Comer es un derecho básico

Por José Luis Carretero Miramar 

Iniciativa solidaria de la Escuela Superior de Hostelería.

La situación social generada por la pandemia del coronavirus es extremadamente grave. En cerca de dos meses de confinamiento se han producido más de un millón de despidos. Cerca de cinco millones de trabajadores están sujetos a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), lo que implica que sus retribuciones se han visto enormemente minoradas y que, en muchos casos, a causa del colapso producido en las oficinas de empleo, no han cobrado todavía lo que les corresponde. La mayoría de los trabajadores autónomos están cobrando una prestación de cese de actividad exigua y difícil de obtener. Los sectores del turismo y la hostelería, que representaban en conjunto cerca del 30% del PIB nacional antes de la pandemia, simplemente se han desplomado en el marasmo.

Pero, además, cientos de miles de trabajadores informales en situación de vulnerabilidad (vendedores ambulantes, migrantes sin papeles, trabajadores de la economía sumergida, parados sin prestación, etc.) se han visto, de manera repentina y brutal sin, literalmente, nada que comer.

Más de cien mil personas hacen cola estos días ante los bancos de alimentos de la ciudad de Madrid para conseguir algo que echarse a la boca. Entre ellos hay parados de larga duración, trabajadores en ERTE que todavía no han cobrado la prestación, familias de clase media que han tenido que cerrar sus pequeños comercios. La pobreza, hoy, es ubicua y brutal, en una España que prevé que su producción nacional caiga más del 10 % este año.

Pero en estas calles visitadas por una nueva miseria y una infinita tristeza hay también ubicuas muestras de la solidaridad de los de abajo. De autoorganización social y afirmación de la potencia de lo comunitario, pese al distanciamiento físico que impone la pandemia. Hay redes de gentes e iniciativas solidarias que laboran para alimentar, y no sólo en el sentido biológico, a quienes han perdido todo.

Nos lo cuenta Aurelio Villanueva, activista de la Plataforma de Trabajadores en Paro de San Blas y Canillejas. Su colectivo lleva los dos últimos meses dando de comer a más de 800 familias de estos barrios populares de Madrid. Ha contado con la solidaridad de los vecinos y con la ayuda de otras organizaciones sociales, como el sindicato Solidaridad Obrera, que ha abierto una cuenta corriente para recoger dinero para esta iniciativa.

“Nuestra Plataforma está entregando unos 300 menús diarios y 200 y pico bocadillos, gracias a un contacto con los Bancos de Alimentos que tienen la ayuda del conocido chef español, afincado en Estados Unidos, José Andrés.” Además, entregan paquetes con comida a varios cientos familias y reparten 25 menús infantiles diarios donados por el Restaurante La Carmela, sito en el barrio.

“La administración está haciendo muy poco”, nos dice Aurelio. Alba Rondón González, también militante de la Plataforma, profundiza en este extremo: “El día 31 de mayo es posible que se acabe el acceso a los menús. Nosotros no podemos mantener alimentado al barrio, es una obligación de las instituciones solucionar esto.”

En la madrileña Casa de Campo, Rafael Espantaleón, director de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo, nos cuenta cómo funciona la iniciativa puesta en marcha por la Asociación de Antiguos Alumnos de Escuelas de Hostelería en las cocinas de este centro educativo, decano de la formación culinaria en España:

“Estamos entregando entre 750 y 1000 menús semanales a las asociaciones de vecinos y parroquias de La Latina y Usera. Los servicios sociales del Ayuntamiento nos indican a quién dirigirnos, para que haya un control.  Están participando decenas de profesores y alumnos de la Escuela, en calidad de voluntarios. Hemos organizado tres equipos. En cada equipo hay 3 o 4 profesores, dos trabajadores de la limpieza y unos 15 o 20 alumnos, para garantizar que si alguien enferma, el proyecto no se pare.”

“La situación es muy dura”, nos cuenta Rafael, “va a ser muy complicado recuperar la trama empresarial y social de los sectores de la hostelería y el turismo. Nuestra iniciativa va a tener que cerrar algún día, porque esto es un centro educativo, y ese día va a quedar un vacío. Hemos recibido cartas de familias de clase media que en ningún caso podían pensar que se iban a ver en esta situación.”

