Barcelona. Armonía es una veterana de las luchas sociales, no en vano fue detenida hace cerca de un año al intentar parar un desahucio de una familia en situación de vulnerabilidad económica. El procedimiento judicial que le abrieron por desobediencia o atentado a la autoridad aún está sin resolver. En Badalona hay mucha gente, en situación muy precaria, cobrando la Renta Garantida que ha puesto en marcha la Generalitat, tras las campañas de movilizaciones al respecto de los movimientos sociales. Sin ese ingreso no tendrían para comer.

La Plataforma de Afectados por la Crisis de Badalona ha hecho una recogida y reparto de alimentos entre familias del barrio. Ha habido muchas denegaciones injustas de la Renta Garantida a familias que se dedican a la venta ambulante o de chatarra, partiendo de la base de sospechas infundadas. También es de reseñar que los cooperativistas de la localidad tampoco están cobrando la Renda, pese a que la actividad de la mayoría de las cooperativas, como la iniciativa de reparto AmbBici de la que es socia-trabajadora Armonía, se ha hundido drásticamente durante estas semanas, y sus socios están en una situación de enorme precariedad.

Trabajadores y trabajadoras sin empleo, migrantes, subempleados y subempleadas, trabajadores pobres, mayores abandonados. Infraviviendas que impiden realizar cuarentena alguna a familias en la miseria. Niños y niñas alimentados con comida basura, gracias a que sus padres figuran en las “listas de pobres” de la autoridad, que manejan empleados precarios de grandes transnacionales.

Cuando veamos la riqueza y el fasto reaparecer en nuestras calles, con toda su pompa y su obscenidad, al acabar todo esto. Cuando veamos, y admiremos, y envidiemos, el lujo suntuoso y el despilfarro de los ricos y de los famosos, de los capitanes de industria y de los vividores del emprendimiento y la política, debemos recordar. Recordemos su precio, lo que no habrá desaparecido, la cara oculta de esta sociedad que no se borra pese que no se enseñe ni se comente en prime time. La cara de la de miseria de la sociedad del trabajo, la faz brutal de la violencia de la que nadie habla, la huella de la lucha de clases en los huesos y los ánimos de los trabajadores a los que se hurta hasta la posibilidad de vender su fuerza de trabajo por un precio suficiente para reproducirla para el capital. Los pobres y las pobres, que existen para que haya ricos.

Y, mientras tanto, exijamos una Renta Básica de Solidaridad, incondicional y suficiente, para todos los que sufren hoy las consecuencias del saqueo continuado en que consiste el capitalismo ya que, literalmente, les va la vida en ello. Lo que se opone a la enfermedad ahora, como ha sucedido siempre, no es la Alarma, sino la Justicia Social.

                José Luis Carretero Miramar.

APOYO MUTUO Y AUTOORGANIZACIÓN POPULAR EN LA ESPAÑA DEL CORONAVIRUS.

             Por José Luis Carretero Miramar.

                La pandemia de coronavirus se ha extendido brutalmente por España, llegando a colapsar su sistema sanitario público, que sufrió un acelerado proceso de degradación y desmantelamiento desde la puesta en marcha de las políticas neoliberales de austeridad implementadas en la crisis del 2008, y desde el proceso de privatizaciones inaugurado por la Ley 15/97, aprobada por un gobierno del PSOE.

                La Sanidad Pública española, que ha perdido miles de camas y de unidades de cuidados intensivos en la última década, ha realizado también, en ese mismo período, miles de despidos de profesionales, y ha mantenido a su plantilla en una situación de creciente falta de recursos y de masiva temporalidad en el empleo.

                Pero el proceso neoliberal de desmantelamiento de los servicios públicos no se ha centrado únicamente, en las últimas décadas, en el sistema sanitario: los servicios sociales dedicados a discapacitados o personas sin hogar, así como la educación o los mecanismos de rentas mínimas para las familias sin recursos, han sufrido numerosos recortes. El gasto social ha sido fuertemente limitado, mientras subían las cantidades dedicadas al pago de la creciente deuda pública y se rescataba a las entidades financieras.

