Por José Luis Carretero Miramar.
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en un reciente discurso en la Universidad de Louisville, en el que abordó la situación en Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia, dijo que apoyará a los gobiernos latinoamericanos en su labor represiva contra las protestas sociales, acusando, además, a Cuba y Venezuela de orquestar y dirigir los estallidos populares. Era algo de esperar: que la política exterior de Estados Unidos tiene como objetivo primordial mantener el control sobre lo que la ya centenaria “Doctrina Monroe” calificó como su “patrio trasero” es algo de dominio público, y que tal política no va a detenerse ante cosas tan poéticas como la concepción internacional de los Derechos Humanos, es algo archisabido desde la implementación, en el siglo pasado, de la Operación Cóndor para aniquilar toda resistencia popular al despojo imperialista sobre América Latina.
Lo que no es tan conocido es el papel que están jugando hoy en día, respecto a la emergencia de una nueva oleada autoritaria en América Latina, gobiernos que se consideran paradigmas globales de la democracia al estilo occidental y que, además, presumen de haber tenido históricamente algún tipo de influencia “civilizadora” sobre la “Patria Grande”. Me estoy refiriendo, concretamente, para mi propia desazón, al gobierno de mi país: España.
Los intereses económicos españoles (si es que las grandes transnacionales, con sus consejos de administración controlados por fondos globales de inencontrable origen, tienen nacionalidad alguna realmente) son muchos y variados. Detengámonos en dos países en concreto: Chile y Ecuador.
Más de 300 empresas españolas tienen una presencia destacada en la economía chilena. España, de hecho, es el cuarto mayor inversor en Chile, con un stock de 17.000 millones de euros. Telefónica Chile, por ejemplo, con ocho millones de clientes móviles y un millón de banda ancha es el mayor operador de telecomunicaciones del país andino, con una facturación anual de 986 millones. El Banco de Santander, por su parte, tiene 380 sucursales en Chile, más de 11.000 empleados y obtiene más de 2000 millones de beneficios anuales en el país. Prosegur, por su parte, es una de las principales empresas de seguridad privada de Chile, ofreciendo servicios a más de 1500 empresas. Son sólo ejemplos (grandes ejemplos, por otra parte). Allí también están Telepìzza (con 156 tiendas), Inditex o González Byass, entre otros.
En lo que se refiere a Ecuador, el panorama es parecido. La inversión española en el país alcanza los 18.000 millones de euros. Telefónica y Mapfre tienen una fuerte presencia. Las conexiones aéreas del país con Europa están dominadas por Iberia y Air Europa (que, por otra parte, acaban de fusionarse). Las grandes constructoras de la era del “ladrilllo” en España, como Acciona o ACS, han conseguido suculentos contratos de infraestructuras, como las obras del Metro de Quito.
Hay que tener presentes algunas cosas esenciales, a la hora de valorar los efectos sociales y económicos de la inversión española en Latinoamérica. Aunque en principio puede entenderse como un proceso saludable de diversificación frente a la pasada omnipresencia del imperialismo norteamericano en las economías de la región; lo cierto es que la inversión española está firmemente dominada por los grandes gigantes del Ibex 35, y no por la pequeña o mediana empresa productiva, y que, en gran medida, ha consistido en la captación de yacimientos de plusvalor que han sido privatizados tras la implementación de los distintos procesos de ajuste neoliberales impuestos por el FMI o por la simple fuerza de las armas de las dictaduras pretéritas en Latinoamérica. Es decir: en gran medida ha consistido en hacerse, a precio de saldo, con los activos privatizados por la furia neoliberal de las últimas décadas.
Lo que es evidente es que las grandes empresas del Ibex 35 español, y por extensión el gobierno de España y las instituciones de la Unión Europea (el selecto club al que España pertenece, entre otras razones, porque puede actuar como un productivo “puente” entre Europa y América Latina, como se ha visto en la reciente negociación del Tratado de libre comercio entre el Mercosur y la UE), tienen, o deben tener, algún tipo de responsabilidad sobre el respeto a los Derechos Humanos en la región en este momento de crisis política generalizada.
