Estatuto de los Trabajadores

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES         

TÍTULO I      DE LA RELACIÓN INDIVIDUAL DEL TRABAJO.

Capítulo I.     Disposiciones generales.

Sección 1ª.    Ámbito y fuentes.

Artículo 1.    Ámbito de aplicación.

Artículo 2.    Relaciones laborales de carácter especial.

Artículo 3.    Fuentes de la relación laboral.

Sección 2ª.    Derechos y deberes laborales básicos.

Artículo 4     Derechos laborales.

Artículo 5.    Deberes laborales.

Sección 3ª.    Elementos y eficacia del contrato de trabajo.

Artículo 6.    Trabajo de menores.

Artículo 7.    Capacidad para contratar.

Articulo 8.    Forma del contrato.

Articulo 9.    Validez del contrato.

Sección 4ª.    Modalidades del contrato de trabajo.

Articulo 10.   Trabajo en común y contrato de grupo.

Articulo 11.   Contratos formativos.

Articulo 12.   Contrato a tiempo parcial y contrato de relevo.

Articulo 13.   Contrato de trabajo a domicilio.

Capítulo II.    Contenido del contrato de trabajo.

Sección 1ª.    Duración del contrato de trabajo.

Articulo 14.   Periodo de prueba.

Articulo 15.   Duración del contrato.

Articulo 16.   Ingreso al trabajo.

Sección 2ª.    Derechos y deberes derivados del contrato.

Artículo 17.   No discriminación en las relaciones laborales.

Artículo 18.   Inviolabilidad de la persona del trabajador.

Artículo 19.   Seguridad e higiene.

Artículo 20.   Dirección y control de la actividad laboral.

Artículo 21.   Pacto de no concurrencia y de permanencia en la empresa.

Sección 3ª.    Clasificación profesional y promoción en el trabajo.

Artículo 22.   Sistema de clasificación profesional.

Artículo 23.   Promoción y formación profesional en el trabajo.

Artículo 24.   Ascensos.

Artículo 25.   Promoción económica.

Sección 4ª.    Salarios y garantías salariales.

Artículo 26.   Del salario.

Artículo 27.   Salario mínimo interprofesional.

Artículo 28.   Igualdad de remuneración por razón de sexo.

Artículo 29.   Liquidación y pago.

Artículo 30.   Imposibilidad de la prestación.

Artículo 31.   Gratificaciones extraordinarias.

Artículo 32.   Garantías del salario.

Artículo 33.   El Fondo de Garantía Salarial.

Sección 5ª.    Tiempo de trabajo.

Artículo 34.   Jornada.

Artículo 35.   Horas extraordinarias.

Artículo 36.   Trabajo nocturno, trabajo a turnos y ritmo de trabajo.

Artículo 37.   Descanso semanal, fiestas y permisos.

Artículo 38.   Vacaciones anuales.

Capítulo III    Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.

Sección 1ª.    Movilidad funcional y geográfica.

Artículo 39.   Movilidad funcional.

Artículo 40.   Movilidad geográfica.

Artículo 41.   Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.

Sección 2ª.    Garantías por cambio de empresario.

Artículo 42.   Subcontratación de obras y servicios.

Artículo 43.   Cesión de trabajadores.

Artículo 44.   La sucesión de empresa.

Sección 3ª.    Suspensión del contrato.

Artículo 45.   Causas y efectos de la suspensión.

Artículo 46.   Excedencias.

Artículo 47.   Suspensión del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor.

Artículo 48.   Suspensión con reserva de puesto de trabajo.

Sección 4ª.    Extinción del contrato.

Artículo 49.   Extinción del contrato.

Artículo 50.   Extinción por voluntad del trabajador.

Artículo 51.   Despido colectivo.

Artículo 52.   Extinción del contrato por causas objetivas.

Artículo 53.   Forma y efectos de la extinción por causas objetivas.

Artículo 54.   Despido disciplinario.

Artículo 55.   Forma y efectos del despido disciplinario.

Artículo 56.   Despido improcedente.

Artículo 57.   Pago por el Estado.

Sección 5ª.    Procedimiento concursal.

Artículo 57b Procedimiento concursal.

Capítulo IV    Faltas y sanciones de los trabajadores.

Artículo 58.   Faltas y sanciones de los trabajadores.

Capítulo V     Plazos de prescripción

Sección 1ª.    Prescripción de acciones derivadas del contrato.

Artículo 59.   Prescripción y caducidad.

Sección 2ª.    Prescripción de las infracciones y faltas.

Artículo 60.   Prescripción.

TÍTULO II               DE LOS DERECHOS DE REPRESENTACIÓN COLECTIVA Y DE REUNIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA.

Capítulo I.     Del derecho de representación colectiva.

Artículo 61.   Participación.

Sección 1ª.    Órganos de representación.

Artículo 62.   Delegados de personal.

Artículo 63.   Comités de empresa.

Artículo 64.   Competencias.

Artículo 65.   Capacidad y sigilo profesional.

Artículo 66.   Composición.

Artículo 67.   Promoción de elecciones y mandato electoral.

Artículo 68.   Garantías.

Sección 2ª.    Procedimiento electoral.

Artículo 69.   Elección.

Artículo 70.   Votación para Delegados.

Artículo 71.   Elección para Comité de Empresa.

Artículo 72.   Representantes de quienes presten servicios en trabajos fijos discontinuos y de trabajadores no fijos.

Artículo 73.   Mesa electoral.

Artículo 74.   Funciones de la mesa.

Artículo 75.   Votación para Delegados y Comités de empresa.

Artículo 76.   Reclamaciones en materia electoral.

Capítulo II.    Del derecho de reunión.

Artículo 77.   Las asambleas de trabajadores.

Artículo 78.   Lugar de reunión.

Artículo 79.   Convocatoria.

Artículo 80.   Votaciones.

Artículo 81.   Locales y tablón de anuncios.

TÍTULO III    DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS.

Capítulo I.       Disposiciones generales.

Sección 1ª.  Naturaleza y efectos de los convenios.

Artículo 82.   Concepto y eficacia.

Artículo 83.   Unidades de negociación.

Artículo 84.   Concurrencia.

Artículo 85.   Contenido.

Artículo 86.   Vigencia.

Sección 2ª.  Legitimación.

Artículo 87.   Legitimación.

Artículo 88.   Comisión negociadora.

Capítulo II.      Procedimiento.

Sección 1ª.   Tramitación, aplicación e interpretación.

Artículo 89.   Tramitación.

Artículo 90.   Validez.

Artículo 91.   Aplicación e interpretación.

Sección 2ª.   Adhesión y extensión.

Artículo 92.   Adhesión y extensión.

TÍTULO IV   INFRACCIONES LABORALES (Derogado).

Disposiciones Transitorias, Adicionales y Finales de la Ley 8/1980, de 10 de Marzo.

Disposición Transitoria 1ª                        Disposición Adicional 1ª                                                                  Disposición Final 1ª

Disposición Transitoria 2ª                        Disposición Adicional 2ª                                                                  Disposición Final 2ª

Disposición Transitoria 3ª                        Disposición Adicional 3ª                                                                  Disposición Final 3ª

Disposición Transitoria 4ª                        Disposición Adicional 4ª                                                                  Disposición Final 4ª

Disposición Transitoria 5ª                        Disposición Adicional 5ª                                                                  Disposición Final 5ª

                                                                       Disposición Adicional 6ª                                                                  Disposición Final 6ª

Disposición Final 7ª

Disposición Final 8ª

Disposición Final 9ª

Disposiciones Adicionales, Transitorias, Derogatoria Única y Finales Vigentes.

Disposición Adicional 1ª            Fomento de la contratación indefinida de los contratos en prácticas y aprendizaje.

Disposición Adicional 2ª            Contratos formativos celebrados con trabajadores minusválidos.

Disposición Adicional 3ª            Programas de fomento del empleo.

Disposición Adicional 4ª            Conceptos retributivos.

Disposición Adicional 5ª            Personal de alta dirección.

Disposición Adicional 6ª            Representación institucional de los empresarios.

Disposición Adicional 7ª            Regulación de condiciones por rama de actividad.

Disposición Adicional 8ª            Código de trabajo.

Disposición Adicional 9ª            Anticipos reintegrables.

Disposición Adicional 10ª          Límite máximo de edad para trabajar.

Disposición Adicional 11ª          Acreditación de la capacidad representativa.

Disposición Adicional 12ª          Preavisos.

Disposición Adicional 13ª          Solución no judicial de conflictos.

Disposición Adicional 14ª          Sustitución de trabajadores excedentes por cuidado de familiares.

Disposición Adicional 15ª        Aplicación de los límites al encadenamiento de contratos en las Administraciones públicas.

Disposición Adicional 16ª          (Derogada)

Disposición Transitoria 1ª         Contratos de aprendizaje.

Disposición Transitoria 2ª         Contratos celebrados antes del 8 de diciembre de 1993.

Disposición Transitoria 3ª         Contratos celebrados antes del 24 de mayo de 1994.

Disposición Transitoria 4ª         Vigencia de disposiciones reglamentarias.

Disposición Transitoria 5ª         Vigencia de normas sobre jornadas y descansos.

Disposición Transitoria 6ª         Ordenanzas de trabajo.

Disposición Transitoria 7ª         Extinciones anteriores a 12 de junio de 1994.

Disposición Transitoria 8ª         Elecciones a representantes de los trabajadores.

Disposición Transitoria 9ª         Participación institucional.

Disposición Transitoria 10ª      Incapacidad laboral transitoria e invalidez provisional.

Disposición Transitoria 11ª     Excedencia por cuidado de hijos anteriores al día 13 de abril de 1995.

Disposición Derogatoria Única.

Disposición Final 1ª                     Trabajo por cuenta propia.

Disposición Final 2ª                     Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

Disposición Final 3ª                     Normas de aplicación del Título II.

Disposición Final 4ª                     Tipo de cotización al Fondo de Garantía Salarial.

Disposición Final 5ª                     Disposiciones de desarrollo.

Transformación de la Sala de Reuniones de TT.CC. en oficinas.

 

 

UNIDAD DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Asunto: Transformación de la Sala de Reuniones de TT.CC. en oficinas.

Se están realizando obras para transformar la Sala de Reuniones de Talleres Centrales en otras dependencias, donde se está procediendo a la instalación de unos inmensos equipos de aire acondicionado. El compresor instalado, de gran caudal, se ha colocado encima del techo de estas nuevas dependencias, quedando en el interior de la nave de TT.CC., concretamente en la zona de Electromecánica. Esto provocará que cuando entre en funcionamiento, el aire caliente que se desaloje de las nuevas dependencias, genere un aumento importante en las temperaturas de la nave, sobretodo de esa zona, incrementando el problema de calor que se genera todos los veranos en dicho taller.

Desde Solidaridad Obrera, proponemos que el compresor se sitúe en el exterior de dicha nave, en la azotea de la misma, o bien, que se proceda a canalizar al exterior, el aire caliente que genere el compresor durante su uso, evitando que se desaloje en la nave de TT.CC.

Esperamos que antes de que entren en funcionamiento estos aparatos de aire acondicionado, se haya realizado una auténtica labor de prevención laboral y no tengamos que remitir más escritos denunciando un problema subsanable fácilmente antes de que ocurra.

En Madrid a 19 de febrero de 2009

Por Solidaridad Obrera

José Luís de Roa.

Estatuto Básico del Empleado Público

Estatuto básico del empleado público


TÍTULO I.      Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1.           Objeto

Artículo 2.           Ámbito de aplicación.

Artículo 3.           Personal funcionario de las Entidades Locales.

Artículo 4.           Personal con legislación específica propia.

Artículo 5.           Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.

Artículo 6.           Leyes de Función Pública.

Artículo 7.           Normativa aplicable al personal laboral.

TÍTULO II.     Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas

Artículo 8.           Concepto y clases de empleados públicos.

Artículo 9.           Funcionarios de carrera.

Artículo 10.         Funcionarios interinos.

Artículo 12.         Personal eventual.

Subtítulo I.      Personal directivo

Artículo 13.         Personal directivo profesional.

TÍTULO III.  Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos

CAPÍTULO I.     Derechos de los empleados públicos

Artículo 14.         Derechos individuales.

Artículo 15.         Derechos individuales ejercidos colectivamente.

CAPÍTULO II.    Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño.

Artículo 16.   Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carrera.

Artículo 17.         Carrera horizontal de los funcionarios de carrera.

Artículo 18.         Promoción interna de los funcionarios de carrera.

Artículo 19.         Carrera profesional y promoción del personal laboral.

Artículo 20.         La evaluación del desempeño.

CAPÍTULO III.   Derechos retributivos

Artículo 21.         Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos.

Artículo 22.         Retribuciones de los funcionarios.

Artículo 23.         Retribuciones básicas.

Artículo 24.         Retribuciones complementarias.

Artículo 25.         Retribuciones de los funcionarios interinos.

Artículo 26.         Retribuciones de los funcionarios en prácticas.

