Por José Luis Carretero Miramar.
Mientras la pandemia del coronavirus se extiende por la geografía española, los trabajadores y trabajadoras pasan a ser dolorosamente conscientes del efecto social que han tenido las últimas décadas de degradación y descomposición programada de los servicios públicos.
La sanidad se encuentra casi al borde del colapso, tras de años de ensayo con la famosa “colaboración público-privada”, de pérdida camas disponibles en la Sanidad Pública y de despidos de profesionales. Gran parte de los trabajadores sanitarios que ahora salvan nuestras vidas han tenido en los últimos años contratos temporales, incluso en claro fraude de ley, con el efecto esto tiene sobre la formación y estabilidad de las plantillas públicas.
Los trabajadores de las residencias para discapacitados de la Agencia Madrileña de Asuntos Sociales, por poner un simple ejemplo, siguen haciendo frente a la pandemia con una inmensa profesionalidad y entrega, pero con unos medios muy limitados. El transporte público sigue funcionando, pero los trabajadores del Metro de Madrid que caen enfermos, son sometidos a tests del coronavirus mucho antes de que se complete el tiempo de incubación de la enfermedad, y se les hace volver lo antes posible al trabajo.
El Estado de Alarma decretado por el gobierno limita fuertemente los derechos y libertades de todos los ciudadanos, y el servicio público de la Justicia se ve también afectado de manera directa por la pandemia. Las medidas del gobierno impactan sobre una organización social (la de la impartición de la Justicia) que mantiene una inveterada tradición de clasismo. La limitación de las libertades civiles en el marco del Régimen del 78, que puede rastrearse en una deriva continua que va desde la aprobación de la llamada “Ley Mordaza” a las diferentes reformas del Código Penal que endurecen las penas y crean nuevos tipos penales, alcanza su punto culminante al calor del Real Decreto que declara el Estado de Alarma. Un Estado de Alarma que, según algunos conocidos juristas relacionados con los movimientos sociales como Daniel Amelang, está concretándose en medidas específicas que más se corresponden con el Estado de Sitio constitucional.
La condición de clase de la Administración de Justicia en nuestro país es una realidad pocas veces expresada en público, pero reconocida por cualquier actor jurídico con una mínima sensibilidad social. Si los tipos penales, desde el punto de vista de la Ciencia Penal, han de describir tan sólo las agresiones más graves a los bienes jurídicos más importantes de la sociedad, cualquier observador imparcial podrá, comparando la simple lectura de nuestro Código Penal con los marcadores sociales de los detenidos que cada día pasan a disposición judicial en una ciudad como Madrid o con los de los internos en los centros penitenciarios de nuestro país, darse cuenta de que gran parte de nuestro sistema penal está específicamente construido para defender intereses de clase.
Mientras miles de jóvenes de las clases populares pueblan habitualmente los calabozos de las comisarías y las celdas de las cárceles por delitos contra la propiedad o relacionados con la venta y consumo de estupefacientes, los autores de los grandes latrocinios empresariales o los políticos corruptos del Régimen pocas veces ven la entrada en la cárcel como una posibilidad real y, cuando lo hacen , acceden fácilmente a todo tipo de beneficios penitenciarios asociados a su propia condición de clase. La protesta política antisistémica, por su parte, enfrenta una directa represión que se ha expresado en los últimos tiempos, por ejemplo, en condenas a raperos por apología de un terrorismo que no existe o en detenciones y procedimientos judiciales por intentar detener desahucios implementados por fondos buitres que obtuvieron concesiones ilegales de vivienda pública.
Y lo mismo sucede en esta crisis, en la que “todos remamos unidos”, pero afamados fiscales afirman en twitter que no están dispuestos a arriesgar su vida por “derechos de terceros”. Una crisis en la que grandes empresas de servicios no esenciales han seguido abiertas pese a órdenes expresas de cierre de la inspección de trabajo, sin que nadie las molestase, y en la que alargar en demasía el paseo del perro puede convertirse en génesis de una detención que la Ley de Seguridad Ciudadana no contempla como medida a tomar frente a una simple infracción administrativa.
Nos lo cuenta Endika Zulueta, un auténtico referente para las últimas generaciones de letrados comprometidos en el foro judicial capitalino. “En estos momentos es todo muy confuso”-nos dice- “y hay que saber que quien hace afirmaciones tajantes ahora mismo muy probablemente esté equivocado”. En todo caso a Endika le preocupa el tipo de valores que se quiere transmitir desde los poderes públicos en este momento, con una catarata continua de referencias castrenses en los medios de comunicación y loas a los uniformados que participan en las ruedas de prensa del gobierno. Esos valores militaristas que afirman la autoridad sin posibilidad de crítica y la subordinación de los derechos y las garantías jurídicas a la unidad de mando, le parecen muy peligrosos, porque pueden socializarse en exceso en la situación posterior al confinamiento. También le preocupa la emergencia omnipresente de la llamada “policía vecinal de balcón”, que pone de manifiesto las fallas culturales y educativas de la población entorno a lo que significa un marco de libertades civiles básicas.
