Hoy, 25 de octubre de 2016, se cumplen tres años de la venta de 2.935 viviendas sociales del IVIMA a la Empresa Azora, a través de su filial Encasa Cibeles, al precio de 201 millones de euros costeados por el fondo de inversión Goldman Sachs.
Es de justicia recordar esta fatídica fecha porque nuestra región perdió entonces 2935 viviendas sociales repartidas entre las localidades de Madrid (1.380 – en los distritos de Tetuán, Villa de Vallecas, Hortaleza y Carabanchel), Móstoles (259), Torrejón de Ardoz (224), Tielmes (21), Parla (240), Collado Villalba (44), Majadahonda (332), Navalcarnero (192), Leganés (36), Valdemoro (80) y Arroyomolinos (127).
En palabras de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, esas 2.935 familias madrileñas vieron «drásticamente reducida» la condición de «servicio público» de sus viviendas, pues mientras pertenecían al IVIMA esa competencia no se reducía a una relación arrendaticia, sino que implicaba “una esfera de derechos (posibilidades de reducción de rentas, mecanismos de pago de las deudas de los inquilinos, posibilidad de cambio o permuta de la vivienda, etc.)”.
Desde entonces, muchas de esas 2.935 familias madrileñas hemos visto cómo la vida nos cambiaba radicalmente. De tener la seguridad de una vivienda digna en la que construir nuestro proyecto vital, hemos pasado a la incertidumbre de si podremos o no seguir en ella por mucho tiempo, ya que, pasados los dos primeros años desde la venta, todas aquellas familias que disfrutábamos de una ayuda al alquiler la perdimos. Eso ha supuesto, para muchas de nosotras, no poder afrontar el pago mensual del arrendamiento, al vernos incrementado entre el 100 y el 500%. En otros casos, las familias no hemos podido ejercer nuestra opción de compra, al no conseguir la concesión de una hipoteca. El resultado ha sido siempre el mismo, el abandono de la vivienda, ya fuera por voluntad propia, para no tener que pasar por el durísimo proceso de una denuncia por impago, o mediante una orden de desahucio. A día de hoy, según los cálculos más optimistas, solo el 30% de las 2.935 familias permanece aún en sus viviendas.
Las familias afectadas nos quejamos de que durante estos tres interminables años, el IVIMA, ahora Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, se ha desentendido de nuestra suerte. Nada ha hecho para que no perdiesemos nuestros derechos ni para que no perdiésemos nuestras viviendas.
Su mejor gesto ha sido prometer que no volverán a enajenar más vivienda pública, aceptando implícitamente que aquella venta estuvo mal, que fue injusta para aquellas 2.935 familias de nuestra región.
Por todo lo expuesto, reclamamos a la Comunidad de Madrid y a la Agencia de la Vivienda Social:
• Que impida que ni una sola familia más de las 2.935 cuyas viviendas fueron vendidas a Encasa Cibeles – Goldan Sachs sea expulsada de la vivienda de la que son legales adjudicatarias.
• Que realice los trámites oportunos para revertir la enajenación de estas 2935 viviendas con objeto de devolvérselas a los legales adjudicatarios que las han perdido en todo este tiempo.
• Que recupere el parque de viviendas públicas y sociales perdido en los últimos años.
• Que modifique el Reglamento de Viviendas con Protección Pública para impedir que se pueda volver a enajenar vivienda pública en la Comunidad de Madrid.
