https://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/el-portavoz-del-grupo-marea-verde-sobre-los-profesores-vulnerables-ante-el-coronavirus-nos-encontramos-con-un-autentico-vacio-legislativo_202008315f4cba448346160001d1c0a5.html

Por José Luis Carretero Miramar

La prensa económica nos advierte del avance de los inversores globales en el mercado de la vivienda en alquiler tras el Estado de Alarma declarado para hacer frente a la pandemia de Covid-19. Los grandes fondos de inversión y las aseguradoras han invertido más de 1000 millones de euros en inmuebles destinados al arrendamiento de vivienda en los últimos meses.

Un buen ejemplo de esta tendencia es la alianza entre la gestora de fondos francesa Primonial y Grupo Lar, una inmobiliaria, para dedicar 400 millones de euros a construir y gestionar 5.000 viviendas bajo la fórmula build to rent (construir para alquilar). Asimismo, el fondo global Aberdeen Standard Investments ha comprado un proyecto de 160 viviendas a Azora en la zona de Mahou-Calderón de Madrid, por 90 millones de euros.

El interés de los inversores globales por el mercado del alquiler en España viene de largo. Ya en 2019 se gastaron 1650 millones en ampliar sus posiciones en este negocio, de los cuales 974 fueron destinados a hacerse con bloques de pisos ya construidos. Aunque cerca del 95 % del mercado del alquiler español sigue estando en manos de particulares, la parte bajo control de los fondos de inversión ha aumentado sin cesar en los últimos años, destacando las posiciones de gigantes globales como Blackstone, el mayor arrendador de viviendas del país, que representan más de 50.000 pisos, por valor de más de 20.000 millones de euros, repartidas en distintas sociedades instrumentales como Testa, Aliseda, Anticipa y Fidere.

Pero este acusado apetito inversor no ha redundado en un más amplio cumplimiento del derecho a la vivienda reconocido en la Constitución española. En el país de la OCDE en el que se espera la mayor tasa de desempleo para 2020 y 2021, asoma de nuevo el fantasma de los desahucios. Las ayudas públicas implementadas tras la emergencia de la pandemia (ERTEs, subsidios, cicateras moratorias de hipotecas y de alquileres, etc.) han conseguido, de momento, evitar que un nuevo tsunami de ejecuciones hipotecarias y lanzamientos de viviendas, como el de la pasada crisis del año 2008, sacuda a los barrios de las clases populares. Pero, en el marco de un régimen jurídico pensado expresamente para favorecer los intereses de los grandes propietarios y la emergencia de recurrentes burbujas especulativas, diversos analistas prevén un aumento del 25 % en los desahucios en el tercer trimestre de este año. Y eso, aún teniendo en cuenta que, muy posiblemente, los ERTEs se mantendrán vigentes para cientos de miles de trabajadores al menos hasta el inicio del año que viene.

En este escenario difícil y cambiante, las políticas públicas de vivienda de las últimas décadas han constituido un sonoro escándalo. Baste un ejemplo: en diciembre del año pasado, el Tribunal Supremo inadmite el recurso de Casación interpuesto por la Comunidad de Madrid contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad que anuló, a petición de uno de los arrendatarios, la resolución del Instituto público de la vivienda de Madrid (IVIMA) de 29 de agosto de 2013, por la que el gobierno de Ignacio González vendió 2935 pisos de protección oficial al fondo de inversión Azora, participado mayoritariamente por el gigante global Goldman Sachs, quien, a su vez, las traspasó a su vehículo de gestión inmobiliaria EnCasa Cibeles.

Como afirma el Tribunal Supremo en el auto de 29 de noviembre de 2019, que inadmite el recurso de Casación de la Comunidad de Madrid:

“En lo concerniente al fondo de la cuestión, y en obligada síntesis, la Sala entiende que la Administración no ha motivado adecuadamente (ni suficientemente) –con arreglo a lo exigido en el artículo 49 de la norma autonómica sobre patrimonio y en los artículos 131 y 138 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas- la concurrencia del carácter no necesario, para el cumplimiento de los fines del IVIMA, de los bienes finalmente enajenados. Sobre este particular considera que, si bien la decisión de enajenar las viviendas se adoptó tras un análisis de las posibles alternativas que existían para la consecución de los fines perseguidos (encontrándose factores negativos y positivos), la decisión, tras dicho análisis, de por qué no se conservarían dentro del patrimonio del IVIMA esas concretas viviendas, y en tal alto número, no se efectuó.

Esto es, sigue razonándose en la sentencia, la decisión de enajenar corresponde a la Administración y constituye una decisión política (…); pero además debe justificarse por qué las viviendas enajenadas no son necesarias. Y desde esta perspectiva añade que una cosa es la existencia de una motivación escueta y, otra distinta, que la misma sea inexistente en relación con lo que ha de justificarse.”

Contra este auto, la Comunidad de Madrid interpuso recurso que fue denegado por Providencia de la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2020. Pero, sorprendentemente, la situación de hecho de los arrendatarios de las viviendas del IVIMA vendidas ilegalmente a Goldman Sachs no ha cambiado. Y algunos de ellos deben encarar ahora la posibilidad de ser desahuciados por EnCasa Cibeles.

Ya en el año 2017, en una entrevista con el autor de este artículo, varias arrendatarias de uno de los bloques de viviendas de protección oficial vendidos por el IVIMA a Goldman Sachs, sito en el Ensanche de Vallecas, narraban cómo había cambiado su situación tras la venta:

“Las ayudas al alquiler. Ellos dicen que no son una ONG y que no conceden ayudas al alquiler. El IVIMA se lava las manos porque la casa ya no es suya y le pides otro piso y te dicen que hasta dentro de veinte años no puedes. Estamos a la espera de que nos echen (…)

A veces dicen que te van a echar, que se te ha acabado el contrato, te asustan y no te dan información (…) Para seguir metiendo gente, sacan a los antiguos, de quienes se quieren deshacer.”

Esta misma semana, Monserrat González, inquilina de uno de los pisos y representante de la Plataforma organizada por los arrendatarios, nos confirma que la situación no ha cambiado, pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y las resoluciones del Tribunal Supremo:

“EnCasa Cibeles sigue mandando órdenes de desahucio. No se cumple la Sentencia ni el auto del Supremo. La Comunidad de Madrid ni siquiera ha dicho si ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, y tampoco ha cumplido la sentencia. Estamos en una situación de indefensión total. Ya no me fío de la Administración de Justicia. Están desahuciando gente ahora mismo. Es como una película de Berlanga, pero sin gracia. Un drama y una injusticia.”

Realia, controlada por el magnate mexicano Carlos Slim. AQ Acentor, promotora dirigida por el fondo de inversión alemán Aquila Capital. Y los ubicuos Blackstone, Cerberus, Lone Star, Goldman Sachs… Estos, y algunos más, son los fondos que se están haciendo con el control del mercado de la vivienda en nuestro país. Y, aun más, lo están llevando a cabo comprando, a precio de ganga, promociones públicas, como los pisos del IVIMA de que hemos hablado o los pisos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid que fueron entregados por esas mismas fechas a Blackstone. Y, también, como las enormes promociones vendidas por la Sareb a los fondos a muy buen precio, porque los contribuyentes (es decir, los trabajadores) pagan la diferencia en la forma de deuda pública y recortes en los servicios del Estado de Bienestar, como la Sanidad o la Educación.

La defensa del derecho constitucional a la vivienda impone hacer frente a los buitres que se quieren hacer con ella para exprimir y extorsionar al máximo a los ciudadanos. Defender el derecho a la vivienda impone luchar contra los desahucios, y también defender el derecho a la palabra de quienes, como Montserrat González y sus vecinos y vecinas, sufren las consecuencias de la brutal agresividad de un mercado de grandes tiburones a los que nadie intenta controlar.

Por José Luis Carretero Miramar. Secretario general de Solidaridad Obrera. Revista Crisis de Ecuador

“Para dejar de ser esclavo hay que trabajar”. Estas palabras, pronunciadas por el anarquista Lucio Urtubia en una entrevista en Radio Klara, fueron las que elegí colocar al inicio del prólogo de mi segundo libro, “El bienestar malherido. Seguridad Social, desempleo y flexiguridad en el siglo XXI”, publicado en el año 2008.

Eran los tiempos del inicio de la crisis global más importante desde 1929. “El bienestar malherido”, un libro breve en formato de bolsillo con una portada del compañero Oscar O., que imitaba, trascendiéndolas, las ilustraciones de sendos discos de Dead Kennedys y The Crass, pretendía hacer una aproximación didáctica y manejable a las nuevas (entonces) tendencias gerenciales a favor de la flexibilidad laboral y la reforma de las pensiones. El corazón de lo que luego conoceríamos como “austeridad neoliberal” estaba ahí.

Y también, como ya he dicho, estaba Lucio Urtubia.

A Lucio lo conocí gracias al libro que me pasó José López, más conocido en los ambientes ácratas madrileños como “el López”, entonces un agitado joven insurreccionado, cliente de mi despacho y, por cierto, objetivo de alguna acusación penal de la que yo llegué a defenderle como abogado, de la que fue finalmente absuelto porque era inocente.

Era un libro sobre un gigante. Un gigante ácrata. Y, aún más importante, un gigante vivo. Quienes no sepan quien fue Lucio Urtubia, hasta su recientísimo fallecimiento, y sólo lo conozcan por las escasas referencias que de él quedan en los medios de comunicación masivos, no pueden valorar en su justa medida la dimensión del personaje. Digámoslo claramente: la dimensión de un revolucionario.

Porque Lucio Urtubia fue ante todo un revolucionario. Un revolucionario anarquista que se dedicó a la actividad clandestina contra la dictadura franquista, que compartió luchas con militantes legendarios como Quico Sabaté, y que se especializó en falsificar documentos que salvaron las vidas de miles de militantes clandestinos de toda Europa, pertenecieran o no a su corriente política.

Es en medio de ese actuar de décadas en la clandestinidad y de ese aprendizaje de la resistencia y de la lucha por la libertad, que Lucio hizo aquello que más fama le ha dado ante la opinión publicada, ante los medios masivos. Lucio falsificó una enorme suma en cheques de viaje del City Bank, que fueron usados por las redes clandestinas de los revolucionarios europeos para financiarse. Y, cuando la gran transnacional se enteró y trató de agarrarle y meterle en la cárcel, consiguió dar la vuelta a la situación y salir relativamente indemne. Como un Robin Hood rojinegro, navarro y afable, Lucio robó a los más ricos para defender los derechos y las libertades de quienes buscaban en la lucha una forma de superar un sistema ya periclitado, pero aun brutalmente sanguinario.

También organizó fugas, como la del dramaturgo Albert Boadella, encerrado entonces por los cancerberos del dictador Francisco Franco. Esos que no fueron juzgados después, ni por los tribunales ni por los académicos grises de la España sin memoria, que aún se pregunta si sería lícito hablar de lo que sucedió en los campos y las cunetas de la muerte de los años cuarenta y siguientes.

Lucio dijo más de una vez que, ante todo, era albañil. No debemos tomar esta declaración como algo secundario, frívolo, poco importante. Lucio era revolucionario, también, porque era albañil. Porque todos los días acudía a su trabajo y porque no pretendía vivir de aparentar la revolución desde los mullidos sillones de la mascarada que llaman política. Lucio intentó “tomar los cielos por asalto” sin dejar de levantar las paredes de las casas proletarias con su sudor y su energía prometeica. No estamos hablando de un prometedor aspirante a pertenecer a la “La Casta” que habla contra ella, de un pulido constructor de arabescos discursos nebulosos, sino de un trabajador que, en su tiempo de vida hurtado al patrón tras ganarse la vida con su trabajo, expresa su voluntad de liberación desde una práctica más allá de las normas falsarias de lo cotidiano.

