El Tribunal Constitucional alemán, contra Europa

Por José Luis Carretero Miramar

Un brutal torbellino socioeconómico se ha desatado sobre Europa como resultado de la mortal pandemia del coronavirus. Un informe de Goldman Sachs pronostica una contracción del 9 % del PIB para la economía de la Eurozona en 2020. La que saldrá peor parada será Italia, con un desplome del 11,6 %, mientras la economía española, según el ubicuo banco de inversión norteamericano, se contraerá un 9,7 % y la francesa un 7,4 %.

El expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en una columna en el Financial Times advierte a los líderes de la Unión de que “la pandemia de coronavirus es una tragedia humana de proporciones potencialmente bíblicas”, y que la respuesta comunitaria sólo puede pasar un por un significativo aumento coordinado de la deuda pública. Para él, “la única manera eficaz de abordar la situación con inmediatez pasa por la completa movilización de los sistemas financieros de los países, evitando demoras burocráticas”.

Sin embargo, la Unión Europea no termina de implementar una política solidaria común frente a la complejidad del reto representado por la expansión del Covid-19. Europa, un gigante herido, pero incompleto, que ha vivido hace pocos meses el trauma del Brexit y las recurrentes tensiones centrífugas alentadas por las fuerzas de ultraderecha, tiene enormes dificultades para configurar una respuesta a la altura de las circunstancias.

Las contradicciones que atraviesan el proyecto europeo son múltiples. La Unión Europea se diseñó, ya desde sus mismos tratados constitutivos, como un espacio abierto a la libre circulación de capitales, no sólo en el interior de la zona, sino también procedentes del exterior. Si a eso le añadimos la utilización de una moneda única configurada de manera extremadamente favorable a los intereses exportadores de Alemania y la ausencia de una política fiscal común, nos encontramos, reiteradamente, con una dinámica en la que cualquier crisis impacta de manera diferencial en los países del Norte y de la Periferia de la Unión, generando tensiones crecientes y potencialmente insolubles.

Los vimos en los años posteriores a 2008, cuando las primas de riesgo italiana o española amenazaron con acabar con la viabilidad del euro y Grecia se hundió en una catastrófica deriva hacia la pobreza. Sólo una respuesta unitaria, personificada en la declaración de Mario Draghi, entonces presidente del Banco Central Europeo, de que se iba a hacer “todo lo necesario”, pudo evitar el colapso e implosión del imperfecto proyecto de Estado-continente europeo.

 Pero el salvamento vino acompañado de fuertes condicionalidades, en la forma de planes de ajuste, recortes del gasto público y reformas laborales y de pensiones. Fueron las llamadas “políticas de austeridad”, exigencia fundamental de las élites financieras e industriales del Norte de Europa para rescatar a los bancos y a las dependientes economías de servicios de los países del Sur. Los desahucios, el paro de masas y el desmantelamiento creciente del Estado del Bienestar fueron el resultado de una década de reformas, recortes y privatizaciones. Recortes, muy señaladamente, también, en la Sanidad pública española, de lo que ahora hemos pasado a ser muy dolorosamente conscientes.

Y el problema es que ahora estamos en una nueva crisis, y las tensiones han reaparecido. Los debilitados sistemas públicos de salud del Sur de Europa, atenazados por la imposibilidad de los Estados miembros para realizar su propia política monetaria o para traspasar las enervantes exigencias de déficit del Tratado de Maastricht, no pueden hacer frente a la brutal extensión de la pandemia. Hacen falta recursos. Y algunos de los industriales y financieros del Norte quieren negociar contrapartidas.

Maratonianas reuniones se suceden en las altas instancias europeas. Holanda toma el papel de ogro desagradable para el Sur, mientras Alemania juega a mantener la Unión sin pagar demasiado a cambio. Los mediterráneos piden eurobonos, mutualizar los costes, rescates que no estén basados en la deuda y un gran Plan Marshall de reconstrucción de Europa.

La partida, en estos momentos, está al rojo vivo. El Banco Central Europeo ha decidido, pese a sus iniciales vacilaciones, poner en marcha un plan de compras de activos comunitarios de 750.000 millones de euros para salvar la moneda única. Su presidenta, Christine Lagarde afirma que “actuará como sea necesario y durante el tiempo que sea necesario”. La Unión, tras muchas tensiones políticas, decide poner en marcha varios instrumentos de ayuda a los Estados miembros, con condicionalidades “blandas”: créditos del MEDE (el Mecanismo de Estabilidad Europeo), un fondo de garantías del Banco Europeo de Inversiones de 200.000 millones de euros y un mecanismo temporal de reaseguro del desempleo comunitario para los trabajadores que estén en situación de suspensión en sus trabajos (como es el caso de los incluidos en los ERTEs y los autónomos españoles).

Los gobiernos mediterráneos insisten en la necesidad de los eurobonos u otros mecanismos de mutualización de la deuda, hacen notar que los créditos del MEDE presuponen el cumplimiento de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que fuerzan a mantener el déficit público por debajo del 3%, lo que implica, en estas circunstancias, la temida “austeridad”;  y subrayan la necesidad de un seguro de desempleo europeo permanente, así como de una auténtica línea de solidaridad transcontinental basada en transferencias de renta y no en deuda.

Y, en este escenario de tensiones y forcejeos, entra en escena el Tribunal Constitucional alemán.

El día 5 de mayo, el Tribunal Constitucional germano dicta una sentencia que actúa como la explosión de un polvorín, en medio de una ciudad sitiada. Su fallo mantiene que el Banco Central Europeo se extralimitó en su mandato con su programa de compra de deuda pública, lanzado en 2015, bajo la presidencia de Draghi, para frenar el brutal colapso de la crisis iniciada en el 2008. El Constitucional alemán requiere al BCE para que justifique su actuación e insta al Bundesbank a interrumpir las compras que realiza a cuenta de ese mismo programa. Si el BCE no responde satisfactoriamente al Alto Tribunal germano, en el plazo otorgado para ello, afirma la sentencia, el Bundesbank deberá encontrar una forma consensuada para deshacerse de los bonos comprados en el marco del programa que están en su poder.

Con esta decisión, el Tribunal Constitucional alemán pone en crisis varios elementos centrales de la actual arquitectura europea. En primer lugar, sienta un precedente que podría ser utilizado contra el actual programa de compras del BCE relacionado con la crisis del coronavirus, ya que este es aún más laxo que el rechazado por la Corte. Pero, aún más, pone en cuestión la jerarquía jurídica de las normas y las instituciones en el interior de la Unión. El tribunal desoye una previa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha considerado justificado el programa del BCE en diciembre pasado, y lanza un requerimiento que se quiere imperativo a una institución comunitaria e independiente (el BCE) que, según los tratados de la Unión, no puede ser fiscalizada por las instituciones nacionales de los Estados miembros.

