En la quinta reunión de convenio no hubo nada reseñable en cuanto a la cuestión de convenio. la empresa tras darnos parte de los documentos solicitados, volvió a solo entonar algunos de sus clásicos para no darnos el resto: “…que no los tenían aún, que necesitaban más claridad en lo que se pedía…”, clásicos básicos de esta empresa cuando quiere marear la reunión. Los datos que si vinieron a contar son el número de permisos retribuidos concedidos y sin desglose, un dato que a estas alturas nada aporta.
También salió uno de los temas estrella, el pago de complementos en periodo de vacaciones, el cual, la Dirección de Metro sigue sin reconocer, tratando de convencernos con sus argumentos. Solidaridad Obrera les recordó que lo único que deben hacer al respecto es QUE METRO DE MADRID PAGUE LO QUE DEBE A LOS TRABAJADORES DESDE AL MENOS 2015. Sabemos que a la dirección le cuesta tapar lo que es una vergüenza millonaria de su gestión, pero ahora mismo se trata de una parte de nuestro salario secuestrada por ellos.
Tras esto, hubo un pequeño debate sobre la autorización de la masa salarial y los fondos adicionales que aún no hemos recibido, de todo esto, lo que sacamos en claro es que las horas extras y la variable no forman parte de la masa salarial que autoriza la Consejería de Hacienda, y se marcan como objetivos de rendimiento de la empresa. Solidaridad Obrera sigue exigiendo la eliminación de la Variable, siendo un concepto utilizado únicamente para tener secuestrados a una buena parte de la plantilla. Por otro lado, están las horas extras que no es más que otro fracaso en la gestión de esta empresa, que sabiendo las necesidades de personal que tiene Metro de Madrid, siguen tapándolo con la realización de miles de horas extras. Con esto, la empresa ya sabe que tiene un par de temas principales que resolver, la eliminación de la variable y la creación de empleo, este segundo, además de ser la única manera de realizar una buena gestión, es también el único modo de garantizar todos los demás derechos conquistados hasta ahora, sin plantilla todos nuestros derechos y condiciones laborales se deterioran.
En próximas reuniones estaría bien analizar la justificación de los responsables de Metro de Madrid para externalizar cada vez más trabajos, hablar de esos contratos millonarios, cuya única vía de salida han sido la falta de personal, esto en instalaciones fijas y material móvil puede ser explicado muy bien por una por la incapacidad de negociación, tanto en la multifuncionalidad, que después de todos estos años parece no avanzar porque no consiguen destruir las secciones convencionales, y en material móvil por la falta de personal y la incapacidad de negociar los turnos en talleres centrales, que además debe de llevar aparejada la necesaria rotatividad de turnos, algo que ya debe ser evolución continua en esta empresa, y que Solidaridad Obrera lleva más de 30 años defendiendo.
Por Solidaridad Obrera solo podemos poner de manifiesto nuestras ganas de avanzar y nuestra disposición a reunirnos, sin limitaciones de meses de verano ni horarios y de convocar las movilizaciones necesarias si no se ven gestos por parte de la empresa. La reunión no dio para prácticamente nada, solo para sacar este análisis de lo que se pudo tratar, y emplazarnos para la siguiente el próximo día 8 de julio.
REUNIÓN MESAS TÉCNICAS 25 DE JUNIO
En la reunión del pasado jueves referente a las mesas técnicas para la adecuación de un mejor calendario de descansos para la categoría de maquinistas, se avanzó mucho menos de los esperado.
Con tanta burocracia, formalismos, y con miedo en ambas partes de no dar un paso en falso y meter la pata, no terminamos de concretar los detalles necesarios para la correcta adecuación del calendario.
En esta última reunión comenzamos hablando del acta, un acta que llegó tarde, que debíamos corregir desde la parte social (ya que contenía multitud de inexactitudes) y que no pudo ser firmada, pero que esperamos pueda ser firmada durante la semana.
A continuación la empresa nos sacó un pequeño documento en el que nos daban una tabla con los porcentajes reales (brutos) de los nuevos calendarios, sin tener en cuenta posibles variantes que se dan con el modo de trabajo actual, (ya sean cambios consigo mismo, pap, débitos, etc), y lo comparaban con los porcentajes del modelo de descanso actual, pero si incluyendo esas medidas comentadas en las porcentajes, y en la que según ellos se llega en la actualidad. Y nos pedían que lo adaptásemos de la misma manera para llegar al mismo porcentaje en ambos.
Entiendo que, como decía en párrafos anteriores, nadie quiere dar el paso de hacer esas correcciones para no meter la pata. Alguna persona de la dirección se comprometió a darnos esas medidas en esta reunión, pero eso no ha ocurrido, y nos piden que seamos nosotros los que les mostremos el camino para ajustar los porcentajes.
Si esa es su nueva premisa, les daremos respuesta, seguiremos dando los pasos necesarios para que todo esto pueda salir a delante de la mejor manera posible. Pero eso sí, esperamos que la empresa no esté jugando con nosotros, y que las actas distorsionadas, las dilataciones en el tiempo, y el complicar las cosas que son sencillas de por sí, no sea una estrategia (ya sea de desgaste, de justificación de trabajo ante las administraciones, de dilatación en el tiempo, o un largo etc) que desde luego también estamos contemplando y vigilando.
Que desde la parte social, y por supuesto desde Solidaridad Obrera, queramos llevar las negociaciones por la línea del entendimiento, no significa que la paciencia tenga un límite.
El pasado martes 23 de junio hubo otro esperpéntico espectáculo en el Grupo de Trabajo de Amianto, que emana del Comité de Seguridad y Salud, en la primera parte, 4 horas, no nos dio tiempo a terminar y fueron necesarias otras dos horas de reunión el viernes 26.
Sobre las tareas con amianto que realizamos los y las trabajadoras, la empresa sigue sin reconocer ninguna, además, continúa sin incorporar nuevos colectivos en la vigilancia por amianto, también en este ámbito emplean la excusa de la judicialización. En otras palabras, el Grupo de Trabajo de Amianto ha sido reducido al absurdo, cualquier información solicitada debe ser revisada primero por el jefe de servicio de Prevención, debidamente asesorado, para comprobar si tiene implicación jurídica, como por ejemplo el informe de desamiantado de los trenes 1000 que la empresa se comprometió a entregar, completo, con todas las piezas detectadas. Este informe quedo reducido a un certificado que indica que el tren está libre de amianto y que entregaron cuando el tren ya había sido restaurado, parece ser que se han destruido conscientemente las últimas pruebas de esta serie.
También parece que existen informes o investigaciones, según la responsable de Grupo de Prevención, que describen los motivos por los que se está haciendo la VSEA a algunos trabajadores y descartan a otros, pero pese a llevar años pidiendo este razonamiento no nos los dan, suponemos que por la misma implicación jurídica.
Ya una vez entramos a concretar algunas tareas en las que se han expuesto a trabajadores al amianto en Metro de Madrid, teníamos el mejor ejemplo, el jefe del Servicio de Prevención, al que preguntamos por el puesto que desempeñó cuando entró en Metro, queríamos que de primera mano, un Agente de Señales nos contara como había trabajado, ajustando los circuitos de vía Ericsson, algo que implica estar expuesto a amianto friable, sin formación, ni Epis como así nos confirmó, además de comunicarnos que no se está sometiendo a vigilancia alguna, que no lo considera necesario. Este negacionismo, provocado seguramente por temor, no debería permitirle desempeñar el puesto que tiene actualmente, dado que es víctima de haber padecido la exposición y verdugo de no evitarla en los compañeros que actualmente siguen en riesgo y ello condiciona el resto de la actividad preventiva. Amablemente le sugerimos nuevamente que dimita.
Siguen sin querer revisar el uso obligatorio de Epis, este uso en Material Móvil es necesario, los cientos de nuevos elementos aparecidos con MCA desde que se aplica en la empresa la IG12 han aumentado sustancialmente, además sobre esta Instrucción General se basa la formación, que es como decimos desde hace más de un año muy insuficiente.