Para dejar de ser esclavo hay que trabajar. Porque los que no trabajan acaban siendo esclavos de quienes les alimentan e infectos espías de aquellos a los que tienen que traicionar para ser alimentados. Hay quienes asumen su condición de proletarios, con o sin trabajo. Saben que no tienen la propiedad de los medios de producción y que, por lo tanto, tienen que vender su fuerza y su energía al patrón unas horas al día, para poder combatirlo y expresarse libremente el resto de su vida. También hay quienes, huyendo del trabajo, acaban vendiéndole al patrón cosas mucho más importantes, como la dignidad o la amistad, y entregan lo más profundo de su personalidad tratando de convertirse en una marca que no necesite “trabajar”.

“El bienestar malherido” se iniciaba, también, con otra cita de José Ingenieros:

“Vivir es aprender, para ignorar menos; es amar, para vincularnos a una parte mayor de la humanidad; es admirar, para compartir las excelencias de la naturaleza y de los hombres; es un esfuerzo por mejorarse; un incesante afán de elevación hacia ideales definidos.”

A la luz de este texto, no hay duda de que Lucio vivió, desde el sudor de la obra hasta el fragor de la lucha clandestina. Vivió con dignidad, lucidez y la libertad posible para un revolucionario en la sociedad de la ignominia.

Tampoco hay duda de que admirar a Lucio es también vivir. Vivir con la plenitud de la revuelta y el sabor vibrante la camaradería.

Salud, Lucio. Albañil de la nueva Arcadia. Un día levantaremos finalmente los muros que no has podido terminar

En la revista Crisis:
https://www.revistacrisis.com/debate-memoria/lucio-urtubia-revolucionario

Por José Luis Carretero Miramar Secretario General de Solidaridad Obrera

En una sentencia del miércoles 15 de julio, el Tribunal General de la Unión Europea acaba de dictaminar que la decisión de la Comisión Europea de obligar a Apple a devolver 13.000 millones de euros a Irlanda, en concepto de impuestos no pagados, no es conforme con el derecho comunitario.

La sentencia del Tribunal va a obligar a las instituciones europeas a pagar 14.200 millones de euros a la multinacional norteamericana (los 13.000 que tuvo que adelantar Apple, más 2.000 de intereses). La decisión judicial aún puede ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión, en un plazo de dos meses, y se fundamenta en que, según el Tribunal General, la Comisión no ha probado en el procedimiento que los pactos fiscales suscritos entre la República de Irlanda y Apple otorgaban a la empresa de Tim Cook una ventaja competitiva en los mercados comunitarios que constituyera, por tanto, una ayuda estatal prohibida por la legislación europea.

Lo cierto es que sí ha quedado probado que Apple llegó a dos acuerdos con Dublín en 1991 y 2007, que le permitieron implementar a una sustancial rebaja en los impuestos pagados por las dos filiales de la tecnológica norteamericana radicadas en Irlanda, con las que opera en el conjunto de la Unión Europea, Apple Sales International (ASI) y Apple Operations Europe (AOE). La empresa sólo tributó el 1% en 2003, y fue pagando cada vez menos hasta llegar a abonar solamente el 0,005% en 2004.

La propia vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager puso como ejemplo de las ambiguas prácticas fiscales amparadas por los acuerdos con Irlanda, que las filiales de Apple en la isla sólo declararon una base imponible en el año 2011 de 50 millones de euros cuando sus beneficios habían alcanzado los 16.000 millones. No es la primera derrota de la Comisión en su recién inaugurada estrategia de intentar limitar la flexibilidad fiscal de determinados estados europeos, como Irlanda, los Países Bajos, Luxemburgo, Malta o Chipre, que, en la práctica, están dinamitando las posibilidades de cobrar lo suficiente vía impuestos de la mayoría de los países de la Unión.

Irlanda, por ejemplo, con un tipo del impuesto de Sociedades del 12,5%, y con una creciente tendencia a llegar acuerdos fiscales específicos aún más favorables para las grandes multinacionales norteamericanas, está implementando conscientemente una auténtica dinámica de dumping fiscal, para favorecer que las grandes compañías extracomunitarias se radiquen en su territorio. Esto genera un brutal incentivo para la bajada generalizada de los impuestos sobre los beneficios de las grandes compañías en toda la Unión Europea y dificulta a las instituciones comunitarias obtener los recursos necesarios para hacer frente al gasto imprescindible para encarar la pandemia de Covid-19.

La sentencia del Tribunal General de la UE llega en plena crisis de la economía europea, que amenaza con sufrir un brutal desplome este año por la pandemia, y justo antes del final del verano, tras el que se espera que muchos países empiecen a desmantelar las precarias redes públicas de seguridad construidas para proteger temporalmente a los millones de trabajadores que han visto suspendido su empleo, o que se ven al borde del despido.

Bajo el mandato de Vestager, la Comisión ha conseguido alguna victoria en sus esfuerzos judiciales para desmantelar estos pactos tributarios que amenazan con imposibilitar una Unión Fiscal coherente en Europa. La automovilística Fiat, radicada en Luxemburgo, tuvo que devolver 50 millones de euros. Pero Vestager también ha sufrido sonadas derrotas: la justicia europea rechazó que la norteamericana Starbucks, radicada en Holanda (genuino representante autoelegido de los países “frugales”, partidarios de mayor austeridad en los países del Sur de Europa, y reiterado ejecutor de medidas de dumping normativo frente al conjunto de la Unión) reembolsara 20 millones al fisco. Asimismo, los tribunales también dejaron sin efecto otra resolución de Bruselas que afectaba a 39 empresas belgas.

Mientras el Consejo Europeo se reúne para determinar la cuantía y las condiciones asociadas al fondo de reconstrucción acordado para hacer frente a la brutal devastación económica generada por los confinamientos, la propia existencia de una Unión Europea viable y articulada económicamente se juega en las salas de vista de los tribunales comunitarios. Mientras los países del Norte tratan de atar fuertes condicionalidades a toda ayuda comunitaria a los países del Sur, limitando las transferencias sin contraprestación, fomentando las ayudas en forma de créditos y forzando a que la condicionalidad sea vigilada por la totalidad de los gobiernos y no por los tecnócratas de la Comisión; esos mismos gobiernos “frugales” compiten abiertamente con los del Sur por convertirse en el domicilio fiscal de las grandes transnacionales, aún a costa de provocar el desplome de los ingresos necesarios para los presupuestos públicos de los Estados ambiguamente “unidos” en la alianza comunitaria.

En definitiva, una Unión en la que hay “frugales” paraísos fiscales y “PIGS” desindustrializados y sometidos a una política monetaria diseñada para favorecer la dinámica exportadora alemana, difícilmente puede ser tal. La Unión Europea se juega su existencia en su respuesta colectiva ante la crisis desatada por la pandemia de Covid-19. Eso lo repite todo el mundo. Pero hay que tener en cuenta que dicha respuesta no sólo se hace expresa en los acuerdos relativos a los fondos de reconstrucción que se están negociando, sino que también tiene que ver con las políticas implementadas para construir una Unión Fiscal coherente, un seguro de desempleo comunitario o una armonización de la actividad industrial y tecnológica en todo el amplio territorio comunitario.

Ahora mismo, Europa es incapaz de cobrar impuestos a los grandes conglomerados tecnológicos globales (la famosa “Tasa Google”), por la presión norteamericana. Además, sus países miembros amenazan con lanzarse a una desigual carrera por desarmar sus sistemas fiscales para captar la domiciliación de las multinacionales. No tiene una política industrial coherente que permita generar “campeones” comunitarios en las nuevas tecnologías y articular los territorios diseminando la actividad económica de manera sostenible y armonizada, tanto en el Norte como en el Sur. Tampoco parece capaz de idear mecanismos de salvamento de las empresas estratégicas que no generen nuevas desigualdades internas, ya que la nueva normativa de “nacionalización” de empresas en crisis no limita lo que cada Estado puede dedicar a sus “campeones nacionales”, favoreciendo a los conglomerados de los grandes estados del Norte, que, en un mercado común, recibirán mayores ayudas públicas.

Ante esta brutal contradicción entre necesidades financieras crecientes y recursos, menguantes, la Comisión Europea trata de reaccionar. El jueves 16 de julio presenta un paquete de 25 medidas para la lucha contra la evasión fiscal, que cuantifica en 150.000 millones de euros. En ese texto, amaga un golpe que podría tener algún efecto: dice “estudiar” la posibilidad de activar el artículo 116 del Tratado de la Unión que permitiría aprobar una regulación fiscal mínima y única para todos los Estados miembros, para hacer frente a estructuras societarias que puedan afectar a la competencia en el mercado europeo. Lo importante de la vía del artículo 116 es que dicha regulación podría aprobarse sin necesidad de la unanimidad de los países miembros, así que Irlanda u Holanda, por ejemplo, no podrían, en principio, vetarla.

Europa se la juega en la próxima década. O se transforma en un Estado-Continente viable y articulado y resuelve sus contradicciones geográficas y sociales para hacer frente a las grandes potencias del siglo XXI (China, Estados Unidos, Rusia, India…); o se hundirá en el sumidero de la Historia en una descomposición creciente. La fragmentación de Europa es una posibilidad que las grandes potencias de otros continentes buscan. Pero Europa sólo puede evitarla ella misma, construyendo un espacio federal e integrado, armonizando las economías y las condiciones de vida en todos sus rincones y países, edificando una Europa del trabajo, las libertades y los derechos.

Obviamente, esa Europa del trabajo es lo contrario de la Europa débil, desarticulada e ingenuamente abierta a todos los capitales especulativos mundiales. Europa nunca podrá llegar a ser si su construcción se fía a los manuales del neoliberalismo o a las componendas socioliberales, disfrazadas de keynesianismo vergonzante. Los Tratados que constituyeron la Europa de los mercaderes, al hacerla sólo campo de juego de los flujos financieros globales y no sociedad y economía articulada, condenan a Europa a no llegar a ser.

Europa tiene que inventar un nuevo camino, o implosionar hacia la nada.

No hace falta compartir las ideas de Paca ni estar de acuerdo con ella en todo, para entender que todo lo hizo por su clase, por su tierra, por su pueblo, por el imperio del Derecho.

Por José Luis Carretero Miramar

Supongo que hablar, en estos días de tempestades sociales, pandemias, hipervigilancia y confinamientos, de Francisca “Paca” Villalba es un asunto peliagudo. Hay mucha gente que, con el tiempo, siente aversión por su propio pasado y, sobre todo, por las gentes que lo poblaron. Hay personas que ahora son importantes y reconocidas (o quizás mejor, reconocibles) y en otros tiempos fueron vagabundos intempestivos, jóvenes airados o sulfurosos adalides del acto de tomarse quizás demasiado en serio eso de arriesgarlo todo, aún teniendo pocas o ningunas posibilidades de vencer. Justo ese tipo de personas eran las que defendía Paca.

No puedo recordar el momento exacto en que conocí a Paca, pero apostaría a que fue en alguna reunión de la Comisión de Penal de la Asociación Libre de Abogados de Madrid, a mediados de los años noventa. Unos conciliábulos bastante públicos, que se celebraban todas las semanas en una de las salas de togas del edificio de los juzgados de Plaza de Castilla. Allí ejercían de arregladores del mundo jurídico, y de defensores de las garantías ciudadanas, muchos de los letrados y juristas más progresistas y, en muchos casos, levantiscos, de la capital. Se podía hablar, y también, dada mi inexperiencia de recién colegiado, pedir consejo, a gentes como Juan Manuel Ruiz Fernández, Endika Zulueta (que en esos momentos defendía a los activistas de gran parte de los centros sociales autogestionados de la ciudad), Amalia Alejandre, Nines Álvarez, José Luis Galán, o el incombustible Jorge del Cura, trabajador de uno de los tribunales del edificio y animador principal de la Asociación Contra la Tortura.