La independencia del Banco Central Europeo y el futuro de la Unión pasan a estar en juego. El BCE se niega a responder al Tribunal Constitucional alemán. La presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, amenaza con multar al Estado germano y afirma “el Tribunal de Justicia de Luxemburgo siempre tiene la última palabra en materia legal en la Unión Europea. Me tomo esto muy en serio.”

Pero la canciller Angela Merkel siembra dudas. Afirma en una reunión con altos funcionarios de su partido que el fallo del Tribunal Constitucional germano es “solucionable” si el BCE atiende al requerimiento de la Corte y le explica su plan de compra de deuda. Un portavoz de su Ministerio de Finanzas indica que el gobierno alemán cumplirá con los requisitos fijados por la sentencia. El presidente del Bundesbank declara que “respetando la independencia del BCE” apoyará todos los esfuerzos para que este justifique su plan de compras ante el Constitucional alemán.

Alemania, por tanto, amenaza con poner el entero edificio institucional y jurídico de la Unión Europea patas arriba. Y lo hace desde la insolidaridad, desde una inconfesada vocación imperial que le hace pensar que los mercados protegidos que le brinda la existencia de la Unión Europea no han ser sufragados mediante el reciclado de sus excedentes industriales. Polonia y Hungría sonríen a la espera de que el caos desatado termine por descomponer el edifico jurídico que ha servido como freno a su deriva autoritaria interna.

Todo está en juego en esta intempestiva crisis del coronavirus. Europa tiembla, atenazada por las contradicciones del Brexit, del enfrentamiento Norte-Sur, de las tensiones con el grupo de Visegrado, de su incapacidad para construir un aparato de defensa propio y una política exterior común y de su pérdida tendencial de soberanía tecnológica. Encara ahora la rebatiña desatada por las élites sobre quién tiene que pagar las pérdidas derivadas de la pandemia,

Europa es una buena idea. Vivimos en un mundo de tiburones globales, de Estados-Continente como Rusia, China o los Estados Unidos de América, de fondos de inversión que manejan capitales inconmensurables. Sólo una Europa unida puede hacer frente a los grandes torbellinos que se apuntan en el horizonte, como la crisis ecológica, la Cuarta Revolución Industrial o el caos creciente de un mundo multipolar y desigual.

Pero lo que no está claro es que nos valga cualquier Europa. Estamos ante una Europa sin solidaridad, sin fiscalidad común, sin un Derecho del Trabajo que sirva como suelo legislativo, sin una defensa soberana e independiente. Pertenecemos a una Europa que desoye las llamadas a compartir la deuda, a la construcción de una renta básica de ciudadanía, a una profundización democrática y a una apuesta federal para el continente, que sólo puede estar basada en la convergencia hacia arriba de las condiciones de vida de los trabajadores europeos.

Afirma Mario Draghi en el Financial Times que, en estas circunstancias “el coste de vacilar podría ser irreversible”. La austeridad puso en cuestión la idea de Europa la década pasada. Y el Tribunal Constitucional alemán, ahora, la puede empujar al abismo.

Nos habéis fallado

Políticos que decidísteis lo contrario de lo que hay que hacer en una pandemia. Y  que gestionásteis mal y tarde. Y que nos dejásteis desprotegidos. 

Gestores cuyo único interés fue que no se desbordasen los hospitales. Y no, atajar la pandemia antes de que se extendiera en los barrios y pueblos.

Responsables de Atención Primaria, que no supísteis proteger, pero tampoco aprovechar ni hacer valer la importancia de los centros de salud en la contención de la epidemia.

Supervisoras que habéis mantenido EPIs y mascarillas bajo llave, dándolos a cuentagotas.

Preventivistas que no supisteis organizar, delegar y prevenir.

Tribunal Supremo que nos disteis una de cal, diciendo que no era nuestro derecho disponer de EPIs para tratar a los pacientes. Y hasta los 38 días de exposición, no tocó la de arena, para exigir al gobierno que nos dote de protección.

Tribunal Constitucional, que habéis prohibido manifestaciones simbólicas el 1 de mayo. Pero permitís que nos contagiemos por falta de EPIs y seamos el país que mayor número de sanitarios contagiados tiene.

Gobierno, que mientras nos confinábais, permitíais a las grandes industrias seguir produciendo, aunque no todas fabricaran  productos necesarios.

Sindicatos subvencionados y plataformas que decís defender la “sanidad pública” y habéis guardado silencio sobre las causas del colapso del sistema sanitario durante esta crisis.

Empresas privadas que habéis puesto vuestros intereses económicos por encima de la salud de los enfermos.  

UME que habéis entrado en residencias de ancianos a costa de denuncias judiciales.

“Expertos”, que desde vuestros cómodos sillones, elaboráis protocolos que modificáis al día siguiente en función de lo que os piden los jefes. Las epidemias se ganan sobre el terreno, no en los despachos, y se ganan con lo que se hace en los primeros momentos.

Burocracia estatal que habéis impedido utilizar termocicladores de universidades y centros de investigación, cuando más necesitábamos hacer test PCR.

Burocracias autonómicas que habéis impedido a médicos jubilados echar una mano.

Epidemiólogos de alta alcurnia, que creíais que el virus solo atacaba a los de ojos rasgados y no previsteis nada.

Vecinos que nos amenazabais al saber que éramos sanitarios.

Policías que os habéis sobrepasado en aras del supuesto interés de la salud pública. Pero que os mantenéis ciegos frente a multitud de peligros diarios para la salud colectiva, ante los que no actuáis.

Científicos e investigadores que, en lugar de colaborar, lucháis y competís entre vosotros, por una vacuna que luego nos venderá Big Pharma.

Imbéciles, que mientras otros luchan y arriesgan su salud contra la pandemia, no respetáis las normas básicas de confinamiento/distancia social, poniéndonos en peligro a todos.   

Mientras, en barrios y pueblos, ante la inacción del Estado, se organizaron grupos de ayuda mutua, otros para fabricar artesanales equipos de protección, o para que a nadie le faltara comida, o para cubrir las necesidades para los que no podían valerse por sí mismos, o para apoyar a los centros sanitarios….etc.

Y en muchos hospitales y centros de salud, ante la parálisis de la administración sanitaria, los trabajadorxs se organizaron al margen de las direcciones sin esperar directrices,  para aplicar medidas de contención en los centros de salud, para coordinar las camas disponibles entre hospitales, para intercambiarse información……en jornadas laborales muchas veces infinitas.  

Esta crisis ha servido para conocer el verdadero valor de aquellos trabajos hasta ahora invisibles, pero  indispensables. Muchas veces mal remunerados, y algunos de ellos infravalorados socialmente: limpieza, alimentación, transporte, bomberos, recogida de residuos, etc… Y ha dejado en evidencia, los que David  Graeber denomina “trabajos de mierda”, absolutamente innecesarios y que no aportan nada  a las necesidades básicas de la población.  

