Coronavirus y sociedades tradicionales

Por Carlos Taibo

Supongo que, mal que bien, a ustedes les pasa lo mismo: el alud de información, sesgada o no,  y de opinión, fundamentada o no, que nos asalta no puede por menos que dejarnos medio atontadas. De vez en cuando, sin embargo, alguna noticia, o alguna interpretación, hace que a uno se le encienda una bombilla de entre las muchas que tiene apagadas.

Me pasó hace unas semanas cuando cayó en mis manos –lo he mencionado varias veces- un artículo de la revista Forbes. El texto en cuestión concluía que, por efecto de las significativas reducciones operadas en la contaminación en China, iban a salvar la vida nada menos que 77.000 personas, una cifra unas veinte veces superior a la de las fallecidas, en aquel lejano país, y según los polémicos cómputos oficiales, de resultas del coronavirus. El dato nada tiene de particularmente sorprendente, claro, a los ojos de quienes son conscientes de cuáles son las consecuencias de la locura que asalta a nuestra maltrecha civilización industrial. Ha pasado, de cualquier modo, más bien inadvertido.

Ayer se me encendió, con todo, otra bombilla. La espoleta fue un artículo publicado en La Vanguardia. El texto, de Joaquín Luna, procuraba explicar por qué Portugal y Grecia muestran niveles de incidencia del coronavirus sensiblemente menores que los registrados en otros escenarios. Al respecto se citaba un dato revelador: mientras en la Extremadura española, con 1.060.000 habitantes, habían muerto casi quinientas personas por efecto de la pandemia, en el vecino Alentejo, en Portugal, con 760.000 pobladores, se había computado un único fallecimiento. Da que pensar, verdad, tanto más cuanto que hablamos de dos espacios geográficos limítrofes y, por muchos conceptos, similares. 

Confesaré que a la hora de encarar la discusión correspondiente no me interesan mayormente la habilidad y la sabiduría, presuntas o reales, de los gobernantes. Quiero prestar atención, antes bien, a dos hechos -intuyo que relacionados entre sí- que aparecen mencionados en el artículo que gloso y que a buen seguro merecen una reflexión más sesuda que la que yo acometo en estas líneas.

Entiendo que el primero de esos hechos se manifiesta por igual en Portugal y en Grecia, o al menos en buena parte de los territorios respectivos. Me refiero a la presencia, muy liviana, de un fenómeno, las residencias de la tercera edad, más bien desconocido, y en cualquier caso preterido, en las sociedades marcadas por códigos comunitario-tradicionales. En esas sociedades lo habitual es que ancianos y ancianas vivan y mueran en casa, junto a sus familiares, de tal suerte que el escenario –no creo que tenga que aportar más explicaciones- resulta  mucho menos permeable a la catástrofe que se ha abierto camino en España, en Italia, en Francia o en el Reino Unido. Hace unas semanas un colega me contó que, según un estudio realizado en las residencias de la tercera edad de una zona de la comunidad de Madrid, en las navidades pasadas sólo un 17% de los viejitos y viejitas las habían abandonado para pasar las fiestas con sus familiares. El dato –me parece- es escalofriante. Y ojo que no quiero ignorar en modo alguno que las residencias que me ocupan desempeñan a menudo tareas muy honrosas, y que las personas que trabajan en ellas merecen todos los respetos. De los efectos, dramáticos, de la privatización de esas instancias habrá que hablar otro día. 

El segundo de los hechos que anticipaba, muy llamativo, es el recelo que los hospitales suelen provocar en muchas de las personas que habitan, y singularmente entre la gente de edad, en esas sociedades comunitario-tradicionales que acabo de mencionar. Parece que, en virtud de una excelsa paradoja, cuanto más débil es un sistema sanitario –y el portugués y el griego lo son, al menos en términos comparativos-, mayor es la posibilidad de que la gente, espontáneamente, se autoconfine y reduzca, eficientemente, los riesgos. Entre tanto, y en paralelo, mayor se antoja la probabilidad de que los países que disponen de sistemas sanitarios más desarrollados presuman, con mal criterio, de sus ingentes capacidades para encarar sin mayores contratiempos problemas que, al cabo, y sin embargo, se desbordan. 