Y allí estaba Paca. Entre letrados socialistas, comunistas, radicales, tibiamente ecologistas o, simplemente, respetuosos con el espíritu garantista de la Ciencia Penal defendido por los mejores juristas desde los tiempos de Cesare Beccaria.

Paca era un torbellino. Activa, incansable, solidaria. Paca era respetada por sus amplios conocimientos jurídicos y por su honestidad, así como por su diáfana tendencia a la bondad interpersonal, a ejercer la amistad y el cuidado de los que nos iniciábamos en la profesión como una especie de deber cívico hecho de ternura y de buen hacer. Paca era, también, legendaria y peligrosa, en el sentido de que, pintada con tenebrosos rasgos sulfurosos por sus críticos, su dinamismo arrollador nos empujaba a todos a estar dos pasos más allá de lo que hubiéramos estado de no haberla conocido. Siempre llegaba con papeles, manifiestos y peticiones para firmar, en defensa de causas no sólo perdidas sino incluso discutibles, que hasta los más moderados leguleyos de la izquierda caviar acababan signando por pura amistad.

Hija de albañil, Francisca Villalba Merino, Paca, fue siempre una defensora acérrima del movimiento obrero mas rupturista e insurgente. También fue una china en el zapato de la gestión corporativista, opaca y conservadora del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Poco después de colegiarse fundó el Grupo de Abogados Jóvenes y se convirtió en una de las principales animadoras de la Asociación Libre de Abogados. Una celebérrima huelga de hambre en las instalaciones del Colegio la hizo famosa entre los letrados más jóvenes.

Paca ejerció de letrada pro bono de los presos comunes que denunciaron las torturas sufridas en la cárcel de Herrera de La Mancha, en uno de los episodios más polémicos de la Transición. Se convirtió, también, en una habitual en los procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional contra los militantes del GRAPO y del PCE (r), actuando de negociadora en la huelga de hambre implementada por los presos de dichas organizaciones contra el aislamiento penitenciario. Todo ello le llevó a convertirse en uno de los pilares fundamentales de la Asociación Contra la Tortura (ACT) y a ser una de las impulsoras de la acusación popular contra el terrorismo de Estado de los GAL. Creó, también, la Coordinadora de Abogados Laboralistas, y dirigió su revista “Gaceta Obrera”, como especialista comprometida con el Derecho del Trabajo.

Paca, ya lo he dicho, era amistosa y solidaria. Por eso defendió, un día que yo estaba enfermo, a una de mis clientas, acusada de un extemporáneo cargo de “propaganda ilegal” por portar varios fanzines punks, probablemente dedicados al veganismo y la visión más individualista del anarquismo. Por supuesto, no me dejó pagarle su parte de la minuta. Por eso, también, más allá del sectarismo político habitual en la izquierda extramuros, se puso más de una vez la toga para defender a cenetistas, militantes de la autonomía juvenil, antimilitaristas y todo tipo de elementos estrafalarios de los movimientos sociales del Madrid de los noventa.

Por eso, también, la acompañé, junto a otros letrados jóvenes y muy conocidos, un día bajo los puentes de la zona más castigada del Manzanares, en busca de testigos que desmintiesen que su cliente del turno de oficio, un “sin techo” que dormía al calor del ronroneo del río, había asesinado a otro indigente. Lo conseguimos: tras mucho vagar por la rivera devastada y preguntar insistentemente a sus pobladores, aún más devastados por la droga, el abandono o la miseria; encontramos a quien había visto lo necesario para la absolución. Esa era Paca entrando acción: el bienestar de sus clientes y la defensa de las garantías democráticas básicas para que el sistema penal no se lo trague todo, eran los centros magnéticos de su vida.

Paca falleció el 20 de julio de 2002, a sus 53 años, por la mala obra de un cáncer que no se pudo curar. El mismísimo Baltasar Garzón, que entonces era el juez estrella del planeta Tierra, me abordó aquellos días para interesarse por su salud, en las cercanías de la Audiencia Nacional. Paca era demasiado joven, demasiado fuerte, demasiado vital para derrumbarse. Demasiado querida para no ser llorada. Su entierro congregó a cientos de personas entre las que se contaron abogados de todas las tendencias políticas, algún juez, activistas, militantes, perseguidos, jóvenes nómadas y, sobre todo, obreros y obreras.

No hace falta compartir las ideas de Paca ni estar de acuerdo con ella en todo, para entender que todo lo hizo por su clase, por su tierra, por su pueblo, por el imperio del Derecho. Pero del Derecho entendido como una herramienta de defensa de la justicia y del amparo de los débiles, los olvidados, los oprimidos, los explotados. Equivocada o no, Paca vivió su vida con la intensidad de una apuesta completa, de una dádiva absoluta.

Una buena abogada penalista siempre defiende al hombre más malo del mundo. Y lo hace porque todos y todas necesitaremos la mejor defensa jurídicamente posible cuando la injusticia, el abuso de poder o el error pronuncien nuestro nombre.

José Luis Carretero Miramar

Por José Luis Carretero Miramar – 24/06/2020

El presidente norteamericano, Donald Trump, ha dado la orden de que su país se retire de las negociaciones iniciadas en la OCDE para la aprobación de una tasa internacional a las multinacionales.  Estas negociaciones eran la alternativa que el propio presidente estadounidense había ofrecido a la aprobación, por parte de la Unión Europea, de una tasa continental a las grandes tecnológicas, la llamada “Tasa Google”. Pocos días antes, la Oficina de Comercio de Estados Unidos ha decidido abrir una investigación contra los países europeos (entre ellos, España) que tienen previsto poner en marcha su impuesto propio sobre las grandes tecnológicas en los próximos meses.

Suenan tambores que anuncian una nueva guerra comercial en la Administración norteamericana. Pero en esta ocasión las hostilidades pueden no dirigirse contra China, con la que se han destensado las relaciones en los últimos meses, a la espera de ver si se cumple el acuerdo bilateral que puso fin, de manera momentánea, al enfrentamiento entre las dos grandes potencias de nuestro tiempo. La nueva guerra comercial iniciada por la Administración Trump puede ser una guerra contra la Unión Europea.

Donald Trump está en una situación política delicada. Se enfrenta a unas nuevas elecciones presidenciales el 3 de noviembre, en las que no parece todavía claro quien va a ser el ganador. Trump puede estar ganando la batalla de la financiación de la campaña. Ha obtenido ya 325 millones de dólares para su campaña electoral, mientras su oponente, el demócrata Joe Biden acumula sólo 260 millones. Cuenta con el apoyo de una parte importante de la élite: desde el millonario de los casinos Sheldon Adelson , al presidente del fondo de inversión Blackstone, Stephen Schwarzman , pasando por el fundador de Oracle, Larry Ellison y el magnate del petróleo Harold Hamm. Pero Biden no es tampoco un candidato marginal: le apoyan públicamente casi 100 milmillonarios, desde el consejero delegado de Netflix, Reed Hastings, hasta el fundador de Linkedin, Reid Hoffman.

Trump tiene dos problemas fundamentales para ganar. Por un lado, la situación económica norteamericana, sacudida por la pandemia de Covid-19. Pese al colapso derivado de los confinamientos, que provocó un alza del desempleo como no se había visto desde 1948, lo cierto es que los últimos datos económicos, así como el comportamiento de la Bolsa de Wall Street, junto a las medidas tomadas por la Reserva Federal, dan munición para que el presidente mantenga la esperanza en una rápida y fuerte recuperación. Está por ver qué ocurre si esta se frustra por una segunda oleada de la pandemia, justo al inicio del otoño, muy cerca de la campaña electoral.

Por otro lado, Trump se enfrenta a una situación de conflicto social creciente. Las movilizaciones que se han sucedido tras el asesinato del ciudadano negro George Floyd aún no se han apagado. Y Trump ha seguido alimentándolas con declaraciones incendiarias que buscan polarizar a sus bases más reaccionarias. Los enfrentamientos callejeros han sido los más graves desde los años sesenta. Trump parece ver en ellos la oportunidad de una nueva vuelta de tuerca en la estrategia autoritaria, punitivista y securitaria iniciada con la aprobación de la Patriot Act tras los atentados del 11-S. Pero el colchón social de los movimientos en la calle es muy amplio y su criminalización se muestra problemática. La radicalización del conflicto puede movilizar a una parte de las bases republicanas tras las consignas de “Ley y Orden”, pero también puede enajenar el apoyo a Trump de los sectores más moderados de la derecha, hartos de tanta agitación.

La Unión Europea, por su parte, se enfrenta a una grave crisis, que sólo se puede solucionar con una deriva constituyente decidida. Las tensiones internas de la Unión están llegando a un punto peligroso, tras el golpe sufrido por la salida de Reino Unido de los Tratados. La pandemia de Covid-19 ha empujado a Europa a una situación extrema: o decide implementar una política federalista de construcción de las instituciones comunes (la Unión Bancaria, el presupuesto único, la unidad fiscal, la defensa unida, etc.) que la pueden convertir en un Estado-Continente viable en medio de un mundo cada vez más multipolar; o las contradicciones (Norte-Sur, Este-Oeste…) se irán acumulando hasta producir una previsible implosión de la Eurozona, que podría llegar a ser caótica.

El fuerte impacto de las políticas de austeridad puestas en marcha para detener la crisis del 2008 en la Unión Europea ha desequilibrado las cuentas públicas de algunos de sus Estados más importantes. Europa nació neoliberal, según los propios tratados constitutivos, pero el peso de deudas públicas cada vez más insostenibles (como la italiana o la española), junto a la degradación de los modelos productivos de los países del Sur por la desindustrialización de las últimas décadas, lleva a los gobiernos a intentar encontrar nuevas vías de financiación.

Así que los fiscalistas que asesoran a los gobernantes europeos han decidido ensayar nuevas alternativas para aumentar los presupuestos públicos, sin dañar en demasía la actividad económica en el continente. Una de las posibilidades es, precisamente, actuar sobre los mecanismos de ingeniería fiscal que permiten a las grandes multinacionales globales operar en suelo europeo sin pagar apenas impuestos.

Las grandes tecnológicas globales son, pues, un candidato ideal para convertirse en objetivo de un nuevo impuesto. La llamada “Tasa Google” mata varios pájaros de un tiro: permite aumentar los ingresos públicos evitando los ingeniosos mecanismos que las grandes transnacionales usan para evitar contribuir en los países en los que operan (la domiciliación en determinados países, provocando fenómenos de “dumping fiscal”; el recurso a los “paraísos fiscales”; el arbitraje con las divisas…). Y, al mismo tiempo, podría funcionar como un mecanismo proteccionista que ayudase a la emergencia de empresas tecnológicas europeas, en un momento en que la Unión está perdiendo claramente la pugna por los mercados tecnológicos globales y por la innovación productiva del futuro.

Pero las grandes tecnológicas son fundamentalmente norteamericanas. Y Estados Unidos ha dejado ya claro que no está dispuesto a que sus grandes transnacionales paguen impuestos en Europa. Al conocer el proyecto francés de “Tasa Google”, Trump implantó hace algunos meses fuertes aranceles contra los productos galos. Poco después, ofreció una especie de alternativa: la firma de un acuerdo internacional, en el seno de la OCDE, para gravar con un impuesto global a las multinacionales de cualquier sector, no sólo las tecnológicas. Esas negociaciones son, precisamente, las que Trump, acuciado por la necesidad de dar golpes de efecto ante su próxima campaña electoral, ha hecho naufragar ahora.