Artículo 27.         Retribuciones del personal laboral.

Artículo 28.         Indemnizaciones.

Artículo 29.         Retribuciones diferidas.

Artículo 30.         Deducción de retribuciones.

CAPÍTULO IV.Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión

Artículo 31.         Principios generales.

Artículo 32.         Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral.

Artículo 33.         Negociación colectiva.

Artículo 34.         Mesas de Negociación.

Artículo 35.         Constitución y composición de las Mesas de Negociación.

Artículo 36.         Mesas Generales de Negociación.

Artículo 37.         Materias objeto de negociación.

Artículo 38.         Pactos y Acuerdos.

Artículo 39.         Órganos de representación.

Artículo 40.         Funciones y legitimación de los órganos de representación.

Artículo 41.         Garantías de la función representativa del personal.

Artículo 42.         Duración de la representación.

Artículo 43.         Promoción de elecciones a Delegados y Juntas de Personal.

Artículo 44.         Procedimiento electoral.

Artículo 45.         Solución extrajudicial de conflictos colectivos.

Artículo 46.         Derecho de reunión.

CAPÍTULO V.   Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones

Artículo 47.         Jornada de trabajo de los funcionarios públicos.

Artículo 48.         Permisos de los funcionarios públicos.

Artículo 49.         Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia de género.

Artículo 50.         Vacaciones de los funcionarios públicos

Artículo 51.         Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral.

CAPÍTULO VI.  Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta

Artículo 52.         Deberes de los empleados públicos.

Artículo 53.         Principios éticos.

Artículo 54.         Principios de conducta.

TÍTULO IV.    Adquisición y pérdida de la relación de servicio

CAPÍTULO I.     Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio

Artículo 55.         Principios rectores.

Artículo 56.         Requisitos generales.

Artículo 57.         Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.

Artículo 58.   Acceso al empleo público de funcionarios españoles de Organismos Internacionales.

Artículo 59.         Personas con discapacidad.

Artículo 60.         Órganos de selección.

Artículo 61.         Sistemas selectivos.

Artículo 62.         Adquisición de la condición de funcionario de carrera.

CAPÍTULO II.    Pérdida de la relación de servicio

Artículo 63.         Causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera.

Artículo 64.         Renuncia.

Artículo 65.         Pérdida de la nacionalidad.

Artículo 66.        Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público.

Artículo 67.         Jubilación.

Artículo 68.         Rehabilitación de la condición de funcionario.

TÍTULO V.     Ordenación de la actividad profesional

CAPÍTULO I.     Planificación de recursos humanos

Artículo 69.         Objetivos e instrumentos de la planificación.

Artículo 70.         Oferta de empleo público.

Artículo 71.         Registros de personal y Gestión integrada de recursos humanos.

CAPÍTULO II.    Estructuración del empleo público

Artículo 72.         Estructuración de los Recursos Humanos.

Artículo 73.         Desempeño y agrupación de puestos de trabajo.

Artículo 74.         Ordenación de los puestos de trabajo.

Artículo 75.         Cuerpos y escalas.

Artículo 76.         Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera.

Artículo 77.         Clasificación del personal laboral

CAPÍTULO III.   Provisión de puestos de trabajo y movilidad

Artículo 78.         Principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera.

Artículo 79.         Concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de carrera.

Artículo 80.     Libre designación con convocatoria pública del personal funcionario de carrera.

Artículo 81.         Movilidad del personal funcionario de carrera.

Artículo 82.         Movilidad por razón de violencia de género.

Artículo 83.         Provisión de puestos y movilidad del personal laboral.

Artículo 84.         La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas.

TÍTULO VI.    Situaciones administrativas

Artículo 85.         Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera.

Artículo 86.         Servicio activo.

Artículo 87.         Servicios especiales.

Artículo 88.         Servicio en otras Administraciones Públicas.

Artículo 89.         Excedencia.

Artículo 90.         Suspensión de funciones.

Artículo 91.         Reingreso al servicio activo.

Artículo 92.         Situaciones del personal laboral.

TÍTULO VII.   Régimen disciplinario

Artículo 93.         Responsabilidad disciplinaria.

Artículo 94.         Ejercicio de la potestad disciplinaria.

Artículo 95.         Faltas disciplinarias.

Artículo 96.         Sanciones.

Artículo 97.         Prescripción de las faltas y sanciones.

Artículo 98.         Procedimiento disciplinario y medidas provisionales.

TÍTULO VIII. Cooperación entre las Administraciones Públicas

Artículo 99.         Relaciones de cooperación entre las Administraciones Públicas.

Artículo 100.       Órganos de cooperación.

Disposición adicional 1ª     Ámbito específico de aplicación.

Disposición adicional 2ª     Funcionarios con habilitación de carácter estatal.

Disposición adicional 3ª   Aplicación de las disposiciones de este Estatuto a las Instituciones Forales.

Disposición adicional 4ª     Funcionarios públicos propios de las ciudades de Ceuta y Melilla.

Disposición adicional 5ª     Aplicación de este Estatuto a organismos reguladores.

Disposición adicional 6ª     Jubilación de los funcionarios.

Disposición adicional 7ª     Otras agrupaciones profesionales sin requisito de titulación.

Disposición adicional 8ª     Planes de igualdad.

Disposición adicional 9ª    

Disposición adicional 10ª  

Disposición adicional 11ª   Ámbito de aplicación del artículo 87.3.

Disposición transitoria 1ª    Garantía de derechos retributivos.

Disposición transitoria 2ª.Personal laboral fijo que desempeña funciones o puestos clasificados como propios de personal funcionario.

Disposición transitoria 3ª    Entrada en vigor de la nueva clasificación profesional.

Disposición transitoria 4ª    Consolidación de empleo temporal.

Disposición transitoria 5ª    Procedimiento electoral general.

Disposición transitoria 6ª    Ampliación del permiso de paternidad.

Disposición transitoria 7ª    Funcionarios con habilitación de carácter estatal.

Disposición transitoria 8ª    Personal funcionario de centros docentes dependientes de otras administraciones.

Disposición derogatoria única.

Disposición final 1ª.               Habilitación competencial.

Disposición final 2ª.

Disposición final 3ª.     Modificación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Disposición final 4ª.               Entrada en vigor.

 

TÍTULO I. Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto.

1.    El presente Estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación.

2.  Asimismo tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.

3.    Este Estatuto refleja, del mismo modo, los siguientes fundamentos de actuación:

a)    Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales.

b)    Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional.

c)    Sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

d)    Igualdad de trato entre mujeres y hombres.

e)  Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.

f)     Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos.

g)    Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos.

h)    Transparencia.

i)     Evaluación y responsabilidad en la gestión.

j)     Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas.

k)  Negociación colectiva y participación, a través de los representantes, en la determinación de las condiciones de empleo.

l)   Cooperación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión del empleo público.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1.            Este Estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes Administraciones Públicas:

     La Administración General del Estado.

     Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

     Las Administraciones de las Entidades Locales.

     Los Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas.

     Las Universidades Públicas.

2.   En la aplicación de este Estatuto al personal investigador se podrán dictar normas singulares para adecuarlo a sus peculiaridades.

3.    El personal docente y el personal estatutario de los Servicios de Salud se regirán por la legislación específica dictada por el Estado y por las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias y por lo previsto en el presente Estatuto, excepto el Capítulo II del Título III, salvo el art. 20, y los artículos 22.3, 24 y 84.

4.  Cada vez que este Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera se entenderá comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud.

5.  El presente Estatuto tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación.

Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales.

1.    El personal funcionario de las Entidades Locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las Comunidades Autónomas, con respeto a la autonomía local.

2.    Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este Estatuto y por la legislación de las Comunidades autónomas, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artículo 4. Personal con legislación específica propia.

Las disposiciones de este Estatuto sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente personal:

a)   Personal funcionario de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

b)  Personal funcionario de los demás Órganos Constitucionales del Estado y de los Órganos Estatutarios de las Comunidades Autónomas.

c)  Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.

d)    Personal militar de las Fuerzas Armadas.

e)    Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

f)     Personal retribuido por arancel.

g)    Personal del Centro Nacional de Inteligencia.

h)   Personal del Banco de España y Fondos de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito.

Artículo 5. Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.

El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en este Estatuto. Su personal laboral se regirá por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables.

Artículo 6. Leyes de Función Pública.

En desarrollo de este Estatuto, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las Leyes reguladoras de la Función Pública de la Admón. Gral. del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Artículo 7. Normativa aplicable al personal laboral.

El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan.

TÍTULO II. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas

Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos.

1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.

2.    Los empleados públicos se clasifican en:

a)   Funcionarios de carrera.

b)   Funcionarios interinos.

c)    Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.

d)   Personal eventual.

Artículo 9. Funcionarios de carrera.

1.    Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.

2.   En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada administración pública se establezca.

Artículo 10. Funcionarios interinos.

1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a)   La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera.

b)   La sustitución transitoria de los titulares.

c)    La ejecución de programas de carácter temporal.

d)   El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de 12 meses.

2.   La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

3.    El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas en el art. 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.

4.   En el supuesto previsto en la letra a) del apdo. 1 de este art., las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización.

5.    A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.

Artículo 11. Personal laboral.

1.    Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.

2.    Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto establecerán los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso lo establecido en el art. 9.2.

Artículo 12. Personal eventual.

1.    Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.

2.    Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto determinarán los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas que podrán disponer de este tipo de personal. El nº máximo se establecerá por los respectivos órganos de Gobierno. Este nº y las condiciones retributivas serán públicas.

3.   El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento.

4.    La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna.

5.    Al personal eventual les será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.

SUBTÍTULO I. Personal directivo

Artículo 13. Personal directivo profesional.

El Gobierno y los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán establecer, en desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo, entre otros, con los siguientes principios:

1.  Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Admón.

2.    Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.

3.    El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.

4.   La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta Ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.

TÍTULO III. Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos

CAPÍTULO I. Derechos de los empleados públicos

Artículo 14. Derechos individuales.

Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio:

a)    A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.

b)    Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional.

c)  A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación

d)    A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.

e)    A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.

f)     A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos.

g)  A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral.

h)    Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral.

i)     A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

j)     A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

k)    A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.

l)     A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

m)   A las vacaciones, descansos, permisos y licencias.

n)    A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables.

o)    A las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen que les sea de aplicación.

p)    A la libre asociación profesional.

q)    A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Artículo 15. Derechos individuales ejercidos colectivamente.

Los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva:

a)    A la libertad sindical.

b)    A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo.

c)    Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

d)  Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.

e)    Al de reunión, en los términos establecidos en el art. 46 de este Estatuto.

CAPÍTULO II. Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna.

                        La evaluación del desempeño.

Artículo 16. Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carrera.

1.    Los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesional.

2.  La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. A tal objeto las Administraciones Públicas promoverán la actualización y perfeccionamiento de la cualificación profesional de sus funcionarios de carrera.

3.    Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto regularán la carrera profesional aplicable en cada ámbito que podrán consistir, entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las siguientes modalidades:

a)   Carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra b) del art. 17 y en el apdo. 3 del art. 20 de este Estatuto.

b)   Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el Capítulo III del Título V de este Estatuto.

c)    Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el art. 18.

d)   Promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 18.

4.    Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical cuando la Admón. correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito.

Artículo 17. Carrera horizontal de los funcionarios de carrera.

Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán regular la carrera horizontal de los funcionarios de carrera, pudiendo aplicar, entre otras, las siguientes reglas:

a)   Se articulará un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso fijándose la remuneración a cada uno de ellos. Los ascensos serán consecutivos con carácter general, salvo en aquellos supuestos excepcionales en los que se prevea otra posibilidad.

b)   Se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño. Podrán incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida.

Artículo 18. Promoción interna de los funcionarios de carrera.

1.   La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad así como los contemplados en el art. 55.2 de este Estatuto.

2.   Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, 2 años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas.

3.    Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto articularán los sistemas para realizar la promoción interna, así como también podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo.

       Asimismo las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo.

4.    Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la participación de su personal en los procesos selectivos de promoción interna y para la progresión en la carrera profesional.

Artículo 19. Carrera profesional y promoción del personal laboral.

1.    El personal laboral tendrá derecho a la promoción profesional.

2.    La carrera profesional y la promoción del personal laboral se hará efectiva a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los Convenios Colectivos.

Artículo 20. La evaluación del desempeño.

1.    Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados.

        La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados.

2.    Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos.

3.    Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el art. 24 del presente Estatuto.

4.    La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a la evaluación del desempeño de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada Administración Pública determine, dándose audiencia al interesado, y por la correspondiente resolución motivada.

5.    La aplicación de la carrera profesional horizontal, de las retribuciones complementarias derivadas del apartado c) del art. 24 del presente Estatuto y el cese del puesto de trabajo obtenido por el procedimiento de concurso requerirán la aprobación previa, en cada caso, de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño de acuerdo con lo establecido en los apdos. 1 y 2 de este artículo.

CAPÍTULO III. Derechos retributivos

Artículo 21. Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos.