En lo que hace a una discusión como la anterior ni puedo ni quiero llegar a ninguna conclusión definitiva. Mi intuición, aun así, es que los resultados, moderadamente halagüeños, que se han registrado en Portugal y en Grecia en relación con la pandemia tienen más que ver con el ascendiente de determinados elementos propios de las sociedades tradicionales que con la gestión de los gobernantes. Enuncio esa tesis, claro, con todas las cautelas. No sabemos, ciertamente, cómo terminará lo de Portugal y lo de Grecia. Tampoco me resulta evidente, por otra parte, que el escenario extremeño sea, en lo que hace a claves como las que aquí he manejado, diferente del alentejano. El único dato estadístico del que dispongo, en fin, en lo que hace a las residencias de la tercera edad en Portugal en su relación con el coronavirus señala que si la media planetaria de fallecimientos en esos recintos es de un 50% del total –seguro que la española es más alta-, en Portugal se revela un guarismo algo más bajo, de un 40%. En el buen entendido de que falta un desglose geográfico de este último dato, un desglose que probablemente arrojaría luz, en el sentido que fuere, sobre la tesis que estoy defendiendo. 

Podría seguir acumulando incógnitas para, al cabo, reconocer que lo que me ha guiado a escribir estas líneas es el recuerdo de cómo mi madre, que falleció un par de años atrás, pujó reciamente, y con éxito, por morir en casa y por no pisar un hospital. Igual las suyas hubieran sido defensas nada despreciables frente al coronavirus. Dicho sea con toda la admiración por la gente que se ha partido el cobre para salvar nuestras vidas y desde la denuncia de la ignominia de quienes han dinamitado, con premeditación y alevosía, la sanidad pública.  

AVISO 44/2020 METROMADRID – PESE A TODO PARECE QUE VAMOS A POR EL BUEN CAMINO – LOS VIRUS NO SON COMO LA ARENA Y LA TIERRA NO ES PLANA

Parece que siempre obtenemos resoluciones favorables ante la Inspección de Trabajo en materia de salud, y en medio de esta pandemia no ha podido ser del todo así, aunque algunas, como la desinfección de furgonetas, uso de líquidos virucidas homologados, o la necesidad de realizar una evaluación de riesgos con autoría, han sido resueltas favorablemente.

Como consecuencia de unas u otras resoluciones, y de los argumentos usados por esta “competente” empresa para lograr dichas resoluciones, hemos podido descubrir que el nuevo Servicio de Prevención actúa de manera conjunta, siendo firmantes de la EVR ilegal todos los Técnicos inscritos en dicho Servicio. Esta afirmación de dudosa legalidad, parece haber despertado a este “Servicio de Prevención”, o quizás, ha sido el espoleo de otros Servicios, como el de Talleres Centrales, que pese a haberse adelantado a los demás no parece contar con el beneplácito del núcleo duro anti-preventivo. Pese a esto, nos alegra poder volver a visitar lugares con Técnicos en PRL, compañer@s que seguro harán más por nuestra prevención que esta “Banda-Dirección”, por humanidad, profesionalidad o por su propia libertad, pues rápido han sido señalados como responsables de todo lo que se ha hecho mal. Esta banda, integrada por la Dirección de Recursos inHumanos, que a su vez son los responsables del Área de Prevención y con sus tentáculos bien aposentados sobre el Comité de Seguridad y Salud, el Área de “Fantasías Operativas”, cuyo personal dicen no tener contacto con viajeros y, por último, pero luchando por dirigir esta banda, el Área de Mantenimiento “a cualquier coste” de Instalaciones, en donde la seguridad ante el virus merece amenazas e informes, pero desde luego no merece adecuar horarios o vestuarios.