La ministra española de Hacienda, María Jesús Montero, respondió a la carta del secretario del Tesoro norteamericano, en la que le anunciaba el abandono de las negociaciones en la OCDE, con las siguientes palabras: “La Unión Europea en su conjunto no va a aceptar ningún tipo de amenaza”.

El gobierno español tiene razones para estar preocupado. España ha aprobado ya una tasa a las tecnológicas que realicen actividades de intermediación y compraventa de datos o publicidad on-line, con una facturación global de más de 750 millones de euros, de los que más de 3 millones han de haberse obtenido en territorio nacional. El cobro del impuesto, sin embargo, ha sido suspendido hasta diciembre, con la esperanza de que en ese tiempo se puedan cerrar las negociaciones ahora rotas en la OCDE sobre una tasa internacional a todas las multinacionales. Alemania, sin embargo, con múltiples y fuertes lazos comerciales con los norteamericanos y con continuos superávits en sus finanzas públicas, se muestra acomodaticia, intentando rescatar las conversaciones que eviten una “Tasa Google” europea.

La tensión sube. Trump puede estar tentado de abrir una nueva guerra comercial. No en vano muchos de sus movimientos de los últimos años, han ido encaminados, aún indirectamente, a debilitar a la Unión Europea, como los encaminados a la desestabilización continua e interminable del Magreb y de Oriente Medio, el intento de veto del oleoducto Nord Stream II, que llevará el gas ruso a Alemania, o el continuo intento de enfrentar a Europa con su vecino euroasiático.

Trump ha decidido usar las guerras comerciales donde sus antecesores recurrían, muchas veces, a los cañones y a los bombarderos. Pero también ha decidido iniciar dichas guerras contra sus más directos competidores, sin ninguna contemplación, sin respetar las viejas alianzas ni las reglas de los viejos consensos internacionales. En las guerras siempre sufren los pobres. No nos engañemos. En las guerras comerciales también.

Europa tiene, pues, una razón más para decidir si desea ser una alternativa económica y política global, o una amalgama en decadencia de gobiernos que se odian en un continente plagado de desequilibrios y tensiones. Las clases dirigentes de los llamados “países frugales” y de Alemania deberían atender a los signos de los tiempos. O hay una Europa funcional y federal, con una economía integrada y equilibrada e instituciones democráticas comunes, o el caos y las grandes potencias de un mundo en crisis se tragarán codiciosamente el llamado “sueño europeo”.

Por José Luis Carretero Miramar | Secretario General de la Confederación Sindical Solidaridad Obrera y miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA)

http://autogestionrevista.com.ar/index.php/2020/06/16/dossier-coronavirus-y-lucha-de-las-clases-en-la-espana-del-confinamiento/

Dossier “La clase trabajadora y la autogestión en la pandemia mundial”: Continuamos publicando esta serie de análisis y reflexiones sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 sobre la clase trabajadora y las experiencias de autogestión, que iniciamos con la nota de Gigi Malabarba sobre Lombardía (Italia). En este artículo, José Luis Carretero Miramar reflexiona sobre las consecuencias del confinamiento y la pandemia en el estado español.  

La pandemia de coronavirus se ha convertido en una gran bifurcación histórica para la monarquía española. En más de un mes de confinamiento, la sociedad española ha encarado una gigantesca crisis sanitaria y social, que puede hacer emerger un escenario inédito en lo político.

España afronta la epidemia con un sistema sanitario degradado y al borde del colapso. Décadas de recortes, de cierre de centros de salud y de privatización y externalización de los servicios sanitarios o los servicios auxiliares de los hospitales, están pasando su factura. Cuando el brote de coronavirus comienza, a principios de marzo, el Sistema Público de Salud de la Comunidad de Madrid tiene cerca de dos mil camas hospitalarias y más de mil trabajadores sanitarios menos que diez años antes. Frente a las más de quinientas plazas en unidades de cuidados intensivos por cada cien mil habitantes de Alemania, la salud pública española no llega siquiera a las doscientas. Más de un treinta por ciento de los trabajadores de los servicios de salud son contratados temporales, muchos de ellos en claro fraude de ley. El sistema sanitario español, definido por los medios de comunicación acomodaticios con el Régimen como “la joya de la corona” de la monarquía hispánica y “la mejor Sanidad del mundo”, no puede hacer frente a la pandemia.

Durante varias semanas, los hospitales colapsan. Los trabajadores sanitarios no disponen de medios de protección y no hay respiradores ni unidades de cuidados intensivos para todos los pacientes que los necesitan. Los propios sanitarios se convierten en el principal grupo de personas infectadas, junto a los ancianos de las residencias de personas mayores que han sido también privatizadas en las últimas décadas, que mueren por millares. Los sanitarios que dan positivo a los test de coronavirus son obligados a volver a atender a pacientes una semana después, pese a que existe la posibilidad de que sigan contagiando. No hay recursos como respiradores, mascarillas, batas, cascos con pantallas, ni tampoco una industria nacional que los fabrique. Las primeras semanas cunde el caos.

Pero el caos en el sistema productivo es aún mayor. Las medidas de confinamiento y la consiguiente parálisis económica conllevan más de un millón de despidos. Cerca de 500.000 empresas presentan Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que permiten suspender las relaciones laborales de más de cuatro millones de trabajadores, y que los trabajadores suspendidos pasen a cobrar la prestación por desempleo (cerca de un 70 % del salario anterior). Los autónomos (trabajadores independientes no asalariados) y las pequeñas empresas tienen que paralizar en masa sus actividades y pasar a obtener magros ingresos públicos, en un modelo económico basado fundamentalmente en la hostelería y el turismo (juntos representaban cerca del 30 % del PIB), dos actividades que no pueden seguir funcionando durante el confinamiento. Los trabajadores informales (trabajadoras sexuales, trabajo sumergido en la hostelería o el turismo, operarios de pequeñas reformas en la edificación, vendedores ambulantes, etc.) y las personas que están en situación de marginalidad o sin hogar, pasan a depender directamente del funcionamiento de los Bancos de Alimentos de la Iglesia, los municipios o los movimientos sociales que, además, interrumpen en muchos casos su funcionamiento durante el plazo de confinamiento más estricto.

Un pequeño ejemplo puede servir para resumir lo que el neoliberalismo conlleva al calor de la pandemia y cómo las élites políticas del régimen tratan de convertir la crisis en “oportunidad”. Al cerrar los centros educativos, la Comunidad de Madrid decide que los niños que reciben becas de comedor, pertenecientes a familias de bajos ingresos que sólo cobran la Renta Mínima de Inserción (una prestación pública insuficiente), tengan acceso, en lugar de a los comedores escolares, a determinados productos de conocidas franquicias como Rodilla o TelePizza. Una alimentación insuficiente, caótica desde el punto de vista nutricional, y que obliga a las familias a ir a buscarla a los locales de las franquicias y a identificarse delante los empleados de estas.

Lucha de clases en los centros de trabajo.

Mientras tanto, las tensiones en los centros de trabajo se vuelven en muchos casos explosivas. Las empresas que siguen abiertas intentan por todos los medios seguir trabajando sin las condiciones de seguridad y protección necesarias. En muchos sitios no hay guantes, mascarillas o geles desinfectantes para los trabajadores. Tampoco hay medidas específicas para el personal especialmente sensible (diabéticos, hipertensos, personas con afecciones respiratorias, inmunodeprimidos, etc.). El conflicto se establece en torno a las medidas de seguridad que se han de aplicar. Los trabajadores reclaman no arriesgar sus vidas, y los patronos persiguen la continuidad del proceso productivo pese a todo.

Nos lo cuenta Antonio Rus, delegado encargado de la prevención de riesgos laborales en la sección sindical de Solidaridad Obrera en el Metro de Madrid:

“Está costando mucho avanzar. Van tomando las medidas de prevención con cuentagotas y no terminan de ponerlas en marcha. Cuando creemos que hemos conseguido algo, a los dos o tres días vemos que no se hace. Se han reunido todos los sindicatos y han planteado algunas reivindicaciones, principalmente rebajar el servicio (dejar sin personal la mitad de las estaciones), también que nadie abandonara su tren durante el día. La empresa les propone dejar sin personal 100 estaciones. La gente que se queda en casa, se queda, pero a los demás les están llamando a cubrir otras estaciones, con lo que no se rebaja tanto el peligro para la plantilla, el impacto de la medida no es tan grande como se esperaba. Siguen faltando mascarillas. Hay gel, pero a veces no lo llevan a los puestos de trabajo hasta que insistimos. Reclamamos que en mantenimiento sólo se haga lo urgente. Hay más de 1400 afectados, 3 fallecidos y 104 positivos confirmados entre la plantilla”.

Nos lo indica, también, Fermín Hernández, del Sindicato del Agua de Alicante de Solidaridad Obrera:

“En algunas depuradoras hay turnos de 24 horas, durmiendo los trabajadores en una roulotte. Hay coacciones por todos lados. En Helados d´Alacant hubo que llamar a la policía porque estaban trabajando sin ninguna posibilidad de prevención, a 40 cm unos de otros. Después, la dirección ha instalado mamparas y se han puesto turnos en el vestuario.”

En sectores especialmente precarizados, como el Telemárketing (venta telefónica) la situación se vuelve especialmente brutal: en los calls centers, en gigantescas naves, trabajan cientos de trabajadores, unos al lado de los otros, compartiendo micrófonos, teclados o auriculares. Sin gel desinfectante, guantes o mascarillas. Sólo la presión de los trabajadores organizados consigue que las cosas mejoren y que una importante parte de la plantilla pase a realizar teletrabajo, pero, eso sí, usando muchas veces sus propios medios tecnológicos (ordenador, conexión a internet) y sometiéndose a un control reforzado de la empresa, que desconoce el recién declarado (que no regulado) derecho a la desconexión digital que establece la Ley de Protección de Datos española.

Un elemento importante, por lo que permite hacer visible, en este proceso de lucha de clases, es la posibilidad admitida por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales española de paralizar, por parte de los representantes sindicales o la inspección de trabajo, la actividad productiva ante un riesgo grave e inminente contra la salud de los trabajadores.

Es así como se paraliza la actividad en la planta de la Mercedes Benz en Vitoria, o como se puede forzar a algunas concesiones a Konecta (la empresa más grande de contact center del Estado Español). En Konecta, donde la dirección empresarial adopta una posición marcadamente intransigente frente a las reivindicaciones obreras de seguridad, amparándose en la competencia global en un proceso productivo que “se puede desempeñar desde cualquier sitio”, los sindicatos más combativos consiguen que la inspección de trabajo ordene la paralización de las actividades. La orden no es respetada por la empresa, que actúa con absoluta impunidad, pero la presión constante le obliga a recurrir masivamente al teletrabajo y a mejorar sustancialmente las condiciones sanitarias en las plantas madrileñas.