1.    Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley de Presupuestos.

2.    No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal.

Artículo 22. Retribuciones de los funcionarios.

1.  Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en básicas y complementarias.

2.    Las retribuciones básicas son las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, y por su antigüedad en el mismo. Dentro de ellas están comprendidas los componentes de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias.

3.   Las retribuciones complementarias son las que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario.

4.    Las pagas extraordinarias serán 2 al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo aquéllas a las que se refieren los apdos. c) y d) del art. 24.

5.   No podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las Administraciones Públicas como contraprestación de cualquier servicio, participación o premio en multas impuestas, aún cuando estuviesen normativamente atribuidas a los servicios.

Artículo 23. Retribuciones básicas.

Las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, estarán integradas única y exclusivamente por:

a)   El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo.

b)    Los trienios, que consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por cada 3 años de servicio.

Artículo 24. Retribuciones complementarias.

La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada admón. Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores:

a)    La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa.

b)   La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo.

c)    El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.

d)    Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.

Artículo 25. Retribuciones de los funcionarios interinos.

1.    Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias correspondientes al Subgrupo o Grupo de adscripción, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo. Percibirán asimismo las retribuciones complementarias a que se refieren los apdos. b), c) y d) del art. 24 y las correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo o escala en el que se le nombre.

2.   Se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del presente Estatuto que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo.

Artículo 26. Retribuciones de los funcionarios en prácticas.

Las Administraciones Públicas determinarán las retribuciones de los funcionarios en prácticas que, como mínimo, se corresponderán a las del sueldo del Subgrupo o Grupo, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, en que aspiren a ingresar.

Artículo 27. Retribuciones del personal laboral.

Las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo, respetando en todo caso lo establecido en el art. 21 del presente Estatuto.

Artículo 28. Indemnizaciones.

Los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio.

Artículo 29. Retribuciones diferidas.

Las Administraciones Públicas podrán destinar cantidades hasta el porcentaje de la masa salarial que se fije en las correspondientes leyes de Presupuestos Generales del Estado a financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, para el personal incluido en sus ámbitos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de los Planes de Pensiones.

Las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguros tendrán a todos los efectos la consideración de retribución diferida.

Artículo 30. Deducción de retribuciones.

1.    Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder, la parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter sancionador.

2.    Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación sin que la deducción de haberes que se efectué tenga carácter de sanción, ni afecte al al régimen respectivo de sus prestaciones sociales.

CAPÍTULO IV. Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión

Artículo 31. Principios generales.

1.    Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo.

2.    Por negociación colectiva, a los efectos de esta Ley, se entiende el derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la Admón. Pública.

3.  Por representación, a los efectos de esta Ley, se entiende la facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados.

4.   Por participación institucional, a los efectos de esta Ley, se entiende el derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine.

5.    El ejercicio de los derechos establecidos en este artículo se garantiza y se lleva a cabo a través de los órganos y sistemas específicos regulados en el presente Capítulo, sin perjuicio de otras formas de colaboración entre las Administraciones Públicas y sus empleados públicos o los representantes de éstos.

6.    Las Organizaciones Sindicales más representativas en el ámbito de la Función Pública están legitimadas para la interposición de recursos en vía administrativa y jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de selección.

7.    El ejercicio de los derechos establecidos en este Capítulo deberá respetar en todo caso el contenido del presente Estatuto y las leyes de desarrollo previstas en el mismo.

8.   Los procedimientos para determinar condiciones de trabajo en las Administraciones Públicas tendrán en cuenta las previsiones establecidas en los convenios y acuerdos de carácter internacional ratificados por España.

Artículo 32. Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral.

La negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con contrato laboral se regirá por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos de este Capítulo que expresamente les son de aplicación.

Artículo 33. Negociación colectiva.

1.   La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos que estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia, se efectuará mediante el ejercicio de la capacidad representativa reconocida a las Organizaciones Sindicales en los artículos 6.3.c); 7.1 y 7.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y lo previsto en este Capítulo.

        A este efecto, se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para estar presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra, las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel estatal, las Organizaciones Sindicales más representativas de Comunidad Autónoma, así como los Sindicatos que hayan obtenido el 10% o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución.

2.   Las Administraciones Públicas podrán encargar el desarrollo de las actividades de negociación colectiva a órganos creados por ellas, de naturaleza estrictamente técnica, que ostentarán su representación en la negociación colectiva previas las instrucciones políticas correspondientes y sin perjuicio de la ratificación de los acuerdos alcanzados por los órganos de gobierno o administrativos con competencia para ello.

Artículo 34. Mesas de Negociación.

1.    A los efectos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, se constituirá una Mesa Gral. de Negociación en el ámbito de la Admón. General del Estado, así como en cada una de las Comunidades Autónomas, Ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Locales.

2.    Se reconoce la legitimación negocial de las asociaciones de municipios, así como la de las Entidades Locales de ámbito supramunicipal. A tales efectos, los municipios podrán adherirse con carácter previo o de manera sucesiva a la negociación colectiva que se lleve a cabo en el ámbito correspondiente. Asimismo, una Admón. o Entidad Pública podrá adherirse a los Acuerdos alcanzados dentro del territorio de cada Comunidad Autónoma, o a los Acuerdos alcanzados en un ámbito supramunicipal.

3.   Son competencias propias de las Mesas Generales la negociación de las materias relacionadas con condiciones de trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito.

4.    Dependiendo de las Mesas Generales de Negociación y por acuerdo de las mismas podrán constituirse Mesas Sectoriales, en atención a las condiciones específicas de trabajo de las organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores concretos de funcionarios públicos y a su nº.

5.   La competencia de las Mesas Sectoriales se extenderá a los temas comunes a los funcionarios del sector que no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa Gral. respectiva o a los que ésta explícitamente les reenvíe o delegue.

6.    El proceso de negociación se abrirá, en cada Mesa, en la fecha que, de común acuerdo, fijen la Admón. correspondiente y la mayoría de la representación sindical. A falta de acuerdo, el proceso se iniciará en el plazo máximo de 1 mes desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan.

7.   Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe y proporcionarse mutuamente la información que precisen relativa a la negociación.

Artículo 35. Constitución y composición de las Mesas de Negociación.

1.   Las Mesas a que se refiere el artículo anterior quedarán válidamente constituidas cuando, además de la representación de la Admón. correspondiente, y sin perjuicio del derecho de todas las Organizaciones Sindicales legitimadas a participar en ellas en proporción a su representatividad, tales organizaciones sindicales representen, como mínimo, la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de representación en el ámbito de que se trate.

2.   Las variaciones en la representatividad sindical, a efectos de modificación en la composición de las Mesas de Negociación, serán acreditadas por las Organizaciones Sindicales interesadas, mediante el correspondiente certificado de la Oficina Pública de Registro competente, cada 2 años a partir de la fecha inicial de constitución de las citadas Mesas.

3.   La designación de los componentes de las Mesas corresponderá a las partes negociadoras que podrán contar con la asistencia en las deliberaciones de asesores, que intervendrán con voz, pero sin voto.

4.   En las normas de desarrollo del presente Estatuto se establecerá la composición numérica de las Mesas correspondientes a sus ámbitos, sin que ninguna de las partes pueda superar el nº de 15 miembros.

Artículo 36. Mesas Generales de Negociación.

1.    Se constituye una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. La representación de estas será unitaria, estará presidida por la Admón. Gral. del Estado y contará con representantes de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias, en función de las materias a negociar.

        La representación de las Organizaciones Sindicales legitimadas para estar presentes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, se distribuirá en función de los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del personal, Delegados de Personal, Juntas de Personal y Comités de Empresa, en el conjunto de las Administraciones Públicas.

2.    Serán materias objeto de negociación en esta Mesa las relacionadas en el art. 37 de este Estatuto que resulten susceptibles de regulación estatal con carácter de norma básica, sin perjuicio de los acuerdos a que puedan llegar las Comunidades Autónomas en su correspondiente ámbito territorial en virtud de sus competencias exclusivas y compartidas en materia de Función Pública.

      Será específicamente objeto de negociación en el ámbito de la Mesa Gral. de Negociación de las Administraciones Públicas el incremento global de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones públicas que corresponda incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año.

3.   Para la negociación de todas aquellas materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de cada Admón. Pública, se constituirá en la Admón. Gral. del Estado, en cada una de las Comunidades Autónomas, Ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Locales una Mesa Gral. de Negociación.

        Son de aplicación a estas Mesas Generales los criterios establecidos en el apartado anterior sobre representación de las organizaciones sindicales en la Mesa Gral. de Negociación de las Administraciones Públicas, tomando en consideración en cada caso los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del personal funcionario y laboral del correspondiente ámbito de representación.

        Además, también estarán presentes en estas Mesas Generales, las organizaciones sindicales que formen parte de la Mesa Gral. de Negociación de las Administraciones Públicas siempre que hubieran obtenido el 10% de los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbito correspondiente a la Mesa de que se trate.

Artículo 37. Materias objeto de negociación.

1.   Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Admón. Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes:

a)   La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas.

b)  La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.

c)    Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos.

d)    Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.

e)    Los planes de Previsión Social Complementaria.

f)    Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna.

g)    Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas

h)    Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.

i)     Los criterios generales de acción social

j)     Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales.

k)   Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, cuya regulación exija norma con rango de Ley.

l)     Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.

m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos.

2.    Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes:

a)    Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización.

        Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las Organizaciones Sindicales a que se refiere este Estatuto.

b)    La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas.

c)    La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.

d)    Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica.

e)   La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.

Artículo 38. Pactos y Acuerdos.

1.    En el seno de las Mesas de Negociación correspondientes, los representantes de las Administraciones Públicas podrán concertar Pactos y Acuerdos con la representación de las Organizaciones Sindicales legitimadas a tales efectos, para la determinación de condiciones de trabajo de los funcionarios de dichas Administraciones.

2.    Los Pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba y se aplicarán directamente al personal del ámbito correspondiente.

3.    Los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. Para su validez y eficacia será necesaria su aprobación expresa y formal por estos órganos. Cuando tales Acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que pueden ser decididos de forma definitiva por los órganos de Gobierno, el contenido de los mismos será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de aplicación, sin perjuicio de que a efectos formales se requiera la modificación o derogación, en su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente.

        Si los Acuerdos ratificados tratan sobre materias sometidas a reserva de Ley que, en consecuencia, sólo pueden ser determinadas definitivamente por las Cortes Generales o las Asambleas Legislativas de las Com. Autónomas, su contenido carecerá de eficacia directa. No obstante, en este supuesto, el órgano de Gobierno respectivo que tenga iniciativa legislativa procederá a la elaboración, aprobación y remisión a las Cortes Generales o Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas del correspondiente proyecto de Ley conforme al contenido del Acuerdo y en el plazo que se hubiera acordado.

        Cuando exista falta de ratificación de un Acuerdo o, en su caso, una negativa expresa a incorporar lo acordado en el Proyecto de Ley correspondiente, se deberá iniciar la renegociación de las materias tratadas en el plazo de 1 mes, si así lo solicitara al menos la mayoría de una de las partes.

4.   Los Pactos y Acuerdos deberán determinar las partes que los conciertan, el ámbito personal, funcional, territorial y temporal, así como la forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los mismos.

5.    Se establecerán Comisiones Paritarias de seguimiento de los Pactos y Acuerdos con la composición y funciones que las partes determinen.

6.    Los Pactos celebrados y los Acuerdos, una vez ratificados, deberán ser remitidos a la Oficina Pública que cada Admón. competente determine y la Autoridad respectiva ordenará su publicación en el Boletín Oficial que corresponda en función del ámbito territorial.

7.    En el supuesto de que no se produzca acuerdo en la negociación o en la renegociación prevista en el último párrafo del apdo. 3 del presente art. y una vez agotados, en su caso, los procedimientos de solución extrajudicial de conflictos, corresponderá a los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas establecer las condiciones de trabajo de los funcionarios con las excepciones contempladas en los apdos. 11, 12 y 13 del presente art.

8.    Los Pactos y Acuerdos que, de conformidad con lo establecido en el art. 37, contengan materias y condiciones generales de trabajo comunes al personal funcionario y laboral, tendrán la consideración y efectos previstos en este artículo para los funcionarios y en el art. 83 del Estatuto de los Trabajadores para el personal laboral.

9.    Los Pactos y Acuerdos en sus respectivos ámbitos y en relación con las competencias de cada Administración Pública, podrán establecer la estructura de la negociación colectiva así como fijar las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre las negociaciones de distinto ámbito y los criterios de primacía y complementariedad entre las diferentes unidades negociadoras.

10.  Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público.

        En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las Organizaciones Sindicales de las causas de la suspensión o modificación.

11.  Salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de una de las partes.

12.  La vigencia del contenido de los Pactos y Acuerdos una vez concluida su duración, se producirá en los términos que los mismos hubieren establecido.