Al fin, tras 3 meses de conversaciones, escritos, reuniones, voces y denuncias, se están realizando visitas a los diferentes puestos de trabajo, que van a cambiar y mejorar en mucho la situación inicial frente a la pandemia, y se están tomando acciones muy encaminadas a realizar de verdad una participación más activa en muchas áreas de la empresa por parte de los responsables de la “producción” y que tienen trabajadores a su cargo, como en mantenimiento de trenes. Ahora bien, es el momento que el resto de responsables de la empresa bajen a los puestos de trabajo, y sigan este camino de implicación, participación y trabajo, pues en algunas visitas (pocas) hemos visto intenciones claras, algo de planificación, e incluso medidas, como en el Servicio de Logística, en donde ya se habían tomado casi todas las medidas exigibles. Entre otras medidas llevadas a cabo, o en pronta ejecución, se encuentra la definición de aforos en las instalaciones comunes o lugares de trabajo cerrados, como vestuarios, baños, comedores, oficinas o talleres, algunas de estas instalaciones incluirán pegatinas “de ubicación” en el suelo para ayudarnos a respetar esta distancia. La definición de vías de única dirección, el establecimiento de “filas” mediante pegatinas “de ubicación”, tanto en ficheros como en zonas de “vending”, la definición clara y sin tonterías sobre el uso de EPIs, y sobre las medidas higiénicas al respecto, así como la puesta a disposición de gel hidroalcohólico y/o gel desinfectante, dependiendo del lugar.

Las visitas diarias siguen, y calculamos que seguirán durante semanas, ahora prisas y contratos urgentes tratando de recuperar el tiempo perdido, sin darse cuenta que, por los que hayan contraído la enfermedad por falta de medidas de prevención, ya no podemos hacer nada.

Mención especial merecen las nulas medidas preventivas, y el espíritu inquisitorial demostrado por la División de Operación, además de la nula empatía de la mayoría de mandos, que solo exigen conteo de materiales y poco les preocupa si se usan bien los EPIs o los desinfectantes, o directamente, como pasó con Sanicentro, que se seguía usando pese a haber sido retirado en toda la compañía. No nos olvidemos además de las nuevas funciones no evaluadas, comunicadas o acordadas con la parte social como las de control de mascarilla a los viajeros, propios de organismos con autoridad, que en nuestra opinión llevará a cabo quien quiera pelea y virus de los viajeros.

USO DE MASCARILLAS EN ESTACIONES Y OPERATIVA EN GENERAL – SOLIDARIDAD OBRERA

Recordar a todas las compañeras y compañeros que el uso de EPIs apropiados, como mascarillas ffp2 para vulnerar la distancia de 2 metros es un derecho y como tal debe ser reivindicado, APUNTAR SU USO PARA QUE SEAN REPUESTAS Y ESTÉN SIEMPRE DISPONIBLES, las mascarillas quirúrgicas NO protegen al portador/trabajador por lo tanto no es un EPI, si los mandos intermedios no han sido informados adecuadamente que escalen la consulta en este sentido.

PARA PROTEGERSE USA FFP2.

Por otro lado, se ha solicitado que se haga un recuento en cada turno. Este recuento debe hacerse en condiciones higiénicas adecuadas, como es lógico.

Para hacer estas manipulaciones deberían venir embolsadas individualmente y, como este no es el caso, el recuento deberá hacerse “a bulto”, es decir, una aproximación del número y un recuento solo visual, además de apuntar las que se usan.

Recordamos además que las pantallas son un complemento positivo a las mascarillas, pero NO VALEN COMO PROTECCIÓN RESPIRATORIA.

Dimite la Directora General de Salud Pública de Madrid

Yolanda Fuentes, Directora General de Salud Pública de Madrid, dimitió ayer 7 de mayo, este hecho la honra al ser una profesional que antepone la salud al circo político, manifestando en su carta de despedida que no prevalecen “los criterios de salud” en la petición para pasar a la fase 1.

La petición de cambio de fase de la Comunidad de Madrid ni siquiera fue firmada por el consejero, esta petición ha sido el motivo de la dimisión de la ya ex Directora. Esto de no firmar las decisiones que se toman también es una mala costumbre en Metro de Madrid, invitamos a los/as que lo hacen a seguir el camino de la dimisión también.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid afirmaba que estamos preparados para pasar a la fase 1 y que Madrid tiene un sistema sanitario robusto, intentando una vez más tapar las vergüenzas de sus mayores, la gestión del PP y de Esperanza Aguirre que no son otras que la privatización y el expolio de la sanidad pública madrileña, que ha costado muchas vidas, porque privatizar mata, el liberalismo mata y la corrupción mata.