COMUNICADO DEL BLOQUE COMBATIVO Y DE CLASE PARO Y PRECARIEDAD. UN FUTURO CRUEL PARA LA CLASE OBRERA


#BloqueCombativo
#FueraPrecariedad
#FueraEmpresasDeLoPublico
#ConcienciaDeClase 


La crisis del COVID-19 ha agravado las ya precarias condiciones laborales de la clase obrera. Más de cuatro millones de trabajadores se encuentran afectados por Ertes con las consecuencias que conllevan, a pesar de la fuerte apuesta del gobierno y los sindicatos del sistema como medida menos mala. Los elevados índices de temporalidad y precariedad implican salarios reducidos; esto implica que muchos trabajadores no estén llegando a cobrar el salario mínimo con la aplicación de las prestaciones del 70% de la base de cotización y se reducirá a un 50% a partir del tercer mes.


Otra consecuencia de las políticas de desprotección hacia los trabajadores es que el total de demandantes de empleo alcanzó a casi cuatro millones de trabajadores y trabajadoras en abril.


Siendo los servicios el sostén económico de la economía estatal, en donde el 80% de los empleos pertenecen al sector, las consecuencias están siendo terribles hacia las trabajadoras y trabajadores. Millones de trabajadores bajo la economía sumergida y otras tantas horas extras que no se pagan, hacen que muchos empresarios hagan su agosto esclavizando a trabajadoras y trabajadores.


En esta crisis hay sectores de la clase obrera que no entran en los datos oficiales. Los trabajadores migrantes que trabajan en hostelería, en el campo y en el servicio doméstico. Lo que debería de ser una obligación por parte de un gobierno que se define pro-gresista es regularizar a todos los trabajadores y trabajadoras sin papeles y legislar a favor de que se cumpla el estatuto de los trabajadores con los Riders, obligando a Glovo, Deliveroo y Uber eats a reconocerles como trabajadores, y frenando de esta manera la uberización del modelo laboral.


En los próximos meses veremos ataques muy virulentos hacia la clase trabajadora, ¿quién nos dice que si ahora se han concedido Ertes a empresas con beneficios millonarios no las podrán abrir las puertas a EREs?


Y es que de un gobierno que está permitiendo colas kilométricas de familias sin comida podemos esperar bien poco. Se autodenominan como el gobierno de los servicios sociales mientras que permitan que la clase obrera pase hambre, y con la ayuda de la organización barrial que ha sido fundamental para poder atender las necesidades del pueblo trabajador.Vienen tiempos duros y desde el sindicalismo de clase y combativo llamamos a la organización de los trabajadores, porque somos nosotros los que sacamos la eco-nomía, no la clase empresarial, los bancos y el estado. Debemos no solo organizarnos, sino también tomar con fuerza las calles exigiendo dignidad, y en las empresas para que no se cometan abusos y frenar Eres fraudulentos. Si hay algo que nos está enseñando esta crisis es que vamos a tener que estar bien informados y organiza-dos para poder defendernos.


Esta es una lucha en la que hay que ir a por todas porque sólo así podremos defendernos de abusos patronales, sino reivindicando nuestras condiciones frente a quienes negocian bajo el paraguas del diálogo social con empresarios y gobierno, pactando para llevarnos bien entre todos y evitando cualquier atisbo de lucha obrera verdaderamente reivindicativa. No negociando con quienes siempre tratan de barrer hacia su tejado evitando cualquier derecho fundamental para los trabajado-res y trabajadoras. Luchando por la jornada de 30 horas, las jubilaciones a los 60 y la regularización de los migrantes.

Reivindicaciones justas y que dignifican las condiciones de la clase obrera. No nos valen medias tintas, lo queremos todo y lo que-remos ya. Y seguiremos persiguiendo las políticas antiobreras y señalando vuestras mentiras como la derogación de la reforma laboral que le va a venir tan bien a los empresarios para aplicarla en la crisis actual.


Llamamos a la organización a los trabajadores y trabajadoras porque solamente así lograremos revertir los ataques a nuestra clase y defendernos.


¡Porque sin la clase obrera no se mueve el mundo, organizados somos más fuertes!


Bloque Combativo de Clase:AST, CSC, CNT (Comarcal Sur, Sierra Norte) Plataforma Sindical EMT, Sindicato de Hostelería de Madrid SAS Solidaridad Obrera, SUSH

Coronavirus y sociedades tradicionales

Por Carlos Taibo

Supongo que, mal que bien, a ustedes les pasa lo mismo: el alud de información, sesgada o no,  y de opinión, fundamentada o no, que nos asalta no puede por menos que dejarnos medio atontadas. De vez en cuando, sin embargo, alguna noticia, o alguna interpretación, hace que a uno se le encienda una bombilla de entre las muchas que tiene apagadas.

Me pasó hace unas semanas cuando cayó en mis manos –lo he mencionado varias veces- un artículo de la revista Forbes. El texto en cuestión concluía que, por efecto de las significativas reducciones operadas en la contaminación en China, iban a salvar la vida nada menos que 77.000 personas, una cifra unas veinte veces superior a la de las fallecidas, en aquel lejano país, y según los polémicos cómputos oficiales, de resultas del coronavirus. El dato nada tiene de particularmente sorprendente, claro, a los ojos de quienes son conscientes de cuáles son las consecuencias de la locura que asalta a nuestra maltrecha civilización industrial. Ha pasado, de cualquier modo, más bien inadvertido.

Ayer se me encendió, con todo, otra bombilla. La espoleta fue un artículo publicado en La Vanguardia. El texto, de Joaquín Luna, procuraba explicar por qué Portugal y Grecia muestran niveles de incidencia del coronavirus sensiblemente menores que los registrados en otros escenarios. Al respecto se citaba un dato revelador: mientras en la Extremadura española, con 1.060.000 habitantes, habían muerto casi quinientas personas por efecto de la pandemia, en el vecino Alentejo, en Portugal, con 760.000 pobladores, se había computado un único fallecimiento. Da que pensar, verdad, tanto más cuanto que hablamos de dos espacios geográficos limítrofes y, por muchos conceptos, similares. 

Confesaré que a la hora de encarar la discusión correspondiente no me interesan mayormente la habilidad y la sabiduría, presuntas o reales, de los gobernantes. Quiero prestar atención, antes bien, a dos hechos -intuyo que relacionados entre sí- que aparecen mencionados en el artículo que gloso y que a buen seguro merecen una reflexión más sesuda que la que yo acometo en estas líneas.