Otro elemento importante es la persistencia y crecimiento, en los últimos años, de una amplia variedad de organizaciones del sindicalismo de combate en el Estado Español. Aunque estas organizaciones no confluyen en espacios unitarios y muestran una gran dispersión y fragmentación organizativa e ideológica (distintas familias marxistas o anarcosindicalistas, nacionalistas de todas las nacionalidades ibéricas, cristianos de base, organizaciones corporativas, etc.) el hecho de que puedan disfrutar de personalidad jurídica propia y espacios de representación autónoma les permite soslayar y desbordar, en muchos centros de trabajo, a los aparatos del sindicalismo mayoritario (CCOO y UGT). Un sindicalismo mayoritario centrado en la gestión coordinada con las direcciones de empresa de la situación, y en la puesta en marcha de los ERTE (suspensiones de los contratos con derecho a la prestación de desempleo) como única alternativa. Una alternativa, por cierto, que representa un magnífico proceso de socialización de las pérdidas, después de más de una década de extendida privatización de todos los beneficios sociales.

La odisea de la economía social

Por supuesto, la pandemia impacta también con brutalidad en el desempeño de las organizaciones cooperativas y de las empresas de la economía social en el Estado Español. Nos lo cuenta Adrián Battaglia, coordinador de la secretaría técnica de la sección Madrid de Coop 57, la principal cooperativa de crédito del Estado, que financia en gran medida las iniciativas de la economía social española:
“Hay mucha incertidumbre. Hay entidades bastante golpeadas porque han tenido que paralizar su actividad económica (formación, restauración, alimentación…). No pueden asumir los costes fijos porque no tenían colchón para poder aguantar y no saben si podrán volver a abrir.

Actividades semiparalizadas que tenían contrataciones que están en la incertidumbre de ver cómo se resuelven. Entidades que tienen contratos con la Comunidad de Madrid, y este organismo público va a ajustar los proyectos con quitas a lo que iban a cobrar las entidades, que no saben si pueden reducir costes.”

Battaglia nos indica, también, que las ayudas públicas “no están llegando a las entidades más pequeñas y débiles, sólo a las grandes y medianas. Las ayudas del Instituto de Crédito Oficial se agotan enseguida. El primer tramo era de 20.000 millones de euros y en 24 horas se solicitaron más de 50.000. Las ayudas las gestionan los grandes bancos, en función de su cuota de mercado. Las entidades más pequeñas no obtuvieron nada del primer tramo. Esas ayudas ya tenían nombres y apellidos, estaban destinadas a proyectos de gran envergadura.”

Coop 57, una cooperativa de crédito que agrupa a más de 1000 entidades de la economía social, nos cuenta Battaglia “está dando carencias a sus socios deudores de más de tres meses, durante los que sólo se cobran los intereses, no el capital del préstamo. También se están buscando alianzas con entidades públicas o privadas que puedan respaldar (mediante avales o mecanismos semejantes) a quienes entren en impago o a quienes pidan nueva financiación. No queremos dejar de financiar a la economía social, pero el cálculo de lo que es viable ha cambiado. No podemos, tampoco, pasar a ser nosotros los que no seamos viables en un futuro próximo.”

Fernán Chalmeta, trabajador de la librería Traficantes de Sueños, una institución decana en la economía social madrileña, nos cuenta también que:

“La situación es bastante preocupante. La ESS es muy variada. La madrileña está centrada en los sectores de servicios. No hay apenas empresas industriales. Y, en gran medida, está paralizada. En el sector del libro la situación es infernal: esto ha venido en el peor momento, cuando se iban realizar las Ferias de Libro en la mayoría de las ciudades del Estado. Pese a ello, hay campañas de autoorganización de los movimientos sociales que llaman a no pagar el alquiler y a presionar por un Plan de Choque con medidas sociales. Al figurar como trabajadores asalariados muchos cooperativistas y empleados de la ESS (pero no todos, la legislación permite que los cooperativistas figuren como trabajadores autónomos) han podido presentarse a ERTEs y están cobrando el desempleo.”

Por su parte, Anna Abellán, coordinadora del Ateneu Cooperativo del Barcelonés Nord y socia trabajadora de la cooperativa La Sargantana de Barcelona, nos indica que:

“La afectación a las cooperativas pequeñas es muy grande. Hay pocas que estén continuando la actividad. La Xarxa de la Economía Solidaria (XES) ha creado un comité de crisis para ayudarlas. También quieren crear un fondo común de contingencia. Alguna cooperativa ha cambiado su actividad para hacer mascarillas. Y hay otras iniciativas sociales: las Mujeres P’alante (un grupo feminista) han constituido un Banco de Alimentos para las mujeres cuidadoras. También está cogiendo fuerza el tema de la agroecología y estamos tratando de detectar y poner en contacto a los grupos de consumo y facilitar su producción y venta”.

En algo están de acuerdo Adrián Battaglia, Fernán Chalmeta y Anna Abellán: “no hay ninguna medida pública concreta para el sector de la economía social y solidaria”. Abellán nos dice: “las medidas, que son para todo tipo de empresas, son cortas, consisten en créditos y no en facilidades de tesorería y no van dirigidas al medio plazo sino al corto”. Adrián, termina la conversación con estas indicaciones:
“Es una situación bisagra. Es una oportunidad para que la gente empiece a ver que hay otros modelos de hacer economía y que existen otras formas de generar, a nivel local, relaciones económicas, sociales, culturales, que pueden poner a las personas en el centro, y que cuiden tanto el tema medioambiental como el tema de género”.

Los derechos civiles, en peligro

La declaración por el gobierno del Estado de Alarma constitucional, junto a las diversas medidas que se proponen desde diversos estamentos mediáticos y empresariales para el proceso de desescalada del confinamiento, pone también en cuestión la estructura de los derechos y libertades democráticas que nos ofrecía el pensamiento jurídico liberal como modelo.

En primer lugar: el Estado de Alarma constitucional no habilita a los poderes públicos, según la misma literalidad de la Carta Magna española, para llevar a cabo muchas de las limitaciones de los derechos civiles operadas en las últimas semanas, según han afirmado reiteradamente numerosos juristas progresistas. Las medidas tomadas más parecen asemejarse a las de un Estado de Excepción constitucional, más vinculado con un gran desorden político-social que con una situación de emergencia sanitaria.

Esta perspectiva se ve avalada por la creciente ubicuidad de los representantes de las fuerzas armadas y de los cuerpos policiales en el escenario público y en las ruedas de prensa del gobierno. El recurrente mensaje gubernamental de que nos encontramos ante “una guerra”, en la que tenemos que “tener disciplina”, aún absurdo desde el punto de vista sanitario, se ve poderosamente reforzado por el hecho de que son mandos uniformados quienes lo trasladan, entre una exuberante farfolla pseudo-patriótica y belicista, a la población.

Junto a ello, una creciente marea mediática animada desde medios gubernamentales lanza reiterados globos sonda sobre la posibilidad de implementar mecanismos de censura que puedan hacer frente a los “bulos” o fake news. El hecho de que muchas de estas informaciones tergiversadas o, simplemente, auténticas falsedades, hayan sido fomentadas por sectores cercanos a la ultraderecha, no nos debe hacer olvidar que, en gran medida, lo que se pretende es silenciar a futuro todo discurso no normalizado desde arriba. El día 18 de abril, el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil (un cuerpo militar que ejerce labores de policía, incluso en la situación de normalidad, en gran parte del territorio nacional), José Manuel Santiago, afirma sin ruborizarse en la rueda de prensa diaria del gabinete de crisis del gobierno, que dicho cuerpo trabaja para: ”Por un lado, evitar el estrés social que producen estos bulos, y por otro, minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno.”

El desarrollo de aplicaciones que garanticen la geolocalización de los ciudadanos o de mecanismos que permitan a las empresas conocer y almacenar datos de los trabajadores que se corresponden con su intimidad (como, por ejemplo, su estado de salud o el de sus familiares) tiende, también, a ser legitimado a marchas forzadas en la actual situación. La ubicuidad del control informático, que incluye datos biométricos, sanitarios, geolocalización y control de los discursos “desviados” en las redes sociales, constituirá un elemento central de la nueva situación que se abrirá tras el confinamiento. El conflicto acerca de los límites y la regulación que pueda imponerse a la vigilancia permanente de la clase trabajadora por vía telemática, será también un elemento fundamental de las batallas futuras.

Como afirma Francisco García Cediel, abogado madrileño vinculado desde hace décadas con los movimientos sociales y representante jurídico del sindicato Solidaridad Obrera:

“Todo esto constituye un experimento bastante peligroso de control social, muy susceptible de una utilización perversa de los instrumentos que se le están dando al Estado, como la posible geolocalización de la población. Además, se culpabiliza a la ciudadanía de la gravedad de la pandemia, que es producto del proceso de desmantelamiento de la sanidad pública en las últimas décadas, y a la que sólo se puede hacer frente mediante la defensa y refuerzo de los servicios públicos.”

Perspectivas de futuro

De cara al futuro debemos tener en cuenta las numerosas transformaciones que se van a producir en el escenario sociolaboral y político español. Transformaciones que pueden generar dinámicas como las siguientes:

Los ERTEs, con el reinicio de actividades en un escenario de caída del PIB que puede ser cercana al 10% y de absoluto colapso del turismo y la hostelería, se convertirán en muchos casos en EREs (despidos colectivos) y, junto al ataque patronal generalizado a las condiciones de trabajo (los gurús liberales ven la crisis como una “oportunidad”), generarán una situación social sin precedentes. La situación de los parados, trabajadores informales y otros trabajadores en situación de vulnerabilidad que necesitan a los Bancos de Alimentos y otros organismos de apoyo mutuo obrero para poder sobrevivir y que no pueden hacer frente a los gastos de vivienda se volverá extrema. Y constituirán un sector creciente de la población.

La pandemia no va a ser vencida fácilmente. Las tensiones por las condiciones de seguridad en el trabajo continuarán. La expansión de los medios telemáticos de control de la enfermedad (y de los trabajadores) generará nuevas líneas de conflicto. La contradicción fundamental del modo de producción capitalista entre la dinámica de acumulación del capital y la necesidad de fuerza de trabajo viva, estructurará gran parte de las tensiones y luchas entre Capital y Trabajo, en un escenario de revolución tecnológica, automatización creciente y biopoder extendido sobre el conjunto social, pero también de desvelamiento para amplias capas de las clases populares de la radicalidad de las consecuencias de dicha contradicción.

Todo ello pone sobre la mesa la importancia estratégica de la Sanidad Pública como elemento imprescindible para la supervivencia obrera, en un momento en que la pandemia va a tardar en ser controlada definitivamente, así como la importancia de la defensa de los servicios públicos (educación, servicios sociales, seguridad social) en un escenario de alta deuda pública y posibles rescates condicionados a planes de ajuste de la UE o el FMI.

Además, las tensiones crecientes en el seno de la Unión Europea, en torno a la necesidad de que los países del Norte contribuyan a la reconstrucción de la economía de los países periféricos sin las salvajes condicionalidades que se le impusieron a Grecia en la anterior crisis sistémica, pueden llevar a una definitiva implosión de la Eurozona. Mientras en el Banco Central Europeo se hacen cada vez más audibles las voces que llaman a constituir un “Banco Malo” comunitario (y realizar un rescate público de las entidades financieras del continente), toda propuesta de implementar los llamados “eurobonos” que permitan financiar el gasto social a los países de la Periferia mutualizando la deuda, son airadamente respondidas por las élites nórdicas. Mientras el BCE lanza una línea de 750.000 millones de euros para comprar deuda de las entidades financieras y de las grandes empresas comunitarias, toda posibilidad de poner en marcha un seguro de desempleo o una renta vital mínima a nivel continental se ven eternamente aplazadas. En estas condiciones, gran parte de la clase política y de los medios de comunicación de los países del Sur de Europa sienten una creciente tentación de externalizar las tensiones, culpando a la UE de todos los males. Incluso de su propia mala gestión.