La empresa no quiere revisar el Plan de Formación, ni disminuir los plazos de reciclaje, ni ampliar las horas de formación, que debe ser modificada troncalmente, advirtiéndoles que las píldoras e-learning que quieren incluir son informativas, no son formativas. Además ha quedado palpable en el último requerimiento de la Inspección de Trabajo tras denuncia de Solidaridad Obrera, sobre la aplicación que hace el Servicio de Prevención de la IG12, el incumplimiento probado del Real Decreto 396/2006 en su artículo 5. Este artículo está dedicado a la evaluación y control del ambiente de trabajo, las búsquedas de amianto que autorizó en los bancos de trabajo por parte de personal no cualificado de la empresa no es una buena práctica, y es un claro ejemplo del carácter de la formación, y de la mentalidad que tiene aún esta empresa, al autorizar a trabajadores sin formación, ni Epis adecuados, a realizar búsquedas de amianto en estado friable y desmenuzados, que posteriormente resultaron positivos por el material cancerígeno, de esta forma se expusieron ellos y a los que estaban en su entorno, al no realizarse ningún tipo de protección ni individual ni colectiva.
Para Solidaridad Obrera, Metro de Madrid debe ser RERA, debe revisar el Plan de Formación, la Prevención debe dar un giro y proteger a los trabajadores, además de que la IG12 no es suficiente para eliminar el riesgo del amianto. También tenemos muy claro que faltan trabajadores por incluir en vigilancia como Maquinistas, algunos trabajadores de la sección de Energía… Está claro que el monstruo del amianto ya no entra en la habitación.
El presidente norteamericano, Donald Trump, ha dado la orden de que su país se retire de las negociaciones iniciadas en la OCDE para la aprobación de una tasa internacional a las multinacionales. Estas negociaciones eran la alternativa que el propio presidente estadounidense había ofrecido a la aprobación, por parte de la Unión Europea, de una tasa continental a las grandes tecnológicas, la llamada “Tasa Google”. Pocos días antes, la Oficina de Comercio de Estados Unidos ha decidido abrir una investigación contra los países europeos (entre ellos, España) que tienen previsto poner en marcha su impuesto propio sobre las grandes tecnológicas en los próximos meses.
Suenan tambores que anuncian una nueva guerra comercial en la Administración norteamericana. Pero en esta ocasión las hostilidades pueden no dirigirse contra China, con la que se han destensado las relaciones en los últimos meses, a la espera de ver si se cumple el acuerdo bilateral que puso fin, de manera momentánea, al enfrentamiento entre las dos grandes potencias de nuestro tiempo. La nueva guerra comercial iniciada por la Administración Trump puede ser una guerra contra la Unión Europea.
Donald Trump está en una situación política delicada. Se enfrenta a unas nuevas elecciones presidenciales el 3 de noviembre, en las que no parece todavía claro quien va a ser el ganador. Trump puede estar ganando la batalla de la financiación de la campaña. Ha obtenido ya 325 millones de dólares para su campaña electoral, mientras su oponente, el demócrata Joe Biden acumula sólo 260 millones. Cuenta con el apoyo de una parte importante de la élite: desde el millonario de los casinos Sheldon Adelson , al presidente del fondo de inversión Blackstone, Stephen Schwarzman , pasando por el fundador de Oracle, Larry Ellison y el magnate del petróleo Harold Hamm. Pero Biden no es tampoco un candidato marginal: le apoyan públicamente casi 100 milmillonarios, desde el consejero delegado de Netflix, Reed Hastings, hasta el fundador de Linkedin, Reid Hoffman.
Trump tiene dos problemas fundamentales para ganar. Por un lado, la situación económica norteamericana, sacudida por la pandemia de Covid-19. Pese al colapso derivado de los confinamientos, que provocó un alza del desempleo como no se había visto desde 1948, lo cierto es que los últimos datos económicos, así como el comportamiento de la Bolsa de Wall Street, junto a las medidas tomadas por la Reserva Federal, dan munición para que el presidente mantenga la esperanza en una rápida y fuerte recuperación. Está por ver qué ocurre si esta se frustra por una segunda oleada de la pandemia, justo al inicio del otoño, muy cerca de la campaña electoral.
Por otro lado, Trump se enfrenta a una situación de conflicto social creciente. Las movilizaciones que se han sucedido tras el asesinato del ciudadano negro George Floyd aún no se han apagado. Y Trump ha seguido alimentándolas con declaraciones incendiarias que buscan polarizar a sus bases más reaccionarias. Los enfrentamientos callejeros han sido los más graves desde los años sesenta. Trump parece ver en ellos la oportunidad de una nueva vuelta de tuerca en la estrategia autoritaria, punitivista y securitaria iniciada con la aprobación de la Patriot Act tras los atentados del 11-S. Pero el colchón social de los movimientos en la calle es muy amplio y su criminalización se muestra problemática. La radicalización del conflicto puede movilizar a una parte de las bases republicanas tras las consignas de “Ley y Orden”, pero también puede enajenar el apoyo a Trump de los sectores más moderados de la derecha, hartos de tanta agitación.
La Unión Europea, por su parte, se enfrenta a una grave crisis, que sólo se puede solucionar con una deriva constituyente decidida. Las tensiones internas de la Unión están llegando a un punto peligroso, tras el golpe sufrido por la salida de Reino Unido de los Tratados. La pandemia de Covid-19 ha empujado a Europa a una situación extrema: o decide implementar una política federalista de construcción de las instituciones comunes (la Unión Bancaria, el presupuesto único, la unidad fiscal, la defensa unida, etc.) que la pueden convertir en un Estado-Continente viable en medio de un mundo cada vez más multipolar; o las contradicciones (Norte-Sur, Este-Oeste…) se irán acumulando hasta producir una previsible implosión de la Eurozona, que podría llegar a ser caótica.
El fuerte impacto de las políticas de austeridad puestas en marcha para detener la crisis del 2008 en la Unión Europea ha desequilibrado las cuentas públicas de algunos de sus Estados más importantes. Europa nació neoliberal, según los propios tratados constitutivos, pero el peso de deudas públicas cada vez más insostenibles (como la italiana o la española), junto a la degradación de los modelos productivos de los países del Sur por la desindustrialización de las últimas décadas, lleva a los gobiernos a intentar encontrar nuevas vías de financiación.
Así que los fiscalistas que asesoran a los gobernantes europeos han decidido ensayar nuevas alternativas para aumentar los presupuestos públicos, sin dañar en demasía la actividad económica en el continente. Una de las posibilidades es, precisamente, actuar sobre los mecanismos de ingeniería fiscal que permiten a las grandes multinacionales globales operar en suelo europeo sin pagar apenas impuestos.
Las grandes tecnológicas globales son, pues, un candidato ideal para convertirse en objetivo de un nuevo impuesto. La llamada “Tasa Google” mata varios pájaros de un tiro: permite aumentar los ingresos públicos evitando los ingeniosos mecanismos que las grandes transnacionales usan para evitar contribuir en los países en los que operan (la domiciliación en determinados países, provocando fenómenos de “dumping fiscal”; el recurso a los “paraísos fiscales”; el arbitraje con las divisas…). Y, al mismo tiempo, podría funcionar como un mecanismo proteccionista que ayudase a la emergencia de empresas tecnológicas europeas, en un momento en que la Unión está perdiendo claramente la pugna por los mercados tecnológicos globales y por la innovación productiva del futuro.
Pero las grandes tecnológicas son fundamentalmente norteamericanas. Y Estados Unidos ha dejado ya claro que no está dispuesto a que sus grandes transnacionales paguen impuestos en Europa. Al conocer el proyecto francés de “Tasa Google”, Trump implantó hace algunos meses fuertes aranceles contra los productos galos. Poco después, ofreció una especie de alternativa: la firma de un acuerdo internacional, en el seno de la OCDE, para gravar con un impuesto global a las multinacionales de cualquier sector, no sólo las tecnológicas. Esas negociaciones son, precisamente, las que Trump, acuciado por la necesidad de dar golpes de efecto ante su próxima campaña electoral, ha hecho naufragar ahora.
