SOBRE EL CIERRE DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
Una vez más la Consejería de Educación de Madrid ha dejado meridianamente clara cual es su posición en lo que respecta a uno de los más candentes debates de la actualidad: ese que enfrenta a quienes son partidarios de una educación pública gratuita, entendida como un servicio a la ciudadanía dimanante del Estado del Bienestar y quienes quieren privatizar todo lo existente, devolviendo a manos particulares y transformando en fuente de plusvalor y beneficio privado todas las actividades humanas.
Lo decimos, más que nada, por el reciente cierre, por orden de la Comunidad de Madrid, de 14 grupos de ciclos formativos de Grado Superior en otros tantos institutos públicos madrileños. Estos grupos han sido cerrados presuntamente por presentar un bajo número de alumnos preinscritos para matricularse en el curso 2007-2008 (menos de 8 alumnos). El día 28 de septiembre la Consejería de Educación anunció a los IES el cierre de los grupos, cuando estos se disponían a atender sus listas de espera. Una medida drástica, pero que resulta mucho más clara si nos atenemos a la otra (e inconfesable) cara de esta realidad: no se ha aplicado la misma medida a 30 centros privados concertados que estaban también por debajo de los ocho alumnos por grupo, permitiéndoles incrementar la matrícula. Y eso no sería todo: hay más grupos públicos a los que no se les ha permitido abrir, pese a que funcionaron el año anterior, ni siquiera en el primer período de preinscripción, como ha sucedido con el único grupo de Secretariado en turno vespertino de la Comunidad, afectando gravemente a la posibilidad de formación profesional y humana de dicho colectivo laboral.
Se trata, pues, de una clara discriminación a favor de la escuela privada, que no constituye un suceso nuevo en el devenir de los últimos decenios. Se ha conocido hace poco que los usuarios de la enseñanza privada no universitaria pagan sólo un tercio de este servicio. El 58% de los ingresos de este tipo de centros en el curso 2004-05 corrió a cargo de las Administraciones Públicas. El 7 % restante procede de transferencias y otros ingresos privados, como donaciones. De hecho, las subvenciones públicas supusieron una media de 1857 euros por alumno, totalizando un monto de 4324 millones de euros para la enseñanza privada, que a su vez, y sin duda gracias a estas ayudas y a la explotación de sus trabajadores y trabajadoras generó unos beneficios de 596 millones de euros en el curso 2004-05.
Unos beneficios que aprovechan estrictamente a los dueños de tales empresas, a los que nuestros supuestos representantes en la Comunidad de Madrid realizan cada año mayores regalías en la forma de subvenciones y ventajas de todo tipo, poniendo en marcha un vórtice neoliberal que amenaza con tragarse el edificio entero de la enseñanza pública, tan secularmente odiado por os próceres conservadores que ya en 1872, Antonio Cánovas de Castillo, ante la posibilidad de la puesta en marcha de la instrucción pública y gratuita, afirmó en su contra:
“El bien de la personificada especie exige, que unos sean favorecidos y desfavorecidos otros desde la cuna, tocando muchísima menos parte a unos que a otros en el breve festín de la vida”.
Dado que el pensamiento del principal partido de la Comunidad no ha cambiado prácticamente nada desde entonces, a nosotros sólo nos cabe organizar la resistencia y, en lo posible, la contraofensiva activa a todos sus desmanes.
SECCION DE ENSEÑANZA DE SOLIDARIDAD OBRERA.