La emergencia de las nuevas tecnologías y su creciente importancia en el mundo productivo y para el control social (blockchain, Big Data, 5G, IoT, etc) representa también un elemento importantísimo a tener en cuenta. Hemos hecho el experimento social de teletrabajo más masivo de la historia. Y lo hemos hecho, además, sin tener en cuenta en modo alguno las regulaciones que pudieran limitar sus efectos más lesivos (como la referida al derecho a la desconexión digital o la dedicada a la protección de los datos de los trabajadores). La innovación tecnológica va a ser presentada como la panacea en la arquitectura del nuevo mundo. Las contradicciones que siempre la han rodeado, como su potencia radical para construir un mundo de autogestión del trabajo gracias a la participación remota, a la cualificación del trabajo, y a la distribución masiva de la información, pero también su posible utilización para la vigilancia permanente de la insurgencia obrera o de los “comportamientos desviados” en un Gran Hermano virtual, serán contradicciones y líneas de conflicto esenciales en el futuro previsible.

También lo será la creciente deriva autoritaria y el proceso ya iniciado de limitación de las libertades civiles y los derechos democráticos (manifestación, asociación, libertad de expresión, etc.). Máxime si las élites españolas llegan finalmente a unos “nuevos pactos de la Moncloa” que traten de cerrar el espacio social para todo discurso desde fuera del “consenso”, intentando perpetuar el régimen monárquico por la vía de un gobierno de concentración o un pacto parlamentario sobre los elementos esenciales de la política futura.

La crisis va a durar al menos un par de años. La situación de “normalidad” caótica del capitalismo no va a volver hasta que haya una vacuna e, incluso en ese caso, es posible que la crisis económica derivada de la situación se alargue durante más tiempo.

En este escenario, el objetivo estratégico fundamental de un movimiento revolucionario de los trabajadores, en medio de un conflicto social creciente, como afirmaba en su momento Abraham Guillén, ha de ser ganar población (simpatías y apoyos concretos entre la población trabajadora) y no tanto conseguir territorios (geográficos o institucionales), recursos materiales o puestos de poder. Por decirlo telegráficamente: los elementos esenciales a tener en cuenta desde el punto de vista estratégico para este período son las personas, las ideas y las máquinas, pero precisamente en ese concreto orden de importancia. Primero las personas. Primero los trabajadores. Las ideas son importantes, pero poner por delante las personas implica abandonar determinados dejes sectarios y dogmáticos y utilizar las ideas para formar y empoderar a las personas. Tenemos que centrarnos en el aspecto útil de las ideas para las personas. Ser útiles para los trabajadores.

En nuestra situación, es mucho más importante ser capaces de aprender de un escenario que es radicalmente nuevo, que repetir acríticamente las “Verdades Reveladas”. El movimiento de los trabajadores debe ser un movimiento que aprenda, que se dedique a aprender colectivamente. En este escenario complejo, cambiante y radicalmente transformado, va a ser mucho más importante acumular conocimiento, información y formarnos que acumular dinero en las cuentas o que respetar los mandamientos de ninguna secta ideológica.

Otro elemento importante en un escenario de cuarentenas y limitaciones al contacto entre las personas va a ser la conectividad. Tenemos que desarrollar nuestras redes sociales, pero no sólo las virtuales, también las físicas y afectivas. El elemento principal ahora ha de centrarse en el apoyo mutuo y el aprendizaje colaborativo en la nueva situación. Una situación en la que nunca antes se ha encontrado la especie humana en su conjunto.

Personas y conectividad significa tejer redes, ampliar espacios, construir trama en las clases populares. Como decía el anarquista catalán Antonio Pellicer en Argentina, en 1900: “no hay cosa alguna, desde lo infinitamente pequeño a lo inmensamente grande, que no signifique asociación de esfuerzos, organización de elementos, fuerza”.

Y, como decía también Félix Carrasquer, intelectual libertario y maestro de la Escuela del Militante de la CNT de Monzón, en la Guerra Civil española: “optimismo intransigente”. No podemos dejar que los trabajadores apuesten por la tentación de la muerte, el odio a sí mismos, y el pesimismo, que están en el núcleo del pensamiento fascista. En medio de este gran sufrimiento, se abren espacios a una gran transformación que va a suceder sí o sí. Lo que está en cuestión es hacia dónde la vamos a hacer dirigirse entre todos y todas.

Recordemos las enseñanzas de Mao y los revolucionarios chinos: todas las ideas a favor del pesimismo, la pasividad, la inercia o la complacencia son erróneas. El camino va a ser muy sinuoso y pedregoso, muy difícil y doloroso, pero de esto podemos salir reforzados como clase. Y lo vamos a hacer.

Por José Luis Carretero Miramar – 14/06/20200

El asesinato del ciudadano estadounidense negro George Floyd, a manos de un agente de policía blanco en Houston, ha producido la mayor ola global de movilizaciones sociales desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Miles de personas de todo el mundo se han manifestado para hacer audible su repulsa ante lo que consideran un nuevo episodio de brutalidad policial racista en Estados Unidos. En Madrid, Sidney, Londres o Paris se han sucedido las protestas. Pero donde han alcanzado su mayor fuerza ha sido en el mismísimo territorio estadounidense, donde se han multiplicado los disturbios, las marchas y las movilizaciones, hasta el punto de que el presidente norteamericano, Donald Trump, ha amenazado con recurrir al Ejército. Se ha declarado el toque de queda en la ciudad de Nueva York, tras fuertes enfrentamientos entre manifestantes y antidisturbios. Y las protestas no cesan, son cada vez más masivas y cuentan con una creciente simpatía por parte de sectores cada vez más amplios de la sociedad estadounidense.

El racismo es uno de los elementos constitutivos del régimen político y económico norteamericano desde la aprobación de la Carta Magna estadounidense. El mecanismo original de reparto de votos entre los Estados, y de asientos en el Congreso, que permitía que los esclavos negros contasen a la hora de determinar los habitantes representados por los congresistas del Sur, sin que pudiesen votar ni presentarse a las elecciones, fue uno de los elementos fundamentales que garantizaron la construcción del Estado y la aprobación de la Constitución. La posterior guerra civil otorgó a los negros la abolición de la esclavitud, pero no la igualdad de derechos civiles, que tuvo que esperar a la gran convulsión revolucionaria global del 68 y a las luchas del “Black Power”.

Y los derechos civiles tampoco han garantizado la igualdad real. En la sociedad norteamericana las fracturas de clase y de raza se amalgaman y confunden. En 2018, según la Oficia del Censo, la media de ingresos de las familias negras era de 41.361 dólares. Para los blancos no hispanos, la media era de 70.642 dólares. Mientras la media de las familias blancas había aumentado en una década un 8,8 %, la de las negras sólo lo había hecho un 3,4 %, lo que indica que las desigualdades, lejos de atemperarse, están aumentando.

Las desigualdades económicas se convierten, también, en posibilidades de enfermar. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de la Administración indica que los negros entre 18 y 49 años tienen más del doble de posibilidades de morir de una enfermedad cardiaca. También hay una clara diferencia en los datos relativos a la hipertensión y a la diabetes, lo que ha impacta fuertemente en las cifras de fallecimientos relacionados con la pandemia de Covid-19. El grupo de investigación Amfar relata que los negros han sufrido la mitad de los contagios del país, pese a ser el 22% de la población y, además, representan el 60% de los fallecidos por la enfermedad. Barrios degradados, miseria, falta de servicios públicos, ataques racistas…todo ello forma parte de los elementos que pueden favorecer los problemas de salud en una sociedad sin un servicio sanitario público de acceso universal.

La brutal desigualdad económica, a su vez, se configura como un factor generador de una sorda lucha de clases, con un evidente tinte racial. Los negros tienen más de dos veces y medio de posibilidades de morir a manos de la policía que los blancos, según la Universidad Northwestern. Constituyen, además, una amplia mayoría entre la población penitenciaria norteamericana. Recordemos que Estados Unidos ha construido un titánico sistema penitenciario que, convertido en un gran negocio para determinadas empresas vinculadas con las distintas familias políticas, es, con enorme diferencia, el mayor en porcentaje de reclusos por total de habitantes, del mundo.

Unamos ha eso las enormes contradicciones sociales provocadas por el impacto económico de la pandemia. Millones de estadounidenses han perdido su empleo. En abril el índice de paro se disparó al 14,7 % de la población activa, el más alto desde 1948, y el PIB amenaza con desplomarse más del 20% en el segundo trimestre del año. Metamos también en el caldero la creciente tensión de una campaña electoral extendida, con un resultado incierto. El candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, es un político social-liberal perteneciente al ala del Partido más vinculada con las necesidades de la gran empresa, que sólo ha conseguido su nominación tras la oportuna retirada de parte de sus rivales, en una maniobra que consiguió ahogar el ascenso del izquierdista Sanders en los primeros caucus de las primarias. La ventaja de Biden sobre Trump en las últimas encuestas electorales ronda el 10%, pero su ascenso está más relacionado con la brutal tormenta económica provocada por el coronavirus y con los errores políticos de la plataforma trumpiana que con sus propios aciertos, lo que empuja a una noche electoral incierta para el 4 de noviembre.

En este escenario de racismo estructural, desigualdades crecientes, tensión política entre distintos sectores de las élites por la permanencia de Donald Trump en la presidencia, y sorda lucha de clases salpicada de escándalos de brutalidad policial, las movilizaciones por la muerte de George Floyd han operado como una chispa capaz de incendiar la pradera. Las contradicciones internas de la gran potencia global norteamericana se hacen expresas con el estallido una ola de revueltas que nadie sabe como detener. Ni la represión desnuda implementada por Trump, con el apoyo de los sectores nacionalistas, reaccionarios y aislacionistas de las élites. Ni la dinámica de cooptación y encauzamiento hacia Gran Casa Común demócrata, con el apoyo de los magnates de Sillicon Valley más interesados en el proceso globalizador. De momento, nada puede domesticar a una nueva generación de jóvenes negros que parecen estar dispuestos a no aceptar el destino subordinado que se les quiere imponer.

Nos lo cuenta Abuy Nfubea, director de Uhuru Afrika TV, y militante histórico del Movimiento Panafricanista en España:

“Históricamente, el sistema de justicia norteamericano ha sido cercano a las tesis racistas. La policía percibe a la comunidad negra como un sujeto colonizado, y se ve a sí misma como un ejército de ocupación en los barrios negros. Desde que la familia Clinton aprobó la ley que ha provocado el proceso de encarcelamiento masivo de negros en el sistema penitenciario actual, se ejerce una dinámica colonial con las barriadas. Además, el despertar de una conciencia social fuerte en la juventud negra está haciendo visibles las contradicciones de la burguesía negra, que se elevó socialmente con las luchas por los derechos civiles y llevó a la presidencia a Obama, pero no consiguió que nada esencial cambiara.”

“Los negros son un sujeto colonizado para el poder estadounidense -nos dice Abuy- y el racismo es la ideología de los colonizadores. La posición de Trump es criminalizar la protesta y situarse siempre de parte de las tropas de ocupación. Apuesta a que el gobierno también puede sacar rentabilidad de este conflicto, potenciando entre los blancos una conducta de orden. Trump quiere polarizar y generar contradicciones entre los liberales con el argumento racial. Califica la protesta de insurrección, con lo que da la razón a la gente que creemos que estamos ante un contexto colonial, ante un conflicto político. Pero los analistas, periodistas e intelectuales liberales no quieren reconocer que estamos ante un conflicto colonial, como puede ser el palestino.”