                Este precario Estado de Bienestar español, que nunca llegó a desarrollarse tanto como en el resto de Europa, ha colapsado, en su conjunto, desde la diseminación del coronavirus y la puesta en marcha de las medidas de confinamiento.

                El parón forzoso en la actividad económica, motivado por el confinamiento, ha provocado más de un millón de  despidos, la implementación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs, por los que los que cerca de tres millones de trabajadores pasan a cobrar una cuantía semejante al 70% de su sueldo anterior), la quiebra de  centenares de miles de pequeños comercios y de trabajadores autónomos, así como la simple y brutal caída en la marginalidad de la totalidad de los trabajadores informales, como las trabajadoras sexuales, los dedicados a la venta ambulante, los que hacían pequeñas “ñapas” (reformas caseras en la economía sumergida) o las personas que ya estaban desempleadas antes de la crisis.

                Literalmente, millones de personas se han visto con sus retribuciones fuertemente limitadas o con muy pocos o ningún ingreso, en un momento en que, además, el sistema público de servicios sociales, de atención a las personas vulnerables o los mecanismos administrativos de puesta en marcha de las ayudas aprobadas por el gobierno, colapsan. Cientos de miles de trabajadores afectados por los ERTEs no saben cuándo empezarán a cobrar la prestación de desempleo (que, como ya dijimos, representa cerca del 70% de su sueldo anterior), porque el Servicio Público de Empleo está colapsado. Los autónomos y pequeños empresarios se enfrentan a la misma situación, ante la tardanza en implementar las ayudas y subsidios, así como los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (una entidad pública) que buscan permitir la supervivencia de muchas pequeñas empresas.

Las personas que ya antes de la crisis se encontraban  en una acusada situación de vulnerabilidad (desempleados, trabajadores informales, personas sin hogar, inmigrantes sin papeles, etc) se enfrentan a un escenario caótico, ya que las ayudas públicas aprobadas sólo están destinadas a quienes, de alguna manera , han perdido algo con la pandemia (un trabajo, una empresa) y los servicios sociales públicos y los bancos de alimentos de la Iglesia o de los movimientos sociales han sido cerrados o funcionan bajo un constate acoso de quienes tienen que hacer cumplir el confinamiento. Además, cientos de miles, sino de millones de personas mayores, viven solas con muy exiguas prestaciones de jubilación en viviendas que no cumplen las mínimas condiciones de habitabilidad. Son personas que tampoco pueden salir a trabajar o a comprar sus alimentos, ya que suelen tener enfermedades crónicas que, ante el colapso del sistema sanitario, han interrumpido su tratamiento.

En este brutal escenario, sin embargo, las muestras de solidaridad, apoyo mutuo y autoorganización de las clases populares no han desaparecido. El movimiento sindical combativo y los movimientos sociales siguen poniendo en marcha todo tipo de iniciativas que buscan afirmar lo común y las posibilidades de construcción de una fuerza popular autónoma que sea capaz de detener esta pesadilla nacida del mal sueño neoliberal de las últimas décadas.

El movimiento sindical de base ha sido decisivo para el cierre de determinadas empresas que no estaban cumpliendo los mínimos exigibles a nivel de Prevención de Riesgos Laborales, así como han hecho cumplir las recomendaciones sanitarias en muchas empresas pese a la resistencia de algunos sectores de la patronal. La planta de Mercedes Benz en Vitoria, tuvo que ser paralizada por la representación de los trabajadores, ya que no se estaba trabajando en condiciones de seguridad. Asimismo, el sindicalismo combativo ha estado detrás de procedimientos que han llevado a la paralización de actividades o a la toma de mayores medidas de prevención de la enfermedad en grandes empresas como Konecta (la mayor multinacional del call center en España) o los metros de Madrid y Barcelona.