Entiendo que el primero de esos hechos se manifiesta por igual en Portugal y en Grecia, o al menos en buena parte de los territorios respectivos. Me refiero a la presencia, muy liviana, de un fenómeno, las residencias de la tercera edad, más bien desconocido, y en cualquier caso preterido, en las sociedades marcadas por códigos comunitario-tradicionales. En esas sociedades lo habitual es que ancianos y ancianas vivan y mueran en casa, junto a sus familiares, de tal suerte que el escenario –no creo que tenga que aportar más explicaciones- resulta  mucho menos permeable a la catástrofe que se ha abierto camino en España, en Italia, en Francia o en el Reino Unido. Hace unas semanas un colega me contó que, según un estudio realizado en las residencias de la tercera edad de una zona de la comunidad de Madrid, en las navidades pasadas sólo un 17% de los viejitos y viejitas las habían abandonado para pasar las fiestas con sus familiares. El dato –me parece- es escalofriante. Y ojo que no quiero ignorar en modo alguno que las residencias que me ocupan desempeñan a menudo tareas muy honrosas, y que las personas que trabajan en ellas merecen todos los respetos. De los efectos, dramáticos, de la privatización de esas instancias habrá que hablar otro día. 

El segundo de los hechos que anticipaba, muy llamativo, es el recelo que los hospitales suelen provocar en muchas de las personas que habitan, y singularmente entre la gente de edad, en esas sociedades comunitario-tradicionales que acabo de mencionar. Parece que, en virtud de una excelsa paradoja, cuanto más débil es un sistema sanitario –y el portugués y el griego lo son, al menos en términos comparativos-, mayor es la posibilidad de que la gente, espontáneamente, se autoconfine y reduzca, eficientemente, los riesgos. Entre tanto, y en paralelo, mayor se antoja la probabilidad de que los países que disponen de sistemas sanitarios más desarrollados presuman, con mal criterio, de sus ingentes capacidades para encarar sin mayores contratiempos problemas que, al cabo, y sin embargo, se desbordan. 

En lo que hace a una discusión como la anterior ni puedo ni quiero llegar a ninguna conclusión definitiva. Mi intuición, aun así, es que los resultados, moderadamente halagüeños, que se han registrado en Portugal y en Grecia en relación con la pandemia tienen más que ver con el ascendiente de determinados elementos propios de las sociedades tradicionales que con la gestión de los gobernantes. Enuncio esa tesis, claro, con todas las cautelas. No sabemos, ciertamente, cómo terminará lo de Portugal y lo de Grecia. Tampoco me resulta evidente, por otra parte, que el escenario extremeño sea, en lo que hace a claves como las que aquí he manejado, diferente del alentejano. El único dato estadístico del que dispongo, en fin, en lo que hace a las residencias de la tercera edad en Portugal en su relación con el coronavirus señala que si la media planetaria de fallecimientos en esos recintos es de un 50% del total –seguro que la española es más alta-, en Portugal se revela un guarismo algo más bajo, de un 40%. En el buen entendido de que falta un desglose geográfico de este último dato, un desglose que probablemente arrojaría luz, en el sentido que fuere, sobre la tesis que estoy defendiendo. 

Podría seguir acumulando incógnitas para, al cabo, reconocer que lo que me ha guiado a escribir estas líneas es el recuerdo de cómo mi madre, que falleció un par de años atrás, pujó reciamente, y con éxito, por morir en casa y por no pisar un hospital. Igual las suyas hubieran sido defensas nada despreciables frente al coronavirus. Dicho sea con toda la admiración por la gente que se ha partido el cobre para salvar nuestras vidas y desde la denuncia de la ignominia de quienes han dinamitado, con premeditación y alevosía, la sanidad pública.  

AVISO 44/2020 METROMADRID – PESE A TODO PARECE QUE VAMOS A POR EL BUEN CAMINO – LOS VIRUS NO SON COMO LA ARENA Y LA TIERRA NO ES PLANA

Parece que siempre obtenemos resoluciones favorables ante la Inspección de Trabajo en materia de salud, y en medio de esta pandemia no ha podido ser del todo así, aunque algunas, como la desinfección de furgonetas, uso de líquidos virucidas homologados, o la necesidad de realizar una evaluación de riesgos con autoría, han sido resueltas favorablemente.

Como consecuencia de unas u otras resoluciones, y de los argumentos usados por esta “competente” empresa para lograr dichas resoluciones, hemos podido descubrir que el nuevo Servicio de Prevención actúa de manera conjunta, siendo firmantes de la EVR ilegal todos los Técnicos inscritos en dicho Servicio. Esta afirmación de dudosa legalidad, parece haber despertado a este “Servicio de Prevención”, o quizás, ha sido el espoleo de otros Servicios, como el de Talleres Centrales, que pese a haberse adelantado a los demás no parece contar con el beneplácito del núcleo duro anti-preventivo. Pese a esto, nos alegra poder volver a visitar lugares con Técnicos en PRL, compañer@s que seguro harán más por nuestra prevención que esta “Banda-Dirección”, por humanidad, profesionalidad o por su propia libertad, pues rápido han sido señalados como responsables de todo lo que se ha hecho mal. Esta banda, integrada por la Dirección de Recursos inHumanos, que a su vez son los responsables del Área de Prevención y con sus tentáculos bien aposentados sobre el Comité de Seguridad y Salud, el Área de “Fantasías Operativas”, cuyo personal dicen no tener contacto con viajeros y, por último, pero luchando por dirigir esta banda, el Área de Mantenimiento “a cualquier coste” de Instalaciones, en donde la seguridad ante el virus merece amenazas e informes, pero desde luego no merece adecuar horarios o vestuarios.

Al fin, tras 3 meses de conversaciones, escritos, reuniones, voces y denuncias, se están realizando visitas a los diferentes puestos de trabajo, que van a cambiar y mejorar en mucho la situación inicial frente a la pandemia, y se están tomando acciones muy encaminadas a realizar de verdad una participación más activa en muchas áreas de la empresa por parte de los responsables de la “producción” y que tienen trabajadores a su cargo, como en mantenimiento de trenes. Ahora bien, es el momento que el resto de responsables de la empresa bajen a los puestos de trabajo, y sigan este camino de implicación, participación y trabajo, pues en algunas visitas (pocas) hemos visto intenciones claras, algo de planificación, e incluso medidas, como en el Servicio de Logística, en donde ya se habían tomado casi todas las medidas exigibles. Entre otras medidas llevadas a cabo, o en pronta ejecución, se encuentra la definición de aforos en las instalaciones comunes o lugares de trabajo cerrados, como vestuarios, baños, comedores, oficinas o talleres, algunas de estas instalaciones incluirán pegatinas “de ubicación” en el suelo para ayudarnos a respetar esta distancia. La definición de vías de única dirección, el establecimiento de “filas” mediante pegatinas “de ubicación”, tanto en ficheros como en zonas de “vending”, la definición clara y sin tonterías sobre el uso de EPIs, y sobre las medidas higiénicas al respecto, así como la puesta a disposición de gel hidroalcohólico y/o gel desinfectante, dependiendo del lugar.