La ministra española de Hacienda, María Jesús Montero, respondió a la carta del secretario del Tesoro norteamericano, en la que le anunciaba el abandono de las negociaciones en la OCDE, con las siguientes palabras: “La Unión Europea en su conjunto no va a aceptar ningún tipo de amenaza”.
El gobierno español tiene razones para estar preocupado. España ha aprobado ya una tasa a las tecnológicas que realicen actividades de intermediación y compraventa de datos o publicidad on-line, con una facturación global de más de 750 millones de euros, de los que más de 3 millones han de haberse obtenido en territorio nacional. El cobro del impuesto, sin embargo, ha sido suspendido hasta diciembre, con la esperanza de que en ese tiempo se puedan cerrar las negociaciones ahora rotas en la OCDE sobre una tasa internacional a todas las multinacionales. Alemania, sin embargo, con múltiples y fuertes lazos comerciales con los norteamericanos y con continuos superávits en sus finanzas públicas, se muestra acomodaticia, intentando rescatar las conversaciones que eviten una “Tasa Google” europea.
La tensión sube. Trump puede estar tentado de abrir una nueva guerra comercial. No en vano muchos de sus movimientos de los últimos años, han ido encaminados, aún indirectamente, a debilitar a la Unión Europea, como los encaminados a la desestabilización continua e interminable del Magreb y de Oriente Medio, el intento de veto del oleoducto Nord Stream II, que llevará el gas ruso a Alemania, o el continuo intento de enfrentar a Europa con su vecino euroasiático.
Trump ha decidido usar las guerras comerciales donde sus antecesores recurrían, muchas veces, a los cañones y a los bombarderos. Pero también ha decidido iniciar dichas guerras contra sus más directos competidores, sin ninguna contemplación, sin respetar las viejas alianzas ni las reglas de los viejos consensos internacionales. En las guerras siempre sufren los pobres. No nos engañemos. En las guerras comerciales también.
Europa tiene, pues, una razón más para decidir si desea ser una alternativa económica y política global, o una amalgama en decadencia de gobiernos que se odian en un continente plagado de desequilibrios y tensiones. Las clases dirigentes de los llamados “países frugales” y de Alemania deberían atender a los signos de los tiempos. O hay una Europa funcional y federal, con una economía integrada y equilibrada e instituciones democráticas comunes, o el caos y las grandes potencias de un mundo en crisis se tragarán codiciosamente el llamado “sueño europeo”.
Tras varias reuniones con la empresa en las últimas semanas, tenemos unas extrañas sensaciones. Llevamos un par de reuniones en lo que todo son buenas palabras por parte de la Dirección y en las que nos quieren mostrar buenas intenciones. Llevábamos mucho tiempo en las que hemos tenido pocas reuniones productivas y en las que siempre acabábamos en la misma piedra, por eso este cambio de tendencia queremos cogerlo con alfileres y no “echar las campanas al vuelo”, veremos ver si en la próxima reunión avalan sus palabras con hechos.
Para esta próxima reunión, la empresa se ha comprometido a traer medidas concretas para la puesta en marcha y no generalidades como hasta ahora y sin pretensiones de mejorar el servicio a costa del calendario.
A grandes rasgos, podemos contar que la vuelta a las reuniones tras el confinamiento por el Covid, hemos vuelto a retocar los calendarios, tanto la empresa, que mejoró su propuesta basada en la actual secuencia de 7 semanas, como el de la parte social, basado en las secuencias de 4 semanas y en el que hemos presentado dos nuevas modificaciones.
Tras la presentación de propuestas, la Dirección reconoció la viabilidad de todas ellas, pero que debíamos decidirnos por una de ellas para poder desarrollar las medidas asociadas para su puesta en marcha. La empresa abogaba por su propuesta por la posibilidad de aplicación en menor espacio de tiempo (ya que el sistema informático sería el mismo), diciéndonos que podría quedar implantada para los próximos cuadros, pero ésta presentaba una serie de “ineficiencias”, que considerábamos tenían difícil solución (además de que las propuestas de la parte social seguían siendo mejores para la categoría). Por lo que la decisión era fácil, debíamos seguir trabajando la mejor opción para los maquinistas, que nos otras que las propuestas por la parte social, aunque pueda tardar unos meses más su implantación, por la necesidad de implementar un nuevo sistema informático que lo gestione.
El trabajo y las negociaciones en este asunto es de un cambio constante, es difícil informar sobre ello sin causar falsas expectativas o, todo lo contrario, informar de algo que la semana siguiente pueda cambiar por la cantidad de vicisitudes que lleva el calendario de descansos. Queremos ser positivos porque creemos absolutamente en los beneficios para todas las partes, y la viabilidad de los mismos, pero nuestro positivismo, no debe confundirse con conformismo, lucharemos porque el calendario resultante sea el más beneficioso para todo el colectivo.
Estamos seguros que esto acabará en un referéndum para la categoría, en la que incluso se podrán plantear las mejores opciones que manejemos desde la parte social (en las que también nos cuesta discernir cuál es la mejor opción), para que sean los trabajadores los que decidan. Esperemos que ese momento llegue pronto, no cejaremos en el empeño en la búsqueda de un calendario que concilie de mejor manera la vida familiar y social con más libranzas en fin de semana.
Madrid a 23 de junio de 2020 Por Solidaridad Obrera La Junta Sindical
Estas últimas semanas hemos visto desatarse una oleada de despidos. Nissan ha anunciado que va a cerrar sus factorías en Barcelona y dejar 3000 trabajadores en la calle, afectando a otros 27.000 empleos indirectos, entre empresas de componentes, proveedores, etc. Otro tanto ocurre con la fábrica de aluminio de Alcoa en Lugo, que va a despedir a más de 500 trabajadores.
Los ERTEs amenazan con convertirse en EREs. Los trabajadores de los servicios a bordo de los trenes de Renfe, empiezan a temer por su futuro. También muchos de los empleados del comercio, la hostelería o el turismo. Tras la oleada de suspensiones que dejó a millones de trabajadores dependiendo de exiguos y condicionados subsidios, viene el tsunami de pérdidas de puestos de trabajo.
Y los que mantienen su empleo, se encuentran con situaciones extremas de inseguridad, peligro para sus vidas, y pérdida acelerada de condiciones de trabajo. Los empresarios pretenden que se les “devuelvan” las horas en la limpieza viaria madrileña. Trabajadoras de los centros de belleza, que han sido obligadas a ir a trabajar pese a estar en situación de ERTE para no perder su empleo, son despedidas por la supuesta finalización de supuestos contratos temporales en fraude ley. Nadie se preocupa de garantizar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales frente al Covid-19.
Mientras tanto, los empresarios hacen grandes cumbres virtuales y reclaman ayudas al gobierno para todos los sectores imaginables. Ayudas que el gobierno otorga con profusión a los grandes patronos de la automoción o el turismo, sin pedirles nada a cambio. Ni cesiones entorno a la negociación colectiva, ni la retirada de la reforma laboral, ni participación obrera en la gestión de las empresas, ni construcción de un sector público empresarial que garantice la soberanía productiva y tecnológica. El gobierno va a rescatar, con los impuestos pagados por los trabajadores, a las grandes transnacionales, los fondos buitre y la oligarquía incapaz de nuestro país. Todos nos tendremos que apretar el cinturón para que no decaiga el festín de corrupción y la transferencia de rentas del común a manos privadas en que consiste el degradado capitalismo español.
Europa nos promete dinero a cambio de más recortes, de más privatizaciones, de más “colaboración público-privada” (porque tenemos un empresariado que es incapaz de generar ningún modelo de negocio que no consista en “meter la mano” en las arcas públicas), de más “flexibilidad” laboral (es decir, facilidad para el despido) y de peores pensiones públicas y servicios sociales y educativos. Todos quieren su parte del saqueo. Su botín robado a los trabajadores y ensangrentado por una pandemia que podía haberse controlado si no se hubiera legalizado el latrocinio con la ley 15/97, facilitando la derivación de los recursos de la Sanidad Pública a la empresa privada.