Las grandes empresas, que muchas veces ponen y quitan gobiernos; los gobernantes europeos, que tanto reclaman democracia y derechos cuando les tocan la chequera; y los burócratas de la Unión, que ahora dicen ser “verdes” sin tener en cuenta los efectos sobre el medio ambiente del saqueo de los pueblos del Sur, son, en cierta manera, responsables de su falta de actuación encaminada a que América Latina no se hunda en una deriva autoritaria, represiva y criminal, como la que parece apuntarse tras el golpe de Estado en Bolivia o las duras campañas de criminalización de la protesta, con alto coste en vidas humanas y en violaciones de los derechos ciudadanos, implementadas en Chile, Colombia o Ecuador.
Debería ser así. Y, sin embargo, veamos algunos ejemplos de lo que han hecho “humanísimos” y, en ocasiones, “progresistas” gobiernos como el español, en los últimos tiempos:
La fragata militar española “Méndez Núñez” se entrena con la corbeta del ejército ecuatoriano “Esmeraldas”. Lo hace tras recalar previamente en la principal base naval del ejército chileno (Valparaíso). La corbeta misilera ecuatoriana pertenece a una unidad de seis corbetas construidas en Italia por Fincateri y entregadas entre 1982 y 1984 a la Armada ecuatoriana.
La Fuerza Aérea Ecuatoriana firma un contrato con Airbus Helicopters (filial de Airbus, una de las joyas de la corona de la integración europea, el consorcio aeronáutico que está haciendo sombra a nivel a global a la estadounidense Boeing, y el motivo de la reciente subida de aranceles sobre productos europeos por parte de Trump) para la adquisición de seis helicópteros H145, con un innovador sistema de alerta y autocontrol, recuperando la capacidad operativa del Ala de Combate nº 22 del Ejército ecuatoriano.
Entre el 20 y el 21 de junio, la Universidad de las Fuerzas Armadas de Ecuador organiza la I Feria de Desarrollo Tecnológico para la Defensa (FEDETEC), a la que acuden empresas de armamento de diversos países, entre los que se cuentan Israel, Chile, Argentina o, como no, la ubicua y europea Airbus, promocionando su avión de transporte medio C295M y sus helicópteros H125 y H215. Si pensamos que los socialdemócratas paises del Norte de Europa no se dedican a estas cosas, estamos equivocados: en FEDETEC también se pudo encontrar los productos de Kongsberg Maritime, filial del conglomerado noruego Kongsberg Gruppen.
El Ministerio del Interior español, finalmente, da su visto bueno al envío, por parte de la Policía española, de instructores de las unidades antidisturbios, especializados en el control de masas y en vigilancia de zonas sensibles e instalaciones estratégicas, para el adiestramiento de las fuerzas de choque de los carabineros chilenos, que han sido acusados en el último mes de numerosas violaciones de los derechos humanos, entre las que se cuentan centenares de lesiones oculares y decenas de agresiones sexuales.
¿Es este el tipo de “ayuda democrática” que los siempre orgullosos y ahítos de autosuficiencia gobiernos europeos deben prestar a los pueblos latinoamericanos? ¿Esto es “expandir la civilización”, “ampliar la democracia”, “combatir el populismo”, “defender las libertades” o cualquiera de las otras consignas altisonantes que los mandatarios europeos tienen siempre en la boca cuando se trata de justificar lo que muchas veces es injustificable?
Los trabajadores y trabajadoras de Europa, y muy señaladamente, del Estado Español, debemos denunciar claramente este doble rasero de nuestros dirigentes. Los expolios perpetrados por “nuestras” empresas en América Latina y sus funestos efectos sociales. La colaboración de nuestras fuerzas y organismos de seguridad en la implementación de la deriva autoritaria en curso en la región. La brutalidad del imperialismo norteamericano, pero también la responsabilidad de nuestros gobiernos y empresas. La solidaridad con los pueblos empieza por tomar partido contra quienes construyen sus jaulas.
Los movimientos sociales europeos debemos encontrar la manera (superando nuestro inveterado sectarismo, nuestra ceguera civilizacional eurocéntrica, nuestro historial de apuñalamientos mutuos) de cooperar en la labor de desvelar y denunciar esta cruel colaboración de las empresas y los gobiernos europeos con el proceso en curso de impugnación autoritaria y represiva de los avances obtenidos por los movimientos populares latinoamericanos.
Presionando a nuestros gobiernos, a nuestras empresas, a nuestros aventureros militaristas, a nuestros expresidentes en busca de “un buen lugar bajo el sol”. Escuchando, respetando y apoyando a los movimientos latinoamericanos y respaldando a sus activistas en peligro.
Construyendo los puentes desde abajo que permitan los abrazos que los de arriba nos han tenido siempre vetados.