Las visitas diarias siguen, y calculamos que seguirán durante semanas, ahora prisas y contratos urgentes tratando de recuperar el tiempo perdido, sin darse cuenta que, por los que hayan contraído la enfermedad por falta de medidas de prevención, ya no podemos hacer nada.

Mención especial merecen las nulas medidas preventivas, y el espíritu inquisitorial demostrado por la División de Operación, además de la nula empatía de la mayoría de mandos, que solo exigen conteo de materiales y poco les preocupa si se usan bien los EPIs o los desinfectantes, o directamente, como pasó con Sanicentro, que se seguía usando pese a haber sido retirado en toda la compañía. No nos olvidemos además de las nuevas funciones no evaluadas, comunicadas o acordadas con la parte social como las de control de mascarilla a los viajeros, propios de organismos con autoridad, que en nuestra opinión llevará a cabo quien quiera pelea y virus de los viajeros.

USO DE MASCARILLAS EN ESTACIONES Y OPERATIVA EN GENERAL – SOLIDARIDAD OBRERA

Recordar a todas las compañeras y compañeros que el uso de EPIs apropiados, como mascarillas ffp2 para vulnerar la distancia de 2 metros es un derecho y como tal debe ser reivindicado, APUNTAR SU USO PARA QUE SEAN REPUESTAS Y ESTÉN SIEMPRE DISPONIBLES, las mascarillas quirúrgicas NO protegen al portador/trabajador por lo tanto no es un EPI, si los mandos intermedios no han sido informados adecuadamente que escalen la consulta en este sentido.

PARA PROTEGERSE USA FFP2.

Por otro lado, se ha solicitado que se haga un recuento en cada turno. Este recuento debe hacerse en condiciones higiénicas adecuadas, como es lógico.

Para hacer estas manipulaciones deberían venir embolsadas individualmente y, como este no es el caso, el recuento deberá hacerse “a bulto”, es decir, una aproximación del número y un recuento solo visual, además de apuntar las que se usan.

Recordamos además que las pantallas son un complemento positivo a las mascarillas, pero NO VALEN COMO PROTECCIÓN RESPIRATORIA.

Dimite la Directora General de Salud Pública de Madrid

Yolanda Fuentes, Directora General de Salud Pública de Madrid, dimitió ayer 7 de mayo, este hecho la honra al ser una profesional que antepone la salud al circo político, manifestando en su carta de despedida que no prevalecen “los criterios de salud” en la petición para pasar a la fase 1.

La petición de cambio de fase de la Comunidad de Madrid ni siquiera fue firmada por el consejero, esta petición ha sido el motivo de la dimisión de la ya ex Directora. Esto de no firmar las decisiones que se toman también es una mala costumbre en Metro de Madrid, invitamos a los/as que lo hacen a seguir el camino de la dimisión también.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid afirmaba que estamos preparados para pasar a la fase 1 y que Madrid tiene un sistema sanitario robusto, intentando una vez más tapar las vergüenzas de sus mayores, la gestión del PP y de Esperanza Aguirre que no son otras que la privatización y el expolio de la sanidad pública madrileña, que ha costado muchas vidas, porque privatizar mata, el liberalismo mata y la corrupción mata.

Madrid a 8 de mayo de 2020

Por Solidaridad Obrera

La Junta Sindical

AVISO 43/2020 METROMADRID – CAMPAÑA DE ALIMENTOS PARA PARADOS – LA SOLIDARIDAD EN PRÁCTICA

Como ya venimos realizando desde hace algunos años, continuamos colaborando con la PLATAFORMA DE TRABAJADORES EN PARO DE SAN BLAS – CANILLEJAS, éstos están cubriendo necesidades en el barrio desde hace mucho tiempo, y además son interlocutores válidos para la propia junta municipal por la labor que realizan y que debería estar apoyada con presupuesto e infraestructura generosa. Ellos, de manera autónoma y autoorganizada, y con apoyos como el nuestro, son capaces de realizar esta labor día a día y dar sentido real a la palabra SOLIDARIDAD. Estos incansables solidarios que son los que siempre están, solo puede obtener nuestro reconocimiento, respeto y admiración.

Escribimos estas líneas para agradecer a los afiliados, a los simpatizantes y demás solidarios/as que están participando de forma activa y ya regular, en la campaña de apoyo a esta plataforma.

ES NECESARIO SEGUIR APOYANDO ESTA CAMPAÑA QUE SE EXTENDERÁ EN EL TIEMPO DE FORMA INDEFINIDA, COMO EL TRABAJO DIARIO QUE REALIZAN. ES MUY IMPORTANTE CONSOLIDAR LAS REDES DE APOYO MUTUO Y SOLIDARIDAD EN LOS BARRIOS, CON NUESTRAS VECINAS.

ESTOS LUCHADORES ANÓNIMOS SOMOS TODAS, Y SON EL ORGÜLLO DE LA CLASE OBRERA.

Actualmente están dando cobertura a más de 350 familias, ofrecen donaciones de menús que pertenecen a comedores sociales que no pueden abrir, cubren diferentes necesidades higiénicas de hogar y personal, y siguen reivindicando estas necesidades directamente con los interlocutores políticos. Ellos son el camino a seguir para recuperar el tejido social, cada día más importante. Convivimos con unas realidades que se han visualizado en estos días, y que además se han recrudecido, éstas nunca dejaron de existir y solo eran ignoradas. Ahora más que nunca hay que denunciar y hacerlas visibles, además de mostrar más que nunca nuestra solidaridad.

Cuenta de apoyo desde la Sección de Solidaridad Obrera de Metro de Madrid:

IBAN: ES31 2038 1807 1060 0061 6942

TITULAR: SIND TTES SECC METRO MADRID

CONCEPTO: ALIMENTOS PARA PARADXS

Madrid a 8 de mayo de 2020

Por Solidaridad Obrera

La Junta Sindical

Los fondos buitre, también rescatados por lo público

POR JOSÉ LUIS CARRETERO MIRAMAR

En medio del incontrolable torbellino económico y social que la pandemia de Covid 19 ha provocado en Europa, los grandes fondos de inversión procuran hacerse aún más grandes. Hace pocos días Blackstone anunciaba que procedía a impulsar el mayor fondo inmobiliario que nunca ha funcionado en el Viejo Continente. Este vehículo, llamado Blackstone Real Estate Partners Europe VI (BREP Europe VI) maneja cerca de 9.800 millones de euros, y se estrenó en septiembre pasado comprando una cartera de 4.400 millones en activos logísticos y oficinas llamada Dream Global Real Estate Trust.