A unos cientos de metros de la Escuela Superior de Hostelería, en los locales del antiguo colegio Santa Cristina de la FUHEM, junto a diversos grupos de consumo agroecológico y entidades del cristianismo de base, se encuentra la despensa de la Red de Solidaridad Popular de Latina-Carabanchel. José Luis Yuguero, activista de esta organización, que reparte en estos momentos paquetes de comida para unas 1362 familias al mes, nos cuenta que:

“Hace dos meses repartíamos unas 29 o 30 comidas al mes. Teníamos una despensa bastante llena, alimentada con donaciones, recogidas de dinero y con lo que nos daban cuando nos colocábamos delante de los supermercados del barrio. Ahora todo se ha vuelto caótico. Sólo hay que ver las colas que se han montado en Aluche. Gente levantándose a las cinco y media de la mañana para pasarse siete horas en una cola, por si consiguen algo”

La Red de Solidaridad Popular, nos dice Yuguero, “entiende que comer es un derecho. Hemos hecho actividades centradas en el concepto de soberanía alimentaria y apoyamos la Carta contra el Hambre. Entendemos que los paquetes que entregamos tienen que ser dignos, en este momento de unos 25 Kilos, para que duren por lo menos unos 15 o 20 días. Y también creemos que se debería implantar la “tarjeta-monedero”, que ya se usa en el barrio de Tetuán, aunque mejor gestionada, para que las familias vulnerables no se tengan que identificar como tales cuando vayan a comprar a un supermercado.”

Alba Rondón, activista de la Plataforma de Trabajadores en Paro de San Blas-Canillejas, nos indica que, en esta situación, “una renta básica para ciudadanía debería ser obligada. Cualquier ser humano debería tener lo mínimo para vivir. La administración está incumpliendo la Carta Social Europea, porque las prestaciones que da están por debajo de los umbrales que marca dicho texto legal. No entendemos que significa la palabra emergencia para ellos.”

La solidaridad cívica de los barrios, las parroquias, los grupos de apoyo mutuo, los centros educativos, las organizaciones obreras, está demostrando que es posible, en medio del mayor y más inesperado de los colapsos, afirmar los valores humanos contra la guerra de todos contra todos. Las administraciones deberían escuchar el sordo rumor de desesperanza que bulle en las calles desoladas por la pandemia. Construir un pueblo fuerte, una sociedad vivible, pasa por hacer de la solidaridad la principal de las virtudes colectivas y el deber esencial de las instituciones comunes.

OTRA CRISIS LA MISMA CRISIS


La crisis sanitaria provocada por el COVID19 ha puesto la guinda sobre la crisis que desde hace meses venían anunciando los economistas y expertos del capitalismo mundial.
Y precisamente ese sistema que nos explota, tuvo claro desde el principio que la pandemia era la excusa perfecta para llevar a cabo reestructuraciones de plantilla, despidos y merma de derechos, y el Gobierno, inmediatamente después de decretar el Estado de Alarma, publica distintos decretos para facilitar a la patronal esta labor mediante ERTEs que han afectado a millones de trabajadores y trabajadoras.
¿Cúal es la situación de trabajadores y trabajadoras? y ¿cúal la de las empresas con los ERTEs?
La clase obrera, trabajadores y trabajadoras, son los perdedores al ver recortados:
• Al 70% de sus exiguos salarios que con suerte estaban alrededor de 1.000 €, y por tanto sin capacidad para hacer frente al sustento familiar más elemental, lo que obliga a hacer largas colas para recurrir a asociaciones vecinales, de parados o de otro tipo, para obtener alimentos básicos.
• Miles de ellos han perdido sus vacaciones porque la empresa les ha obligado a cogerlas aun estando en ERTE.
• También los días previos al inicio del ERTE, con el Estado de Alarma en vigor, miles de empresas los cargan a las plantillas como vacaciones o como “permiso recuperable” Es decir, todo el peso de la pandemia, como es habitual en este sistema explotador, recae sobre lxs trabajadorxs.
• A día de hoy decenas de miles de personas no han recibido del SEPE la prestación por desempleo básica, porque el incremento por hijxs a cargo todavía no se ha pagado.
• Cientos de trabajadorxs con ERTE a tiempo parcial están haciendo muchas más horas que las que les corresponden, según lo comunicado por la empresa a la Autoridad Laboral.
Otros cientos de miles de personas han perdido su trabajo, siempre precario, sin más. Muchxs migrantes sin papeles, sin contrato, con contratos temporales o a través de ETT,s se han quedado en la calle sin absolutamente nada.
Además de todo esto otra gran parte de trabajadorxs, casi siempre de grandes multinacionales o relacionadas con ellas, están tele-trabajando, otro gran invento de la patronal, consistente en sacar la actividad desde tu domicilio, trabajando 12 horas para cumplir la productividad exigida, poniendo todos los medios (teléfono, ordenador, líneas telefónicas y de datos, gastos en electricidad, mantenimiento…) a disposición de la empresa, y además “dando gracias” por poder “conciliar” tu vida laboral y personal. GRAN MENTIRA
Y mientras esto es así las empresas son exoneradas por el Gobierno del pago del 100%, cuando sus plantillas son menos de 50 personas, o el 75% si son de más de 100, de los pagos a la Seguridad Social, y en el caso de ERTES, y si éste es a tiempo parcial, muchas de ellas están obligando a las plantillas a realizar horas extras para sacar la actividad, y otras muchas siguen obteniendo beneficios, fundamentalmente de venta on-line.
Es vergonzoso e inaceptable que las empresas con multimillonarios beneficios, obtenidos siempre a costa de la explotación de la clase obrera, muchas veces en países en vías de desarrollo, y que pagan ridículos impuestos (el 7% de media), cuando no tributan por tener domicilios en paraísos fiscales, se hayan acogido a un ERTE cargando al estado, el coste de los salarios de sus plantillas y dejando de abonar el 75% de sus cotizaciones a la Seguridad Social, cuando tendrían que se hacerse cargo de estos costes con los beneficios obtenidos en muchos años precedentes de superávit económico. Y a todo esto se suma la dotación por parte de los fondos públicos de más de 100 millones de euros como “avales para la crisis”