13.  Los Pactos y Acuerdos que sucedan a otros anteriores los derogan en su integridad, salvo los aspectos que expresamente se acuerde mantener.

Artículo 39. Órganos de representación.

1.    Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal.

2.    En las unidades electorales donde el nº de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los Delegados de Personal.

        Hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se elegirán 3, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente.

3.   Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios.

4.   El establecimiento de las unidades electorales se regulará por el Estado y por cada Com. Autónoma dentro del ámbito de sus competencias legislativas. Previo acuerdo con las Organizaciones Sindicales legitimadas en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas podrán modificar o establecer unidades electorales en razón del nº y peculiaridades de sus colectivos, adecuando la configuración de las mismas a las estructuras administrativas o a los ámbitos de negociación constituidos o que se constituyan.

5.   Cada Junta de Personal se compone de un nº de representantes, en función del nº de funcionarios de la Unidad electoral correspondiente, de acuerdo con la siguiente escala, en coherencia con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores:

     De 50 a 100 funcionarios: 5.

     De 101 a 250 funcionarios: 9.

     De 251 a 500 funcionarios: 13.

     De 501 a 750 funcionarios: 17.

     De 751 a 1.000 funcionarios: 21.

     De 1.001 en adelante: 2 por cada 1.000 o fracción, con el máximo de 75.

6.    Las Juntas de Personal elegirán de entre sus miembros un Presidente y un Secretario y elaborarán su propio reglamento de procedimiento, que no podrá contravenir lo dispuesto en el presente Estatuto y legislación de desarrollo, remitiendo copia del mismo y de sus modificaciones al órgano u órganos competentes en materia de personal que cada Admón. determine.

        El reglamento y sus modificaciones deberán ser aprobados por los votos favorables de, al menos, 2/3 de sus miembros.

Artículo 40. Funciones y legitimación de los órganos de representación.

1.    Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, tendrán las siguientes funciones, en sus respectivos ámbitos:

a)  Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos referentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito correspondiente y programas de mejora del rendimiento.

b)   Emitir informe, a solicitud de la Admón. Pública correspondiente, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas de organización y métodos de trabajo.

c)    Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.

d)    Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo, así como en el régimen de vacaciones y permisos.

e)   Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes.

f)   Colaborar con la Admón. correspondiente para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad.

2.    Las Juntas de Personal, colegiadamente, por decisión mayoritaria de sus miembros y, en su caso, los Delegados de Personal, mancomunadamente, estarán legitimados para iniciar, como interesados, los correspondientes procedimientos administrativos y ejercitar las acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones.

Artículo 41. Garantías de la función representativa del personal.

1.    Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función representativa de las siguientes garantías y derechos:

a)   El acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral, sin que se entorpezca el normal funcionamiento de las correspondientes unidades administrativas, dentro de los horarios habituales de trabajo y con excepción de las zonas que se reserven de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

b)   La distribución libre de las publicaciones que se refieran a cuestiones profesionales y sindicales.

c)    La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros durante el tiempo de su mandato y durante el año inmediatamente posterior, sin perjuicio de la audiencia al interesado regulada en el procedimiento sancionador.

d)   Un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, de acuerdo con la siguiente escala:

     Hasta 100 funcionarios: 15.

     De 101 a 250 funcionarios: 20.

     De 251 a 500 funcionarios: 30.

                –      De 501 a 750 funcionarios: 35.

                –      De 751 en adelante: 40.

       Los miembros de la Junta de Personal y Delegados de Personal de la misma candidatura que así lo manifiesten podrán proceder, previa comunicación al órgano que ostente la Jefatura de Personal ante la que aquélla ejerza su representación, a la acumulación de los créditos horarios.

e)   No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su mandato representativo, ni durante la vigencia del mismo, ni en el año siguiente a su extinción, exceptuando la extinción que tenga lugar por revocación o dimisión.

2.    Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal no podrán ser discriminados en su formación ni en su promoción económica o profesional por razón del desempeño de su representación.

3.    Cada uno de los miembros de la Junta de Personal y ésta como órgano colegiado, así como los Delegados de Personal, en su caso, observarán sigilo profesional en todo lo referente a los asuntos en que la Administración señale expresamente el carácter reservado, aún después de expirar su mandato. En todo caso, ningún documento reservado entregado por la Admón. podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de la Administración para fines distintos de los que motivaron su entrega.

Artículo 42. Duración de la representación.

El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal, en su caso, será de 4 años, pudiendo ser reelegidos. El mandato se entenderá prorrogado si, a su término, no se hubiesen promovido nuevas elecciones, sin que los representantes con mandato prorrogado se contabilicen a efectos de determinar la capacidad representativa de los Sindicatos.

Artículo 43. Promoción de elecciones a Delegados y Juntas de Personal.

1.   Podrán promover la celebración de elecciones a Delegados y Juntas de Personal, conforme a lo previsto en el presente Estatuto y en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical:

a)   Los sindicatos más representativos a nivel estatal.

b)  Los sindicatos más representativos a nivel de Comunidad Autónoma, cuando la unidad electoral afectada esté ubicada en su ámbito geográfico.

c)    Los sindicatos que, sin ser más representativos, hayan conseguido al menos el 10% de los representantes a los que se refiere este Estatuto en el conjunto de las Administraciones Públicas.

d)  Los sindicatos que hayan obtenido al menos un porcentaje del 10% en la unidad electoral en la que se pretende promover las elecciones.

e)   Los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario.

2.    Los legitimados para promover elecciones tendrán, a este efecto, derecho a que la Admón. Pública correspondiente les suministre el censo de personal de las unidades electorales afectadas, distribuido por Organismos o centros de trabajo.

Artículo 44. Procedimiento electoral.

El procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y para la elección de Delegados de Personal se determinará reglamentariamente teniendo en cuenta los siguientes criterios generales:

         La elección se realizará mediante sufragio personal, directo, libre y secreto que podrá emitirse por correo o por otros medios telemáticos.

        Serán electores y elegibles los funcionarios que se encuentren en la situación de servicio activo. No tendrán la consideración de electores ni elegibles los funcionarios que ocupen puestos cuyo nombramiento se efectúe a través de Real Decreto o por Decreto de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

         Podrán presentar candidaturas las Organizaciones Sindicales legalmente constituidas o las coaliciones de éstas, y los grupos de electores de una misma unidad electoral, siempre que el nº de ellos sea equivalente, al menos, al triple de los miembros a elegir.

         Las Juntas de Personal se elegirán mediante listas cerradas a través de un sistema proporcional corregido, y los Delegados de Personal mediante listas abiertas y sistema mayoritario.

        Los órganos electorales serán las Mesas Electorales que se constituyan para la dirección y desarrollo del procedimiento electoral y las oficinas públicas permanentes para el cómputo y certificación de resultados reguladas en la normativa laboral.

         Las impugnaciones se tramitarán conforme a un procedimiento arbitral, excepto las reclamaciones contra las denegaciones de inscripción de actas electorales que podrán plantearse directamente ante la jurisdicción social.

Artículo 45. Solución extrajudicial de conflictos colectivos.

1.    Con independencia de las atribuciones fijadas por las partes a las comisiones paritarias previstas en el art. 38.5 para el conocimiento y resolución de los conflictos derivados de la aplicación e interpretación de los Pactos y  cuerdos, las Administraciones Públicas y las Organizaciones Sindicales a que se refiere el presente Capítulo podrán acordar la creación, configuración y desarrollo de sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos.

2.  Los conflictos a que se refiere el apdo. anterior podrán ser los derivados de la negociación, aplicación e interpretación de los Pactos y Acuerdos sobre las materias señaladas en el art. 37, excepto para aquellas en que exista reserva de Ley.

3.   Los sistemas podrán estar integrados por procedimientos de mediación y arbitraje. La mediación será obligatoria cuando lo solicite una de las partes y las propuestas de solución que ofrezcan el mediador o mediadores podrán ser libremente aceptadas o rechazadas por las mismas.

       Mediante el procedimiento de arbitraje las partes podrán acordar voluntariamente encomendar a un 3º la resolución del conflicto planteado, comprometiéndose de antemano a aceptar el contenido de la misma.

4.    El acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución de arbitraje tendrá la misma eficacia jurídica y tramitación de los Pactos y Acuerdos regulados en el presente Estatuto, siempre que quienes hubieran adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral tuviesen la legitimación que les permita acordar, en el ámbito del conflicto, un Pacto o Acuerdo conforme a lo previsto en este Estatuto.

        Estos acuerdos serán susceptibles de impugnación. Específicamente cabrá recurso contra la resolución arbitral en el caso de que no se hubiesen observado en el  desarrollo de la actuación arbitral los requisitos y formalidades establecidos al efecto o cuando la resolución hubiese versado sobre puntos no sometidos a su decisión, o que ésta contradiga la legalidad vigente.

5.  La utilización de estos sistemas se efectuará conforme a los procedimientos que reglamentariamente se determinen previo acuerdo con las Organizaciones Sindicales representativas.

Artículo 46. Derecho de reunión.

1.  Están legitimados para convocar una reunión, además de las Organizaciones Sindicales, directamente o a través de los Delegados Sindicales:

a)   Los Delegados de personal.

b)   Las Juntas de personal.

c)    Los Comités de empresa.

d)   Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en nº no inferior al 40% del colectivo convocado.

2.    Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y quienes estén legitimados para convocarlas.

        La celebración de la reunión no perjudicará la prestación de los servicios y los convocantes de la misma serán responsables de su normal desarrollo.

CAPÍTULO V. Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones

Artículo 47. Jornada de trabajo de los funcionarios públicos.

Las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial.

Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos.

1.    Las Administraciones Públicas determinarán los supuestos de concesión de permisos a los funcionarios públicos y sus requisitos, efectos y duración. En defecto de legislación aplicable los permisos y su duración serán, al menos, los siguientes:

a)   Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del 1er grado de consanguinidad o afinidad, 3 días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y 5 días hábiles cuando sea en distinta localidad.

Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del 2º grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de 2 días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de 4 días hábiles cuando sea en distinta localidad.

b)   Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, 1 día.

c)    Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que se determine.

d)   Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de su celebración.

e)   Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las funcionarias embarazadas.

f)     Por lactancia de un hijo menor de 12 meses tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en 2 fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en ½ hora al inicio y al final de la jornada o, en 1 hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen.

Igualmente la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.

g)  Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de 2 horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de 2 horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.

h)    Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de 12 años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda.

Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo y que no desempeñe actividad retribuida.

i)     Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de 1er grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el 50% de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de 1 mes. Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de 1 mes.

j)     Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.

k)  Por asuntos particulares, 6 días. 2. Además de los días de libre disposición establecidos por cada Admón. Pública, los funcionarios tendrán derecho al disfrute de 2 días adicionales al cumplir el 6º trienio, incrementándose en 1 día adicional por cada trienio cumplido a partir del 8º.

Artículo 49. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia de género.

En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes condiciones mínimas:

a)    Permiso por parto: tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en 2 semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada hijo a partir del 2º, en los supuestos de parto múltiple. El permiso se distribuirá a opción de la funcionaria siempre que 6 semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.

        No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las 6 semanas inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo esta se encuentre en situación de incapacidad temporal.

        En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las 16 semanas o de las que correspondan en caso de discapacidad del hijo o de parto múltiple. Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen.

        En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de 13 semanas adicionales. Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Admón.

b)    Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple: tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en 2 semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del 2º, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple.

        El cómputo del plazo se contará a elección del funcionario, a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.

        En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en periodos ininterrumpidos. En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las 16 semanas o de las que correspondan en caso de adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad del menor adoptado o acogido.

        Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determine.

        Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta 2 meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas.

        Con independencia del permiso de hasta 2 meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, podrá iniciarse hasta 4 semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.

        Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Admón.

        Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, previstos en este art. serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las Leyes civiles de las Comunidades Autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento simple una duración no inferior a 1 año.

c)    Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo: tendrá una duración de 15 días, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.

        Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados en los apdos. a) y b).

        En los casos previstos en los apdos. a), b), y c) el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la funcionaria y, en su caso, del otro progenitor funcionario, durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo de disfrute del permiso.

        Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad y adopción o acogimiento tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.

d)   Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria: las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda.

        Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la Admón. Pública competente en casa caso.

Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos

Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar como mínimo, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de 22 días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor.

A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán como días hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales.

Artículo 51. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral.

Para el régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral se estará a lo establecido en este Capítulo y en la legislación laboral correspondiente.

CAPÍTULO VI. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta

Artículo 52. Deberes de los empleados públicos.

Código de Conducta.-

Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.

Los principios y reglas establecidos en este Capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.

Artículo 53. Principios éticos.

1.    Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.

2.    Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.

3.    Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Admón. en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.

4.    Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

5.    Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.

6.    No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público.

7.   No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.

8.    Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.

9.    No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de 3os.

10.  Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.

11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.

12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.

Artículo 54. Principios de conducta.

1.   Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.

2.    El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.

3.   Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.

4.    Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

5.    Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.

6.    Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.

7.   Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.