No hay que perder de vista que el presidente y fundador de Blackstone, Stephen A. Schwarzmann ha afirmado en una reciente entrevista que su empresa “está en una posición única para invertir en nombre de nuestros clientes en un momento de dislocación histórica”. Esta firma global de inversión terminó el trimestre pasado con activos inmobiliarios bajo gestión valorados en más de 161.000 millones de dólares. En España, desde el inicio de la crisis de 2008, Blackstone ha acumulado inmuebles tasados en cerca de 20.000 millones de euros, convirtiéndose en el mayor propietario de viviendas en alquiler en el mercado nacional, con más de 50.000 pisos repartidos entre diversas sociedades como Testa, Aliseda, Anticipa o Fidere. También es el mayor propietario de activos hoteleros del país a través de la gestora HIP Partners, propietaria de 63 establecimientos en todo el Sur de Europa, de los que 58 se encuentran en España.

El gigante Blackstone, sin embargo, debe hacer frente a una fuerte debilidad reputacional en nuestro país. Su imagen pública roza lo sulfuroso. En su historial mediático se acumulan las tensiones con las comunidades vecinales afectadas por sus masivas compras de inmuebles, a precio de saldo, en el marco del proceso de descomposición de los organismos públicos de vivienda, al calor de la crisis de 2008.

Es una historia que nos narra como funciona el gran capital. Que tipo de relaciones establece con las redes políticas locales. Que consecuencias tiene, para los ciudadanos de a pie, el saqueo de lo público. Cómo el derecho constitucional a la vivienda desaparece del radar de los gestores de la Administración cuando la crisis de su modelo social y económico les empuja a socializar las pérdidas y a privatizar los beneficios.

Esta historia, en la ciudad de Madrid, se escribe con dos nombres principales: Goldman Sachs y Blackstone.

El pasado 12 de diciembre, el Tribunal Supremo inadmite los recursos de apelación presentados por la Comunidad de Madrid y Encasa Cibeles, instrumento propiedad de Azora, a su vez participada por Goldman Sachs en más de un 90%, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que da la razón a la familia de Rachid Bouikou. Rachid es uno de los habitantes de las cerca de 3000 viviendas del IVIMA vendidas a EnCasaCibeles en los años de la crisis del 2008.  El 9 de marzo, la Sección Tercera de Sala de lo Contencioso-Administrativo del mismo tribunal inadmite otro recurso, declarando de nuevo nula la operación de venta de dicha promoción de vivienda pública. El Supremo es extremadamente claro en el texto de su resolución: «No es dable al Letrado de la Comunidad de Madrid erigirse en representante o defensor de los derechos de tales terceros interesados (en referencia a EnCasaCibeles), pues es a éstos a quienes corresponde la defensa de sus derechos e intereses».

Monsterrat González, vecina de una de estas promociones, nos indica cómo está en la actualidad la situación: “Estamos esperando a ver en qué queda todo. Al inicio de la crisis del Covid, EnCasaCibeles nos envió una carta en la que nos decía que quienes estuvieran al corriente de pago podrían acogerse a la moratoria aprobada por el gobierno para los alquileres de los grandes tenedores. Pero lo cierto es que la norma del gobierno no exige que se esté al corriente de pago para ello, sino en situación de vulnerabilidad. Llevamos siete años de juicios y aún no sabemos cómo acabará todo”.

En fechas muy cercanas a la venta de las promociones del IVIMA a Goldman Sachs, el ayuntamiento de la capital vende otras 1860 viviendas públicas protegidas a Magic Real Estate-Blackstone, por 128,5 millones de euros. Los conflictos han sido continuos. Fidere, la agencia utilizada por Blackstone para gestionar esta propiedad, pretende ahora deshacerse de algunas de estas viviendas. Según Arantxa Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados por la venta de las viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) “desde que está gobernando el PP, el ayuntamiento madrileño no está dispuesto a mantener ninguna vía de comunicación con nosotros. Ganamos algunas sentencias que les obligan a devolver cuotas indebidas cobradas, e insisten en no darnos ese dinero.” Mientras tanto, el Sindicato de Inquilinos de Madrid denuncia que Blackstone intentadesahuciar, en pleno estado de alarma, a unas 60 familiasde dos bloques habitados de Torrejón de Ardoz que fueron vendidos por el ayuntamiento al fondo en 2015.

Los fondos, ya lo hemos visto, son ávidos actores del universo de las finanzas y la especulación. Los beneficios son su meta principal. El bienestar del accionista a corto plazo, medido monetariamente, por encima del bienestar de las comunidades concernidas. Acumulación, riesgo, relaciones peligrosas.

Pero no siempre sale todo bien en las inconstantes marejadas del mercado, en el aterrador vórtice creado por los desequilibrios y la incertidumbre de un mundo en constante mutación.

Así que Blackstone, como muchos otros fondos, tiene problemas. Sus inversiones en el sector petrolero y sus activos inmobiliarios sufren por la expansión de la pandemia y los confinamientos. Al acabar el primer trimestre del año, el fondo reconoce unas pérdidas históricas de 1.066,4 millones de dólares. No es el único.

En los últimos años, los fondos globales de capital riesgo han entrado en el accionariado de empresas de todo mundo, en sectores como la hostelería, las agencias de viajes y el inmobiliario. Fondos como KKR o el Grupo Carlyle han prestado mucho dinero a empresas de tamaño medio que, en el marco de la crisis provocada por la pandemia, tienen dificultades para seguir siendo rentables. Los fondos gastaron, sólo el año pasado, 478.000 millones de dólares en estas compras. Ahora tienen un volumen de deuda de 2,5 billones de dólares.

Pongamos un ejemplo: el otoño pasado Blackstone aumentó en 400 millones la deuda de su participada Cirsa, dedicada a gestionar casinos en España, para poder pagar altos dividendos a sus inversores. Incluso la agencia de calificación de riesgos S&P alertó de lo peligroso de la operación, y procedió a rebajar la calificación de la deuda de la empresa española. Hoy Cirsa ha tenido que cerrar. Y ha recurrido a las ayudas del gobierno para poder implementar un ERTE con sus trabajadores, dejando de pagar sus salarios y cotizaciones sociales. Además, va a hacer uso de la posibilidad de retrasar el pago de sus deudas facilitada también por el gobierno. Gracias a ello Blackstone ha recuperado gran parte de su capital invertido en la empresa de casinos.

Los fondos globales de capital riesgo, pues, buscan la manera de ser rescatados con dinero público. Invest Europe, la asociación europea del sector, reclama ayudas y la posibilidad de acceder a los avales públicos del ICO. Rescatar a los ricos, para que no se hundan las condiciones de vida de todos los demás, nos dicen. La desigualdad como instrumento de creación de más desigualdad, como excusa para la socialización de las pérdidas en una sociedad que privatiza los beneficios.

Arantxa Mejías lo tiene claro: “Es absolutamente impresentable que se vaya a rescatar a Blackstone y a las casas de apuestas, y que el Estado no se preocupe de poner en marcha medidas reales para mejorar la vida de la gente y asegurar el derecho constitucional a la vivienda. Necesitamos la limitación de los precios de los alquileres al 30% de los ingresos de los arrendatarios y la eliminación de ese mercado de los fondos de inversión. No es lo mismo, ni se relaciona de igual manera con las familias y la comunidad, un gran tenedor de miles de viviendas y un pequeño propietario que sólo intenta complementar una pensión o un sueldo.”