Todos participan. También el Ministerio de Trabajo y los sindicatos oficialistas y burocratizados (UGT y CCOO) que han iniciado nuevas rondas de un “diálogo social” que consiste básicamente en debatir con la patronal cómo hacer que los trabajadores traguen con todo esto. Cómo hacer para no derogar la reforma laboral, pese a las promesas electorales. Cómo hacer para que continúen los ERTEs. Cómo hacer para que la defensa de la igualdad de género en las empresas se transforme en una pila de papeles y una actividad de gestión burocrática para que vivan de ella algunas consultoras. Cómo hacer para que se “devuelva” el tiempo de trabajo del confinamiento, como si los trabajadores hubieran estado de fiesta o vacaciones, mientras se les confinaba, amenazaba, y se prohibían sus protestas públicas.
Nosotras y nosotros no vamos a participar de ese “diálogo social”. No le vamos a mandar cartas de amor a la Ministra de Trabajo ni le vamos a publicar publi-reportajes en la prensa obrera. Nosotros hemos decidido luchar. Movilizarnos. Defendernos.
Hacemos un llamamiento a la clase trabajadora, a los sectores más vulnerables de la clase media (autónomos, profesionales…) y a todas las personas con sensibilidad humanitaria, social y democrática de este país.
Os llamamos a la movilización. A la acción. A la autoorganización. A la construcción de una alternativa de sociedad. A la alianza para la lucha.
Estamos ante una bifurcación histórica sin precedentes en nuestro tiempo de vida. El futuro se juega ahora. O avanzamos, o perderemos mucho más de lo que podemos imaginar.
Trabajadores: el futuro está en nuestras manos.
El único futuro vivible está en nuestras luchas.
No es tiempo de “diálogos” adormecedores, sino de defender decididamente lo nuestro.
Hoy hablamos sobre el levantamiento definitivo del Estado de Alarma. Analizamos en qué estado afronta España esta reapertura y analizamos qué medidas pueden tomar trabajadores y autónomos para afrontarla con ciertas garantías. O, al menos, para sufrir la reapertura lo menos posible. Además, hablamos hoy sobre la polémica de la semana en la izquierda: la comisión de investigación sobre los GAL. Con el papel de Felipe González y el PSOE en un oscuro episodio de terrorismo de Estado sobre la mesa, parece que la izquierda ha tenido cierta polémica en sus filas sobre qué postura tomar. Por último, hablamos sobre varios pronunciamientos importantes que realizará el Tribunal Consitucional en los prósimos días: Ley Mordaza o la toma del cargo de diputado entre otros. Con José Luís Carretero y Carlos Allué. Conduce Juan Martínez.
Por José Luis Carretero Miramar | Secretario General de la Confederación Sindical Solidaridad Obrera y miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA)
Dossier “La clase trabajadora y la autogestión en la pandemia mundial”: Continuamos publicando esta serie de análisis y reflexiones sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 sobre la clase trabajadora y las experiencias de autogestión, que iniciamos con la nota de Gigi Malabarba sobre Lombardía (Italia). En este artículo, José Luis Carretero Miramar reflexiona sobre las consecuencias del confinamiento y la pandemia en el estado español.
La pandemia de coronavirus se ha convertido en una gran bifurcación histórica para la monarquía española. En más de un mes de confinamiento, la sociedad española ha encarado una gigantesca crisis sanitaria y social, que puede hacer emerger un escenario inédito en lo político.
España afronta la epidemia con un sistema sanitario degradado y al borde del colapso. Décadas de recortes, de cierre de centros de salud y de privatización y externalización de los servicios sanitarios o los servicios auxiliares de los hospitales, están pasando su factura. Cuando el brote de coronavirus comienza, a principios de marzo, el Sistema Público de Salud de la Comunidad de Madrid tiene cerca de dos mil camas hospitalarias y más de mil trabajadores sanitarios menos que diez años antes. Frente a las más de quinientas plazas en unidades de cuidados intensivos por cada cien mil habitantes de Alemania, la salud pública española no llega siquiera a las doscientas. Más de un treinta por ciento de los trabajadores de los servicios de salud son contratados temporales, muchos de ellos en claro fraude de ley. El sistema sanitario español, definido por los medios de comunicación acomodaticios con el Régimen como “la joya de la corona” de la monarquía hispánica y “la mejor Sanidad del mundo”, no puede hacer frente a la pandemia.
Durante varias semanas, los hospitales colapsan. Los trabajadores sanitarios no disponen de medios de protección y no hay respiradores ni unidades de cuidados intensivos para todos los pacientes que los necesitan. Los propios sanitarios se convierten en el principal grupo de personas infectadas, junto a los ancianos de las residencias de personas mayores que han sido también privatizadas en las últimas décadas, que mueren por millares. Los sanitarios que dan positivo a los test de coronavirus son obligados a volver a atender a pacientes una semana después, pese a que existe la posibilidad de que sigan contagiando. No hay recursos como respiradores, mascarillas, batas, cascos con pantallas, ni tampoco una industria nacional que los fabrique. Las primeras semanas cunde el caos.
Pero el caos en el sistema productivo es aún mayor. Las medidas de confinamiento y la consiguiente parálisis económica conllevan más de un millón de despidos. Cerca de 500.000 empresas presentan Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que permiten suspender las relaciones laborales de más de cuatro millones de trabajadores, y que los trabajadores suspendidos pasen a cobrar la prestación por desempleo (cerca de un 70 % del salario anterior). Los autónomos (trabajadores independientes no asalariados) y las pequeñas empresas tienen que paralizar en masa sus actividades y pasar a obtener magros ingresos públicos, en un modelo económico basado fundamentalmente en la hostelería y el turismo (juntos representaban cerca del 30 % del PIB), dos actividades que no pueden seguir funcionando durante el confinamiento. Los trabajadores informales (trabajadoras sexuales, trabajo sumergido en la hostelería o el turismo, operarios de pequeñas reformas en la edificación, vendedores ambulantes, etc.) y las personas que están en situación de marginalidad o sin hogar, pasan a depender directamente del funcionamiento de los Bancos de Alimentos de la Iglesia, los municipios o los movimientos sociales que, además, interrumpen en muchos casos su funcionamiento durante el plazo de confinamiento más estricto.
Un pequeño ejemplo puede servir para resumir lo que el neoliberalismo conlleva al calor de la pandemia y cómo las élites políticas del régimen tratan de convertir la crisis en “oportunidad”. Al cerrar los centros educativos, la Comunidad de Madrid decide que los niños que reciben becas de comedor, pertenecientes a familias de bajos ingresos que sólo cobran la Renta Mínima de Inserción (una prestación pública insuficiente), tengan acceso, en lugar de a los comedores escolares, a determinados productos de conocidas franquicias como Rodilla o TelePizza. Una alimentación insuficiente, caótica desde el punto de vista nutricional, y que obliga a las familias a ir a buscarla a los locales de las franquicias y a identificarse delante los empleados de estas.
Lucha de clases en los centros de trabajo.
Mientras tanto, las tensiones en los centros de trabajo se vuelven en muchos casos explosivas. Las empresas que siguen abiertas intentan por todos los medios seguir trabajando sin las condiciones de seguridad y protección necesarias. En muchos sitios no hay guantes, mascarillas o geles desinfectantes para los trabajadores. Tampoco hay medidas específicas para el personal especialmente sensible (diabéticos, hipertensos, personas con afecciones respiratorias, inmunodeprimidos, etc.). El conflicto se establece en torno a las medidas de seguridad que se han de aplicar. Los trabajadores reclaman no arriesgar sus vidas, y los patronos persiguen la continuidad del proceso productivo pese a todo.
Nos lo cuenta Antonio Rus, delegado encargado de la prevención de riesgos laborales en la sección sindical de Solidaridad Obrera en el Metro de Madrid:
“Está costando mucho avanzar. Van tomando las medidas de prevención con cuentagotas y no terminan de ponerlas en marcha. Cuando creemos que hemos conseguido algo, a los dos o tres días vemos que no se hace. Se han reunido todos los sindicatos y han planteado algunas reivindicaciones, principalmente rebajar el servicio (dejar sin personal la mitad de las estaciones), también que nadie abandonara su tren durante el día. La empresa les propone dejar sin personal 100 estaciones. La gente que se queda en casa, se queda, pero a los demás les están llamando a cubrir otras estaciones, con lo que no se rebaja tanto el peligro para la plantilla, el impacto de la medida no es tan grande como se esperaba. Siguen faltando mascarillas. Hay gel, pero a veces no lo llevan a los puestos de trabajo hasta que insistimos. Reclamamos que en mantenimiento sólo se haga lo urgente. Hay más de 1400 afectados, 3 fallecidos y 104 positivos confirmados entre la plantilla”.