8.    Mantendrán actualizada su formación y cualificación.

9.    Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.

10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio.

11.  Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.

TÍTULO IV. Adquisición y pérdida de la relación de servicio

CAPÍTULO I. Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio

Artículo 55. Principios rectores.

1.   Todos los ciudadanos tiene derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.

2.   Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el art. 2 del presente Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación:

a)    Publicidad de las convocatorias y de sus bases.

b)    Transparencia.

c)     Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.

d)   Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.

e)    Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.

f)     Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

Artículo 56. Requisitos generales.

1.   Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos:

a)   Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

b)   Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

c)   Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e)   Poseer la titulación exigida.

2.    Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán prever la selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las Comunidades Autónomas que gocen de 2 lenguas oficiales.

3.   Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar. En todo caso, habrán de establecerse de manera abstracta y general.

Artículo 57. Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.

1.    Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas.

        A tal efecto, los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas determinarán las agrupaciones de funcionarios contempladas en el art. 76 a las que no puedan acceder los nacionales de otros Estados.

2.   Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha edad dependientes.

3.    El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá igualmente a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internaciones celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apdo. 1 de este artículo.

4.    Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles.

5.   Sólo por ley de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas podrá eximirse del requisito de la nacionalidad por razones de interés general para el acceso a la condición de personal funcionario.

Artículo 58. Acceso al empleo público de funcionarios españoles de Organismos Internacionales.

Las Administraciones Públicas establecerán los requisitos y condiciones para el acceso a las mismas de funcionarios de nacionalidad española de Organismos Internacionales, siempre que posean la titulación requerida y superen los correspondientes procesos selectivos. Podrán quedar exentos de la realización de aquellas pruebas que tengan por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para el desempeño de su puesto en el organismo internacional correspondiente.

Artículo 59. Personas con discapacidad.

1.    En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 5% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apdo. 2 del art. 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el 2% de los efectivos totales en cada Admón. Pública.

2.    Cada Admón. Pública adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad.

Artículo 60. Órganos de selección.

1.   Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.

2.    El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

3.    La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

Artículo 61. Sistemas selectivos.

1.    Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto. Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre sexos.

2.    Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean precisas.

        Las pruebas podrán consistir en la comprobación de los conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes, expresados de forma oral o escrita, en la realización de ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y destrezas, en la comprobación del dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, en la superación de pruebas físicas.

3.  Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de los aspirantes solo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por si misma el resultado del proceso selectivo.

4.   Las Administraciones Públicas podrán crear órganos especializados y permanentes para la organización de procesos selectivos, pudiéndose encomendar estas funciones a los Institutos o Escuelas de Admón. Pública.

5.    Para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas podrán completarse con la superación de cursos, de periodos de prácticas, con la exposición curricular por los candidatos, con pruebas psicotécnicas o con la realización de entrevistas. Igualmente podrán exigirse reconocimientos médicos.

6.    Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos.

7.   Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, concurso-oposición, con las características establecidas en el apartado anterior, o concurso de valoración de méritos. Las Administraciones Públicas podrán negociar las formas de colaboración que en el marco de los convenios colectivos fijen la actuación de las Organizaciones Sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos.

8.    Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un nº superior de aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria.

       No obstante lo anterior, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera.

Artículo 62. Adquisición de la condición de funcionario de carrera.

1.    La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos:

a)   Superación del proceso selectivo.

b)   Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente.

c)   Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico.

d)   Toma de posesión dentro del plazo que se establezca.

2.    A efectos de lo dispuesto en el apdo. 1.b) anterior, no podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria.

CAPÍTULO II. Pérdida de la relación de servicio

Artículo 63. Causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera.

Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:

a)    La renuncia a la condición de funcionario.

b)    La pérdida de la nacionalidad.

c)    La jubilación total del funcionario.

d)    La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.

e)    La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.

Artículo 64. Renuncia.

1.    La renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada por escrito y será aceptada expresamente por la Administración, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

2.   No podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito.

3.   La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para ingresar de nuevo en la Admón. Pública a través del procedimiento de selección establecido.

Artículo 65. Pérdida de la nacionalidad.

La pérdida de la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o la de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, que haya sido tenida en cuenta para el nombramiento, determinará la pérdida de la condición de funcionario salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de alguno de dichos Estados.

Artículo 66. Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público.

La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere.

La pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia.

Artículo 67. Jubilación.

1. La jubilación de los funcionarios podrá ser:

a)   Voluntaria, a solicitud del funcionario.

b)   Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida.

c)   Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o, incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala.

d)   Parcial, de acuerdo con lo establecido en los apdos. 2 y 4.

2.    Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud del interesado, siempre que el funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable. Por Ley de las Cortes Generales, con carácter excepcional y en el marco de la planificación de los RRHH, se podrán establecer condiciones especiales de las jubilaciones voluntaria y parcial.

3.    La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los 65 y cinco años de edad. No obstante, en los términos de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla 70 años de edad. La Admón. Pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación.

        De lo dispuesto en los 2 párrafos anteriores quedarán excluidos los funcionarios que tengan normas estatales específicas de jubilación.

4.    Procederá la jubilación parcial, a solicitud del interesado, siempre que el funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable.

Artículo 68. Rehabilitación de la condición de funcionario.

1.    En caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de pérdida de la nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el servicio, el interesado, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la rehabilitación de su condición de funcionario, que le será concedida.

2.   Los órganos de gobierno de las Administraciones públicas podrán conceder, con carácter excepcional, la rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. Si transcurrido el plazo para dictar la resolución, no se hubiera producido de forma expresa, se entenderá desestimada la solicitud.

TÍTULO V. Ordenación de la actividad profesional

CAPÍTULO I. Planificación de recursos humanos

Artículo 69. Objetivos e instrumentos de la planificación.

1.    La planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad.

2.   Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de sus RRHH, que incluyan, entre otras, algunas de las siguientes medidas:

a)   Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del nº de efectivos, como de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos.

b)   Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras de puestos de trabajo.

c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión de incorporaciones de personal externo a un determinado ámbito o la convocatoria de concursos de provisión de puestos limitados a personal de ámbitos que se determinen.

d)   Medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad forzosa de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Título de este Estatuto.

e)   La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la Oferta de empleo público, de acuerdo con lo establecido en el art. siguiente.

3.    Cada Admón. Pública planificará sus recursos humanos de acuerdo con los sistemas que establezcan las normas que les sean de aplicación.

Artículo 70. Oferta de empleo público.

1.   Las necesidades de RRHH, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un 10% adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos.

        En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de 3 años.

2.    La Oferta de empleo público o instrumento similar, que se aprobará anualmente por los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas, deberá ser publicada en el Diario oficial correspondiente.

3.    La Oferta de empleo público o instrumento similar podrá contener medidas derivadas de la planificación de RRHH.

Artículo 71. Registros de personal y Gestión integrada de recursos humanos.

1.    Cada Admón. Pública constituirá un Registro en el que se inscribirán los datos relativos al personal contemplado en los artículos 2 y 5 del presente Estatuto y que tendrá en cuenta las peculiaridades de determinados colectivos.

2.    Los Registros podrán disponer también de la información agregada sobre los restantes RRHH de su respectivo sector público.

3.   Mediante convenio de Conferencia Sectorial se establecerán los contenidos mínimos comunes de los Registros de personal y los criterios que permitan el intercambio homogéneo de la información entre Administraciones, con respeto a lo establecido en la legislación de protección de datos de carácter personal.

4.    Las Administraciones Públicas impulsarán la gestión integrada de recursos humanos.

5.   Cuando las Entidades Locales no cuenten con la suficiente capacidad financiera o técnica, la Admón. Gral. del Estado y las Comunidades Autónomas cooperarán con aquéllas a los efectos contemplados en este art.

CAPÍTULO II. Estructuración del empleo público

Artículo 72. Estructuración de los Recursos Humanos.

En el marco de sus competencias de autoorganización, las Administraciones Públicas estructuran sus RRHH de acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones y conforme a lo previsto en este Capítulo.

Artículo 73. Desempeño y agrupación de puestos de trabajo.

1.   Los empleados públicos tienen derecho al desempeño de un puesto de trabajo de acuerdo con el sistema de estructuración del empleo público que establezcan las leyes de desarrollo del presente Estatuto.

2.   Las Administraciones Públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen sin merma en las retribuciones.

3.    Los puestos de trabajo podrán agruparse en función de sus características para ordenar la selección, la formación y la movilidad.

Artículo 74. Ordenación de los puestos de trabajo.

Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias.

Dichos instrumentos serán públicos.

Artículo 75. Cuerpos y escalas.

1.    Los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo.

2.    Los cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen por Ley de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

3.    Cuando en esta Ley se hace referencia a cuerpos y escalas se entenderá comprendida igualmente cualquier otra agrupación de funcionarios.

Artículo 76. Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera.

Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos:

         Grupo A,

Dividido en 2 Subgrupos, A1 y A2:

Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la Ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta.

La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso.

    Grupo B: Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior.

     Grupo C:

        Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso:

·         C1: título de bachiller o técnico.

·         C2: título de graduado en educación secundaria obligatoria.

Artículo 77. Clasificación del personal laboral

El personal laboral se clasificará de conformidad con la legislación laboral.

CAPÍTULO III. Provisión de puestos de trabajo y movilidad

Artículo 78. Principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera.

1.  Las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

2.    La provisión de puestos de trabajo en cada Admón. Pública se llevará a cabo por los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública.

3.    Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán establecer otros procedimientos de provisión en los supuestos de movilidad a que se refiere el art. 81.2, permutas entre puestos de trabajo, movilidad por motivos de salud o rehabilitación del funcionario, reingreso al servicio activo, cese o remoción en los puestos de trabajo y supresión de los mismos.

Artículo 79. Concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de carrera.

1.    El concurso, como procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo, consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos por órganos colegiados de carácter técnico. La composición de estos órganos responderá al principio de profesionalidad y especialización de sus miembros y se adecuará al criterio de paridad entre mujer y hombre. Su funcionamiento se ajustará a las reglas de imparcialidad y objetividad.

2.   Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto establecerán el plazo mínimo de ocupación de los puestos obtenidos por concurso para poder participar en otros concursos de provisión de puestos de trabajo.

3.    En el caso de supresión o remoción de los puestos obtenidos por concurso se deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Administración Pública y con las garantías inherentes de dicho sistema.

Artículo 80. Libre designación con convocatoria pública del personal funcionario de carrera.

1.    La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.

2.   Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto establecerán los criterios para determinar los puestos que por su especial responsabilidad y confianza puedan cubrirse por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública.

3.   El órgano competente para el nombramiento podrá recabar la intervención de especialistas que permitan apreciar la idoneidad de los candidatos.

4.   Los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública podrán ser cesados discrecionalmente. En caso de cese, se les deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Admón. Pública y con las garantías inherentes de dicho sistema.

Artículo 81. Movilidad del personal funcionario de carrera.

1.    Cada Admón. Pública, en el marco de la planificación general de sus recursos humanos, y sin perjuicio del derecho de los funcionarios a la movilidad podrá establecer reglas para la ordenación de la movilidad voluntaria de los funcionarios públicos cuando considere que existen sectores prioritarios de la actividad pública con necesidades específicas de efectivos.

2.   Las Administraciones Públicas, de manera motivada, podrán trasladar a sus funcionarios, por necesidades de servicio o funcionales, a unidades, departamentos u organismos públicos o entidades distintos a los de su destino, respetando sus retribuciones, condiciones esenciales de trabajo, modificando, en su caso, la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean titulares. Cuando por motivos excepcionales los planes de ordenación de recursos impliquen cambio de lugar de residencia se dará prioridad a la voluntariedad de los traslados. Los funcionarios tendrán derecho a las indemnizaciones establecidas reglamentariamente para los traslados forzosos.

3.    En caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos de trabajo podrán proveerse con carácter provisional debiendo procederse a su convocatoria pública dentro del plazo que señalen las normas que sean de aplicación.

Artículo 82. Movilidad por razón de violencia de género.

Las mujeres víctimas de violencia de género que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Aún así, en tales supuestos la Administración Pública competente, estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada expresamente solicite.

Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.

En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género, se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y las de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.

Artículo 83. Provisión de puestos y movilidad del personal laboral.

La provisión de puestos y movilidad del personal laboral se realizará de conformidad con lo que establezcan los convenios colectivos que sean de aplicación y, en su defecto por el sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera.

Artículo 84. La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas.

1.    Con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, que garantice la eficacia del servicio que se preste a los ciudadanos, la Admón. Gral. del Estado y las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales establecerán medidas de movilidad interadministrativa, preferentemente mediante Convenio de Conferencia Sectorial u otros instrumentos de colaboración.

2.    La Conferencia Sectorial de Administración Pública podrá aprobar los criterios generales a tener en cuenta para llevar a cabo las homologaciones necesarias para hacer posible la movilidad

3.    Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a través de los procedimientos de movilidad quedarán respecto de su Admón. de origen en la situación administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas. En los supuestos de cese o supresión del puesto de trabajo, permanecerán en la Admón. de destino, que deberá asignarles un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Admón.