Francisco García Cediel, otro referente de la abogacía más comprometida con el movimiento obrero combativo y letrado de Solidaridad Obrera, nos cuenta que se ha permitido estos días que la asistencia letrada al detenido se haga por teléfono, para tratar de evitar contagios entre los abogados. Cree que esto no garantiza el derecho de defensa. No es posible saber con certeza si una persona no está en condiciones de declarar en ese momento (por estar con el síndrome de abstinencia, por ejemplo), y tampoco es fácil tener la preceptiva entrevista confidencial con el detenido antes de que este pase a disposición judicial. Hay que tener presente que los detenidos sí están físicamente en el calabozo, donde es difícil mantenerlos aislados para que no se contagien.
García Cediel considera que las medidas contra la libertad de circulación tomadas durante el Estado de Alarma son de dudosa constitucionalidad. La Constitución del Régimen no contempla dentro del Estado de Alarma una limitación absoluta de la libertad deambulatoria, sino sólo en sitios y horas concretas. Se están aplicando las medidas que permite el Estado de Sitio sin declararlo en las Cortes.
Todo esto, según García Cediel, “constituye un experimento bastante peligroso de control social, muy susceptible de una utilización perversa de los instrumentos que se le están dando al Estado, como la posible geolocalización de la población”. Además, se culpabiliza a la ciudadanía de la gravedad de la pandemia, que es producto del proceso de desmantelamiento de la sanidad pública en las últimas décadas, y a la que sólo se puede hacer frente mediante la defensa y refuerzo de los servicios públicos.
Antonio Segura, abogado de la red ActivaT muy vinculado a los movimientos sociales, nos indica, por el contrario, que “a lo mejor tendremos que plantearnos la extensión de determinados derechos individuales ante la necesidad de hacer valer los derechos colectivos, frente a la dinámica neoliberal”. Sobre todo, nos dice que lo cierto es que “tenemos un país donde el régimen de libertades ya estaba muy recortado antes de esto”.
Segura hace hincapié en otro aspecto que ha quedado oscurecido en el marco de esta crisis: “en las medidas que se han tomado se ha abandonado a la abogacía independiente y a la abogacía de clase”. Después de esto el panorama de la abogacía española se va a transformar radicalmente. Los pequeños despachos que suelen defender a los trabajadores, a los autónomos y a los movimientos sociales no van a sobrevivir a esta prueba sin ayuda. Serán sustituidos por los grandes despachos que siguen el modelo de la abogacía norteamericana, centrada en defender los intereses del gran capital. A los abogados no se les aplican muchas de las ayudas aprobadas, ya que muchos de ellos no pertenecen al régimen de autónomos de la Seguridad Social, sino a las Mutuas de los Colegios de Abogados. Las grandes multinacionales de la abogacía y las plataformas transnacionales de la gig economy legal pueden expulsar del mercado a los abogados independientes, que son los que defienden esa perspectiva idealista y comprometida que entiende el ejercicio de la abogacía como un servicio público y un asunto de justicia, como algo más que un negocio.
Erlantz Ibarrondo, abogado de Solidaridad Obrera, por su parte, se muestra preocupado de que se mantenga sine die el Estado de Alarma y el común de la ciudadanía se acostumbre a ello. La mayoría de los detenidos de estos días están llegando a acuerdos de conformidad con la fiscalía que implican tan sólo una multa. Pero eso no elimina el hecho de que, tal y como estamos viendo en muchos videos en las redes sociales, hay policías que se extralimitan, incluso llegando a golpear a personas a las que están identificando por una infracción administrativa, lo cual tiene encaje directo en el Código Penal, pero ninguna autoridad judicial hace nada. La preocupación principal del letrado es que esto sea un ensayo para el control posterior de las clases populares. ¿Quién vigilará a quien ahora nos vigila?
Así pues, nuestra justicia ha sido siempre una justicia de clase. Y lo sigue siendo durante el confinamiento. Hacer cheques en blanco al poder es siempre algo peligroso. Sobre todo, si algunas normas se cumplen imperativamente y otras son obviadas, según los intereses de clase que hay detrás de ellas. Los artículos que en el Código Penal castigan los atentados contra la seguridad e higiene en los centros de trabajo no son aplicados casi nunca, y nadie ha sido detenido por incumplirlos estos días, que sepamos. Pasear al perro, sin embargo, puede ser motivo de un desagradable enfrentamiento con las fuerzas del orden, en determinados barrios.
Además, el brutal efecto económico de esta pandemia puede acabar con gran parte de los profesionales independientes, los autónomos, las cooperativas y las pequeñas empresas más ligadas con los intereses de las clases populares. Los mercados, a la salida del confinamiento, pueden ser un enorme campo abierto para las transnacionales, los fondos de inversión, el gran capital, los grandes despachos internacionales de abogados. Miles de trabajadores y profesionales que, desde una cierta autonomía respecto a las cadenas de valor del gran capital, prestan servicios indispensables para la supervivencia obrera (como el servicio público de la Justicia) pueden ser empujados a la marginalidad con brutalidad por el avance del capital globalizado.
Sólo una alianza social de enorme amplitud puede salvar las libertades y garantizar la supervivencia de las clases populares en este momento y cuando salgamos del confinamiento. Una alianza de la clase trabajadora, pero también abierta otros sectores ajenos a la deriva autoritaria del gran capital transnacional. Superando las barreras sectarias y los límites del reformismo inane. Conquistando los corazones de la población, en lugar de pelear mezquinas batallas por los puestos al sol mediático y parlamentario.
Habrá que recordar lo que escribía el siempre profundo Goethe, en su obra maestra “Fausto”: la acción lo es todo, la gloria nada.