Además, el sindicalismo combativo ha implementado numerosas iniciativas encaminadas a mantener a la clase trabajadora informada de sus derechos y capaz de tejer redes de solidaridad efectivas en medio de la gigantesca transformación en curso, en la que es difícil seguir el hilo de la nueva normativa que va saliendo casi cada día, que los trabajadores suelen desconocer. Han abundado la puesta en marcha de teléfonos gratuitos o cuentas de e-mail de asesoramiento en asuntos laborales, de vivienda o de servicios sociales, como los organizados por el Sindicato de Oficis Varis de Barcelona de Solidaritat Obrera, por la Comarcal del Sur de Madrid de CNT, o por la sección sindical de Solidaridad Obrera en el Servicio Público de Empleo (SEPE).

Asimismo, los bancos de alimentos de los movimientos sociales, basados en los principios de la autoorganización y el apoyo mutuo, han seguido funcionando, en ocasiones ante un creciente acoso de las fuerzas de seguridad del Estado. Organizaciones sociales como los Bancos Obreros de toda la geografía española, o colectivos barriales como la Plataforma de Parados de San Blas y Canillejas (en Madrid) o el fondo solidario del centro social La Xisqueta (en Santa Coloma de Gramanet, en la provincia de Barcelona)  han seguido repartiendo paquetes de comida, productos higiénicos o medicamentos en los domicilios de las familias más vulnerables. Estas iniciativas se han encontrado en ocasiones con una represión estatal sin motivo aparente: recientemente un banco de alimentos dedicado a la práctica antirracista, ha sido multado. También han encontrado apoyos claros: el sindicato Solidaridad Obrera abría recientemente una cuenta destinada a comprar alimentos para los trabajadores en paro con los 10 euros que la dirección de Metro de Madrid ha pagado a cada empleado para comprar material sanitario (lo que los trabajadores han denominado “los 10 euros de la vergüenza”, dado que es una cantidad irrisoria con los precios españoles). Asimismo, el Sindicato Popular de Vendedorxs Ambulantes de Barcelona ha puesto en marcha una red de solidaridad y banco de alimentos para este sector, especialmente vulnerable ante la crisis.

Por otro, lado, distintos organismos del movimiento de vivienda preparan una huelga de alquileres para un próximo futuro. Nos lo cuenta Gonzalo Maestro, miembro de la Coordinadora de Vivienda de Madrid: hay una gran cantidad de la población que va a verse obligada al impago de alquileres e hipotecas en breve plazo, y las ayudas públicas consisten en moratorias limitadas o microcréditos, no en condonación de las deudas. El movimiento ha lanzado una campaña por la exoneración de los alquileres y ha recibido en pocos días información de más de 10.000 casos de personas que no van a poder hacer frente a los mismos. Se prepara para arroparlos con una gran huelga de alquileres, de hipotecas y de suministros (agua, luz, gas) a nivel nacional. Se ha organizado un comité de huelga a nivel estatal y se están estructurando nodos municipales y de barrio. Se está construyendo el movimiento para tratar de dar ese salto y poder generar el suficiente colchón social para impulsar la acción.

Todo ello nos muestra un escenario donde el confinamiento, la crisis sanitaria y la creciente limitación de libertades, no han conseguido hacer desaparecer las dinámicas de autoorganización social y apoyo muto de las clases populares. La lucha de clases continúa, pese a todo. El mundo nuevo se apunta hasta en las miradas desde los balcones confinados. El pueblo fuerte, la potencia de la base y del trabajo, se reconoce a sí mismo hasta en la debacle más profunda.

José Luis Carretero Miramar.

LA RESPONSABILIDAD DE ESPAÑA Y EUROPA EN LATINAOMÉRICA.

Por José Luis Carretero Miramar.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en un reciente discurso en la Universidad de Louisville, en el que abordó la situación en Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia, dijo que apoyará a los gobiernos latinoamericanos en su labor represiva contra las protestas sociales, acusando, además, a Cuba y Venezuela de orquestar y dirigir los estallidos populares. Era algo de esperar: que la política exterior de Estados Unidos tiene como objetivo primordial mantener el control sobre lo que la ya centenaria “Doctrina Monroe” calificó como su “patrio trasero” es algo de dominio público, y que tal política no va a detenerse ante cosas tan poéticas como la concepción internacional de los Derechos Humanos, es algo archisabido desde la implementación, en el siglo pasado, de la Operación Cóndor para aniquilar toda resistencia popular al despojo imperialista sobre América Latina.