TÍTULO VI

Situaciones administrativas

Artículo 85. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera.

1.    Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones:

a)   Servicio activo.

b)   Servicios especiales.

c)    Servicio en otras Administraciones Públicas.

d)   Excedencia.

e)   Suspensión de funciones.

2.    Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto podrán regular otras situaciones administrativas de los funcionarios de carrera, en los supuestos, en las condiciones y con los efectos que en las mismas se determinen, cuando concurra, entre otras, alguna de las circunstancias siguientes:

a)   Cuando por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal, resulte una imposibilidad transitoria de asignar un puesto de trabajo o la conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo.

b)   Cuando los funcionarios accedan, bien por promoción interna o por otros sistemas de acceso, a otros cuerpos o escalas y no les corresponda quedar en alguna de las situaciones previstas en este Estatuto, y cuando pasen a prestar servicios en organismos o entidades del sector público en régimen distinto al de funcionario de carrera.

       Dicha regulación, según la situación administrativa de que se trate, podrá conllevar garantías de índole retributiva o imponer derechos u obligaciones en relación con el reingreso al servicio activo.

Artículo 86. Servicio activo.

1.    Se hallarán en situación de servicio activo quienes, conforme a la normativa de función pública dictada en desarrollo del presente Estatuto, presten servicios en su condición de funcionarios públicos cualquiera que sea la Admón. u Organismo Público o entidad en el que se encuentren destinados y no les corresponda quedar en otra situación.

2.    Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo gozan de todos los derechos inherentes a su condición de funcionarios y quedan sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. Se regirán por las normas de este Estatuto y por la normativa de función pública de la Admón. Pública en que presten servicios.

Artículo 87. Servicios especiales.

1. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales:

a)   Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de la Unión Europea o de las Organizaciones Internacionales, o sean nombrados altos cargos de las citadas Administraciones Públicas o Instituciones.

b)   Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a 6 meses en Organismos Internacionales, Gobiernos o Entidades Públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.

c)   Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en Organismos Públicos o entidades, dependientes o vinculados a las Administraciones Públicas que, de conformidad con lo que establezca la respectiva Administración Pública, estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos.

d)   Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el art. 93.3 de la ley 7/1988, de 5 de abril.

e)   Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales, miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función.

f)     Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Asambleas de las Ciudades de Ceuta y Melilla y en las Entidades Locales, cuando se desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales y cuando se desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos locales para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.

g)   Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los Consejos de Justicia de las Comunidades Autónomas.

h)  Cuando sean elegidos o designados para formar parte de los Órganos Constitucionales o de los Órganos Estatutarios de las Comunidades Autónomas u otros cuya elección corresponda al Congreso de los Diputados, al Senado o a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

i)     Cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y no opten por permanecer en la situación de servicio activo.

j)   Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales.

k)   Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

l)    Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas.

2.    Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento. El tiempo que permanezcan en tal situación se les computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.

        No será de aplicación a los funcionarios públicos que, habiendo ingresado al servicio de las instituciones Comunitarias Europeas, o al de Entidades y Organismos asimilados, ejerciten el derecho de transferencia establecido en el estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas.

3.    Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho, al menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente en la Administración Pública a la que pertenezcan.

       Tendrán, asimismo, los derechos que cada Admón. Pública pueda establecer en función del cargo que haya originado el pase a la mencionada situación. En este sentido, las Administraciones Públicas velarán para que no haya menoscabo en el derecho a la carrera profesional de los funcionarios públicos que hayan sido nombrados altos cargos, miembros del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios o que hayan sido elegidos Alcaldes, retribuidos y con dedicación exclusiva, Presidentes de Diputaciones o de Cabildos o Consejos Insulares, Diputados o Senadores de las Cortes Generales y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Como mínimo, estos funcionarios recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del grado y conjunto de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido Directores Generales y otros cargos superiores de la correspondiente Admón. Pública.

4.   La declaración de esta situación procederá en todo caso, en los supuestos que se determinen en el presente Estatuto y en las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del mismo.

Artículo 88. Servicio en otras Administraciones Públicas.

1.    Los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una Admón. Pública distinta, serán declarados en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas. Se mantendrán en esa situación en el caso de que por disposición legal de la Admón. a la que acceden se integren como personal propio de ésta.

2.    Los funcionarios transferidos a las Comunidades Autónomas se integran plenamente en la organización de la Función Pública de las mismas, hallándose en la situación de servicio activo en la Función Pública de la Comunidad Autónoma en la que se integran.

      Las Comunidades Autónomas al proceder a esta integración de los funcionarios transferidos como funcionarios propios, respetarán el Grupo o Subgrupo del cuerpo o escala de procedencia, así como los derechos económicos inherentes a la posición en la carrera que tuviesen reconocido.

       Los funcionarios transferidos mantienen todos sus derechos en la Admón. Pública de origen como si se hallaran en servicio activo de acuerdo con lo establecido en los respectivos Estatutos de Autonomía.

       Se reconoce la igualdad entre todos los funcionarios propios de las Comunidades Autónomas con independencia de su Admón. de procedencia.

3.   Los funcionarios de carrera en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas que se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisión previstos en este Estatuto, se rigen por la legislación de la Admón. en la que estén destinados de forma efectiva y conservan su condición de funcionario de la Admón. de origen y el derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última. El tiempo de servicio en la Admón. Pública en la que estén destinados se les computará como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen.

4.    Los funcionarios que reingresen al servicio activo en la Admón. de origen, procedentes de la situación de servicio en otras Administraciones públicas, obtendrán el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera profesional y sus efectos sobre la posición retributiva conforme al procedimiento previsto en los Convenios de Conferencia Sectorial y demás instrumentos de colaboración que establecen medidas de movilidad interadministrativa, previstos en el art. 84 del presente Estatuto. En defecto de tales Convenios o instrumentos de colaboración, el reconocimiento se realizará por la Admón. Pública en la que se produzca el reingreso.

Artículo 89. Excedencia.

1.    La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades:

a)   Excedencia voluntaria por interés particular.

b)   Excedencia voluntaria por agrupación familiar.

c)    Excedencia por cuidado de familiares.

d)   Excedencia por razón de violencia de género.

2.    Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de 5 años inmediatamente anteriores.

       No obstante, las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán establecer una duración menor del periodo de prestación de servicios exigido para que el funcionario de carrera pueda solicitar la excedencia y se determinarán los periodos mínimos de permanencia en la misma.

        La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas. No podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya expediente disciplinario.

       Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que se determine reglamentariamente.

        Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.

3.    Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante el periodo establecido a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas, Organismos públicos y Entidades de Derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los Órganos Constitucionales o del Poder Judicial y Órganos similares de las Comunidades Autónomas, así como en la Unión Europea o en Organizaciones Internacionales.

        Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.

4.    Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a 3 años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

       También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a 3 años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el 2º grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

        El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando.

        En el caso de que 2 funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la Admón. podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.

        El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.

        El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante 2 años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución.

        Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

5.    Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la  situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma

       Durante los 6 primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.

       Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por 3 meses, con un máximo de 18, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima.

       Durante los 2 primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

Artículo 90. Suspensión de funciones.

1.   El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de 6 meses.

2.    La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de 6 años.

3.   El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones no podrá prestar servicios en ninguna Admón. Pública ni en los Organismos públicos, Agencias, o Entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas durante el tiempo de cumplimiento de la pena o sanción.

4.    Podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario, en los términos establecidos en este Estatuto.

Artículo 91. Reingreso al servicio activo.

Reglamentariamente se regularán los plazos, procedimientos y condiciones, según las situaciones administrativas de procedencia, para solicitar el reingreso al servicio activo de los funcionarios de carrera, con respeto al derecho a la reserva del puesto de trabajo en los casos en que proceda conforme al presente Estatuto.

Artículo 92. Situaciones del personal laboral.

El personal laboral se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y por los Convenios Colectivos que les sean de aplicación.

Los convenios colectivos podrán determinar la aplicación de este Capítulo al personal incluido en su ámbito de aplicación en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores.

TÍTULO VII. Régimen disciplinario

Artículo 93. Responsabilidad disciplinaria.

1.    Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el presente Título y en las normas que las Leyes de Función Pública dicten en desarrollo de este Estatuto.

2.    Los funcionarios públicos o el personal laboral que indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad que éstos.

3.   Igualmente, incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral que encubrieren las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Admón. o los ciudadanos.

4.    El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el presente Título, por la legislación laboral.

Artículo 94. Ejercicio de la potestad disciplinaria.

1.   Las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio señalado en el art. anterior cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones.

2.    La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios:

a)  Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos.

b)   Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor.

c)    Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación.

d)   Principio de culpabilidad.

e)   Principio de presunción de inocencia.

3.   Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Mº Fiscal.

Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Admón.

Artículo 95. Faltas disciplinarias.

1.     Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves.

2.     Son faltas muy graves:

a)   El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública.

b)  Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.

c)    El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas.

d)   La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Admón. o a los ciudadanos.

e)   La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.

f)   La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.

g)   El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.

h)   La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.

i)     La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.

j)    La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.

k)    La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.

l)    La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.

m)   El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.

n)    El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad.

ñ)    La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

o)    El acoso laboral.

p)   También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en Ley de las Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa de la correspondiente Comunidad Autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral.

3.    Las faltas graves serán establecidas por Ley de las Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa de la correspondiente Comunidad Autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral, atendiendo a las siguientes circunstancias.

a)   El grado en que se haya vulnerado la legalidad.

b)   La gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Admón. o de los ciudadanos.

c)    El descrédito para la imagen pública de la Admón.

4.   Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto determinarán el régimen aplicable a las faltas leves, atendiendo a las anteriores circunstancias.

Artículo 96. Sanciones.

1.    Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones:

a)  Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves.

b)    Despido disciplinario del personal laboral, que solo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban.

c)   Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de 6 años.

d)   Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca.

e)  Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria.

f)     Apercibimiento.

g)   Cualquier otra que se establezca por Ley.

2.    Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave.

3.  El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación.

Artículo 97. Prescripción de las faltas y sanciones.

Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por faltas leves al año.

El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas.

El de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora.

Artículo 98. Procedimiento disciplinario y medidas provisionales.

1.    No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves sino mediante el procedimiento previamente establecido.

       La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia al interesado.

2.    El procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de este Estatuto se estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable.

        En el procedimiento quedará establecido la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos.

3.    Cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores, se podrá adoptar mediante resolución motivada medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.

       La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. La suspensión provisional podrá acordarse también durante la tramitación de un procedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la suspensión provisional excediera de 6 meses no supondrá pérdida del puesto de trabajo.

        El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

4.    Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario deberá devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquélla. Si la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción definitiva, la Admón. deberá restituir al funcionario la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos.

      El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento de la suspensión firme.

       Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de suspensión.

TÍTULO VIII. Cooperación entre las Administraciones Públicas

Artículo 99. Relaciones de cooperación entre las Administraciones Públicas.

Las Administraciones Públicas actuarán y se relacionarán entre sí en las materias objeto de este Estatuto de acuerdo con los principios de cooperación y colaboración, respetando, en todo caso, el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias.

Artículo 100. Órganos de cooperación.

1.    La Conferencia Sectorial de Admón. Pública, como órgano de cooperación en materia de administración pública de la Admón. General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades de Ceuta y Melilla, y de la Admón. Local, cuyos representantes serán designados por la Federación Española de Municipios y Provincias, como asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación, sin perjuicio de la competencia de otras Conferencias Sectoriales u órganos equivalentes, atenderá en su funcionamiento y organización a lo establecido en la vigente legislación sobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas.

2.    Se crea la Comisión de Coordinación del Empleo Público como órgano técnico y de trabajo dependiente de la Conferencia Sectorial de Admón. Pública. En esta Comisión se hará efectiva la coordinación de la política de personal entre la Admón. Gral. del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, y las entidades locales y en concreto le corresponde:

a)   Impulsar las actuaciones necesarias para garantizar la efectividad de los principios constitucionales en el acceso al empleo público.

b)   Estudiar y analizar los proyectos de legislación básica en materia de empleo público, así como emitir informe sobre cualquier otro proyecto normativo que las Administraciones Públicas le presenten.

c)    Elaborar estudios e informes sobre el empleo público. Dichos estudios e informes se remitirán a las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Gral. de Negociación de las Administraciones Públicas.

3.   Componen la Comisión de Coordinación del Empleo Público los titulares de aquellos órganos directivos de la política de recursos humanos de la Admón. Gral. del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, y los representantes de la Admón. Local designados por la Federación Española de Municipios y Provincias, como asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación, en los términos que se determinen reglamentariamente, previa consulta con las Comunidades Autónomas.

4.   La Comisión de Coordinación del Empleo Público elaborará sus propias normas de organización y funcionamiento.

Disposición adicional 1ª. Ámbito específico de aplicación.