Madrid a 8 de mayo de 2020

Por Solidaridad Obrera

La Junta Sindical

AVISO 43/2020 METROMADRID – CAMPAÑA DE ALIMENTOS PARA PARADOS – LA SOLIDARIDAD EN PRÁCTICA

Como ya venimos realizando desde hace algunos años, continuamos colaborando con la PLATAFORMA DE TRABAJADORES EN PARO DE SAN BLAS – CANILLEJAS, éstos están cubriendo necesidades en el barrio desde hace mucho tiempo, y además son interlocutores válidos para la propia junta municipal por la labor que realizan y que debería estar apoyada con presupuesto e infraestructura generosa. Ellos, de manera autónoma y autoorganizada, y con apoyos como el nuestro, son capaces de realizar esta labor día a día y dar sentido real a la palabra SOLIDARIDAD. Estos incansables solidarios que son los que siempre están, solo puede obtener nuestro reconocimiento, respeto y admiración.

Escribimos estas líneas para agradecer a los afiliados, a los simpatizantes y demás solidarios/as que están participando de forma activa y ya regular, en la campaña de apoyo a esta plataforma.

ES NECESARIO SEGUIR APOYANDO ESTA CAMPAÑA QUE SE EXTENDERÁ EN EL TIEMPO DE FORMA INDEFINIDA, COMO EL TRABAJO DIARIO QUE REALIZAN. ES MUY IMPORTANTE CONSOLIDAR LAS REDES DE APOYO MUTUO Y SOLIDARIDAD EN LOS BARRIOS, CON NUESTRAS VECINAS.

ESTOS LUCHADORES ANÓNIMOS SOMOS TODAS, Y SON EL ORGÜLLO DE LA CLASE OBRERA.

Actualmente están dando cobertura a más de 350 familias, ofrecen donaciones de menús que pertenecen a comedores sociales que no pueden abrir, cubren diferentes necesidades higiénicas de hogar y personal, y siguen reivindicando estas necesidades directamente con los interlocutores políticos. Ellos son el camino a seguir para recuperar el tejido social, cada día más importante. Convivimos con unas realidades que se han visualizado en estos días, y que además se han recrudecido, éstas nunca dejaron de existir y solo eran ignoradas. Ahora más que nunca hay que denunciar y hacerlas visibles, además de mostrar más que nunca nuestra solidaridad.

Cuenta de apoyo desde la Sección de Solidaridad Obrera de Metro de Madrid:

IBAN: ES31 2038 1807 1060 0061 6942

TITULAR: SIND TTES SECC METRO MADRID

CONCEPTO: ALIMENTOS PARA PARADXS

Madrid a 8 de mayo de 2020

Por Solidaridad Obrera

La Junta Sindical

Los fondos buitre, también rescatados por lo público

POR JOSÉ LUIS CARRETERO MIRAMAR

En medio del incontrolable torbellino económico y social que la pandemia de Covid 19 ha provocado en Europa, los grandes fondos de inversión procuran hacerse aún más grandes. Hace pocos días Blackstone anunciaba que procedía a impulsar el mayor fondo inmobiliario que nunca ha funcionado en el Viejo Continente. Este vehículo, llamado Blackstone Real Estate Partners Europe VI (BREP Europe VI) maneja cerca de 9.800 millones de euros, y se estrenó en septiembre pasado comprando una cartera de 4.400 millones en activos logísticos y oficinas llamada Dream Global Real Estate Trust.