Nos lo indica, también, Fermín Hernández, del Sindicato del Agua de Alicante de Solidaridad Obrera:
“En algunas depuradoras hay turnos de 24 horas, durmiendo los trabajadores en una roulotte. Hay coacciones por todos lados. En Helados d´Alacant hubo que llamar a la policía porque estaban trabajando sin ninguna posibilidad de prevención, a 40 cm unos de otros. Después, la dirección ha instalado mamparas y se han puesto turnos en el vestuario.”
En sectores especialmente precarizados, como el Telemárketing (venta telefónica) la situación se vuelve especialmente brutal: en los calls centers, en gigantescas naves, trabajan cientos de trabajadores, unos al lado de los otros, compartiendo micrófonos, teclados o auriculares. Sin gel desinfectante, guantes o mascarillas. Sólo la presión de los trabajadores organizados consigue que las cosas mejoren y que una importante parte de la plantilla pase a realizar teletrabajo, pero, eso sí, usando muchas veces sus propios medios tecnológicos (ordenador, conexión a internet) y sometiéndose a un control reforzado de la empresa, que desconoce el recién declarado (que no regulado) derecho a la desconexión digital que establece la Ley de Protección de Datos española.
Un elemento importante, por lo que permite hacer visible, en este proceso de lucha de clases, es la posibilidad admitida por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales española de paralizar, por parte de los representantes sindicales o la inspección de trabajo, la actividad productiva ante un riesgo grave e inminente contra la salud de los trabajadores.
Es así como se paraliza la actividad en la planta de la Mercedes Benz en Vitoria, o como se puede forzar a algunas concesiones a Konecta (la empresa más grande de contact center del Estado Español). En Konecta, donde la dirección empresarial adopta una posición marcadamente intransigente frente a las reivindicaciones obreras de seguridad, amparándose en la competencia global en un proceso productivo que “se puede desempeñar desde cualquier sitio”, los sindicatos más combativos consiguen que la inspección de trabajo ordene la paralización de las actividades. La orden no es respetada por la empresa, que actúa con absoluta impunidad, pero la presión constante le obliga a recurrir masivamente al teletrabajo y a mejorar sustancialmente las condiciones sanitarias en las plantas madrileñas.
Otro elemento importante es la persistencia y crecimiento, en los últimos años, de una amplia variedad de organizaciones del sindicalismo de combate en el Estado Español. Aunque estas organizaciones no confluyen en espacios unitarios y muestran una gran dispersión y fragmentación organizativa e ideológica (distintas familias marxistas o anarcosindicalistas, nacionalistas de todas las nacionalidades ibéricas, cristianos de base, organizaciones corporativas, etc.) el hecho de que puedan disfrutar de personalidad jurídica propia y espacios de representación autónoma les permite soslayar y desbordar, en muchos centros de trabajo, a los aparatos del sindicalismo mayoritario (CCOO y UGT). Un sindicalismo mayoritario centrado en la gestión coordinada con las direcciones de empresa de la situación, y en la puesta en marcha de los ERTE (suspensiones de los contratos con derecho a la prestación de desempleo) como única alternativa. Una alternativa, por cierto, que representa un magnífico proceso de socialización de las pérdidas, después de más de una década de extendida privatización de todos los beneficios sociales.
La odisea de la economía social
Por supuesto, la pandemia impacta también con brutalidad en el desempeño de las organizaciones cooperativas y de las empresas de la economía social en el Estado Español. Nos lo cuenta Adrián Battaglia, coordinador de la secretaría técnica de la sección Madrid de Coop 57, la principal cooperativa de crédito del Estado, que financia en gran medida las iniciativas de la economía social española: “Hay mucha incertidumbre. Hay entidades bastante golpeadas porque han tenido que paralizar su actividad económica (formación, restauración, alimentación…). No pueden asumir los costes fijos porque no tenían colchón para poder aguantar y no saben si podrán volver a abrir.
Actividades semiparalizadas que tenían contrataciones que están en la incertidumbre de ver cómo se resuelven. Entidades que tienen contratos con la Comunidad de Madrid, y este organismo público va a ajustar los proyectos con quitas a lo que iban a cobrar las entidades, que no saben si pueden reducir costes.”
Battaglia nos indica, también, que las ayudas públicas “no están llegando a las entidades más pequeñas y débiles, sólo a las grandes y medianas. Las ayudas del Instituto de Crédito Oficial se agotan enseguida. El primer tramo era de 20.000 millones de euros y en 24 horas se solicitaron más de 50.000. Las ayudas las gestionan los grandes bancos, en función de su cuota de mercado. Las entidades más pequeñas no obtuvieron nada del primer tramo. Esas ayudas ya tenían nombres y apellidos, estaban destinadas a proyectos de gran envergadura.”
Coop 57, una cooperativa de crédito que agrupa a más de 1000 entidades de la economía social, nos cuenta Battaglia “está dando carencias a sus socios deudores de más de tres meses, durante los que sólo se cobran los intereses, no el capital del préstamo. También se están buscando alianzas con entidades públicas o privadas que puedan respaldar (mediante avales o mecanismos semejantes) a quienes entren en impago o a quienes pidan nueva financiación. No queremos dejar de financiar a la economía social, pero el cálculo de lo que es viable ha cambiado. No podemos, tampoco, pasar a ser nosotros los que no seamos viables en un futuro próximo.”
Fernán Chalmeta, trabajador de la librería Traficantes de Sueños, una institución decana en la economía social madrileña, nos cuenta también que:
“La situación es bastante preocupante. La ESS es muy variada. La madrileña está centrada en los sectores de servicios. No hay apenas empresas industriales. Y, en gran medida, está paralizada. En el sector del libro la situación es infernal: esto ha venido en el peor momento, cuando se iban realizar las Ferias de Libro en la mayoría de las ciudades del Estado. Pese a ello, hay campañas de autoorganización de los movimientos sociales que llaman a no pagar el alquiler y a presionar por un Plan de Choque con medidas sociales. Al figurar como trabajadores asalariados muchos cooperativistas y empleados de la ESS (pero no todos, la legislación permite que los cooperativistas figuren como trabajadores autónomos) han podido presentarse a ERTEs y están cobrando el desempleo.”
Por su parte, Anna Abellán, coordinadora del Ateneu Cooperativo del Barcelonés Nord y socia trabajadora de la cooperativa La Sargantana de Barcelona, nos indica que:
“La afectación a las cooperativas pequeñas es muy grande. Hay pocas que estén continuando la actividad. La Xarxa de la Economía Solidaria (XES) ha creado un comité de crisis para ayudarlas. También quieren crear un fondo común de contingencia. Alguna cooperativa ha cambiado su actividad para hacer mascarillas. Y hay otras iniciativas sociales: las Mujeres P’alante (un grupo feminista) han constituido un Banco de Alimentos para las mujeres cuidadoras. También está cogiendo fuerza el tema de la agroecología y estamos tratando de detectar y poner en contacto a los grupos de consumo y facilitar su producción y venta”.
En algo están de acuerdo Adrián Battaglia, Fernán Chalmeta y Anna Abellán: “no hay ninguna medida pública concreta para el sector de la economía social y solidaria”. Abellán nos dice: “las medidas, que son para todo tipo de empresas, son cortas, consisten en créditos y no en facilidades de tesorería y no van dirigidas al medio plazo sino al corto”. Adrián, termina la conversación con estas indicaciones: “Es una situación bisagra. Es una oportunidad para que la gente empiece a ver que hay otros modelos de hacer economía y que existen otras formas de generar, a nivel local, relaciones económicas, sociales, culturales, que pueden poner a las personas en el centro, y que cuiden tanto el tema medioambiental como el tema de género”.