Lo que no es tan conocido es el papel que están jugando hoy en día, respecto a la emergencia de una nueva oleada autoritaria en América Latina, gobiernos que se consideran paradigmas globales de la democracia al estilo occidental y que, además, presumen de haber tenido históricamente algún tipo de influencia “civilizadora” sobre la “Patria Grande”. Me estoy refiriendo, concretamente, para mi propia desazón, al gobierno de mi país: España.

Los intereses económicos españoles (si es que las grandes transnacionales, con sus consejos de administración controlados por fondos globales de inencontrable origen, tienen nacionalidad alguna realmente) son muchos y variados. Detengámonos en dos países en concreto: Chile y Ecuador.

Más de 300 empresas españolas tienen una presencia destacada en la economía chilena. España, de hecho, es el cuarto mayor inversor en Chile, con un stock de 17.000 millones de euros. Telefónica Chile, por ejemplo, con ocho millones de clientes móviles y un millón de banda ancha es el mayor operador de telecomunicaciones del país andino, con una facturación anual de 986 millones. El Banco de Santander, por su parte, tiene 380 sucursales en Chile, más de 11.000 empleados y obtiene más de 2000 millones de beneficios anuales en el país. Prosegur, por su parte, es una de las principales empresas de seguridad privada de Chile, ofreciendo servicios a más de 1500 empresas. Son sólo ejemplos (grandes ejemplos, por otra parte). Allí también están Telepìzza (con 156 tiendas), Inditex o González Byass, entre otros.

En lo que se refiere a Ecuador, el panorama es parecido. La inversión española en el país alcanza los 18.000 millones de euros. Telefónica y Mapfre tienen una fuerte presencia. Las conexiones aéreas del país con Europa están dominadas por Iberia y Air Europa (que, por otra parte, acaban de fusionarse). Las grandes constructoras de la era del “ladrilllo” en España, como Acciona o ACS, han conseguido suculentos contratos de infraestructuras, como las obras del Metro de Quito.

Hay que tener presentes algunas cosas esenciales, a la hora de valorar los efectos sociales y económicos de la inversión española en Latinoamérica. Aunque en principio puede entenderse como un proceso saludable de diversificación frente a la pasada omnipresencia del imperialismo norteamericano en las economías de la región; lo cierto es que la inversión española está firmemente dominada por los grandes gigantes del Ibex 35, y no por la pequeña o mediana empresa productiva, y que, en gran medida, ha consistido en la captación de yacimientos de plusvalor que han sido privatizados tras la implementación de los distintos procesos de ajuste neoliberales impuestos por el FMI o por la simple fuerza de las armas de las dictaduras pretéritas en Latinoamérica. Es decir: en gran medida ha consistido en hacerse, a precio de saldo, con los activos privatizados por la furia neoliberal de las últimas décadas.

Lo que es evidente es que las grandes empresas del Ibex 35 español, y por extensión el gobierno de España y las instituciones de la Unión Europea (el selecto club al que España pertenece, entre otras razones, porque puede actuar como un productivo “puente” entre Europa y América Latina, como se ha visto en la reciente negociación del Tratado de libre comercio entre el Mercosur y la UE), tienen, o deben tener, algún tipo de responsabilidad sobre el respeto a los Derechos Humanos en la región en este momento de crisis política generalizada.

Las grandes empresas, que muchas veces ponen y quitan gobiernos; los gobernantes europeos, que tanto reclaman democracia y derechos cuando les tocan la chequera; y los burócratas de la Unión, que ahora dicen ser “verdes” sin tener en cuenta los efectos sobre el medio ambiente del saqueo de los pueblos del Sur, son, en cierta manera, responsables de su falta de  actuación encaminada a que América Latina no se hunda en una deriva autoritaria, represiva y criminal, como la que parece apuntarse tras el golpe de Estado en Bolivia o las duras campañas de criminalización de la protesta, con alto coste en vidas humanas y en violaciones de los derechos ciudadanos, implementadas en Chile, Colombia o Ecuador.