Los principios contenidos en los artículos 52, 53, 54, 55 y 59 serán de aplicación en las entidades del sector público estatal, autonómico y local, que no estén incluidas en el art. 2 del presente Estatuto y que estén definidas así en su normativa específica.

Disposición adicional 2ª. Funcionarios con habilitación de carácter estatal.

1.    Funciones públicas en las Corporaciones Locales:

1.1    Son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado exclusivamente a funcionarios, las que impliquen ejercicio de autoridad, las de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, las de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, las de contabilidad y tesorería.

1.2    Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de carácter estatal:

a)  La de secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.

b)  El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.

2.   La escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal se subdivide en las siguientes subescalas:

a)    Secretaría a la que corresponde las funciones contenidas en el apdo. 1.2.a).

b)   Intervención-tesorería a la que corresponde las funciones contenidas en el apdo. 1.2.b).

c)    Secretaría-intervención a la que corresponde las funciones contenidas en los apdos. 1.2.a) y 1.2.b), salvo la función de tesorería.

      Los funcionarios de las subescalas de secretaría e intervención-tesorería estarán integrados en una de estas 2 categorías: entrada o superior.

3.    La creación, clasificación y supresión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal corresponde a cada Comunidad Autónoma, de acuerdo con los criterios básicos que se establezcan por ley.

4.    La convocatoria de la oferta de empleo, con el objetivo de cubrir las vacantes existentes de las plazas correspondientes a los funcionarios a que se refiere el apdo. 1.2, corresponde a las Comunidades Autónomas.

        Asimismo es de competencia de las Comunidades Autónomas la selección de dichos funcionarios, conforme a los títulos académicos requeridos y programas mínimos aprobados reglamentariamente por el Mº de Administraciones Públicas. Las Comunidades Autónomas publicarán las convocatorias de las pruebas selectivas de los funcionarios con habilitación de carácter estatal en sus Diarios Oficiales y las remitirán al Mº de Administraciones Públicas para su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

       Las Comunidades Autónomas remitirán la relación de funcionarios nombrados por las mismas al Mº de Administraciones Públicas para que éste proceda a acreditar la habilitación estatal obtenida y a su inscripción en el correspondiente registro.

        A estos efectos, en el Mº de Administraciones Públicas existirá un registro de funcionarios con habilitación de carácter estatal en el que deberán inscribirse los nombramientos efectuados por las Comunidades Autónomas, situaciones administrativas, tomas de posesión, cese, y cuantas incidencias afecten a la carrera profesional de dichos funcionarios. Este registro integrará las inscripciones practicadas en los registros propios de las Comunidades Autónomas.

       Los funcionarios habilitados están legitimados para participar en los concursos de méritos convocados para la provisión de los puestos de trabajo reservados a estos funcionarios en las plantillas de las Entidades Locales.

5.    Provisión de puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal.

5.1      El concurso será el sistema normal de provisión de puestos de trabajo y en él se tendrán en cuenta los méritos generales, los méritos correspondientes al conocimiento de las especialidades de la organización territorial de cada Comunidad Autónoma y del derecho propio de la misma, el conocimiento de la lengua oficial en los términos previstos en la legislación autonómica respectiva, y los méritos específicos directamente relacionados con las características del puesto.

           Existirán 2 concursos anuales: el concurso ordinario y el concurso unitario.

           Las Comunidades Autónomas en su ámbito territorial regularán las bases comunes del concurso ordinario así como el porcentaje de puntuación que corresponda a cada uno de los méritos enumerados anteriormente.

           Las Corporaciones locales aprobarán el concurso ordinario anual con inclusión de las plazas vacantes que estimen necesario convocar. El ámbito territorial del concurso ordinario será el de la Comunidad Autónoma a la que pertenezca la Corporación local.

           Los Presidentes de las Corporaciones Locales efectuarán las convocatorias del concurso ordinario y las remitirán a la correspondiente Comunidad Autónoma para su publicación. Las resoluciones de los concursos se efectuarán por las Corporaciones Locales y las remitirán a la respectiva Comunidad Autónoma quien, previa coordinación de las mismas para evitar la pluralidad simultánea de adjudicaciones a favor de un mismo concursante, procederá a su publicación en su Diario Oficial, dando traslado de la misma al Mº de Administraciones Públicas para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y para su inclusión en el registro de funcionarios con habilitación de carácter estatal.

           El Mº de Administraciones Públicas efectuará, supletoriamente, en función de los méritos generales y los de valoración autonómica y de acuerdo con lo establecido por las Comunidades Autónomas respecto del requisito de la lengua, la convocatoria anual de un concurso unitario de los puestos de trabajo vacantes, reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal que deban proveerse por concurso, en los términos que establezca  reglamentariamente el Mº de Administraciones Públicas.

           El ámbito territorial del concurso unitario será de carácter estatal.

5.2      Excepcionalmente, para los municipios de gran población previstos en el art. 121 de la Ley 7/1985, así como las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, podrán cubrirse por el sistema de libre designación, entre funcionarios con habilitación de carácter estatal de la subescala y categoría correspondientes, los puestos a ellos reservados que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública.

5.3      Las Comunidades Autónomas efectuarán, de acuerdo con su normativa, los nombramientos provisionales de funcionarios con habilitación de carácter estatal, así como las comisiones de servicios, acumulaciones, nombramientos de personal interino y de personal accidental.

6.    El régimen disciplinario aplicable a los funcionarios con habilitación de carácter estatal se regulará por lo dispuesto por cada Comunidad Autónoma, correspondiendo al Mº de Administraciones Públicas la resolución de los expedientes disciplinarios en los que el funcionario se encuentre destinado en una Comunidad distinta a aquélla en la que se le inició el expediente.

7.   Los funcionarios con habilitación de carácter estatal se regirán por los sistemas de acceso, carrera, provisión de puestos y agrupación de funcionarios aplicables en su correspondiente Comunidad Autónoma, respetando lo establecido en esta Ley.

Disposición adicional 3ª. Aplicación de las disposiciones de este Estatuto a las Instituciones Forales.

1.   El presente Estatuto se aplicará a la Comunidad Foral de Navarra en los términos establecidos en el art. 149.1.18.ª y disposición adicional 1ª de la Constitución, y en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

2.    En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco el presente Estatuto se aplicará de conformidad con la disposición adicional 1ª de la Constitución, con el art. 149.1.18.ª de la Constitución y con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco.

Las facultades previstas en la disposición adicional 2ª respecto a los funcionarios con habilitación de carácter estatal serán ostentadas por las Instituciones Forales de sus territorios históricos o por las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma, en los términos que establezca la normativa autonómica.

Disposición adicional 4ª. Funcionarios públicos propios de las ciudades de Ceuta y Melilla.

1.    Los funcionarios públicos propios de las administraciones de las ciudades de Ceuta y Melilla se rigen por lo dispuesto en este Estatuto, por las normas de carácter reglamentario que en su desarrollo puedan aprobar sus Asambleas en el marco de sus estatutos respectivos, por las normas que en su desarrollo pueda dictar el Estado y por la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado.

2.    En el marco de lo previsto en el nº anterior, las Asambleas de Ceuta y Melilla tendrán, además, las siguientes funciones:

a)   El establecimiento, modificación y supresión de Escalas, Subescalas y clases de funcionarios, y la clasificación de los mismos.

b)   La aprobación de las plantillas y relaciones de puestos de trabajo.

c)    La regulación del procedimiento de provisión de puestos directivos así como su régimen de permanencia y cese.

d)   La determinación de las faltas y sanciones disciplinarias leves.

3.    Los funcionarios transferidos se regirán por la Ley de Función Pública de la Admón. Gral. del Estado y sus normas de desarrollo. No obstante, podrán integrarse como funcionarios propios de la ciudad a la que hayan sido transferidos quedando en la situación administrativa de servicio en otras administraciones públicas.

Disposición adicional 5ª. Aplicación de este Estatuto a organismos reguladores.

Lo establecido en el presente Estatuto se aplicará a los organismos reguladores de la disposición adicional 10ª, 1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admón. Gral. del Estado en la forma prevista en sus leyes de creación.

Disposición adicional 6ª. Jubilación de los funcionarios.

El Gobierno presentará en el Congreso de los Diputados un estudio sobre los distintos regímenes de acceso a la jubilación de los funcionarios que contenga, entre otros aspectos, recomendaciones para asegurar la no discriminación entre colectivos con características similares y la conveniencia de ampliar la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada de determinados colectivos.

Disposición adicional 7ª. Otras agrupaciones profesionales sin requisito de titulación.

1.    Además de los Grupos clasificatorios establecidos en el art. 76 del presente Estatuto, las Administraciones Públicas podrán establecer otras agrupaciones diferentes de las enunciadas anteriormente, para cuyo acceso no se exija estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo.

2.   Los funcionarios que pertenezcan a estas agrupaciones cuando reúnan la titulación exigida podrán promocionar de acuerdo con lo establecido en el art. 18 de este Estatuto.

Disposición adicional 8ª. Planes de igualdad.

1.    Las Administraciones Públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.

2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las Administraciones Públicas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los términos previstos en el mismo.

Disposición adicional 9ª.

Los funcionarios de carrera tendrán garantizados los derechos económicos alcanzados o reconocidos en el marco de los sistemas de carrera profesional establecidos por las leyes de cada Admón. Pública.

Disposición adicional 10ª.

La carrera profesional de los funcionarios de carrera se iniciará en el grado, nivel, categoría, escalón y otros conceptos análogos correspondientes a la plaza inicialmente asignada al funcionario tras la superación del correspondiente proceso selectivo, que tendrán la consideración de mínimos. A partir de aquellos, se producirán los ascensos que procedan según la modalidad de carrera aplicable en cada ámbito.

Disposición adicional 11ª. Ámbito de aplicación del artículo 87.3.

Al personal contemplado en el art. 4 de este Estatuto que sea declarado en servicios especiales o en situación administrativa análoga, se le aplicarán los derechos establecidos en el art. 87.3 del presente Estatuto en la medida en que dicha aplicación resulte compatible con lo establecido en su legislación específica.

Disposición transitoria 1ª. Garantía de derechos retributivos.

1.    El desarrollo del presente Estatuto no podrá comportar para el personal incluido en su ámbito de aplicación, la disminución de la cuantía de los derechos económicos y otros complementos retributivos inherentes al sistema de carrera vigente para los mismos en el momento de su entrada en vigor, cualquiera que sea la situación administrativa en que se encuentren.

2.    Si el personal incluido en el ámbito de aplicación del presente Estatuto no se encontrase en la situación de servicio activo, se le reconocerán los derechos económicos y complementos retributivos a los que se refiere el apdo. anterior a partir del momento en el que se produzca su reingreso al servicio activo.

Disposición transitoria 2ª. Personal laboral fijo que desempeña funciones o puestos clasificados como propios de personal funcionario.

El personal laboral fijo que a la entrada en vigor del presente Estatuto esté desempeñando funciones de personal funcionario, o pase a desempeñarlos en virtud de pruebas de selección o promoción convocadas antes de dicha fecha, podrán seguir desempeñándolos.

Asimismo, podrá participar en los procesos selectivos de promoción interna convocados por el sistema de concurso-oposición, de forma independiente o conjunta con los procesos selectivos de libre concurrencia, en aquellos Cuerpos y Escalas a los que figuren adscritos las funciones o los puestos que desempeñe, siempre que posea la titulación necesaria y reúna los restantes requisitos exigidos, valorándose a estos efectos como mérito los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición.

Disposición transitoria 3ª. Entrada en vigor de la nueva clasificación profesional.

1.    Hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios a que se refiere el art. 76, para el acceso a la función pública seguirán siendo válidos los títulos universitarios oficiales vigentes a la entrada en vigor de este Estatuto.

2.   Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor del presente Estatuto se integrarán en los Grupos de clasificación profesional de funcionarios previstos en el art. 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias:

·         Grupo A: Subgrupo A1.

·         Grupo B: Subgrupo A2.

·         Grupo C: Subgrupo C1.

·         Grupo D: Subgrupo C2.

·         Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional 7ª.

3.    Los funcionarios del Subgrupo C1 que reúnan la titulación exigida podrán promocionar al Grupo A sin necesidad de pasar por el nuevo Grupo B, de acuerdo con lo establecido en el art. 18 de este Estatuto.

Disposición transitoria 4ª. Consolidación de empleo temporal.

1.   Las Administraciones Públicas podrán efectuar convocatorias de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005.

2.   Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

3.    El contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de los puestos objeto de cada convocatoria. En la fase de concurso podrá valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en las Administraciones Públicas y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria.

Los procesos selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en los apdos. 1 y 3 del art. 61 del presente Estatuto.

Disposición transitoria 5ª. Procedimiento electoral general.

En tanto se determine el procedimiento electoral general previsto en el art. 39 del presente Estatuto, se mantendrán con carácter de normativa básica los siguientes artículos de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas: 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 y 29.