En definitiva, los ERTEs, aunque pueden solucionar la percepción de una parte del salario en el corto plazo (salario que debería pagar el empresario en la mayoría de los casos) son costeados por el estado, es decir, por la misma clase trabajadora, que es quien mayoritariamente paga impuestos para dotar al Estado de fondos públicos, nunca de las empresas, que además son exoneradas de pagar su parte, la Seguridad Social de las plantillas, que se costea también a costa de esos fondos.

Esta forma de actuar ya la conocemos de la crisis anterior:

• Ayudas estatales multimillonarias a las grandes empresas y bancos, pagadas con dinero público, con nuestros impuestos.

• Más precariedad, más paro y menos derechos para la clase obrera.

• Precarización, cuando no destrucción, de todos los servicios públicos, sanidad, educación, pensiones, residencias y/o cuidados de personas mayores o con problemas, dependencia, sin viviendas sociales que nos permitan una solución habitacional digna a la clase obrera

Y ante situación ¿Qué hacen los sindicatos amarillos del sistema CCOO y UGT? Pues muy sencillo, ayudar a la patronal y al gobierno con sus acuerdos en la mayoría de los casos, o con su pasividad y dejar hacer en otros, aceptando estos ERTEs sin exigencia alguna a las empresas.

Ahora con el último acuerdo firmado y que se plasma en el RD 18/2020 han vuelto a traicionar a lxs trabajadorxs para plegarse a los intereses de la Patronal y han cambiado de un plumazo lo recogido en el RD 8/2020 que obligaba a las empresas con un ERTE mantener el compromiso de no realizar despidos al menos en los seis meses posteriores a la finalización del mismo. Ahora ese plazo empezará a contar desde el mismo día en que la empresa llame a uno o varios trabajadores a trabajar, aunque el expediente continúe. Dan el visto bueno al despido de las personas con contratos temporales, que por supuesto ya no se alargarán por el tiempo que hubieran permanecido en el ERTE como se recogía también el ese RD, etc.

Pero no nos puede extrañar, estos sindicatos del sistema vienen de firmar EREs que han destruido miles y miles de puestos de trabajo en empresas con enormes beneficios, puestos de trabajo que ahora son ocupados por contratas y subcontratas que mantienen sus plantillas en régimen de semiesclavitud (el ejemplo más palpable de esto es Telefónica)
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Para acabar con esta situación, para defender los derechos de la clase obrera solo hay un camino, UNIDAD Y LUCHA, solo eso nos salvará de la explotación, la pérdida de derechos y de la miseria.

Desde aquí hacemos un llamamiento a toda la clase obrera del estado español para darle la vuelta a esta situación organizándonos en torno al sindicalismo de clase y combativo.

• Por la remunicipalización o nacionalización de todos los Servicios Públicos y de todos sectores estratégicos, para que no estén en manos de especuladores y fondos buitre que se enriquecen a nuestra costa.
• Por la derogación de las Reformas Laborales 2010 y 2012
• Por la derogación de las Reformas de las Pensiones 2011 y 2013
• Por la derogación de la Ley 15/97 que permite la Privatización de la Sanidad
• Por la derogación de la Ley Mordaza

¡¡SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!!
¡¡VIVA LA UNIDAD Y LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!

Bloque Combativo y de Clase