Los derechos civiles, en peligro
La declaración por el gobierno del Estado de Alarma constitucional, junto a las diversas medidas que se proponen desde diversos estamentos mediáticos y empresariales para el proceso de desescalada del confinamiento, pone también en cuestión la estructura de los derechos y libertades democráticas que nos ofrecía el pensamiento jurídico liberal como modelo.
En primer lugar: el Estado de Alarma constitucional no habilita a los poderes públicos, según la misma literalidad de la Carta Magna española, para llevar a cabo muchas de las limitaciones de los derechos civiles operadas en las últimas semanas, según han afirmado reiteradamente numerosos juristas progresistas. Las medidas tomadas más parecen asemejarse a las de un Estado de Excepción constitucional, más vinculado con un gran desorden político-social que con una situación de emergencia sanitaria.
Esta perspectiva se ve avalada por la creciente ubicuidad de los representantes de las fuerzas armadas y de los cuerpos policiales en el escenario público y en las ruedas de prensa del gobierno. El recurrente mensaje gubernamental de que nos encontramos ante “una guerra”, en la que tenemos que “tener disciplina”, aún absurdo desde el punto de vista sanitario, se ve poderosamente reforzado por el hecho de que son mandos uniformados quienes lo trasladan, entre una exuberante farfolla pseudo-patriótica y belicista, a la población.
Junto a ello, una creciente marea mediática animada desde medios gubernamentales lanza reiterados globos sonda sobre la posibilidad de implementar mecanismos de censura que puedan hacer frente a los “bulos” o fake news. El hecho de que muchas de estas informaciones tergiversadas o, simplemente, auténticas falsedades, hayan sido fomentadas por sectores cercanos a la ultraderecha, no nos debe hacer olvidar que, en gran medida, lo que se pretende es silenciar a futuro todo discurso no normalizado desde arriba. El día 18 de abril, el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil (un cuerpo militar que ejerce labores de policía, incluso en la situación de normalidad, en gran parte del territorio nacional), José Manuel Santiago, afirma sin ruborizarse en la rueda de prensa diaria del gabinete de crisis del gobierno, que dicho cuerpo trabaja para: ”Por un lado, evitar el estrés social que producen estos bulos, y por otro, minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno.”
El desarrollo de aplicaciones que garanticen la geolocalización de los ciudadanos o de mecanismos que permitan a las empresas conocer y almacenar datos de los trabajadores que se corresponden con su intimidad (como, por ejemplo, su estado de salud o el de sus familiares) tiende, también, a ser legitimado a marchas forzadas en la actual situación. La ubicuidad del control informático, que incluye datos biométricos, sanitarios, geolocalización y control de los discursos “desviados” en las redes sociales, constituirá un elemento central de la nueva situación que se abrirá tras el confinamiento. El conflicto acerca de los límites y la regulación que pueda imponerse a la vigilancia permanente de la clase trabajadora por vía telemática, será también un elemento fundamental de las batallas futuras.
Como afirma Francisco García Cediel, abogado madrileño vinculado desde hace décadas con los movimientos sociales y representante jurídico del sindicato Solidaridad Obrera:
“Todo esto constituye un experimento bastante peligroso de control social, muy susceptible de una utilización perversa de los instrumentos que se le están dando al Estado, como la posible geolocalización de la población. Además, se culpabiliza a la ciudadanía de la gravedad de la pandemia, que es producto del proceso de desmantelamiento de la sanidad pública en las últimas décadas, y a la que sólo se puede hacer frente mediante la defensa y refuerzo de los servicios públicos.”
Perspectivas de futuro
De cara al futuro debemos tener en cuenta las numerosas transformaciones que se van a producir en el escenario sociolaboral y político español. Transformaciones que pueden generar dinámicas como las siguientes:
Los ERTEs, con el reinicio de actividades en un escenario de caída del PIB que puede ser cercana al 10% y de absoluto colapso del turismo y la hostelería, se convertirán en muchos casos en EREs (despidos colectivos) y, junto al ataque patronal generalizado a las condiciones de trabajo (los gurús liberales ven la crisis como una “oportunidad”), generarán una situación social sin precedentes. La situación de los parados, trabajadores informales y otros trabajadores en situación de vulnerabilidad que necesitan a los Bancos de Alimentos y otros organismos de apoyo mutuo obrero para poder sobrevivir y que no pueden hacer frente a los gastos de vivienda se volverá extrema. Y constituirán un sector creciente de la población.
La pandemia no va a ser vencida fácilmente. Las tensiones por las condiciones de seguridad en el trabajo continuarán. La expansión de los medios telemáticos de control de la enfermedad (y de los trabajadores) generará nuevas líneas de conflicto. La contradicción fundamental del modo de producción capitalista entre la dinámica de acumulación del capital y la necesidad de fuerza de trabajo viva, estructurará gran parte de las tensiones y luchas entre Capital y Trabajo, en un escenario de revolución tecnológica, automatización creciente y biopoder extendido sobre el conjunto social, pero también de desvelamiento para amplias capas de las clases populares de la radicalidad de las consecuencias de dicha contradicción.
Todo ello pone sobre la mesa la importancia estratégica de la Sanidad Pública como elemento imprescindible para la supervivencia obrera, en un momento en que la pandemia va a tardar en ser controlada definitivamente, así como la importancia de la defensa de los servicios públicos (educación, servicios sociales, seguridad social) en un escenario de alta deuda pública y posibles rescates condicionados a planes de ajuste de la UE o el FMI.
Además, las tensiones crecientes en el seno de la Unión Europea, en torno a la necesidad de que los países del Norte contribuyan a la reconstrucción de la economía de los países periféricos sin las salvajes condicionalidades que se le impusieron a Grecia en la anterior crisis sistémica, pueden llevar a una definitiva implosión de la Eurozona. Mientras en el Banco Central Europeo se hacen cada vez más audibles las voces que llaman a constituir un “Banco Malo” comunitario (y realizar un rescate público de las entidades financieras del continente), toda propuesta de implementar los llamados “eurobonos” que permitan financiar el gasto social a los países de la Periferia mutualizando la deuda, son airadamente respondidas por las élites nórdicas. Mientras el BCE lanza una línea de 750.000 millones de euros para comprar deuda de las entidades financieras y de las grandes empresas comunitarias, toda posibilidad de poner en marcha un seguro de desempleo o una renta vital mínima a nivel continental se ven eternamente aplazadas. En estas condiciones, gran parte de la clase política y de los medios de comunicación de los países del Sur de Europa sienten una creciente tentación de externalizar las tensiones, culpando a la UE de todos los males. Incluso de su propia mala gestión.
La emergencia de las nuevas tecnologías y su creciente importancia en el mundo productivo y para el control social (blockchain, Big Data, 5G, IoT, etc) representa también un elemento importantísimo a tener en cuenta. Hemos hecho el experimento social de teletrabajo más masivo de la historia. Y lo hemos hecho, además, sin tener en cuenta en modo alguno las regulaciones que pudieran limitar sus efectos más lesivos (como la referida al derecho a la desconexión digital o la dedicada a la protección de los datos de los trabajadores). La innovación tecnológica va a ser presentada como la panacea en la arquitectura del nuevo mundo. Las contradicciones que siempre la han rodeado, como su potencia radical para construir un mundo de autogestión del trabajo gracias a la participación remota, a la cualificación del trabajo, y a la distribución masiva de la información, pero también su posible utilización para la vigilancia permanente de la insurgencia obrera o de los “comportamientos desviados” en un Gran Hermano virtual, serán contradicciones y líneas de conflicto esenciales en el futuro previsible.
También lo será la creciente deriva autoritaria y el proceso ya iniciado de limitación de las libertades civiles y los derechos democráticos (manifestación, asociación, libertad de expresión, etc.). Máxime si las élites españolas llegan finalmente a unos “nuevos pactos de la Moncloa” que traten de cerrar el espacio social para todo discurso desde fuera del “consenso”, intentando perpetuar el régimen monárquico por la vía de un gobierno de concentración o un pacto parlamentario sobre los elementos esenciales de la política futura.