No hay que perder de vista que el presidente y fundador de Blackstone, Stephen A. Schwarzmann ha afirmado en una reciente entrevista que su empresa “está en una posición única para invertir en nombre de nuestros clientes en un momento de dislocación histórica”. Esta firma global de inversión terminó el trimestre pasado con activos inmobiliarios bajo gestión valorados en más de 161.000 millones de dólares. En España, desde el inicio de la crisis de 2008, Blackstone ha acumulado inmuebles tasados en cerca de 20.000 millones de euros, convirtiéndose en el mayor propietario de viviendas en alquiler en el mercado nacional, con más de 50.000 pisos repartidos entre diversas sociedades como Testa, Aliseda, Anticipa o Fidere. También es el mayor propietario de activos hoteleros del país a través de la gestora HIP Partners, propietaria de 63 establecimientos en todo el Sur de Europa, de los que 58 se encuentran en España.

El gigante Blackstone, sin embargo, debe hacer frente a una fuerte debilidad reputacional en nuestro país. Su imagen pública roza lo sulfuroso. En su historial mediático se acumulan las tensiones con las comunidades vecinales afectadas por sus masivas compras de inmuebles, a precio de saldo, en el marco del proceso de descomposición de los organismos públicos de vivienda, al calor de la crisis de 2008.

Es una historia que nos narra como funciona el gran capital. Que tipo de relaciones establece con las redes políticas locales. Que consecuencias tiene, para los ciudadanos de a pie, el saqueo de lo público. Cómo el derecho constitucional a la vivienda desaparece del radar de los gestores de la Administración cuando la crisis de su modelo social y económico les empuja a socializar las pérdidas y a privatizar los beneficios.

Esta historia, en la ciudad de Madrid, se escribe con dos nombres principales: Goldman Sachs y Blackstone.

El pasado 12 de diciembre, el Tribunal Supremo inadmite los recursos de apelación presentados por la Comunidad de Madrid y Encasa Cibeles, instrumento propiedad de Azora, a su vez participada por Goldman Sachs en más de un 90%, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que da la razón a la familia de Rachid Bouikou. Rachid es uno de los habitantes de las cerca de 3000 viviendas del IVIMA vendidas a EnCasaCibeles en los años de la crisis del 2008.  El 9 de marzo, la Sección Tercera de Sala de lo Contencioso-Administrativo del mismo tribunal inadmite otro recurso, declarando de nuevo nula la operación de venta de dicha promoción de vivienda pública. El Supremo es extremadamente claro en el texto de su resolución: «No es dable al Letrado de la Comunidad de Madrid erigirse en representante o defensor de los derechos de tales terceros interesados (en referencia a EnCasaCibeles), pues es a éstos a quienes corresponde la defensa de sus derechos e intereses».

Monsterrat González, vecina de una de estas promociones, nos indica cómo está en la actualidad la situación: “Estamos esperando a ver en qué queda todo. Al inicio de la crisis del Covid, EnCasaCibeles nos envió una carta en la que nos decía que quienes estuvieran al corriente de pago podrían acogerse a la moratoria aprobada por el gobierno para los alquileres de los grandes tenedores. Pero lo cierto es que la norma del gobierno no exige que se esté al corriente de pago para ello, sino en situación de vulnerabilidad. Llevamos siete años de juicios y aún no sabemos cómo acabará todo”.

En fechas muy cercanas a la venta de las promociones del IVIMA a Goldman Sachs, el ayuntamiento de la capital vende otras 1860 viviendas públicas protegidas a Magic Real Estate-Blackstone, por 128,5 millones de euros. Los conflictos han sido continuos. Fidere, la agencia utilizada por Blackstone para gestionar esta propiedad, pretende ahora deshacerse de algunas de estas viviendas. Según Arantxa Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados por la venta de las viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) “desde que está gobernando el PP, el ayuntamiento madrileño no está dispuesto a mantener ninguna vía de comunicación con nosotros. Ganamos algunas sentencias que les obligan a devolver cuotas indebidas cobradas, e insisten en no darnos ese dinero.” Mientras tanto, el Sindicato de Inquilinos de Madrid denuncia que Blackstone intentadesahuciar, en pleno estado de alarma, a unas 60 familiasde dos bloques habitados de Torrejón de Ardoz que fueron vendidos por el ayuntamiento al fondo en 2015.