La vivienda es un derecho fundamental claramente maltratado en las políticas públicas de todos los gobiernos precedentes. Tener un refugio, un lugar donde estar, nunca ha sido tan importante, tan vital, como en las aterradoras circunstancias derivadas de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Las moratorias en los alquileres aprobadas en el último mes respecto de los grandes tenedores, o los microcréditos para los arrendatarios de los pequeños propietarios, no son más que pan para hoy y hambre para mañana. Esa montaña de deuda habrá que devolverla. Y lo tendrán que hacer los perdedores de la crisis: los trabajadores, las familias vulnerables, los de siempre.

Los fondos buscan convertir en beneficio la vida que no hemos protegido y defendido como sociedad, con nuestro cuidado y nuestra capacidad de apoyo colectivo. También buscan que les paguemos las pérdidas de un modelo basado en la especulación a corto plazo. Los fondos reclaman lo que interesa a sus inversores. Los que invertimos nuestros anhelos y energías en la vida y la dignidad de nuestras comunidades también tenemos que reclamar lo nuestro.

EN LA CALLE O EN LA CASA: LA CLASE TRABAJADORA ES EL MOTOR DEL MUNDO

Llevamos más de 50 días en estado de alarma. Días en los que la incertidumbre, la impotencia y las reflexiones han abundado en espacios de militancia como este. Días en los que las medidas implantadas por parte del Estado se han ido sucediendo y hemos tenido que ir mirando con lupa cada una de ellas para comprender su verdadero impacto en la clase trabajadora, que es la que acaba padeciendo cada una de las crisis a las que nos abocan.

Y es precisamente en estos días, en los que “papá Estado” (que no deja de ser un entramado de instituciones formadas por personas de carne y hueso) se plantea “dejarnos salir un ratito” —eso sí, siempre que nos portemos bien y cumplamos las normas—, cuando desde el Bloque Combativo y de Clase reafirmamos la necesidad de poner en práctica fórmulas de desobediencia civil que impulsen la construcción de nuevos espacios de libertad al margen del sistema patriarcal y capitalista. Nosotras lo tenemos claro, sabemos que solo la autogestión, el apoyo mutuo y el antiautoritarismo sirven como estrategia para construir un marco nuevo de sociedad. Tanto en lo social, como en lo económico, otras formas de relacionarse son posibles y necesarias.
Sabemos que el crecimiento económico ilimitado es una ilusión y que el consumo es una forma de esclavitud que no genera más que la destrucción del planeta tierra; esta crisis lo está evidenciando. Evidencia la necesidad de dar un salto a un modelo de sociedad sostenible y transversal, en el que no quede nadie fuera y en el que primen las lógicas que pongan la vida y las personas en el centro. Nos hablan de democracia, pero esta “democracia” es una estafa en la que se delega nuestro poder individual en manos de unos pocos. Nos hablan de reparto de la riqueza cuando vemos que tan sólo el 1% de las grandes fortunas del mundo acumula el 82% de la riqueza global. Sí, es necesaria una transformación YA, para acabar con tanta injusticia y tanta acumulación del poder y la riqueza.

Sin embargo, se están implantando nuevas prácticas represoras ante la crisis que tenemos encima, impuestas por el capitalismo y aceleradas con la excusa sanitaria del Covid-19; prácticas que, bien lejos de dar ese salto a un nuevo modelo, pretenden reforzar aún más el ya existente. Tenemos la responsabilidad de no permitir la consolidación de dichas estrategias de control. Estamos asistiendo a la militarización de nuestras calles, con prácticas de control y privación de nuestras libertades que nos recuerdan a tiempos bien oscuros.

Desde estas líneas hacemos un llamamiento generalizado a la clase trabajadora, la verdadera sostenedora de la vida. Médicas, enfermeros y psicólogas que han tenido que enfrentar esta situación buscando soluciones en conjunto y que gracias a su saber hacer y su esfuerzo colectivo han podido afrontar los momentos de caos; limpiadoras, celadores que han demostrado la importancia de trabajos tan mal valorados social y económicamente; jornaleras y jornaleros que cultivan la tierra —migrantes en una gran proporción, que en numerosas ocasiones trabajan en condiciones de semiexclavitud y/o sin “papeles”— y que son las que están llenando nuestras neveras; cajeras, reponedores, repartidoras, camioneros… que nos han suministrado los recursos verdaderamente necesarios; maestras y profesores que han adaptado sus clases para seguir formando y educando a sus alumnas y alumnos; cuidadoras —madres, padres, abuelos, abuelas, tías, tíos…—, en su mayoría mujeres, que en esta cuarentena han sujetado nuestros cuerpos interdependientes con las tareas más necesarias y esenciales en nuestros hogares… La lista puede engrosarse hasta llenar muchas más páginas, ya que este llamamiento es para toda la clase trabajadora, que es el verdadero motor del mundo.

Debemos ser críticas, hablar de autogestión y apoyo mutuo implica ser conscientes de nuestro verdadero poder individual, pero también conlleva pensar en hacer desaparecer todos los centros de poder que ahora se reservan la “gestión” político-social. Grandes corporaciones, partidos políticos, el Estado, el ejército, los grandes medios de comunicación de masas, la policía.

Necesitamos deconstruir(nos) para volver a construir(nos).

Hemos visto florecer, en estas semanas de confinamiento, muchas prácticas nacidas de lo colectivo: equipos de trabajo en hospitales que han dado solución a la situación de desborde, confección de mascarillas, redes de apoyo en bloques de pisos, campañas vecinales para afrontar necesidades básicas de las personas con menos recursos… Éstas se suman a la lista de prácticas ya existentes antes de este panorama: cooperativas de consumo y trabajo, huertas vecinales, bancos de tiempo e intercambio para suprimir el dinero, espacios autogestionados, medios de comunicación libres y críticos con el poder…

Las épocas de crisis siempre han sido oportunidades para repensar e implantar horizontes nuevos. Está en nuestras manos decidir hacía qué futuro queremos dirigirnos. Está en nuestras manos romper, de una vez por todas, con la explotación, la acumulación, la jerarquización… No es un camino fácil, pero sabemos que organizadas, sumando y construyendo espacios colectivos; desde la autonomía individual, libres y cómplices; colaborando y compartiendo en lugar de compitiendo, será posible llegar a ese futuro próximo.

¡Vivan los trabajadores y trabajadoras del mundo!

¡Unidas y unidos somos imparables!

CORONAVIRUS Y LUCHA DE CLASES (II). LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL METRO.

Por José Luis Carretero Miramar.