Debería ser así. Y, sin embargo, veamos algunos ejemplos de lo que han hecho “humanísimos” y, en ocasiones, “progresistas” gobiernos como el español, en los últimos tiempos:

La fragata militar española “Méndez Núñez” se entrena con la corbeta del ejército ecuatoriano “Esmeraldas”. Lo hace tras recalar previamente en la principal base naval del ejército chileno (Valparaíso). La corbeta misilera ecuatoriana pertenece a una unidad de seis corbetas construidas en Italia por Fincateri y entregadas entre 1982 y 1984 a la Armada ecuatoriana.

La Fuerza Aérea Ecuatoriana firma un contrato con Airbus Helicopters (filial de Airbus, una de las joyas de la corona de la integración europea, el consorcio aeronáutico que está haciendo sombra a nivel a global a la estadounidense Boeing, y el motivo de la reciente subida de aranceles sobre productos europeos por parte de Trump) para la adquisición de seis helicópteros H145, con un innovador sistema de alerta y autocontrol, recuperando la capacidad operativa del Ala de Combate nº 22 del Ejército ecuatoriano.

Entre el 20 y el 21 de junio, la Universidad de las Fuerzas Armadas de Ecuador organiza la I Feria de Desarrollo Tecnológico para la Defensa (FEDETEC), a la que acuden empresas de armamento de diversos países, entre los que se cuentan Israel, Chile, Argentina o, como no, la ubicua y europea Airbus, promocionando su avión de transporte medio C295M y sus helicópteros H125 y H215. Si pensamos que los socialdemócratas paises del Norte de Europa no se dedican a estas cosas, estamos equivocados: en FEDETEC también se pudo encontrar los productos de Kongsberg Maritime, filial del conglomerado noruego Kongsberg Gruppen.

El Ministerio del Interior español, finalmente, da su visto bueno al envío, por parte de la Policía española, de instructores de las unidades antidisturbios, especializados en el control de masas y en vigilancia de zonas sensibles e instalaciones estratégicas, para el adiestramiento de las fuerzas de choque de los carabineros chilenos, que han sido acusados en el último mes de numerosas violaciones de los derechos humanos, entre las que se cuentan centenares de lesiones oculares y decenas de agresiones sexuales.

¿Es este el tipo de “ayuda democrática” que los siempre orgullosos y ahítos de autosuficiencia gobiernos europeos deben prestar a los pueblos latinoamericanos? ¿Esto es “expandir la civilización”, “ampliar la democracia”, “combatir el populismo”, “defender las libertades” o cualquiera de las otras consignas altisonantes que los mandatarios europeos tienen siempre en la boca cuando se trata de justificar lo que muchas veces es injustificable?

Los trabajadores y trabajadoras de Europa, y muy señaladamente, del Estado Español, debemos denunciar claramente este doble rasero de nuestros dirigentes. Los expolios perpetrados por “nuestras” empresas en América Latina y sus funestos efectos sociales. La colaboración de nuestras fuerzas y organismos de seguridad en la implementación de la deriva autoritaria en curso en la región. La brutalidad del imperialismo norteamericano, pero también la responsabilidad de nuestros gobiernos y empresas. La solidaridad con los pueblos empieza por tomar partido contra quienes construyen sus jaulas.

Los movimientos sociales europeos debemos encontrar la manera (superando nuestro inveterado sectarismo, nuestra ceguera civilizacional eurocéntrica, nuestro historial de apuñalamientos mutuos) de cooperar en la labor de desvelar y denunciar esta cruel colaboración de las empresas y los gobiernos europeos con el proceso en curso de impugnación autoritaria y represiva de los avances obtenidos por los movimientos populares latinoamericanos.

Presionando a nuestros gobiernos, a nuestras empresas, a nuestros aventureros militaristas, a nuestros expresidentes en busca de “un buen lugar bajo el sol”. Escuchando, respetando y apoyando a los movimientos latinoamericanos y respaldando a sus activistas en peligro.

Construyendo los puentes desde abajo que permitan los abrazos que los de arriba nos han tenido siempre vetados.