La crisis va a durar al menos un par de años. La situación de “normalidad” caótica del capitalismo no va a volver hasta que haya una vacuna e, incluso en ese caso, es posible que la crisis económica derivada de la situación se alargue durante más tiempo.
En este escenario, el objetivo estratégico fundamental de un movimiento revolucionario de los trabajadores, en medio de un conflicto social creciente, como afirmaba en su momento Abraham Guillén, ha de ser ganar población (simpatías y apoyos concretos entre la población trabajadora) y no tanto conseguir territorios (geográficos o institucionales), recursos materiales o puestos de poder. Por decirlo telegráficamente: los elementos esenciales a tener en cuenta desde el punto de vista estratégico para este período son las personas, las ideas y las máquinas, pero precisamente en ese concreto orden de importancia. Primero las personas. Primero los trabajadores. Las ideas son importantes, pero poner por delante las personas implica abandonar determinados dejes sectarios y dogmáticos y utilizar las ideas para formar y empoderar a las personas. Tenemos que centrarnos en el aspecto útil de las ideas para las personas. Ser útiles para los trabajadores.
En nuestra situación, es mucho más importante ser capaces de aprender de un escenario que es radicalmente nuevo, que repetir acríticamente las “Verdades Reveladas”. El movimiento de los trabajadores debe ser un movimiento que aprenda, que se dedique a aprender colectivamente. En este escenario complejo, cambiante y radicalmente transformado, va a ser mucho más importante acumular conocimiento, información y formarnos que acumular dinero en las cuentas o que respetar los mandamientos de ninguna secta ideológica.
Otro elemento importante en un escenario de cuarentenas y limitaciones al contacto entre las personas va a ser la conectividad. Tenemos que desarrollar nuestras redes sociales, pero no sólo las virtuales, también las físicas y afectivas. El elemento principal ahora ha de centrarse en el apoyo mutuo y el aprendizaje colaborativo en la nueva situación. Una situación en la que nunca antes se ha encontrado la especie humana en su conjunto.
Personas y conectividad significa tejer redes, ampliar espacios, construir trama en las clases populares. Como decía el anarquista catalán Antonio Pellicer en Argentina, en 1900: “no hay cosa alguna, desde lo infinitamente pequeño a lo inmensamente grande, que no signifique asociación de esfuerzos, organización de elementos, fuerza”.
Y, como decía también Félix Carrasquer, intelectual libertario y maestro de la Escuela del Militante de la CNT de Monzón, en la Guerra Civil española: “optimismo intransigente”. No podemos dejar que los trabajadores apuesten por la tentación de la muerte, el odio a sí mismos, y el pesimismo, que están en el núcleo del pensamiento fascista. En medio de este gran sufrimiento, se abren espacios a una gran transformación que va a suceder sí o sí. Lo que está en cuestión es hacia dónde la vamos a hacer dirigirse entre todos y todas.
Recordemos las enseñanzas de Mao y los revolucionarios chinos: todas las ideas a favor del pesimismo, la pasividad, la inercia o la complacencia son erróneas. El camino va a ser muy sinuoso y pedregoso, muy difícil y doloroso, pero de esto podemos salir reforzados como clase. Y lo vamos a hacer.
Asociaciones de víctimas del amianto procedentes de todo el Estado, agentes sociales, expertos en la materia y diversas organizaciones, han trasladado al ejecutivo español un manifiesto en el que reclaman el desarrollo de una Ley Integral del Amianto que permita salvar “decenas de miles de vidas” y sitúe a España en una “posición de vanguardia en la UE” así como “referente internacional en la lucha contra la crisis del amianto en el mundo”.
La propuesta para el desarrollo de una Ley Integral contra el amianto, gira en torno a tres pilares fundamentales, la salud pública, la protección del medioambiente y los derechos de los trabajadores y cuenta ya con el apoyo de más de 8000 personas a través de la plataforma change.org además de otras 10.000 firmas recogidas para la investigación del cáncer derivado de la exposición al amianto.
Esta propuesta recuerda las diversas estimaciones que señalan que la cifra de fallecimientos en el Estado español causados por patologías provocadas por el uso industrial del amianto será de al menos 130.000 hasta el año 2050, de los cuales un 40% todavía no se han producido, los expertos prevén 5.000 defunciones a lo largo de este año 2020.
El manifiesto insta al Gobierno español a impulsar la creación de un instrumento legislativo que permita desarrollar una política eficaz destinada a proteger los derechos de las personas que se ven afectadas por la exposición al amianto o que padecerán en años venideros los efectos sobre la salud de la inhalación de este material prohibido en el conjunto de la UE desde el año 2002. Al mismo tiempo, tras recordar que la Organización Mundial de la Salud, es contundente al advertir no existe un nivel de exposición a las fibras de amianto que no comporte riesgo, el Manifiesto por una ley integral del amianto propone que la futura norma permita afrontar el reto del completo desamiantado del territorio español. Medida urgente si atendemos al hecho que, tal y como recoge el texto promovido por las entidades participantes en esta iniciativa, “el 65% del amianto instalado en todo el territorio español ha finalizado su vida útil (30-35 años), lo que incrementa su peligrosidad al desprender una mayor cantidad de fibras letales al ambiente”.
Responder al mandato europeo
La futura Ley Integral del Amianto que se reclama debería situarse, según las entidades demandantes, en línea con los objetivos fijados por las autoridades europeas respecto la necesidad de erradicación del asbesto y la protección de la salud ante una amenaza que, anualmente, provoca más de 88.000 muertes en los países miembros de la Unión Europea. Así, el manifiesto se remite a la Resolución sobre los riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y perspectivas de eliminación de todo el amianto existente (2012/2065 (IHI)) aprobada por el Parlamento Europeo en 2013 y al Dictamen del Consejo Económico y Social Europeo “Erradicar el amianto en la UE” (2015/C 251/03), que insiste en el carácter prioritario que deben tener para los estados miembros y para las instituciones comunitarias la eliminación del amianto de forma segura, estableciendo el año 2032 como plazo máximo para la consecución de la plena erradicación del amianto en territorio europeo. Las organizaciones firmantes han instado al Gobierno a ir un paso más allá en vista de la gran pasividad con la que se ha gestionado la situación del amianto en España, el inaceptable deterioro de muchas edificaciones con amianto y vertidos ilegales en entornos rurales y urbanos que supone exposición pasiva al amianto al conjunto de la sociedad y ya que en 14 años no ha existido ningún instrumento legislativo para la erradicación del amianto, y el objetivo de que España esté libre de amianto en el año 2028.
Del infrareconocimiento al tratamiento de los residuos
El manifiesto propone un amplio abanico de ejes de actuación que debieran quedar al amparo de la norma que se promueva, con especial énfasis en la necesidad instruir un fondo de indemnización para las víctimas del amianto (FIVA), de promover el censo de los elementos fabricados con amianto o que contengan asbesto tanto en edificios públicos como privados y su erradicación segura, priorizando el desamiantado de escuelas e instalaciones frecuentadas por niños y niñas, dada la especial vulnerabilidad de la población infantil, la mejora del Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA), seguimiento de los planes de desamiantado y el desarrollo proyectos de inversión en la investigación científica pública y privada para obtener métodos de diagnóstico precoz de los cánceres del amianto, lograr avances significativos en el tratamiento de las personas afectadas, para salvar vidas.
Se pretende que la futura ley también contribuya de forma decisiva a acabar con las dificultades de los afectados y afectadas a la hora de acceder al reconocimiento del origen profesional de las patologías causadas por la exposición al amianto. En este sentido, el manifiesto recuerda que España es uno de los países de la UE que menos casos de enfermedades profesionales con origen en el asbesto. Tan sólo el 9% de los hombres que fallecieron en todo el territorio español entre 2007 y 2017 por mesotelioma derivado de la exposición laboral al amianto fueron reconocidos como enfermos profesionales. En el caso del cáncer bronco-pulmonar derivado del amianto, ese porcentaje se reduce hasta al 0,44%. El problema del infrareconocimiento se acentúa más si cabe cuando nos referimos a las mujeres, puesto que únicamente un 0,9% de las fallecidas por mesotelioma y apenas un 0,05% de las que han padecido cáncer bronco-pulmonar derivados de las exposición laboral al amianto han visto reconocida su situación y han tenido acceso a las prestaciones y compensaciones que legalmente les corresponden.