“Si se ataca y se mata a los negros es porque la juventud negra se está organizando”- puntualiza Abuy- “En todo el mundo el poder va siendo cada vez menos blanco y el poder blanco tiene que reaccionar para mantener sus privilegios. En Europa, los medios de comunicación mainstream presentan las protestas de los negros como un asunto de inmigrantes, de extranjeros, pero en Estados Unidos no tienen esa posibilidad.”

En España, se suele decir, no somos racistas. Eso es cosa de nórdicos, de anglosajones, de gentes que dividen a la especie humana en grupos biológicamente definidos. No de una cultura católica y universalista como la nuestra. Sin embargo, en Madrid también ha habido movilizaciones por la muerte de George Floyd. Y los manifestantes no sólo caminaban contra el racismo foráneo. Nos lo cuenta Thimbo Samb, portavoz de la Federación de la Comunidad Negra Afrodescendiente de Madrid, entidad organizadora de la protesta en la capital: “No todos los españoles son racistas, pero el racismo existe aquí, en España. Cuando sales por la calle la gente agarra sus bolsas y mochilas como si les fueses a robar por ser negro. Ayer mismo, estaba caminando por la calle con otra persona y una mujer empezó a gritarme. “Negro criminal”. Estás en un autobús, un tren, un metro, todos los asientos están llenos menos el que está a tu lado, y no se quieren sentar.”

El 13 de febrero, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaba una sentencia por la que se permitía la “devolución en caliente” de varios ciudadanos malienses que habían saltado la valla de Melilla. No se les dejó pedir asilo en nuestro país, ni fueron atendidos por abogados. No pudieron interponer recurso alguno. El Tribunal entiende que la actuación de la Guardia Civil fue legal, porque los dos hombres negros de Mali “podían haber pedido protección internacional en la Oficia de Asilo y Refugio de la frontera”. Sin embargo, esa es una afirmación absolutamente utópica: los guardias fronterizos marroquíes, convenientemente aleccionados por el dinero comunitario, no dejan que nadie se acerque a la Oficina de Beni Enzar.

“Eso también es racismo”-nos dice Thimbo- “Y los Centros de Internamiento de Extranjeros, donde se encarcela a personas que no han cometido delito alguno. Nadie nace racista. Deberían permitir que fuéramos a los colegios españoles a explicarles a los niños que no somos ninguna amenaza. Hay que educar a los educadores y a los niños. Hay que hacer un trabajo conjunto, contra el racismo, con la gente que no es racista.”

Abuy Nfubea se emociona cuando nos cuenta que:

“El movimiento que ahora se ha visto en Estados Unidos lleva labrándose muchísimo tiempo. Muchas asambleas, colectivos, grupos de mujeres y hombres que han trabajado en silencio en todo el país durante años. El sistema intentará integrarlo con personajes como Obama. No hay una separación entre lo racial y lo social. Eso es un espejismo, Cualquier debate racial implica lo social. El racismo no pretende sólo aniquilar a un grupo, sino también expoliarlo, como hicieron los nazis con los judíos. El racismo y la clase vienen juntos. La tecnología, los videos grabados con un teléfono móvil y el nuevo periodismo independiente, están ayudando a extender la conciencia de la comunidad acerca del racismo.”

Las tensiones sociales se recrudecen en el país más poderoso del mundo. No está nada claro quién vencerá en las elecciones del 4 de noviembre. Pero parece que las contradicciones raciales y económicas generan conflictos cada vez más graves en Estados Unidos. El racismo, ya lo hemos dicho, es un elemento constitutivo de la Norteamérica que conocemos. También es uno de sus principales factores de desestabilización.

Mientras tanto, en la España que hace de frontera Sur de la fortaleza europea, seguimos empeñados en que no somos racistas. Los gitanos y las gitanas, esos españoles y españolas que tan bien nos conocen, deben de sonreírse mucho al oírnos repetirlo tanto. Otro día, quizás, hablaremos de ellos y de ellas.

Por José Luis Carretero Miramar

El jueves 28 de mayo, la dirección de la multinacional automovilística Nissan anuncia la fatídica noticia: cerrará, en diciembre, su planta en Barcelona, provocando la pérdida de unos 3000 empleos directos y unos 27.000 indirectos. El presidente de Nissan en Europa descarta toda alternativa: “No hay solución viable para mantener abierta la planta”.

Los trabajadores afectados de manera directa se reparten entre la fábrica de la Zona Franca (2.462 personas), Montcada i Reixac (161), Sant Andreu de la Barca (223), El Prat (117) y el nudo logístico del Puerto de Barcelona (81). Pero la dimensión del problema es mucho mayor que estas cifras, ya de por sí abultadas: centenares de pequeñas plantas de componentes, proveedores de toda clase, decenas de miles de empleos, están también en juego. Y, además, hay otro elemento que debemos tener en cuenta: el hecho de que este cierre no es un hecho aislado, sino el síntoma de un problema de fondo, de una crisis sustancial del modelo industrial español e, incluso, del modelo de movilidad de nuestra sociedad global.

La industria automovilística representa en el Estado Español cerca de un 10% del PIB. Entre las fábricas de automóviles, las de componentes y las redes de distribución, más de medio millón de personas están vinculadas directamente al sector. España es el segundo fabricante europeo de vehículos. Hoy en día, cuenta con diecisiete fábricas de coches y furgonetas, que alimentan algunas de las mayores empresas de componentes del continente. Pero en todas estas fábricas no se hace otra cosa que ensamblar modelos diseñados en el exterior, en el marco de cadenas de valor cuya dirección se encuentra ubicada en otros países. Volkswagen, PSA, Renault, Nissan, Mercedes…ninguno de estos gigantes automovilísticos tiene su centro de mando en el Estado Español.

Además, el mercado automovilístico se encuentra en crisis, por la combinación de varios procesos: la expansión de la pandemia de Covid 19, que ha impactado brutalmente sobre la demanda, y la necesidad de un avance tecnológico cualitativo que permita adaptar la industria a la crisis ecológica global, favoreciendo la transición al coche eléctrico.

Para tratar de impulsar ese proceso de adaptación a la crisis ecológica en ciernes, la patronal del sector ha impulsado sonados procesos de concentración en los últimos años, como la fusión del grupo automovilístico Fiat Chrysler (FCA) y el fabricante francés PSA, Peugeot-Citroën, en diciembre de 2019. Estos procesos permiten acumular capital y ahorrar costes, así como centralizar recursos humanos y conocimientos, de manera que se puede hacer una mayor inversión en el proceso de investigación y desarrollo destinado a la implantación de las nuevas soluciones de movilidad eléctrica. Ante el cuello de botella tecnológico que representa, para la industria del automóvil, el desarrollo de las baterías y la utilización de escasos recursos minerales, se hace cada vez más perentoria la necesidad de un salto cualitativo en la investigación que pueda generar nuevas soluciones tecnológicas, así como de ingentes ayudas públicas que permitan financiar todo este proceso.

Una de estas grandes alianzas es la establecida entre Renault, Nissan y Mitsubishi. Sin haber llegado a fusionarse, estos tres gigantes del automóvil han establecido en los últimos años mecanismos de trabajo conjunto y de reparto de tareas, así como participaciones accionariales cruzadas. El cierre de Nissan debe verse, también, en este escenario. En la presentación de su estrategia conjunta para los próximos años, la alianza de estos gigantes ha decidido repartirse geográficamente los mercados: Renault se centrará en Europa y Estados Unidos, y en el desarrollo del coche eléctrico; y Nissan lo hará en Asia y en la investigación en el coche autónomo.

En su retirada de Barcelona, Nissan deja muchos flecos por cerrar: en los últimos quince años ha recibido más de 22 millones de euros de ayudas públicas para mantener abierta su planta de la Zona Franca, cuya recuperación se descarta, además de otros tres millones, concedidos, pero aún no pagados, destinados a una instalación de pintura de vehículos que no ha llegado a construirse. Además, tiene alquilado el espacio de su fábrica con el Consorci de la Zona Franca (una entidad participada a partes iguales por el Ayuntamiento de Barcelona y el Estado), hasta 2022. El contrato de alquiler establece que deberá pagar la renta hasta esa fecha, aunque se vaya, y que debe desmontar las instalaciones y certificar que el suelo queda descontaminado, además de pagar la correspondiente indemnización.

Los trabajadores de Nissan están en una situación extrema. Acuciados por el anuncio del cierre y sometidos a la presión añadida de los problemas de todo tipo generados por la pandemia, es difícil movilizar a todo el tejido social y comunitario que va a ser irreparablemente dañado por el cierre de la planta. Nos lo cuenta Javier Turrillo, miembro del Comité de Empresa, en las listas del sindicato CGT:

“La situación está muy mal. Llevamos más de un mes de huelga indefinida. Hemos estado semanas como piquete delante la planta y no entra ni sale nadie, pero la movilización es complicada con la pandemia. El tema de la automoción está muy difícil. La idea de hacer mucha producción ya se ve que no es el futuro. Hay alternativas: centrarse en el coche eléctrico. Nissan ha visto que tiene que disminuir la producción global. Ha decidido: me quedo en mi casa y nacionalizo lo que tengo. “

“A pesar de las ayudas que han recibido,” -nos cuenta Javier- “del esfuerzo que hemos hecho los trabajadores desde 2009, se van. Han sido muchos años sin subida salarial. Hemos cedido hasta en los horarios. Hemos trabajado hasta los sábados. Ha habido dobles escalas salariales, con menor sueldo para los que entraban nuevos. Nissan no debería de irse. Nuestra alternativa es la nacionalización y su reconversión, para dar trabajo a todos los talleres, proveedores, etc. Que el Estado la nacionalice, como están haciendo con decenas de empresas en toda Europa.”

La alternativa de la nacionalización no es descabellada. Francia ha aprobado una ayuda de 5.000 millones de euros a Renault, para que no cierre sus plantas en el país galo. Y recordemos que el Estado francés aún tiene un 15 % de las acciones de la empresa. Además, las recientes ayudas públicas mil millonarias a las aerolíneas en Francia, Alemania y Holanda, nos recuerdan que, cuando una actividad se considera estratégica, los Estados están capacitados para intervenir. El gobierno español ha reclamado que el 10 % de la línea de ayuda europea de 750.000 millones de euros, anunciada hace una semana por Ursula Von der Leyen, se destine a la industria automovilística. No hay duda de que también lo hará gran parte de la financiación del New Green Deal comunitario. A lo mejor, los contribuyentes europeos no deberíamos dar esas ayudas sin fijar bien las contrapartidas.

Víctor Mariño, delegado sindical de la Central Unitaria de Traballadoras e Traballadores (CUT) en la fábrica de Citröen de Vigo nos indica que:

“Algunas empresas siempre aprovechan las circunstancias. La patronal está aprovechando esta situación para salir lo más reforzada que sea posible. Me parece bien lo que hace el gobierno francés. Cuando en su día nacionalizó el grupo PSA, en el año 2008, porque vio que podía ser absorbido por los chinos. Que se den ayudas públicas al sector está muy bien, pero tiene que haber un compromiso, como en Francia. No sólo carga de trabajo, también desarrollar el proyecto. “

“El gobierno de la Xunta”-nos dice Víctor- “lleva más de 180 millones de euros de ayudas, pero con una total opacidad. Parte del dinero que se dio, se usó para montar empresas auxiliares en el Norte de Marruecos. Por otra parte, el problema de la nacionalización es quién se queda la marca. Mi máxima solidaridad y apoyo a los trabajadores de Nissan y su entorno. Estamos hablando con otros sindicatos para ir allí todos los trabajadores de la automoción un día concreto.”