                Como afirmábamos en un artículo anterior en este mismo medio, la crisis del coronavirus está poniendo de manifiesto la crudeza de la lucha de clases en el seno de la sociedad española en una situación excepcional. Las tensiones, presiones, conflictos y pruebas de fuerza asociadas a la reivindicación por parte de los trabajadores del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de las indicaciones de la comunidad médica en los centros de trabajo, están generando situaciones como el cierre de la planta automovilística de Mercedes en Vitoria por el Comité de Empresa (la representación unitaria de los trabajadores) o el más que previsible cierre de Konecta, la mayor empresa de telemárketing de España, en las próximas horas, ante la presión jurídica desarrollada por las secciones sindicales de CGT, Solidaridad Obrera y USO.

                La situación no ha cambiado en los últimos días. Y no parece previsible que lo haga. Recordemos que los sectores que siguen trabajando en la calle, además del sanitario, pese al estado de alarma decretado por el gobierno, como el telemárketing, la limpieza, los transportes, el reparto a domicilio o la alimentación… están principalmente (aunque no únicamente) constituidos por toda esa fuerza de trabajo manual y muchas veces precaria, que el discurso dominante ha invisibilizado completamente en las últimas décadas.

Se trata de una clase obrera cuya misma existencia ha sido negada por los discursos altisonantes sobre el cognitariado, los knowmads o el trabajo inmaterial desde hace ya tiempo. Pero que, tozudamente, se convierte en estratégicamente decisiva para la sustentación de esa misma esfera virtual que la niega como su esencial condición de posibilidad. No hay trabajo inmaterial, sin la legión de limpiadoras, reponedores, cajeras, conductores de autobús, riders y personal de mantenimiento que constituyen la base material del trabajo socialmente necesario en la Smart City de nuestros días.

Y uno de esos trabajos necesarios e invisibilizados, sobre el que me voy a detener en estos momentos, es del transporte suburbano. Los Metros que articulan la posibilidad de que la fuerza de trabajo llegue allí donde es necesaria para el proceso de valorización del Capital, en las grandes urbes degradadas de nuestro tiempo, de manera cotidiana. Sin este medio de transporte, las grandes ciudades serían inviables y nuestra perdida normalidad, como estamos viendo estos días, hubiese sido radicalmente otra.

No se trata, en el imaginario de la mayoría de nuestra sociedad, de un sector especialmente precario. El hecho de que sea un sector estratégicamente decisivo para el proceso productivo, al garantizar que la mano de obra estará allí donde se la necesita todos los días, ha hecho que sus reivindicaciones recurrentes muestren la ambivalencia que muestran, en el discurso mediático, todas las manifestaciones de lucha de los sectores de la clase obrera que aún insisten, por estar fuertemente organizados, en autodenominarse orgullosamente como tal: mientras sus luchas pueden obtener éxitos más llamativos que las de otros sectores y garantizar condiciones de trabajo un poco mejores, su imagen pública es demonizada (“están siempre en huelga”. “son unos privilegiados”) para romper toda posibilidad de extensión de sus costumbres levantiscas entre el proletariado precarizado más atomizado, reconvertido por los media y la clase política en la silenciosa “ciudadanía de clase media y trabajadora” consumista.

Se engañan, sin embargo, quienes piensan que, en el suburbano, sólo trabajan privilegiados corporativistas, restos de una clase obrera en decadencia. La expansión de las contratas y subcontratas (limpieza, seguridad y otros marcos crecientes de actividad rápidamente externalizada) ha precarizado fuertemente el trabajo del transporte en el subsuelo en las principales ciudades, en la última década. Además, el trabajo en el Metro sigue estando marcado por la explotación, los horarios de órdago y la ubicuidad de contaminantes como el amianto, que en el caso del Metro de Madrid ya han provocado la muerte de varios trabajadores, pese a la recurrente conflictividad de los sindicatos más combativos, que han llegado a querellarse criminalmente contra los responsables políticos de que este material altamente cancerígeno y potencialmente dañino para trabajadores y usuarios, no haya sido aún retirado.

Y los Metros, obviamente, siguen abiertos en el marco de la brutal bifurcación histórica que significa la pandemia de Covid-19. Se está trabajando en el Metro ¿En qué condiciones?

Antonio Rus, asistente habitual al Comité de Seguridad y Salud del Metro de Madrid por la parte sindical, nos cuenta que las tensiones, presiones y conflictos están encima de la mesa en estos momentos, como en el resto de sectores productivos que siguen abiertos. Con más de 18 trabajadores confirmados como enfermos, cerca de 340 afectados posibles (aislamientos, bajas que no se han confirmado, etc.) y un fallecido por la pandemia, la empresa se niega a dejar abiertos los torniquetes para que los usuarios puedan pasar sin tener que tocar ningún elemento físico, como reclama la sección sindical de Solidaridad Obrera. Escasea el gel hidróalcohólico, los guantes y las mascarillas. Los trenes y cabinas de los maquinistas no se limpian entre turnos, sino sólo al acabar el día. Se ha hecho que algunos trabajadores acudan a realizar trabajos en taxis, en los que se suben varias personas. Se hacen evaluaciones unilaterales de los riesgos sin contar con la parte sindical, lo que impide conocer la importancia de que los maquinistas dispongan de guantes y mascarillas, ya que si caen enfermos y no se ha hecho la limpieza durante el día pueden haber contaminado a todos los trabajadores de la línea. También se deja en manos de los Jefes de Estación la toma de decisiones que deberían tomarse más arriba. Trabajadores que tienen familiares que son población de riesgo en sus casas siguen en las líneas, creando el peligro de infectarles al volver al hogar. La situación de las contratas es también dramática: sin protecciones especiales y mucho más precarizados y desorganizados sindicalmente.

En el Metro de Barcelona también falta el material de protección (guantes, gel, mascarillas), nos indica Ángel González, miembro de la representación unitaria de los trabajadores. La empresa pone la excusa de que legalmente no es considerado Equipo de Protección Individual y de que hay agua corriente en las instalaciones. Por ello, los operarios se han puesto a fabricar gel con alcohol, agua y glicerina en su tiempo de descanso. “Debemos seguir abiertos para que la gente que presta servicios básicos pueda acudir a sus puestos”, nos dice Ángel.

La lucha de clases se expresa en el suburbano con la misma brutalidad que en la superficie. Los trabajadores son el otro lado de la balanza de los beneficios del Capital. Si los recursos van para un lado, escasean en el otro. Desechables, reemplazables, así es como ve el mando social a los individuos de nuestra clase. Si actividades no esenciales siguen abiertas en la cuarentena, los trabajadores de las actividades esenciales se ven ante una vorágine creciente de riesgos. Riesgos que puede convertirse en un elemento más de tensión para el sistema sanitario.

Defender nuestras vidas, nuestro derecho al pan, pero también a las rosas (a todo lo bello de la vida) pasa por ser conscientes de que la lucha es el único sustrato material de los derechos. Y de que la sociedad de clases, el capitalismo, se tiene que acabar.