“Es necesario, urgente e inaplazable trasladar el concepto de que la salud es lo primero, al contexto del amianto -se puede leer en el manifiesto trasladado al ejecutivo español- Hoy estamos a tiempo de salvar decenas de miles de vidas y de evitar prolongar la pandemia de casos de cáncer y otras enfermedades derivadas de la exposición al amianto”.
Crónica de la manifestación del 20J en Madrid. Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS)
Una explosión de pueblo ocupó las calles y plazas de 40 ciudades del Estado por primera vez desde que se decretó el Estado de Alarma. Y lo ha hecho espléndidamente, recuperando la independencia de clase, adueñándose de las verdades que todos los poderes callan, acusando al capital de la responsabilidad por miles de muertes evitables y a las fuerzas políticas de diferentes colores que desde gobiernos y parlamentos les han abierto las puertas para que ejecutaran el crimen.
Ha sido el encuentro de dos procesos:
Uno largo, con 16 años de lucha constante de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), oscura, barrio a barrio, pueblo a pueblo. Una lucha silenciada sistemáticamente porque denunciaba al mismo tiempo al PP y al PSOE y a las derechas nacionalistas – que con sus votos apoyaron la Ley 15797 que permite la entrada del capital privado en la sanidad – y a la complicidad de sus satélites sociales y sindicales, convenientemente subvencionados. Un combate titánico que se ha enfrentado a los dueños de los medios de comunicación y a sus títeres.
El otro más reciente, construido por la sabiduría popular, en medio del dolor y el miedo por la pandemia. La reivindicación de la sanidad pública, que se fue abriendo paso en cada barrio y en cada pueblo, esgrimida por la gente como un arma frente al esperpento de la extrema derecha, evitó – en una edición actualizada del “No Pasarán” – que los fascistas ocuparan sus calles. Al tiempo, los aplausos que bajaron de los balcones a los centros sanitarios, se fueron constituyendo en germen organizativo, al tiempo que se abría paso la acusación al binomio privatización – desmantelamiento de la sanidad pública, del dolor y la muerte que se abatía sobre los barrios obreros.
Y a pesar del miedo, del silencio mediático y de la manipulación informativa muchos miles de personas, con sus mascarillas, con su distancia de seguridad, de todas las edades – aunque por primera vez predominaba la juventud, las calles de Madrid (esta vez los “barrios altos”), se han inundado de pueblo. Del pueblo diverso, en el que destacaba una nutrida representación de jóvenes “sin papeles” – aplaudidos a rabiar -, de mucha gente que venida de los pueblos, se tragaba el miedo y se subía por primera vez a un transporte público, la gente del Metro y de la EMT con un papel destacado en toda la logística de la manifestación, los “riders”, currantes de todo tipo, de pensionistas, y – cómo no – muchos trabajadores y trabajadoras de la sanidad.
Junto a CAS, convocaban la manifestación la Plataforma por un Plan de Choque, la Plataforma de Centros de Salud, y la Coordinadora de Médicos Internos y Residentes (MIR) que convoca huelga el 1 de julio para denunciar su escandalosa precariedad laboral.
El silencio enrarecido del confinamiento, el miedo al futuro agigantado por el aislamiento y la losa del control social y policial de la cuarentena han saltado por los aires de esta tarde del comienzo del verano. Los ha roto un sentimiento de solidaridad esencial que se nutre de la pluralidad ideológica, construido por gentes conscientes de que el fortalecimiento de la unidad requiere de flexibilidad e inteligencia, pero también de que el requisito indispensable para enfrentarse a una batalla es saber definir con la mayor claridad posible a tu enemigo. En definitiva, algo tan imprescindible como la independencia de clase.
La batalla no ha hecho más que empezar, pero aunque nos asombre a quienes estamos acostumbrados a enfrentarnos a tantas dificultades, es bueno saber que lo ha hecho de la mejor forma posible.
Crónica de Solidaridad Obrera en su página de Facebook y vídeo de la manifestación:
Miles de personas exigen Sanidad Pública, sin Privatizaciones
Fuera las empresas de la sanidad; Derogación 15 97; Nada, nada, nada, para la privada, Menos banderas y más enfermeras; Atención primaria la más necesaris; Sanidad Pública; Viva la lucha de la clase obrera; …los lemas más coreados
Más de cinco mil manifestantes, con mascarilla y guardando la distancia de seguridad sanitaria recogieron ayer, 20 de junio, las calles del centro de Madrid, desde Atocha al Hospital Infantil Niño Jesús, en defensa de la sanidad pública y contra las privatizaciones. La convocatoria unitaria fue alentada por CAS, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad que lleva luchando desde 2004 y preparando esta etapa de movilizaciones desde el inicio de la pandemia. A la convocatoria se unieron la Plataforma de Centros de Salud de Madrid, el Comité de Huelga de los MIR, el Plan de Choque Social, el Bloque Combativo y de Clase, Asociaciones de Vecinos, la COESPE, la Asoc. Víctimas del franquismo y decenas de organizaciones sindicales, sociales y políticas.
Por la actual pandemia de estableció un servicio de seguridad formado por setenta personas encargado de mantener la distancia de seguridad sanitaria de dos metros y el buen uso de la mascarilla.
Muchos vecinos y vecinas aplaudieron el paso de la manifestación desde las aceras y balcones. Solo una pareja franquista en un balcón de la calle O’donnell intentó provocar a los manifestantes con su cacerola y gestos obscenos, haciendo el ridículo.
Finalizó la manifestación ante el Hospital Infantil Niño Jesús, en peligro de privatización por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid (PP Cs y Vox) con la lectura de manifiestos de la Plataforma de Centros de Salud, de los MIR en lucha, del Plan de Choque Social y de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad.
Estos son los cinco puntos exigidos por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad en las movilizaciones llevadas a cabo en cerca de cincuenta ciudades, Barcelona, Sevilla, Córdoba, Granada, Cádiz, Málaga, Plasencia, Ciudad Real, Tomelloso, Alcázar de San Juan, Toledo, Segovia, Cuellar, Valladolid, Miranda de Ebro, Salamanca, Oviedo, Pontevedra, Huesca, Teruel, Zaragoza, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura…etc
1. Derogación de la ley 15/97 y del artículo 90 de la Ley General de Sanidad. Rescate de todo lo privatizado. Potenciación y desarrollo de un nuevo modelo de atención primaria centrada en la salud colectiva, y no solo en la atención individual. Supresión de redes paralelas. Incompatibilidad absoluta público-privado. Fuera las empresas de la sanidad. Sanciones y/o intervención de aquellos centros privados que no han utilizado sus recursos o han cerrado en plena pandemia.
2. Por una industria sanitaria y farmacéutica pública.
3. Sanidad para todos, independientemente de la situación administrativa.
4. Cuidados de nuestros mayores con dignidad
5. Por un sistema sanitario centrado en los determinantes sociales de la salud y la enfermedad.
Por un sistema público, universal, y con gestión democrática
Finalmente la manifestación de disolvió manifestando la voluntad de continuar la lucha y lograr la expulsión del ánimo de lucro de la sanidad, citándose de nuevo para nuevas movilizaciones en septiembre.
Ha comenzado el VII Encuentro Internacional de la Coordinadora Internacional de Sindicatos de Metros, en el que participa Solidaridad Obrera, se puede asistir en vivo a través de Facebook Live, el encuentro comenzó ayer 15 de junio de 2020, hasta el próximo viernes 19, desde las 16:00 horas de inicio en nuestro huso horario.
Comienzan la quinta y sexta mesa de la tercera jornada del VII Encuentro de la Coordinadora Internacional de Sindicatos de Metros.
16:00 (Hora Madrid) Mesa 5: Pandemia y postpandemia
Confederación Anarcosindicalista. La lucha es el único camino.
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