Disposición transitoria 6ª. Ampliación del permiso de paternidad.

Las Administraciones Públicas ampliarán de forma progresiva y gradual la duración del permiso de paternidad regulado en el apdo. c) del art. 49 hasta alcanzar el objetivo de 4 semanas de este permiso a los 6 años de entrada en vigor de este Estatuto.

Disposición transitoria 7ª. Funcionarios con habilitación de carácter estatal.

En tanto no se aprueben las normas de desarrollo de la Disposición Adicional 2ª de este Estatuto, sobre el régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter estatal, continuarán en vigor las disposiciones que en la actualidad regulan la Escala de Funcionarios de Admón. Local con habilitación de carácter nacional, que se entenderán referidas a la Escala de Funcionarios con habilitación de carácter estatal.

Disposición transitoria 8ª. Personal funcionario de centros docentes dependientes de otras administraciones.

Cuando se hayan incorporado, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, o se incorporen durante los 3 primeros años de su aplicación, centros previamente dependientes de cualquier Admón. Pública a las redes de centros docentes dependientes de las Administraciones educativas el personal docente que tenga la condición de funcionario y preste sus servicios en dichos centros podrá integrarse en los cuerpos docentes a los que se refiere la Ley Orgánica de Educación siempre y cuando tengan la titulación requerida para ingreso en los respectivos cuerpos o la que en el momento de su ingreso en la Admón. pública de procedencia se exigía para el ingreso a los cuerpos docentes de ámbito estatal.

Estos funcionarios se ordenarán en el cuerpo en el que se integren respetando la fecha del nombramiento como funcionarios de la Admón. de procedencia y continuarán desempeñando los destinos que tengan asignados en el momento de su integración y quedarán, en lo sucesivo, sujetos a la normativa sobre provisión de puestos de trabajo de los funcionarios docentes.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas con el alcance establecido en la disposición final 4ª las siguientes disposiciones:

a)   De la Ley de Funcionarios Civiles del Estado aprobada por Decreto 315/1964, de 7 de febrero, los artículos: 1, 2, 3, 4, 5.2, 7, 29, 30, 36, 37, 38, 39.2, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 59, 60, 61, 63, 69, 65, 68, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 102, 104 y 105.

b)   De la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, los artículos 3.2.e) y f); 6; 7; 8; 11; 12; 13.2, 3 y 4; 14.4 y 5; 16; 17; 18.1 a 5; 19.1 y 3; 20.1, a) b) párrafo 1º, c), e) y g) en sus párrafos 1º a 4º, e i), 2 y 3; 21; 22.1 a excepción de los 2 últimos párrafos; 23; 24; 25; 26; 29, a excepción del último párrafo de sus apdos. 5, 6 y 7; 30.3 y 5 ; 31; 32; 33; disposiciones adicionales 3ª, 2 y 3, 4ª, 12ª y 15ª, disposiciones transitorias 2ª, 8ª y 9ª.

c)   La Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, excepto su art. 7 y con la excepción contemplada en la disposición transitoria 5ª de este Estatuto.

d)   La Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre incorporación a la función pública española de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea.

e)    De la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, el art. 92 y el Capítulo III del Título VII.

f)   Del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, el Capítulo III del Título VII.

g)    Todas las normas de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en este Estatuto.

Disposición final 1ª. Habilitación competencial.

Las disposiciones de este Estatuto se dictan al amparo del art. 149.1.18.ª de la Constitución, constituyendo aquellas bases del régimen estatutario de los funcionarios; al amparo del art. 149.1.7.ª de la Constitución, por lo que se refiere a la legislación laboral, y al amparo del art. 149.1.13.ª de la Constitución, bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

Disposición final 2ª.

Las previsiones de esta Ley son de aplicación a todas las Comunidades Autónomas respetando en todo caso las posiciones singulares en materia de sistema institucional y las competencias exclusivas y compartidas en materia de función pública y de autoorganización que les atribuyen los respectivos Estatutos de Autonomía, en el marco de la Constitución.

Disposición final 3ª. Modificación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

1.   Se modifican las letras a) y g) del apdo. 1 del art. 2, que quedan redactadas de la siguiente forma:

      «a) El personal civil y militar al servicio de la Admón. del Estado y de sus Organismos Públicos.

      g) El personal al servicio de entidades, corporaciones de derecho público, fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se doten ordinariamente en más de un 50% con subvenciones u otros ingresos procedentes de las Administraciones Públicas.»

2.    Se modifica el apdo. 1 del art. 16, que queda redactado de la siguiente forma:

        «No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a percibir del apdo. b) del art. 24 del presente Estatuto incluyan el factor de incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.»

Disposición final 4ª. Entrada en vigor.

1.    El presente Estatuto entrará en vigor en el plazo de 1 mes a partir de su publicación en el «B.O.E.».

2.    No obstante lo establecido en los Capítulos II y III del Título III, excepto el art. 25.2, y en el Capítulo III del Título V producirá efectos a partir de la entrada en vigor de las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.

        La disposición final 3ª.2 del presente Estatuto producirá efectos en cada Admón. Pública a partir de la entrada en vigor del Capítulo III del Título III con la aprobación de las Leyes de Función Pública de las Administraciones Públicas que se dicten en desarrollo de este Estatuto. Hasta que se hagan efectivos esos supuestos la autorización o denegación de compatibilidades continuará rigiéndose por la actual normativa.

3.    Hasta que se dicten las Leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada Admón. Pública las normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo establecido en este Estatuto.

Estación de Nuevos Ministerios, salida centro Comercial. Deficiencias en el Cuarto de escalera 17.

 

 

UNIDAD DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Asunto: Estación de Nuevos Ministerios, salida centro Comercial.

Deficiencias en el Cuarto de escalera 17.

Según información recibida en esta Sección Sindical, denunciamos la deficiencia detectada en la estación de Nuevos Ministerio (salida Centro Comercial), donde el cuarto correspondiente a la escalera mecánica nº 17, en la cual como pueden comprobar (se adjunta foto), hay superpuestas y sin fijar unas chapas, que incluso no tapan completamente la antigua entrada al foso de dicha escalera.

Instamos a la Empresa a que tome la resoluciones oportunas, tapando dicho hueco adecuadamente, para evitar el riesgo cierto de caída que tienen los trabajadores que presten allí sus funciones.

Madrid, 9 de febrero de 2009.

Por Solidaridad Obrera.

Fdo. José Luís de Roa Sanz.

Depósito 3. Deficiencias en vías 16, 17 y 18

 

 

UNIDAD DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Asunto: Deficiencias en vías 16, 17 y 18 de Depósito 3 (Plaza de Castilla)

Prueba del abandono al que están sometido el mantenimiento de las instalaciones en los depósitos, es la deficiente situación en la que es encuentran las vías 16, 17 y 18 (utilizadas para limpieza de bogies), del Depósito de Plaza de Castilla. Tras las quejas recibidas por parte de los trabajadores que prestan servicio en ese depósito, hemos realizado una inspección del mismo, y se han detectado las siguientes deficiencias graves, que deben ser solventadas a la mayor brevedad posible.

Tras avisar a Alumbrado de saltos de los automáticos sin que se pudieran rearmar, el aviso ha quedado pendiente, (O.T. 51637198), en las siguientes condiciones:

– Quedan bajados, por derivación o corto, los automáticos:

Vía 17 interior derecha dos fases.

Vía 17 exterior derecha tres fases.

Vía 16 exterior izquierda tres fases.

Vía 18 exterior izquierda tres fases.

– Además hay numerosas pantallas de fluorescentes rotas, descolgadas o simplemente faltan.

– En la vía 17, hay un gran charco de agua estancada.

– Existen diversas cajas de registro sin tapas situadas en estas vías.

Ante estas situaciones ciertas de riesgo, (de caídas, de electrocución, de falta de visibilidad, etc.), exigimos la inmediata reparación de todas las deficiencias denunciadas, haciendo a la Empresa responsable de cualquier incidente que pudiera acaecerle a los trabajadores.

En Madrid a 12 de febrero de 2009

Por Solidaridad Obrera

Abraham Paliza Gea

Colombia .Deficiencias en vestuario de personal de Mantenimiento de Instalaciones

 

 

UNIDAD DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Asunto: Deficiencias en vestuario de personal de Mantenimiento de Instalaciones de la estación de Colombia.

Esta Sección Sindical ha recibido las quejas reiteradas de los trabajadores que utilizan el vestuario para personal de Mantenimiento de Instalaciones situado en la estación de Colombia. En primer lugar, nos han expresado su preocupación ante la falta de extintores, lo que supone un peligro para todos los trabajadores que allí se tienen que cambiar. En segundo lugar, debido al aumento en el número de trabajadores que deben utilizar el vestuario, el número de bancos es, a todas luces insuficiente, teniendo que hacer filas para poder utilizarlos.

Estas deficiencias, han sido comunicadas, por parte de los trabajadores a la Coordinadora y a los Maestros, pero no se han tomado medidas para acabar con ellas, por ello nos vemos obligados, una vez más, a acudir al Comité de Seguridad y Salud y a la Unidad de Prevención para que sean atendidas las demandas de los trabajadores.

Reclamamos la colocación de un extintor en la zona de los vestuarios, para evitar cualquier riesgo ante un conato de incendio en ese lugar. También instamos a que se coloquen un mínimo de dos bancos más en el vestuario, para que pueda ser utilizado con normalidad por todos los trabajadores que allí tienen que cambiarse.

 

 

 

En Madrid a 12 de febrero de 2009

Por Solidaridad Obrera

 

 

 

 

 

José Luís de Roa Sanz

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 3 /09 29-01-09

 

 

 

COMITÉ DE EMPRESA

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 3 /09 29-01-09

DELEGADOS DE PREVENCIÓN

Los Delegados de Prevención, queremos salir al paso de los rumores que malintencionadamente están siendo divulgados desde la Empresa, y aclarar nuestra postura ante estos embustes.

La información torticera e interesada que los Jefes de Línea y los Coordinadores divulgan, en cuanto a nuestra participación en la elección del bolso que se está entregando a los Jefes de Sector y Supervisores Comerciales, no es más que una maniobra de distracción para tapar la soberbia habitual con la que actúa esta dirección. Los Delegados de Prevención, en contra de la falsedad que están difundiendo, no hemos participado en la elección de este bolso, ni siquiera nos han solicitado nuestra opinión al respecto y es más no han tenido en cuenta nuestras sugerencias. La elección de este bolso, a todas luces desproporcionado para la función para la que ha sido adquirido, es una decisión impuesta desde la Unidad Operativa, que solo ha tenido en cuentas sus propios criterios. Desconocemos si detrás hay intereses ocultos que se nos escapan. Todo hubiera sido más fácil si se hubieran solicitado sugerencias a los trabajadores, pero parece que solo conocen la vía de la imposición, pura y dura.

En cuanto a las prendas adquiridas para combatir el frío en las estaciones, los Delegados de Prevención, os queremos comunicar que solamente participamos en la elección del material para las prendas, y solo para comprobar si cumplen con las certificaciones de calidades contempladas en la normativa vigente, nosotros no participamos en la elección de los diseños y aunque podamos opinar, la mayoría de las veces no son tomadas en cuenta, ya que es una elección directa de la Unidad Operativa, que, demostrando una vez más su talante, impone a los trabajadores su decisión.

Recordando una vez más que, todas las informaciones sobre nuestra participación en la elección tanto, del bolso como de los diseños de las prendas de abrigo, no son más que falsas acusaciones dirigidas a tapar la soberbia imposición de la Dirección.

Los Delegados de Prevención también hemos dado entrada a un escrito a la Unidad Operativa, a Recursos Humanos y a la Unidad de Prevención y Salud Laboral, donde manifestamos nuestra indignación ante esta actitud insidiosa e hipócrita que intenta tapar su ineptitud o su interés con estas falsedades.

En Madrid a 29 de enero de 2009

Los Delegados de Prevención.

Curso de Formación para trabajadores/as

CURSOS DE FORMACIÓN PARA TRABAJADORES/AS.-

Al trabajar en una Administración Pública, como sabéis ésta ha de encargarse de dar cursos a l@s trabajadores/as para que éstos voluntariamente puedan recibirlos pero bajo una serie de circunstancias como dice el convenio, de ahí que anualmente se elabore un Plan Anual de Formación para trabajadores/as del Ayto. Alcorcón. Otra cosa muy distinta son los cursos formativos de prevención que la empresa está obligada a dar a l@s trabajadores/as por la Ley Protección Riesgos Laborales que han de ser pagados por la empresa, frente a los cursos del Plan Anual de Formación propiamente dichos de los cuales l@s trabajadores/as aportamos un % de la masa salarial y otro mismo tanto la empresa, en este artículo hablaremos de éstos. No olvidemos que las Concejalías y Sindicatos elaboran unas propuestas que negociadas entre sí dan origen a cada Plan Anual.

Continue reading