El modelo productivo español, se ha dicho hasta la saciedad, está constituido principalmente por el turismo y el inflado de recurrentes burbujas inmobiliarias. Se ha basado en trabajo flexible, precario y barato. Las actividades de alto valor añadido y de alta cualificación, lo que implica altos salarios y seguridad en el empleo, han estado tradicionalmente vinculadas a la industria. Por ello siempre se habla de la necesaria reindustrialización como uno de los elementos centrales de un nuevo modelo productivo que aumente el bienestar social.

Lo que no se dice tanto es que la reindustrialización, para tener realmente ese efecto virtuoso que se le presupone, ha de venir acompañada de soberanía económica. Es decir, que sólo si las actividades estratégicas de la economía nacional están firmemente radicadas en el país, tanto accionarialmente como a la hora de tomar las decisiones fundamentales sobre el modelo de negocio, se puede generar un círculo virtuoso de reindustrialización, integración y aumento de salarios. Si el dueño de la industria se la puede llevar aquí o allá, según los vaivenes de los flujos globales de capitales y las crisis recurrentes del sistema, la industrialización siempre es prestada. Más aún si el Estado-Continente europeo que debería preparar la integración armonizada de la estructura económica continental, prefiere ser “frugal” con los excedentes nórdicos y mantener la dependencia y la desindustrialización de los países periféricos.

Mientras tanto, los 30.000 trabajadores que ven en peligro sus proyectos de vida por el cierre de Nissan salen a las calles para reclamar nuestra solidaridad. Nacionalizar la empresa para construir un referente industrial estratégico público podría ser una buena idea. Sobre todo, si se acompaña de mecanismos de participación efectiva de los trabajadores y la comunidad en la gestión de la empresa. Es decir, de una democratización sustancial de la toma de decisiones.

José Luis Carretero Miramar
Abogado y profesor de la escuela pública y secretario general del sindicato Solidaridad Obrera.

Por José Luis Carretero Miramar – 28/05/2020

El lunes 25 de mayo, Meliá y NH se disparan más de 25 % en la Bolsa de Madrid. Otros valores vinculados con el turismo, como el gestor aeroportuario público Aena o la tecnológica Amadeus muestran fuertes alzas. La aerolínea IAG suma un 13,41 %, en medio del anuncio del inminente rescate por el gobierno germano de su rival alemán Lufthansa, que se anota más de un 7 % de subida.

Las aerolíneas españolas Iberia y Vueling, que forman parte del hólding IAG, radicado en el Reino Unido, anuncian que van a reiniciar sus actividades, lanzando vuelos por un 15 % de su capacidad previa, a partir de julio. Ryanair, especialmente molesto con las ayudas públicas de diversos gobiernos a sus competidores, indica que operará para esas fechas el 40 % de su capacidad desde el 90 % de sus rutas.

El consejero delegado del touroperador alemán TUI (el principal grupo del sector en Europa), Fitz Jousssen, acoge con inmensa alegría las declaraciones de Pedro Sánchez de que para julio podrá reanudarse la llegada de turistas internacionales a España, así como de que se suspenderá la cuarentena obligatoria acordada por el gobierno a todos los extranjeros que lleguen al país. La reactivación del turismo en España parece al alcance la mano: hoteleras, agencias de viaje, aerolíneas, reinician sus estructuras de negocio, mientras los avances en el proceso de desescalada permiten que la hostelería pueda reanudar sus actividades, aun limitadamente, abriendo las terrazas y vendiendo comida para llevar.

La Unión Europea, por su parte, insta a los países miembros a lanzar acuerdos bilaterales que permitan la movilidad entre ellos, estableciendo “corredores seguros” para reactivar la industria del turismo y tratar de salvar lo que se pueda de la inminente campaña de verano. Turoperadores como Globalia presentan planes que permiten a los clientes anticipar sus viajes con una campaña promocional para quienes reserven entre el 1 y el 21 de junio y viajen desde el 22 de junio hasta el 30 de noviembre.

No debemos desdeñar estos hechos: es bien sabido que la estabilidad económica española descansa en gran medida en la fortaleza de su sector turístico que, antes de la pandemia, representaba cerca de un 13 % del PIB, cifra que llega al 30 %, si a dicha actividad añadimos la relativa a la hostelería, íntimamente vinculada con ella. España es, en gran medida un país de camareros, hoteles y playas. Y esto es algo que ha generado enormes polémicas y abultadísimas cifras de negocio en los últimos años.

El turismo ha sido uno de los pilares económicos de España desde los años sesenta del siglo pasado. El confinamiento y el cierre de fronteras de los dos últimos meses han hecho perder más de 40.000 millones de euros a los actores empresariales del sector. Millones de trabajadores se encuentran por ello en situación de desempleo, vinculados a ERTEs o, simplemente, no han sido contratados en la nueva campaña de verano que ya debería haber comenzado.

El turismo ha sido, también, un sector de aroma sulfuroso para muchos. Se le ha acusado de constituir la columna vertebral de un modelo productivo basado en el trabajo barato, la precariedad y la baja cualificación, que ha impedido, con su ubicuidad, el despliegue de actividades emprendedoras de alto valor añadido, basadas en el conocimiento, que hubieran permitido la reindustrialización del país. Además, los efectos sociales y ambientales de las actividades dominantes en nuestro modelo turístico (sol y playa, y precios bajos) han sido también criticados ampliamente: la degradación de los barrios por la expansión de los alojamientos turísticos, el estrés hídrico inducido en zonas de costa o la destrucción del litoral y los espacios naturales.

El monocultivo del turismo, como cualquier monocultivo, se ha mostrado como una gran debilidad en el marco de la crisis social provocada por la pandemia del Covid-19. Gran parte del PIB español, y del empleo en el país, está en peligro, si el turismo no se logra reactivar en lo que queda de año. Un cambio de modelo productivo se impone, pero lo hace en el peor momento, cuando la abultada deuda pública, el elevado desempleo y la crisis social y sanitaria en curso, hacen temblar al conjunto de la estructura productiva.

Pero el cambio de modelo económico, a su vez, precisa también de la estabilidad y los ingresos que ofrece el turismo. Pasar de una España de monocultivo, de turismo y burbujas inmobiliarias, a una economía diversificada, industrializada y centrada en actividades de alto valor añadido, presupone, no la aniquilación del sector turístico en medio del abismo y la explosión del desempleo, sino su radical transformación. Su conversión en un sector cualificado, ambientalmente sostenible y laboralmente estable. Sin precariedad y altamente profesionalizado. Centrado en actividades natural y socialmente responsables. Basado menos en la oferta de “sol y playa, y precios bajos”, y más en el respeto a la riqueza cultural de nuestro pueblo y en las amplias posibilidades del turismo de compras y la tecnología compatible con una ambiciosa transición ecológica.

Decrecer el turismo (no va a haber más remedio), pues, puede ser una oportunidad para que crezcan otras cosas y se pueda ensayar un nuevo modelo productivo. Pero, al mismo tiempo, para hacer el sector turístico más complejo, más integrado, más cualificado, más fuerte. Otro turismo con otra relación con el medio natural y con la realidad social que lo circunda.

Un ejemplo de esas distintas formas de viajar y ver el mundo, nos lo presenta Tumaini, una asociación que organiza viajes para conectar a personas solidarias con proyectos de desarrollo local del Sur global. Tumaini organiza viajes que define en su web como: “experiencias transformadoras que fomentan el intercambio, potencian el aprendizaje y sensibilizan sobre problemáticas sociales y medioambientales.” Mónica Herreras, fundadora de la entidad nos cuenta que:

“Medimos y compensamos las emisiones de CO2 que se derivan de los viajes que organizamos. También hacemos mucho hincapié en la formación medioambiental, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. La situación actual es bastante preocupante. Todo está parado. Pero en el caso de los proyectos de desarrollo social de los países del Sur con los que trabajamos todo es mucho más dramático: hay carencia de alimentos. Hemos tenido que enviarles productos básicos de higiene y comida.”

Analizando el impacto de la pandemia sobre el modelo turístico español, Mónica Herreras afirma: “Es un buen momento para reflexionar, para incorporar buenas prácticas ambientales y sociales, sabiendo que eso no va a valer para todo el mundo”.

Las entidades que trabajan en la formación de los profesionales turísticos también ven la necesidad de esta transformación cualitativa. En la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, en este curso escolar, se ha desarrollado una línea de trabajo específica destinada al cumplimiento de los ODS. Sus impulsores, los profesores de los módulos específicos de Turismo, Concepción del Olmo y J. Antonio Flórez, han coordinado el proceso de certificación del centro, respecto de los criterios propuestos por la ONU. Esto se ha expresado en toda una serie de actuaciones concretas, como convertir la sostenibilidad en un aspecto transversal a tratar en el currículo de todos los módulos formativos, promover la recogida selectiva de residuos y el uso de materiales sostenibles, comprar los insumos a proveedores locales, de temporada y ecológicos, promover la digitalización de muchos procesos escolares, recuperar el funcionamiento del huerto ecológico del centro y del uso de la bicicleta como medio de transporte, favorecer la convivencia en la diversidad de los alumnos de la Escuela, y muchas otras cosas.

Antonio Flórez entiende que “evidentemente, hay que ir a un turismo sostenible. Y no sólo estamos hablando del turismo, estamos hablando de toda la sociedad. La pandemia tiene que ver con la situación del planeta, con el cambio climático y la contaminación. Este momento debe servir para que las actividades turísticas sean más saludables y sostenibles. “

¿Cómo sería ese futuro turismo sostenible, si es que tal cosa es posible? Antonio nos da algunas claves:

“La sostenibilidad debe abarcar toda la cadena y todos los sectores concernidos, desde la producción de alimentos o el transporte, a la intervención en el medio para la construcción de infraestructuras. Debemos tener en cuenta el concepto de carga turística. No se pueden saturar los destinos con alto valor ecológico. Los hoteles pueden desarrollar buenas prácticas, desde el proceso de su construcción hasta la limitación de la contaminación asociada a su actividad.”

Concepción del Olmo, por su parte, cree que en el turismo futuro “se va a ver más aprecio por la naturaleza, por las rutas locales, por sitios más cercanos. Eso va a potenciar el turismo local en zonas del interior, muy deshabitadas, lo que puede dar un nuevo dinamismo al mundo rural. También se va a potenciar la digitalización de las actividades, lo que puede limitar el uso de contaminantes como el papel en las cartas y menús. Van a aparecer nuevas ideas y estrategias, con modelos de negocio distintos al sol y playa, con líneas de innovación disruptiva.”

En este escenario, los formadores de los profesionales turísticos, nos dice Del Olmo, “debemos replantearnos muchas cosas. Se están haciendo rutas individualizadas de turismo virtual. Se va a tender a la individualización, en lugar del turismo de masas. Los profesores tendremos que cambiar el chip y dar clases de otra manera. Dar más independencia a los alumnos, usar más la tecnología. Todavía no somos del todo conscientes de la magnitud del cambio que va a producirse.”

El cambio de modelo productivo va a ser obligado, si no queremos convertirnos en otra economía fallida del Sur global. La urgencia del cambio sopla como un vendaval desbocado, en estos tiempos de pandemia. Pero el cambio precisa tiempo y políticas decididas de fomento y construcción de una economía diferente (sostenible, cooperativa, social y participativa). Mientras peleamos por el cambio, no debemos desdeñar que millones de nuestros compatriotas necesitan tener un empleo, llevar algo que comer a su mesa.

El turismo ha sido visto, en nuestro país, como la panacea o como más diabólico de los límites, como la fuente de toda la riqueza o como el origen de todos los males. Llega la hora de verlo como un sector a transformar, para volverlo sostenible social y medioambientalmente, y a cuidar con responsabilidad, mientras conseguimos que el conjunto de nuestro mundo cambie de eje.