Los fondos, ya lo hemos visto, son ávidos actores del universo de las finanzas y la especulación. Los beneficios son su meta principal. El bienestar del accionista a corto plazo, medido monetariamente, por encima del bienestar de las comunidades concernidas. Acumulación, riesgo, relaciones peligrosas.

Pero no siempre sale todo bien en las inconstantes marejadas del mercado, en el aterrador vórtice creado por los desequilibrios y la incertidumbre de un mundo en constante mutación.

Así que Blackstone, como muchos otros fondos, tiene problemas. Sus inversiones en el sector petrolero y sus activos inmobiliarios sufren por la expansión de la pandemia y los confinamientos. Al acabar el primer trimestre del año, el fondo reconoce unas pérdidas históricas de 1.066,4 millones de dólares. No es el único.

En los últimos años, los fondos globales de capital riesgo han entrado en el accionariado de empresas de todo mundo, en sectores como la hostelería, las agencias de viajes y el inmobiliario. Fondos como KKR o el Grupo Carlyle han prestado mucho dinero a empresas de tamaño medio que, en el marco de la crisis provocada por la pandemia, tienen dificultades para seguir siendo rentables. Los fondos gastaron, sólo el año pasado, 478.000 millones de dólares en estas compras. Ahora tienen un volumen de deuda de 2,5 billones de dólares.

Pongamos un ejemplo: el otoño pasado Blackstone aumentó en 400 millones la deuda de su participada Cirsa, dedicada a gestionar casinos en España, para poder pagar altos dividendos a sus inversores. Incluso la agencia de calificación de riesgos S&P alertó de lo peligroso de la operación, y procedió a rebajar la calificación de la deuda de la empresa española. Hoy Cirsa ha tenido que cerrar. Y ha recurrido a las ayudas del gobierno para poder implementar un ERTE con sus trabajadores, dejando de pagar sus salarios y cotizaciones sociales. Además, va a hacer uso de la posibilidad de retrasar el pago de sus deudas facilitada también por el gobierno. Gracias a ello Blackstone ha recuperado gran parte de su capital invertido en la empresa de casinos.

Los fondos globales de capital riesgo, pues, buscan la manera de ser rescatados con dinero público. Invest Europe, la asociación europea del sector, reclama ayudas y la posibilidad de acceder a los avales públicos del ICO. Rescatar a los ricos, para que no se hundan las condiciones de vida de todos los demás, nos dicen. La desigualdad como instrumento de creación de más desigualdad, como excusa para la socialización de las pérdidas en una sociedad que privatiza los beneficios.

Arantxa Mejías lo tiene claro: “Es absolutamente impresentable que se vaya a rescatar a Blackstone y a las casas de apuestas, y que el Estado no se preocupe de poner en marcha medidas reales para mejorar la vida de la gente y asegurar el derecho constitucional a la vivienda. Necesitamos la limitación de los precios de los alquileres al 30% de los ingresos de los arrendatarios y la eliminación de ese mercado de los fondos de inversión. No es lo mismo, ni se relaciona de igual manera con las familias y la comunidad, un gran tenedor de miles de viviendas y un pequeño propietario que sólo intenta complementar una pensión o un sueldo.”

La vivienda es un derecho fundamental claramente maltratado en las políticas públicas de todos los gobiernos precedentes. Tener un refugio, un lugar donde estar, nunca ha sido tan importante, tan vital, como en las aterradoras circunstancias derivadas de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Las moratorias en los alquileres aprobadas en el último mes respecto de los grandes tenedores, o los microcréditos para los arrendatarios de los pequeños propietarios, no son más que pan para hoy y hambre para mañana. Esa montaña de deuda habrá que devolverla. Y lo tendrán que hacer los perdedores de la crisis: los trabajadores, las familias vulnerables, los de siempre.

Los fondos buscan convertir en beneficio la vida que no hemos protegido y defendido como sociedad, con nuestro cuidado y nuestra capacidad de apoyo colectivo. También buscan que les paguemos las pérdidas de un modelo basado en la especulación a corto plazo. Los fondos reclaman lo que interesa a sus inversores. Los que invertimos nuestros anhelos y energías en la vida y la dignidad de nuestras comunidades también tenemos que reclamar lo nuestro.